Trabajadores del Garrahan lograron un aumento del 61%

«Ganaron las y los trabajadores del Garrahan: ganó una Causa Nacional», festejó en redes sociales la asociación que agrupa a los profesionales y técnicos que trabajan en el centro de salud.

El texto de la ley declara por un año la emergencia en salud pediátrica y obliga al Estado a priorizar recursos para hospitales, insumos y salarios. También restituye derechos a los residentes y exime del impuesto a las Ganancias a quienes trabajan en áreas críticas. En los hechos, representa un giro forzado de la Casa Rosada, que debió asumir una derrota política frente a un reclamo imposible de silenciar.

«Ahora vamos a esperar que se efectivice lo que informa la dirección del hospital en un comunicado oficial y esperamos que se cumpla en todos los términos», agregaron desde el gremio APyT y le agradecieron «a todos los que hicieron parte de este reclamo histórico».

Durante seis meses, el personal del Garrahan sostuvo huelgas, marchas y asambleas en medio del ajuste más severo de los últimos años.

La crisis golpeó tan fuerte que muchos profesionales decidieron emigrar; algunos se trasladaron a otros centros de salud y otros directamente dejaron el país en busca de mejores salarios, cansados de la angustia cotidiana y del desgaste de una pelea que parecía no tener fin.

Y aunque ahora el Gobierno intente presentarlo como un triunfo de la “gestión libertaria” -con posteos en redes que lo muestran como una administración eficiente de los recursos-, la realidad es otra: no tuvo alternativa. El Ejecutivo terminó aplicando la ley por obligación, presionado por la Justicia, la movilización gremial y el amplio respaldo social que acompañó la lucha del hospital.

Cecilia Loccisano presentó su renuncia

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al cargo, en medio de una serie de cambios de funcionarios dentro del Gabinete. La segunda de Mario Lugones había ingresado al gobierno de Javier Milei en mayo de 2024 como secretaria de Gestión Administrativa, dentro de la misma cartera, y fue una figura clave para el Poder Ejecutivo en el conflicto en el Hospital Garrahan.

La viceministra dejará su cargo tras la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, funcionario con quien mantenía una relación de confianza.

Desde el entorno de Loccisano aseguran que el motivo detrás de su salida es que, después de la renuncia de Francos, se produjeron ciertas fricciones. En este sentido, se generó cierto nivel de desconfianza por el vínculo entre la viceministra de Salud y el exjefe de Gabinete.

El día de hoy presenté mi renuncia (4/11) al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación.

Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio.

El reemplazante será Guido Giana, un hombre allegado a Santiago Caputo y Lugones, y quien trabajó con el ministro de Salud en el Sanatorio Güemes. Además fue funcionario en el PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri. También fue concejal y candidato a intendente en el municipio de Presidente Perón.

Loccisano ya formaba parte del ministerio de Salud bajo la gestión de Mario Russo, sin embargo, tomó un rol más protagonista bajo el mando de Lugones. Fue la cara del Gobierno durante el conflicto en el Hospital Garrahan.

La funcionaria ya había integrado el ministerio de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, cuando estuvo a cargo de la subsecretaria de Coordinación Administrativa. En esa ocasión, Loccisano -que era esposa de Jorge Triaca, ministro de Trabajo en ese entonces- dejó el puesto tras la publicación del Decreto 93/18, mediante el cual el presidente prohibió el nombramiento de familiares directos de funcionarios en puestos políticos del Poder Ejecutivo.

En el ministerio de Salud, Loccisano también fue subsecretaria de Coordinación Administrativa (2016-2018), coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (2015-2016); y coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos (2013-2015). Además conformó la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios (2010- 2012), la Secretaría de Programas Sanitarios (2005- 2009) y el Servicio Nacional de Rehabilitación (2001- 2004).

¿Quién es Guido Giana?

Por Sol Benítez

El exfuncionario del PRO que aterriza en el ministerio de Salud como viceministro tuvo su paso por el PAMI, fue concejal del municipio de Presidente Perón, sus relaciones con Santiago Caputo y Rodrigo Lugones, lo mantuvieron cerca de la administración de la salud pública. Además, administró el sanatorio Güemes recientemente, donde trabajó también Mario Lugones (padre), ministro de Salud.

