El martes 4, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dio a conocer su veredicto en el juicio que investigó los delitos cometidos contra trabajadores metalúrgicos en 1975 en Villa Constitución. La decisión del tribunal causó estupor y enojo entre los sobrevivientes, familiares y militantes de organismos de Derechos Humanos: los 17 acusados quedaron absueltos. A 50 años de los crímenes, la sensación en el edificio de bulevar Oroño al 900 fue la de impunidad, a tono con los tiempos que corren.
El juicio había empezado en noviembre de 2023 e investigó los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 75 hombres y mujeres desde marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución, 60 kilómetros al sur de Rosario. La mayoría de las víctimas trabajaba en la empresa Acindar y estaban organizados sindicalmente.
En un principio hubo 22 imputados, pero algunos fallecieron en el camino y el martes eran 17 los acusados, que siguieron la audiencia vía zoom. Ninguno estuvo presente en la sala de audiencia. Casi todos eran policías federales, mientras dos de ellos fueron integrantes de la empresa Acindar.
El tribunal integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci dará a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo 6 de febrero de 2026. Las querellas y la Fiscalía se preparan para apelar, ninguno esperaba esta sentencia.
La mayoría del tribunal votó la absolución de todos los acusados, sólo Sutter Schneider votó en disidencia, con dos condenas con penas muy bajas entre 8 y 6 años. La lectura del presidente del tribunal se vio seguida por gritos en forma de insultos de parte de sobrevivientes y familiares que esperaron más de 50 años este juicio.
Durante la etapa de alegatos, la Fiscalía había pedido la pena de prisión perpetua, cárcel efectiva y en cárcel común para Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, dos ex jerárquicos de Acindar. Es una causa emblemática porque fue la primera vez que se investigó en la región la complicidad empresarial con la represión ilegal estatal. Además, había expectativa porque se trataba de crímenes que se empezaron a cometer un año antes del inicio del golpe de Estado en Argentina.
El fallo que leyó el tribunal, además, dice esto: “No hacer lugar a la solicitud de las partes acusadoras en relación a la declaración como centro clandestino de detención del predio denominado «Albergue de Solteros» de la fábrica Acindar”. El lugar fue señalizado en 2022 como centro clandestino de detención, en el marco de la ley nacional que contempla la señalización de sitios de memoria. En abril de este año la Justicia hizo por primera vez una visita al lugar. Hubo cientos de testimonios que indicaron también la existencia de este sitio.
Aquella visita judicial consistió en constatar parte de las declaraciones de los testigos: el predio conocido como “el Albergue de Solteros” ya no existe más, fue demolido apenas recuperada la democracia. Ni siquiera la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) pudo hacer una visita cuando avanzó en la investigación de los crímenes en la región en 1984. Era una estrategia muy común de los genocidas eliminar pruebas, muchos centros clandestinos fueron directamente demolidos o refaccionados.
“El poder judicial suele percibir los cambios políticos antes que nadie”
En la puerta del tribunal, la multitud que repudió la sentencia escuchó a dirigentes y sobrevivientes de estos crímenes. Gabriela Durruty, otra de las abogadas querellantes de Apdh, tomó el megáfono y señaló: “No es casualidad que el primer fallo en la jurisdicción donde son todas absoluciones tenga que ver con el movimiento obrero organizado y la persecución y la criminalización de la protesta que también ocurre hoy”.
Además, Durruty subrayó que cree que “este es un mensaje para quienes siguen diciendo que estos juicios son el pasado”: “Estos juicios no son el pasado, estos juicios son hoy y esta resolución se toma hoy después de lo que pasó el 26 de octubre, si no estoy segura que hubiera sido diferente. Es increíble cómo se van extremando los escenarios que ya veníamos viendo porque siempre el poder judicial suele percibir los cambios políticos antes que nadie pero esto es obsceno. Está en la misma línea que esta distopía que estamos viviendo”.
Qué fue el Villazo
El 20 de marzo de 1975 Villa Constitución fue “militarizada” por un operativo conjunto de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, policías provinciales de Santa Fe y Buenos Aires, grupos parapoliciales como la Triple A y personal de la Secretaría de Informaciones del Estado, todo bajo control operacional y con intervención del Ejército Argentino, por orden del Poder Ejecutivo Nacional.
Con una participación total de 4.000 efectivos y 105 vehículos, se llevó a cabo un procedimiento que derivó en la detención de unas 300 personas, incluyendo dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, miembros de la Comisión Interna de ACINDAR, activistas y trabajadores de otros gremios. Las personas detenidas fueron llevadas a centros clandestinos de detención, como el denominado “Albergue de Solteros”, dentro de la planta de ACINDAR, donde fueron sometidos a torturas.
