Para quienes en nuestro país han acompañando al movimiento indígena desde los años 70 del siglo pasado, la propuesta autonómica en su significado contemporáneo no está presente en el ámbito de la academia dedicada a la cuestión étnica ni en la discusión de las organizaciones indígenas.
Una de las principales expresiones analíticas de la antropología crítica mexicana del inicio de la década de los 80 es la declaración fundacional del Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas, CLALI, que se organiza en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1981. En ese documento, en el que se hacen planteamientos radicales de la comunidad de antropólogos, no existe una sola referencia a la autonomía. En el texto se analizan a profundidad las distintas corrientes que predominaban en ese momento en la política del Estado hacia los pueblos indígenas, el integracionismo indigenista y el etnopopulismo, pero no se problematiza el derecho a la libre determinación y autonomía.
La construcción del sujeto autonómico en los pueblos originarios del continente americano ha tenido flujos y reflujos, y se ha enfrentado permanentemente a la oposición y represión de los gobiernos y los poderes fácticos, no obstante, estos procesos se acumularon en la memoria histórica de los pueblos indígenas. En ella está la resistencia, muchas veces heroica, a la dominación y explotación, y la lucha constante por el respeto a sus formas tradicionales de organización política, a sus manifestaciones culturales y religiosas.
Una a una, estas historias contribuyeron a la consolidación de las demandas, hasta arribar a los actuales gobiernos autónomos, en los que sobresale la experiencia de los mayas zapatistas agrupados en el EZLN.
Sin embargo, si quisiéramos situar en una fecha determinada la aparición de la gesta histórica por los autogobiernos indígenas, hay que remontarse al movimiento aymara y pachicuti que sacudió las formas de organización política en Bolivia en el año de 1952.
Desde ese momento, y hasta el presente, las luchas indígenas seguramente marcaron rumbo a las derivas del nuevo gobierno.
Asimismo, el establecimiento constitucional de un régimen de autonomía regional en la Costa Caribe de Nicaragua, en 1987, tuvo un impacto a nivel continental en la medida en que mostró que las autonomías constituyen una alternativa viable para que los estados nacionales respondan a las demandas históricas de los pueblos y puedan remontar situaciones de conflicto, incluso armado, que ocurren en naciones con población pluriétnica.
Un segundo evento que incidió, tanto a nivel teórico y mediático como en las movilizaciones que generó a escala latinoamericana, tiene que ver con las apasionadas polémicas, movilizaciones, encuentros y desencuentros en torno al quinto centenario del “descubrimiento de América” en 1992. La distorsión histórica y el manejo político maniqueo con que los grupos gubernamentales de cada país pretendieron proyectar la “celebración” de un acontecimiento que, en la remembranza particularmente de los pueblos originarios y de origen africano significa esclavitud, genocidio y etnocidio, contribuyó a que, en el camino de un proceso de recolonización, y a partir de las recurrentes crisis económicas y políticas experimentadas por los estados neoliberales, los pueblos asumieron una posición crítica con respecto a estas “alternativas de desarrollo” de la modernidad capitalista.
En México, a partir de discusiones que dieron como resultado los Acuerdos de San Andrés, se vinculó la antigua y ansiada demanda de autogobierno, de reconocimiento político y constitucional de los sistemas normativos, la cultura y, sobre todo, la territorialidad de los pueblos indígenas, a la problemática de la llamada cuestión nacional. Aunque algunas organizaciones hacían del proyecto autonómico su bandera de lucha, las autonomías se establecen con un carácter programático-político que toma relieve nacional después del levantamiento zapatista.
Los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el EZLN en febrero de 1996, fueron producto de un análisis profundo y riguroso por parte de dirigentes de las más diversas organizaciones sociales y políticas, intelectuales, especialistas, juristas, convocados por la comandancia zapatista en el proceso de diálogo con la contraparte gubernamental. Es a partir de entonces que las demandas de autonomía para los pueblos indígenas se convierten en una de las principales reivindicaciones de sus movimientos. Así, las autonomías realmente existentes que contra viento y marea se establecen en la geografía nacional resultan principalmente del esfuerzo teórico, organizativo y político del EZLN, del Congreso Nacional Indígena (CNI), y de organizaciones indígenas regionales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y de otros estados en los que tienen presencia las resistencias de los pueblos indígenas.
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