Veamos su recorrido

El funcionario ahora oficialista, luego de su paso como concejal en Presidente Perón por Cambiemos donde también fue como candidato a intendente, trabajó para el Gobierno de la Ciudad en el área de Urbanismo, pasó por PAMI como gerente económico y financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Luego se quedó en el sector privado, en el hospital Güemes hasta los últimos días. “La política es sin lugar a dudas la única manera de mejorar, de manera estructural, la vida en sociedad de las personas” dice el viceministro, que cual Buitre revolotea por la salud pública hace tiempo. No es el único de su familia, su hermano Emiliano Giana, fue uno de los designados como directores de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales nucleares del país y que el gobierno de Milei pretende privatizar el 49% de sus acciones. En ese sector los trabajadores vienen enfrentando los ataques.

Guido Giana comenzó siendo parte de Cambiemos, luego de su campaña a intendente en 2017 en la que perdió, mantuvo buena relación tanto con el peronismo como con el radicalismo y fue concejal en ese municipio. Pero su salto a la fama fue en 2020 en el proceso de recuperación de tierras de Guernica. Giana fue uno de los enemigos de las familias que luchaban por un lugar donde vivir con sus hijos. Se jactaba en los medios de comunicación de defender su propiedad privada y lo hacía rodeado de policías. “No quiero perder esta lucha. Me voy a quedar acá con la Policía a defender mis tierras y voy a pelear también en la Justicia porque no estamos en la era medieval donde todo se resolvía con palos o piedras”, decía el nuevo ministro frente a cámara. Más bien lo que quería era volver a otra época, como la dictadura, ya que durante el desalojo puso a disposición su terreno para detener a personas en el operativo que contó con miles de efectivos de las fuerzas de seguridad al mando de Berni.

Los dichos del antes miembro de Cambiemos y ahora del gobierno, fueron parte de los discursos de odio generados hacia las familias tanto desde Cambiemos como desde el Frente de Todos, y que tuvieron como fin demonizar a las mujeres que peleaban por un lugar para vivir con sus hijos y muchos trabajadores informales que no podían sostener un alquiler con la crisis que generó la pandemia. Las familias siguieron luchando hasta lograr que se construyeran sus viviendas en el mismo predio donde las desalojaron alcanzando una solidaridad enorme como el Movimiento de Mujeres, trabajadores, docentes.

Personajes como Guido Giana que se embanderan de propiedad privada pero no les tiembla el pulso para pasar por encima de niños y mujeres con topadoras y balas de goma, están hoy al mando de la salud de millones de familias trabajadoras. Su nombre no está exento en la causa del 3% conocida este año por irregularidades en el PAMI que no fue impedimento para que asumiera en el nuevo cargo.

Una caravana a Olivos

«El Garrahan es de los niños y no se toca», aseguraba el cartel de uno de los cientos de manifestantes que participaron de la caravana desde Congreso hasta la Quinta de Olivos, impulsada por los trabajadores del hospital de niños para exigirle al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de las leyes de emergencia pediátrica, de discapacidad y de financiamiento universitario. El acto, realizado frente a la residencia presidencial, fue convocado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (Apyt), y contó con la participación de diputados, legisladores y referentes de diversos sectores. “Si Milei no cumple la ley vamos a apelar nuevamente al Congreso para que los diputados y senadores avancen con el juicio político”, dijo Norma Lezana, secretaria general de Apyt.

La caravana fue impulsada en el marco del Cabildo Abierto por la Salud Pública, espacio que integran diversas organizaciones que enfrentan la motosierra libertaria. “Es una instancia muy plural y diversa, porque creemos en la unidad en la diversidad. El Cabildo Abierto reúne a distintas organizaciones de salud, pero también a diversos colectivos de derechos humanos, sindicales, políticos y sociales”, explicó Lezana y destacó la articulación que han impulsado “junto a sector de discapacidad, con el universitario y con el de jubilados y jubiladas». “Creemos que ante la crueldad del gobierno de Milei y este plan económico que no incluye la existencia del Garrahan, o el deber del Estado de garantizar la salud de las personas con discapacidad, o que haya jubilaciones dignas, es fundamental que nos unamos para luchar y enfrentarlo”, afirmó la gremialista y agregó:

“Si Milei no cumple la ley vamos a apelar nuevamente para el Congreso para que los diputados y senadores avancen con el juicio político, porque está incurriendo en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de abandono de persona”.