La represión incluyó allanamientos, asesinatos, amenazas y la intervención del sindicato local.
“Fue un grosero error del tribunal no encuadrar los delitos padecidos por trabajadores de fábricas como crímenes de lesa humanidad”
A fines de octubre se realizó la última jornada del juicio en el que se ventilaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Fueron casi cuatro años de audiencias, centenares de testimonios y 191 casos de víctimas de delitos como tormentos, secuestros ilegales y homicidios, entre otros. El abogado querellante por la APDH y miembro de la CPM, Guillermo Torremare, valoró que el veredicto haya sido leído en Tandil, tal como lo reclamaron insistentemente los organismos, sobrevivientes y familiares de víctimas. La referente de derechos humanos de Tandil, Petra Marzocca, aseguró que una segunda etapa en torno a esta causa será lograr que Casación revierta la gran cantidad de absoluciones otorgadas.
La causa que acaba de ser juzgada es el resultado de varias investigaciones penales que, con los años, se fueron acumulando en un mismo expediente con el objeto de resolver en un mismo debate los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención ubicados en Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores.
Entre ellos, el CCD La Huerta –nombre con el que se conoció popularmente a la causa- estaba ubicado en la ruta nacional 226, a quince minutos de la ciudad de Tandil, y operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército dentro de la subzona 12.
Se dictaron ocho condenas, cuatro de ellas a prisión perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret, las cuales eran esperadas por las distintas querellas en el juicio. Sin embargo, lo que nadie preveía era que se otorgaran 27 absoluciones, que serán apeladas ante el Tribunal Federal de Casación.
Una de las principales críticas que los organismos de Derechos Humanos y querellas realizaron al fallo tiene que ver con que los casos de víctimas de trabajadores de fábricas de la zona (Loma Negra, Avellaneda y otras) no fueron considerados en el marco del plan general del terrorismo de estado en la zona centro de la provincia de Buenos Aires sino como delitos cometidos por fuera de ese contexto, lo que implica la prescripción de la acción penal y la imposibilidad de juzgarlos hoy.
En este sentido, Torremare indicó: “En el juicio se ventilaron casos de trabajadores de fábricas grandes de la zona que habían sido perseguidos, señalados y entregados por las propias patronales ante la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la época, intervenido por el Ejército. En este sentido, hay que destacar el valor documental de fichas y registros de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que fueron aportados por la CPM para este juicio y que muestran que la inteligencia ilegal y persecución de los trabajadores fue anterior a sus secuestros y que no se trataron de casos de delitos comunes, por fuera del plan sistemático del terrorismo de Estado”.
Se trata de un grupo de 15 trabajadores que además de padecer los tormentos, la tortura, la privación ilegal de la libertad y otros delitos, padecieron luego el destierro de sus ciudades y pueblos porque no conseguían trabajo. Sobre este grupo de víctimas abordadas en el juicio, entonces, también resultaron absueltos los imputados.
“En los primeros encuentros nos contaron que las patronales los perseguían y marcaban por reclamos tan básicos como elementos de protección de las manos y pies. Por eso, cuando escuchamos las absoluciones realmente nos sorprendió e indignó muchísimo, pero esperaremos a tener los fundamentos y encontrarnos las querellas para evaluar cómo seguimos ante Casación Federal”, concluyó Marzocca.
Los Rocca: una famiglia empresaria
Luego de la presentación de la querella, que pidió indagar a una treintena de directivos de la empresa del Grupo Techint en Campana, la jueza de San Martín, Alicia Vence, ordenó instruir una causa específica sobre la empresa durante el último genocidio.
Cuando la familia de Raúl Luis Bustos fue a Dálmine Siderca, la planta que Techint tenía en Campana, Provincia de Buenos Aires, a buscar el legajo y la indemnización que les correspondía por su muerte, fue maltratada.
Raúl, militante montonero, trabajó en la siderúrgica los últimos dos años de su vida hasta que en mayo de 1977, el año más feroz de la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina, fue secuestrado desde el interior de la fábrica de acero. Su cuerpo apareció acribillado en Rosario, su ciudad natal. De la planta acerera, así como también de sus oficinas en el edificio Catalinas, la familia de Raúl se fue “verdugueada” y sin un peso.
Bustos es uno de los 20 trabajadores de Dálmine Siderca secuestrados durante la última dictadura cívico militar eclesiástica ―algunos sobrevivieron, otros fueron asesinados y/o desaparecidos― por los que Pablo Llonto y Elízabeth Gómez Alcorta, abogado y abogada querellantes en causas de lesa humanidad solicitaron al Juzgado Federal número 2 de San Martín que indague a una treintena de directivos y funcionarios jerárquicos de la principal acería argentina.