Una gran cantidad de autos y camionetas se congregaron desde las 14:30 en uno de los costados de la Plaza de los Dos Congresos, en una fila desplegada sobre avenida Rivadavia que llegaba desde Callao hasta la altura del cine Gaumont. No había vehículo que no portara algún cartel, pancarta, bandera o calcomanía alusiva a la lucha en defensa del Garrahan, principal hospital pediátrico de Argentina y de la región, que se encuentra en una situación salarial y presupuestaria catastrófica debido al ajuste brutal implementado por La Libertad Avanza desde el inicio del mandato de Milei.

El camión que encabezó la caravana hacia Olivos fue el escenario desde el cual se realizó el acto frente al predio de la residencia presidencial, instalado sobre la avenida Maipú, a metros del ingreso de la quinta. Sergio Silveira es papá de Amorina, una nena con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que fue operada en el Hospital Garrahan de un tumor de Wilms. “Apoyamos al hospital por todo lo que nos brindaron y la buena atención que recibimos, no solamente nosotros sino todos los que van al Garrahan”, dijo y sostuvo que “protestamos para que el Presidente de una buena vez se digne a cumplir la ley, porque no puede ser que siga gobernando así. Cuántas veces vetó ya?”.

También participó de la caravana Ayelén, mamá de Maitena, niña que también se atiende en el Garrahan. “Soy mamá de una paciente del hospital y, por lo tanto, me compete venir a luchar junto a los profesionales, así como también junto a los universitarios, porque mis hijos estudian en la universidad pública, o a los jubilados, porque tengo una abuela jubilada. Por todas las familias estamos acá”, aseguró y sostuvo que “con semejante ajuste ya no podemos vivir”.

Estuvieron presentes diversos sindicatos y organizaciones, como la Asociación de Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) y Autoconvocados del Garrahan, entre otras. Tomaron la palabra referentes de diversos sectores, entre ellas madres que integran la agrupación Familias Unidas por el Garrahan, trabajadores de prestadoras del sector de discapacidad y Claudio Mariani, militante de los derechos de las personas con VIH e integrante de la organización Igualar en Positivo. “Sueldos dignos, no de hambre”, exigía uno de los carteles. «El Garrahan es causa nacional», afirmaba otro.

A su vez, Carlos Bonomo, miembro del área de Radiología del Garrahan, enfatizó en la grave pérdida de profesionales que está sufriendo la institución pediátrica. “Hace 38 años que estoy en el hospital, desde que se inauguró, y si bien siempre tuvimos que luchar por condiciones de trabajo, por el salario, por los insumos, estos últimos dos años fueron terribles, y además de la falta de un buen salario estamos sufriendo el vaciamiento de personal, porque se están yendo un montón de profesionales valiosos e importantes a la actividad privada, básicamente porque no les alcanza para vivir”, alertó Bonomo.  «Yo he formado a muchos compañeros, pero a los jóvenes no los puedo retener, pese a que estuvimos muchos años para formarlos, porque con estos salarios es casi imposible. Es urgente lograr una recomposición salarial que permita frenar la sangría lo antes posible», completó.

El martes 21 de octubre todos los sectores afectados se concentraron en plaza de Mayo para reclamar la inmediata promulgación de las leyes de financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y emergencia en salud pediátrica

En este marco, los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garrahan y los docentes nucleados en AGD-UBA realizaron un paro de 24 horas. Previamente, el lunes 20, a las 12:00, hubo una conferencia de prensa en el Hospital para impulsar las convocatorias.

“Peleando en las calles codo a codo logramos en el Congreso la sanción de estas tres leyes, de la misma manera nos proponemos conquistar su aplicación efectiva”, afirmaron los sectores convocantes.