Tras esa presentación, que sucedió a principios de septiembre pasado, la jueza a cargo, Alicia Vence, dispuso a su equipo la conformación de un caso específico sobre lo ocurrido en Dálmine Siderca durante el Terrorismo de Estado dentro de la megacausa que investiga los hechos vinculados a la guarnición militar de Campo de Mayo y que la magistrada lleva adelante prácticamente desde que la impunidad para genocidas fue derrumbada, en 2003.
“Es algo que hasta ahora no había sucedido: a partir de nuestra presentación, Vence ordenó reunir en un mismo marco todos los casos vinculados a Dálmine Siderca, que están desparramados por todo el expediente Campo de Mayo ―que involucra lo sucedido en el Área 400, área dentro de la que los represores de la última dictadura incluyeron Zárate-Campana― para determinar, luego, cuáles considera que implicaron participación de los civiles que señalamos nosotros”, explicó Llonto a La Retaguardia.
Según los cálculos que señalaron Llonto y Gómez Alcorta en su presentación, al menos 102 trabajadores de Dálmine Siderca fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad entre 1975 y 1977, período que incluye varios ciclos represivos ―desde la represión a Villa Constitución, en 1975 hasta mediados de 1977― aunque pueden ser más.
Para Llonto, “que la jueza haya ordenado conformar un caso particular es un paso grande” en relación a la reacción judicial para avanzar en la búsqueda y determinación de responsabilidades civiles en los crímenes de la última dictadura. Vence es la misma magistrada que avanzó a cuentagotas y de mala gana en la investigación contra jerárquicos de Mercedes Benz ―se suponía que Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de fábrica de la automotriz, sería juzgado en la segunda mitad de 2025―, y que tensa la pesquisa contra civiles empresarios en la persecución, los secuestros y las desapariciones de obreros de las ceramistas Lozadur y Cattaneo, de astilleros Astarsa. “En este caso vemos un avance, pero necesitamos que los tiempos sean los más rápidos posible”, completó.
Llonto y Gómez Alcorta, en representación de varios querellantes, solicitaron a Vence que convoque a declaración indagatoria a quienes estén con vida de un grupo de 32 personas que, al tiempo de los hechos, cumplían funciones jerárquicas en Dálmine Siderca, actualmente Tenaris. En algunos casos, ya se sabe que han fallecido porque es público; en otros, tendrá que comprobar el juzgado si continúan con vida.
Una vez que en el Juzgado identifiquen a las víctimas de la última dictadura que estuvieron vinculadas a Dálmine Siderca, “el siguiente paso es que la jueza evalúe casos en donde hay una acción o omisión de personal de la compañía o miembros del directorio que realizaron aportes al accionar represivo”, explicó Llonto. A través de sus representantes, la empresa pudo haber aportado listas de trabajadores, legajos con foto y datos domiciliarios, vehículos para secuestros, personal de seguridad en asistencia a las fuerzas represivas. “El verbo clave es aportar”, resaltó el abogado. Para él y su colega, hay pruebas claras de que esto sucedió en al menos una veintena de secuestros dentro del centenar de trabajadores de la acerera que fueron identificados como víctimas del genocidio de la última dictadura.
Bustos es uno de ellos: a él lo secuestran en plena jornada laboral, a media mañana del 21 de mayo de 1977. Se lo llevaron desde adentro de la planta. “Primero fue buscado en el hotel de trabajadores de Techint, donde estaba viviendo y no fue encontrado”, indica el pedido de indagatoria que sirvió de puntapié para que Vence avanzara sobre la responsabilidad civil de Techint. Al día siguiente, horas después de comenzada su jornada laboral, Raúl fue convocado a la portería “a pedido de una pareja que decía tener relación parental”, dice el resumen de los abogados. De camino a su encuentro, “agentes represivos vestidos de civil, se abalanzaron sobre él, lo golpearon y lo subieron a uno de los móviles sin identificación que usaban”. Lo que siguió fue la aparición del cuerpo de Raúl, acribillado, en Rosario.
Semanas después del pedido de indagatorias de parte de la querella, un testimonio en la causa echó luz sobre la jugada que le hicieron a Raúl en la fábrica para secuestrarlos. Lo convocaron para decirle que lo esperaban sus padres en portería. En realidad, sus padres estaban secuestrados: los habían cazado en Rosario para dar con el paradero de su hijo. Al recuperar su libertad, ellos contaron que durante su cautiverio fueron a sacarles fotos, que observaron sus peinados.