Durante la concentración se leyó un documento consensuado en el que se exigió al Gobierno Nacional la implementación inmediata de las leyes que buscan abordar parte de los graves problemas que atraviesan la educación, la salud y la discapacidad. Asimismo, se llamó a fortalecer la unidad de todas las luchas frente al ajuste en curso.

El 21 además los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garrahan realizaron un paro, al igual que los y las docentes universitarios nucleados en Conadu Histórica, quienes extendieron la medida de fuerza también para el miércoles 22.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran: Asociación Gremial Docente de la UBA – Junta Interna ATE Hospital Garrahan – Soy Garrahan – Trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad en Lucha – Soy Fono en Argentina – Tribuna Disca – Prestadorxs Precarizadxs – Asamblea Discas en Lucha – Colectivo de Emergencia en Discapacidad – Asamblea de Trabajadores Inclusión – Fundación Rumbos – Comisión Interna No Docente Sociales (APUBA) – Red en Discapacidad – Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias.

El Gobierno aumentó el presupuesto para hospitales nacionales y el personal de salud

El Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para incrementar los recursos del ministerio de Salud y reforzar el funcionamiento de los hospitales nacionales y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, en especial en el área pediátrica. Resolvió “readecuar las partidas presupuestarias” de acuerdo con el análisis elaborado por el ministerio de Salud y dispuso que los incrementos se compensen con una disminución de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, por un monto de 35.832 millones de pesos.

La medida se formalizó mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión responde a la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por un año. La norma fue ratificada por el Congreso el pasado 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei, y promulgada hace diez días.

Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso, ya que —al igual que ocurrió con la ley que declara la emergencia en discapacidad y la del financiamiento universitario— el Poder Ejecutivo pidió al Parlamento que defina el origen de los fondos necesarios para financiar los gastos derivados de la medida.

Por orden de la Justicia el PAMI deberá restituir los medicamentos esenciales a todos sus afiliados

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comunicó, a través de su página oficial que, gracias al pedido que realizó ante la Justicia, se restituirán los medicamentos esenciales a los afiliados del PAMI que se había suspendido en el pasado mes de agosto.

En su sitio web, la APDH explicó que el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, que se encuentra a cargo del doctor Pablo Oscar Quirós, decidió hacer lugar a la medida cautelar que ellos promovieron, “extendiendo sus efectos a todo el país”, de esta manera, explican, se restablece, de manera “inmediata y urgente” el programa que se encarga de proveer “medicamentos esenciales a los afiliados y  afiliadas de dicha institución al 100% de su costo, en todo el territorio, en forma automática y sin trámites burocráticos previos”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebró la medida, al considerar que permite detener “el brutal retroceso en materia de derechos que viene imponiendo las políticas de ajuste del gobierno nacional», y remarcando que esta decisión establece un precedente judicial, reforzando la idea de que cualquier intento de cercenar los derechos adquiridos “encontrará espacios de resistencia que le habrán de poner un límite efectivo”.

Un juez restableció todas las pensiones

El Juzgado Federal N°2 de Catamarca resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablezca la totalidad de pensiones suspendidas en todo el país y pague el importe de los haberes de pensión retenidos.

Además, un grupo de personas se manifestó en la sede central de la Agencia en el barrio porteño de Belgrano por la falta de cumplimiento de un aumento de aranceles para los prestadores y por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con la medida cautelar, el titular del Juzgado -Guillermo Díaz Martínez- le dio un plazo de 24 horas a Andis para pagar los importes y le pidió que, hasta que no haya una sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías propuestas en el decreto 843/2024 y de «disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral».

«La sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa», explicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Por este motivo, la resolución del Juzgado catamarqueño hace extensiva la protección a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente.

«El restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad», aseguraron desde el CELS.

La causa fue iniciada por el defensor del pueblo de la provincia de Catamarca e impulsada entre otras organizaciones por la Asociación Azul, la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS y por personas afectadas. Además, contaron con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

En septiembre, luego de una presentación judicial realizada por la Defensoría del Pueblo y respaldada por el Gobierno de Formosa, se habían dejado sin efecto las suspensiones de las pensiones en la provincia del norte del país.

La toma de la Andis

Trabajadores que prestan servicios a pacientes y familiares de personas con discapacidad irrumpieron en las oficinas Andis de Belgrano, ya que no los querían recibir. Reclamaron por la falta de cumplimiento de un aumento de aranceles para los prestadores y por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Los manifestantes reclamaban que el interventor de Andis, Alejandro Alberto Vilches, efectivice en una reunión de directorio el aumento en el pago a prestadores. Valentina Bassi, actriz y madre de un niño autista: «Hoy ya es tarde, las terapias que se perdieron este año son irreparables. Es muy delicado el sector de discapacidad, muy frágil, se necesitan las terapias y se necesitan ahora».

Martín Félix, activista y prestador, puntualizó que el anuncio del aumento fue en julio, pero que aún no se hizo efectivo. Sin embargo, el costo de vida y de mantenimiento de las instituciones aumentan y la plata no llega.

«Necesitamos un aumento del 70% para poder afrontar nuestras obligaciones, para poder mantener el servicio, las instituciones abiertas y la prestación activa. Lo que estamos reclamando es lo que nos otorga la ley. Realmente lo necesitamos: no es que estamos pidiendo un dinero para estar holgados, sino para poder pagar las deudas que tuvimos que sacar por lo que está pasando».

Bassi aclaró que la convocatoria de la movilización originalmente había sido a las 11 horas, pero que luego Vilches anunció que se reuniría con el directorio. «A las tres horas, suspendieron la reunión hasta nuevo aviso. Lo vienen haciendo hace un montón. Entonces, a esta movilización llegamos cansados», relató. El interventor aseguró que no iba a trabajar bajo presión y se negó a recibir la carta que habían preparado las organizaciones.

Ante las reiteradas postergaciones del encuentro y el anuncio de su cancelación, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a las oficinas. «No quiso recibir la carta que le quiso entregar Pablo Molero del Foro Permanente Discapacidad, que es algo simbólico… una formalidad. Estamos en una situación tan, pero tan límite. Nunca vi semejante nivel de maltrato y abandono», agregó la actriz.

Además del aumento del nomenclador para prestadores, los reclamos de los manifestantes incluían las bajas injustificadas de pensiones, los retrasos salariales y el faltante de medicamentos y terapias en situaciones críticas, entre otras.

En cuanto a la vigente Ley de Emergencia, el ex Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que la norma quedará suspendida hasta que el Congreso asigne fondos específicos para tal fin.

En sus considerandos, el Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Congreso el 15 de septiembre y señaló que «es en el marco de la aprobación del Presupuesto» en donde «se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas». Así, remarcó que «corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria, garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas».

Trabajadores irrumpieron en la Andis

Todo comenzó cerca del mediodía, cuando trabajadores de distintas dependencias de la ANDIS se concentraron frente a las oficinas centrales para reclamar el pago de aumentos adeudados y la actualización de haberes. Durante los primeros minutos, la protesta se desarrolló con total normalidad: pancartas, cánticos y una asamblea improvisada para definir los pasos a seguir.

Sin embargo, la tensión creció cuando los manifestantes pidieron ingresar al edificio para dialogar con las autoridades. Al no recibir respuesta, algunos grupos comenzaron a forzar el acceso principal, derribando parte del vallado metálico que separa la entrada del público.

“Esto se desbordó, rompieron la entrada principal, el vallado de seguridad y ahora están entrando, rompiendo directamente las oficinas de una manera muy violenta”, relató una periodista, testigo de la escena en vivo para un canal de televisión.

En ese momento había muy poco personal de seguridad en el lugar: apenas cinco o seis trabajadores administrativos, algunos de ellos encerrados en sus despachos, sin posibilidad de intervenir.

Los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad llevan meses reclamando por sueldos que no se actualizan desde principios de año. Muchos de ellos trabajan en atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que quedaron atrasados por la falta de recursos.

“Son empleados de distintas dependencias, que trabajan en oficinas de todo el país y vinieron hoy a reclamar acá porque ya no pueden sostener más esta situación”, explicó la cronista, y agregó: “Pidieron ser recibidos para una mesa de negociación, pero frente a la negativa decidieron entrar”.
Uno de los delegados sindicales que encabezó la manifestación aseguró que la paciencia se agotó.

“Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”, señaló.