Denuncian espionaje policial asociado a Techint
Por Leandro Rodríguez
La lucha contra los 300 despidos en Siderca-Campana hace emerger el hilo rojo de la Dictadura genocida.
Este domingo 12 de octubre por la mañana se hizo una nueva caravana de 10 kilómetros organizada por Techint en Campana (10ktenaris.com.ar/). Al igual que en otros años, se volvió a manifestar el repudio a los despidos que hay en Siderca, la empresa de su propiedad en la zona, su responsabilidad en los recientes delitos ambientales en la región y la continuidad de la impunidad respecto a su responsabilidad en la represión a las y los trabajadores durante el Terrorismo de Estado. En tanto, la tarde del miércoles 24 septiembre, durante una movilización por la reincorporación de 300 despedidos de Tenaris-Siderca, policías bonaerenses y de civil –dependiente del gobierno de Kicillof– filmaron y siguieron a los manifestantes, según denuncian organismos de Derechos Humanos ante la Comisión Provincial por la Memoria.
Durante una movilización por la reincorporación de 300 despedidos de Tenaris-Siderca, policías bonaerenses y de civil –dependiente del gobierno de Kicillof– filmaron y siguieron a los manifestantes, según denuncian organismos de derechos humanos ante la Comisión Provincial por la Memoria.
Guillermo Betancourt, trabajador despedido de Siderca e integrante del Comité en Defensa de los Despedidos Metalúrgicos, afirma que “durante la tarde del miércoles 24 septiembre, una caravana compuesta por organizaciones obreras, políticas, estudiantiles, barriales y de derechos humanos recorrió las calles de Campana para expresar solidaridad con los 300 trabajadores despedidos e intentó llegar a la portería de ingreso de la fábrica, para interactuar con los trabajadores durante el cambio de turno de las 21:00, pero fue impedida por un operativo policial de carácter intimidatorio”. A ello se le sumó que “efectivos de la policía bonaerense que depende del gobierno de Axel Kicillof, junto a policías vestidos de civil filmando a los manifestantes y registrando las patentes de los autos participantes de la caravana. Este seguimiento fílmico, realizado sin orden judicial ni intervención fiscal, constituye una práctica ilegal y persecutoria que vulnera el derecho constitucional a la protesta”, agravado por “el carácter sistemático de estos operativos de hostigamiento”.
El Comité exige que se tomen medidas concretas para poner freno a estas prácticas y responsabiliza a las autoridades judiciales y policiales del Departamento Zárate-Campana por habilitar procedimientos que recuerdan a las épocas más oscuras de la última dictadura militar. Este recuerdo del pasado se hace presente en la señalización de lugares físicos, en la empresa Techint, que sigue ubicada en el mismo sitio donde se efectuaron secuestros y desapariciones forzadas, como en la llamada “noche de los tubos” y en diversas calles de la ciudad.
La Caravana patronal “10K” el domingo 12 de octubre
El comité contra los despidos organizó un repudio a la lavada de cara de Techint, que cada año hace la “maratón” de 10 kilómetros a lo largo de Campana. Allí repudiaron en las calles, además de los despidos de una empresa con gigantescas ganancias, delitos ambientales como el bloqueo de la libre navegación del arroyo De la Cruz, que inunda a los barrios populares, y denunciaron que “Siderca fue y sigue siendo cómplice del Terrorismo de Estado (…) que digan dónde están los desaparecidos y lo menores apropiados”. De esta forma dejan claro que esos delitos siguen cometiendo en el presente, hasta tanto muestren los archivos del Estado, de la iglesia y también de las empresas, hasta tanto las desapariciones que hizo Techint en conjunto con el Estado no se resuelvan son desapariciones que siguen vigentes, que siguen cometiendo y ocultando en el presente.
La complicidad de Techint y el Estado sigue viva también en el espionaje que siguen realizando junto al estado provincial y nacional hoy.
Compartimos el texto de la denuncia:
Estimados Miembros de la Comisión Provincial Por La Memoria.
Nos dirigimos mediante la presente ante Uds. a efectos de dejar asiento de los hechos transcurridos el pasado Miércoles 24 de Septiembre del corriente en Campana, durante la movilización y caravana producida por diversas organizaciones en defensa de los trabajadores despedidos de Tenaris-Siderca en nuestra comunidad.
Es así que en dicha fecha, en horas de la tarde diferentes espacios de nuestras localidades se convocaron para movilizar y marchar en defensa de los trabajadores despedidos en este establecimiento durante los últimos meses en el marco de la espera de la conciliación obligatoria que se ha venido prorrogando en las últimas semanas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, organizaciones políticas, estudiantiles, gremiales, barriales y de derechos humanos a través del Comité en defensa de los Despedidos Metalúrgicos produjeron una caravana de automóviles que protestaron en forma pacífica y colectiva por la zona del centro de la ciudad, al igual que se dirigieron al final del trayecto al área de la portería del establecimiento de Tenaris Siderca para confluir en la salida del turno de los trabajadores luego de su jornada.
Una vez allí, se encontraron con que se encontraban pertrechados tanto personal policial, patrulleros pertenecientes a la órbita del Departamento Judicial de Zárate-Campana y sus Comisarías, como así también personal de la Empresa de Seguridad Privada de la Fábrica en cuestión.
Esta situación resultaría convencional sino fuera porque al momento de concentrarse y convocarse los manifestantes en automóvil sobre el ingreso de la dársena de portería se encontraron con personal policial vestido de civil que estaba filmando todos y cada uno de los autos que se movilizaban. Cosa que llamó la atención de los manifestantes y fue tenida muy presente como circunstancia, atento que como es de público conocimiento, no se pueden realizar tareas de inteligencia, registro o espionaje sino se dispone orden específica de fiscal, inspector o juez en ese sentido.
Es por esto y varios detalles de observar que decidimos dejar debidamente registro de lo sucedido ya que la manifestación era una iniciativa civil, pacífica y bajo total derecho de movilización y protesta por parte de los actores sociales que la conformaban.
No es menor aclarar que durante la mañana de ese mismo día, miembros de la APDH se hicieron presentes ante la mesa de entradas de la Fiscalía General de Zárate-Campana a cargo del Dr. Fabio solicitando referencias sobre la UFI °1 (Fiscalía enmarcada en la Resolución 1390 de este Departamento Judicial) para dejar referencia que en horas de la tarde en la Ciudad se produciría una movilización de esta magnitud y que se requerían concepciones y criterios básicos de prevención en situaciones como éstas por parte del ámbito de guardia del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Esto se da en un contexto particular en las Ciudades de Zárate y Campana durante los últimos años en los que episodios y circunstancias caracterizados por intimidaciones, provocaciones, seguimientos y procedimientos irregulares de Fuerzas de Seguridad de todo tipo evidencian un programa regular y sistemático de persecución sobre la población civil que se manifiesta contra las medidas del actual gobierno en las comunidades. En este sentido, la REGIONAL DE LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS ha dejado debida cuenta en un informe y referencia de estos episodios que ha sido elevado a diferentes organismos nacionales y en esta Provincia de Buenos Aires. Dejamos link del mismo: https://zarateapdh.blogspot.
Desde nuestro lugar entendemos que estas situaciones no deben repetirse y resulta necesario poner en registro y en acto en curso medidas que pongan un límite a estas acciones por parte de personal policial y miembros auxiliares de las Fiscalías actuantes al habilitar este proceder.
Es así que interponemos la presente para su total consideración a fin de estimar medidas e intervenciones recurrentes desde los Equipos de esta Comisión Provincial para llevar adelante aquello que fuera tanto como una denuncia, solicitud de informe o toda iniciativa que puedan elevar ante el ámbito del Departamento Judicial local.
Piden una indagatoria de integrantes de una empresa del Grupo Techint
Por Fernando Tebele
Lo solicitaron los querellantes de la megacausa Campo de Mayo ante el juzgado de San Martín a cargo de Alicia Vence. Se denunciaron al menos a 32 personas, entre ellas integrantes del directorio de la empresa Dálmine Siderca (actualmente Tenaris, del Grupo Techint, con sede en Campana. La presentación de Elizabeth Gómez Alcorta y Pablo Llonto pide agrupar los más de 100 casos de secuestros de trabajadores de la empresa y luego convocar a declarar a quienes todavía no hayan fallecido. Se presume que muchos podrían ya estar muertos.
Una presentación de querellantes de la megacausa Campo de Mayo generó movimiento en el expediente de la megacausa Campo de Mayo. Con la firma de Pablo Llonto y Elizabeth Gómez Alcorta, un grupo de querellantes le pide a la jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Martín que lleva la Instrucción del voluminoso expediente, que convoque a declaración indagatoria a quienes estén con vida de un grupo de 32 personas con funciones jerárquicas en la actual empresa Tenaris, que durante la dictadura se llamaba Dálmine Siderca, con sede en Campana, provincia de Buenos Aires. En algunos casos, ya se sabe que han fallecido porque es público; en otros, tendrá que comprobar el juzgado si continúan con vida. La presentación se da en un contexto de masivos despidos en la empresa. Las protestas incluyeron paros por varios días y asambleas de amplia participación.