Dentro del edificio, una de las funcionarias presentes se mostró completamente angustiada por lo ocurrido. Testigos relataron que rompió en llanto al ver cómo los manifestantes forzaban las puertas y avanzaban hacia el hall principal.

“La veo realmente conmovida, nerviosa”, narró la periodista desde el lugar: “Intenté acercarme, pero estaba en shock. Esto fue algo impensado: una protesta que comenzó en paz y terminó con destrozos”.

En medio del tumulto, algunos empleados intentaron mediar para que el reclamo no se desbordara. Pero el clima ya estaba fuera de control. Vidrios rotos, gritos, empujones y papeles por el suelo fueron parte del escenario en las oficinas de ANDIS durante varios minutos.

Entre los manifestantes se encontraba María Martínez, madre de dos hijos con discapacidad. Su historia reflejó la desesperación de muchas familias que dependen de los programas de asistencia del Estado.

“No podemos seguir viviendo esta situación. Mis hijos tienen recortes, tuve que tomar la obra social para que les dieran los medicamentos. No podemos seguir con esta angustia”, dijo entre lágrimas frente a las cámaras.

El reclamo de los familiares se suma al de los profesionales, que advierten que los recortes presupuestarios están afectando directamente la atención de miles de beneficiarios.

La Agencia Nacional de Discapacidad atraviesa una crisis profunda, con retrasos en los pagos a prestadores, recortes en programas de asistencia y falta de actualización salarial para su personal. En los últimos meses, gremios y asociaciones de profesionales denunciaron la parálisis de expedientes, demoras en la entrega de pensiones y dificultades para cubrir tratamientos y medicamentos.

Según trascendió, la protesta de Belgrano fue convocada de manera espontánea por empleados que ya habían participado en movilizaciones anteriores, pero que esta vez encontraron la negativa de los directivos para recibirlos.

Entre los presentes también se encontraba la actriz Valentina Bassi, reconocida por su participación activa en causas sociales y por su rol como madre de un joven con discapacidad. Bassi se convirtió en una de las voces visibles del reclamo, acompañando a los trabajadores y familiares que piden una respuesta urgente.

“Ella ha sido una referente en estas protestas, llevando adelante la voz del petitorio”, relató Mercedes Mora, cronista de A24. “Estaba aquí apoyando a los empleados y a las familias, cuando todo se descontroló”.

Desde la comunidad educativa y sanitaria, los reclamos apuntan también a la falta de contención psicológica y acompañamiento estatal para las familias y los profesionales que atienden casos complejos.

“Se han agotado todas las instancias de trabajo. No hay apego a los tratamientos, no hay respuesta institucional y los equipos están al límite”, señalaron fuentes internas.

Las asociaciones de padres y docentes pidieron un plan urgente de intervención integral, que incluya asistencia médica, acompañamiento psicológico y refuerzo presupuestario para garantizar la continuidad de los servicios.

ATE denuncia que el Gobierno quiere cerrar la sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad

Así expresaron su rechazo: «ATE Pensiones expresa su más enérgico rechazo al proyecto de cierre de la histórica sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida implica no solo el traslado compulsivo y masivo de trabajadoras y trabajadores al edificio de Ramsay, sino que además representa un grave retroceso en materia de derechos para miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes cotidianamente encuentran en esta sede un espacio de atención directa, accesible y de referencia en el corazón de la Ciudad», remarcaron en un comunicado conjunto.

En la misma línea, agrega: «el espacio se encuentra estratégicamente ubicado, con conectividad directa desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que facilita la llegada de las y los pensionados, especialmente las personas con discapacidad. El traslado implicaría mayores costos de traslado y pérdida de cercanía con un espacio de referencia ya consolidado».

Finalmente, el sindicato agregó que la decisión del gobierno «carece de fundamentos y se da de espaldas a las necesidades reales de la población con discapacidad». Asimismo, denuncia que «no se trata de una simple mudanza sino del desmantelamiento de un espacio público que garantiza derechos y facilita trámites esenciales, en el marco de un plan sistemático de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional», por lo cual «exige la inmediata suspensión del proyecto de cierre y traslado».

Fuentes: Página/12 , Perfil, La Izquierda Diario

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