Por varios de estos casos ya han sido condenados militares que comandaron la represión. Hace algunas semanas, Pacífico Luis Britos recibió una condena a perpetua por casos de la zona que habían quedado fuera del juicio grande de Campo de Mayo, que también incluyó estos hechos de represión a cargo de lo que se conocía como el Area 400 del Ejército. Pero la Justicia no alcanzó todavía a dilucidar la responsabilidad de la empresa en la persecución gremial y política. Según detalla el escrito, “Los directores de la planta eran Juan Enrique Chaperón, también parte del directorio de Cometarsa, y Roberto Balanti. En el área de Personal se ubicaban Norberto José Sartor, Francisco Magrini y Osvaldo Real; en Relaciones Industriales, destacaba Raúl Pizarro Posse; y en Relaciones Laborales, Federico Wenceslao Mauriño y Dante López. Finalmente, el área de Seguridad estaba bajo la dirección de Roberto Paulino Nicolini”, entre otros que estaban en cargos jerárquicos de la empresa en la que fueron secuestrados al menos 102 trabajadores, aunque se cree que fueron algunos más.
Según el aporte del equipo de historiadores e investigadores que componen Victoria Basualdo y Pablo Peláez, entre 1975 y 1980 sufrieron secuestros, detenciones temporales, exilios y desapariciones forzadas al menos 90 trabajadorxs de las fábricas y contratistas del grupo Techint en la zona. Mientras que 23 eran o habían sido delegados y 3 integrantes de las comisiones internas, se trataba mayoritariamente de militantes y activistas vinculados a algunas de las corrientes y organizaciones políticas, sindicales y/o político-militares que formaban parte activa de la vida cotidiana en la fábrica y el territorio durante el período. La mitad de ellos permanecen desaparecidos.
El pedido realizado ante la justicia tiene el apoyo de organismos de derechos humanos, querellantes y sobrevivientes. Son 71 páginas en las que se desarrollan cruces de testimonios y algunas pruebas documentales, como una publicidad de la empresa dentro de la Revista Manual de informaciones, publicación de la Dirección de Inteligencia del Ejército y del Batallón de Inteligencia 601. Dime a quién financias y te diré quién eres.
Las causas que señalan a integrantes de los directorios como responsables por crímenes de lesa humanidad contra trabajadores/as de sus empresas, tienen una lentitud especial. Dentro de esa parálisis general, la jueza Vence avanzó en casos como Ford, Mercedes Benz o diferentes astilleros de la zona norte, en algunos casos con juicios orales que ya se celebraron. El año pasado, un grupo de querellantes se presentaron a la Justicia de San Martín para pedir la aceleración de estas y otras causas del gran aparato de represión que tuvo como epicentro los centros clandestinos que funcionaron dentro del predio de Campo de Mayo. A partir de allí, la megacausa comenzó a moverse otra vez.
La Noche de los Tubos
Familiares de desaparecidos y ex detenidos de Campana y Zárate durante el Terrorismo de Estado publicaron un comunicado para recordar lo que sucedió en aquella jornada del 22 de septiembre de 1976, cuando se produjo una serie de secuestros de trabajadores y delegados de la empresa Dálmine-Siderca.
La noche del 22 de septiembre de 1976, fueron secuestrados y desaparecidos en diferentes barrios de la Ciudad de Campana, un grupo de trabajadores y delegados de la Empresa Dálmine-Siderca:
Raúl Aroldo Moreno, Manuel Ignacio Martínez, Luis Alberto Bedia y Armando Culzoni. Estos secuestros seguidos de desaparición forzada de sus paraderos, son calificados por un mandato social del pueblo argentino como CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. La no aparición de sus cuerpos y el secuestro, desaparición y tortura perpetrado por entonces miembros de unidades militares con asiento en la entonces Área Militar 400 (Zárate-Campana), bajo la órbita de la Zona 4 de Campo de Mayo, configuran el programa de acción del exterminio de la última dictadura militar y sus mandatarios del poder civil: en este Caso Dálmine-Siderca.
Estos cuatro vecinos, de nuestra comunidad forman parte de los 80 trabajadores desaparecidos y asesinados bajo el quehacer de la fábrica durante la última dictadura y el terrorismo de estado que tuvo lugar en nuestro país y en la región de Campana-Zárate entre 1974 y 1983.
Desde el conjunto de familiares y querellantes de Campana, Zárate y la Región en las últimas semanas hemos acompañado la decisión de nuestros abogados de llevar adelante una presentación contra este conglomerado siderúrgico, cuyos directivos deben responder ante la Comunidad y el Estado Argentino por la desaparición y el paradero de nuestros familiares y trabajadores de esta empresa.
Resulta reparador para todos nosotros que en los últimos meses los Tribunales Federales de la región condenaron a Cadena Perpetua al ex militar Pacífico Luis Britos, como integrante de esta Área Militar y uno de los principales responsables de la desaparición sistemática de estos cuatro vecinos trabajadores metalúrgicos.
Vemos que es la continuidad del PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, es un mandato irrenunciable para todos nosotros, sostenido en el tiempo por nuestras familias, los organismos de derechos humanos, espacios de la vida gremial y organizaciones del pueblo y la sociedad civil.
EXIGIMOS JUSTICIA SOBRE LOS RESPONSABLES CIVILES POR ESTOS DELITOS, Y SOLICITAMOS QUE LOS PERPETRADORES DE ESTOS CRÍMENES DIGAN DONDE ESTÁ EL PARADERO DE NUESTROS DESAPARECIDOS.
SU NO APARICIÓN, ES UN DELITO IMPRESCRIPTIBLE. TANTO PENAL COMO CIVIL HACIA LOS RESPONSABLES DE ESTOS HECHOS. SU RESOLUCIÓN Y REPARACIÓN CONTINÚAN VIGENTES HASTA NUESTROS DÍAS.
MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
RAÚL AROLDO MORENO
ALBERTO LUIS BEDIA
ARMANDO CULZONI
MANUEL IGNACIO MARTÍNEZ
¡¡¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!!!
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y EXDETENIDOS DE CAMPANA Y ZÁRATE DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO.
NUNCA MAS (1974/1983).
ESTE PRÓXIMO VIERNES 26, FAMILIARES, ORGANISMOS, QUERELLANTES, ESPACIOS ACADÉMICOS Y REFERENTES SINDICALES DE CAMPANA Y ZÁRATE CONVOCAN A LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “ELLOS FUERON, ELLOS SON”. PRODUCCIÓN DEL COLECTIVO “SILBANDO BEMBAS” SOBRE LA REPRESIÓN EN EL CORDÓN METALÚRGICO Y LA HISTORIA DE LA NOCHE DE LOS TUBOS.
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE.
Piden la indagatoria de integrantes de una empresa del Grupo Techint
Una presentación de querellantes de la megacausa Campo de Mayo generó movimiento en el expediente de la megacausa Campo de Mayo. Con la firma de Pablo Llonto y Elizabeth Gómez Alcorta, un grupo de querellantes le pide a la jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Martín que lleva la Instrucción del voluminoso expediente, que convoque a declaración indagatoria a quienes estén con vida de un grupo de 32 personas con funciones jerárquicas en la actual empresa Tenaris, que durante la dictadura se llamaba Dálmine Siderca, con sede en Campana, provincia de Buenos Aires. En algunos casos, ya se sabe que han fallecido porque es público; en otros, tendrá que comprobar el juzgado si continúan con vida. La presentación se da en un contexto de masivos despidos en la empresa. Las protestas incluyeron paros por varios días y asambleas de amplia participación.
Por varios de estos casos ya han sido condenados militares que comandaron la represión. Hace algunas semanas, Pacífico Luis Britos recibió una condena a perpetua por casos de la zona que habían quedado fuera del juicio grande de Campo de Mayo, que también incluyó estos hechos de represión a cargo de lo que se conocía como el Area 400 del Ejército. Pero la Justicia no alcanzó todavía a dilucidar la responsabilidad de la empresa en la persecución gremial y política. Según detalla el escrito, “Los directores de la planta eran Juan Enrique Chaperón, también parte del directorio de Cometarsa, y Roberto Balanti. En el área de Personal se ubicaban Norberto José Sartor, Francisco Magrini y Osvaldo Real; en Relaciones Industriales, destacaba Raúl Pizarro Posse; y en Relaciones Laborales, Federico Wenceslao Mauriño y Dante López. Finalmente, el área de Seguridad estaba bajo la dirección de Roberto Paulino Nicolini”, entre otros que estaban en cargos jerárquicos de la empresa en la que fueron secuestrados al menos 102 trabajadores, aunque se cree que fueron algunos más.
Según el aporte del equipo de historiadores e investigadores que componen Victoria Basualdo y Pablo Peláez, entre 1975 y 1980 sufrieron secuestros, detenciones temporales, exilios y desapariciones forzadas al menos 90 trabajadorxs de las fábricas y contratistas del grupo Techint en la zona. Mientras que 23 eran o habían sido delegados y 3 integrantes de las comisiones internas, se trataba mayoritariamente de militantes y activistas vinculados a algunas de las corrientes y organizaciones políticas, sindicales y/o político-militares que formaban parte activa de la vida cotidiana en la fábrica y el territorio durante el período. La mitad de ellos permanecen desaparecidos.
El pedido realizado ante la justicia tiene el apoyo de organismos de derechos humanos, querellantes y sobrevivientes. Son 71 páginas en las que se desarrollan cruces de testimonios y algunas pruebas documentales, como una publicidad de la empresa dentro de la Revista Manual de informaciones, publicación de la Dirección de Inteligencia del Ejército y del Batallón de Inteligencia 601. Dime a quién financias y te diré quién eres.
Las causas que señalan a integrantes de los directorios como responsables por crímenes de lesa humanidad contra trabajadores/as de sus empresas, tienen una lentitud especial. Dentro de esa parálisis general, la jueza Vence avanzó en casos como Ford, Mercedes Benz o diferentes astilleros de la zona norte, en algunos casos con juicios orales que ya se celebraron. El año pasado, un grupo de querellantes se presentaron a la Justicia de San Martín para pedir la aceleración de estas y otras causas del gran aparato de represión que tuvo como epicentro los centros clandestinos que funcionaron dentro del predio de Campo de Mayo. A partir de allí, la megacausa comenzó a moverse otra vez.
En las plantas de Paolo Rocca se sigue violando el derecho a huelga
En las empresas contratistas de Ternium-Siderar no se detiene la sangría interminable de despidos mediante carta documento y bloqueos en los molinetes de ingreso. Decenas de trabajadores enfrentan cada mañana la arbitrariedad de no poder ingresar, en una flagrante violación del derecho a huelga contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, encargado de garantizar y tutelar los derechos laborales de los trabajadores, comandado por Jorge Walter Correa —del Partido Justicialista y secretario general del sindicato de curtidores— viene interviniendo desde hace más de 30 días. Los trabajadores han cumplido cada orden y cada plazo fijado por este organismo, que debería actuar como árbitro, pero que en los hechos sigue favoreciendo a las patronales. Lo hace garantizando, mediante conciliaciones, la continuidad del trabajo con salarios de hambre y condiciones laborales precarias que ya han costado la vida de trabajadores.
En este marco se sucedieron 18 conciliaciones en los últimos dos años, todas cumplimentadas por los trabajadores con una paciencia infinita, brindando todas las posibilidades de diálogo y entendimiento. Sin embargo, el hartazgo y la impaciencia se fundamentan en el abuso y la humillación de los patrones, que se montan sobre aprietes y amenazas mediante cartas de intimidación, en algunos casos recibidas incluso por los hijos de los trabajadores.
Pero no solo de crueldades viven los empresarios, sino también de la violación de los derechos constitucionales de los trabajadores. Y esto, el Ministerio Provincial de Kicillof hasta ahora no lo ha tomado en cuenta ni ha atendido una situación de gravedad absoluta e inédita, mientras la desocupación golpea la región con los mayores porcentajes de desempleo, pobreza e indigencia.
¿Qué dice el artículo 14 bis de la Constitución?
Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurará al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Un ministerio que arbitra a favor de las patronales
Una contundente demostración de la ilegalidad en la que incurren los empresarios contratistas y la empresa madre de Paolo Rocca, Ternium-Siderar, que puede encontrarse con solo una búsqueda en Google. Sin embargo, el Ministerio aún no se ha dado por enterado y lo sigue sosteniendo.
Está claro que esta institución arbitra a favor de los empresarios, que son los únicos a quienes debería obligar a cumplir. Redobla la apuesta al no comunicar la situación y, directamente, bloquear el ingreso de trabajadores, habilitando solo según las necesidades de cada sector y por requerimiento del patrón.
Basta. Se necesita con urgencia un plan de lucha nacional, con movilización por la reincorporación ya. Esta lucha ejemplar se plantea en medio de la crisis del gobierno de Milei, recientemente derrotado en las urnas. Cabe recordar que el Secretario de Trabajo de Nación es Julio Cordero, un empleado directo de Paolo Rocca.
Rocca es el principal responsable, y aplica estas políticas en sus plantas de Ramallo-San Nicolás (Ternium) y Campana (Siderca). Hay que ponerle freno a la sangría diaria de decenas de compañeros que pierden el empleo.
Es urgente retomar la unidad de los trabajadores que se encuentran afuera, para votar un plan de lucha que parta de una movilización en la ciudad de San Nicolás este mismo miércoles. Hay que rodear de solidaridad a las familias para que ninguna quede en la calle.
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