En 2025 en México se mantiene la continuidad sin ruptura del gobierno anterior en materia de política económica que en esa ocasión se autodefinió como la «Cuarta Transformación». El actual se autocalifica como el «segundo piso de la cuarta transformación» expresando que las principales líneas de política pública resumidas en erogaciones sociales para sectores desprotegidos de la sociedad se mantienen incólumes. Está acción se desarrolla en un contexto de débil crecimiento del producto interno bruto de la administración de López Obrador (2018-2024) del orden de 0,95%, que hasta ahora es el más bajo históricamente, un poco por encima del que obtuvo en términos de promedio sexenal (0,03%) el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). En el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum el comportamiento del crecimiento es errático y en la mejor proyección apunta a arrojar un crecimiento de entre 0.5%y 0.7% en este año y 1.8% en 2026 de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México. El trasfondo de esta política radica en la vigencia de un patrón de acumulación y de reproducción del capital en México caracterizado por su propensión a mantener la exportación de manufacturas fundamentalmente con cargo en las empresas trasnacionales norteamericanas por lo que se constituye como un patrón capitalista neoliberal dependiente sustentado en las maquiladoras de exportación, en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en la complementariedad sistémica de las políticas migratorias de Washington a través de la Guardia Nacional mexicana.
Con declaraciones aparentemente divergentes y soberanas frente a ese gobierno en materia migratoria, de comercio y frente a los aranceles impuestos por Trump a productos mexicanos, en el fondo el gobierno federal se mantiene subordinado a las políticas dominantes de Estados Unidos, destacando, por ejemplo, el reforzamiento del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a través de la renegociación programada para realizarse en julio del próximo año, aunque sujeta al capricho y estado de ánimo del morador de la Casa Blanca. La prensa crítica y los analistas serios han coincidido en que una de sus aristas, en función de la geopolítica regional de Washington, apunta contra China que, como se sabe, ha sido erigida como su principal enemiga.
Después de más de 75 años en que gobernó y dominó a la nación mexicana el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de manera ininterrumpida entre 1929-2000 y después en 2012-2018, y de dos sexenios de gobierno del derechista Partido Acción Nacional (PAN), entre 2000-2012, debido al cansancio de la población, a la corrupción generalizada de los partidos políticos y de la burocracia gubernamental y a la falta de alternativas reales de cambios social, ganó las elecciones presidenciales una fuerza desprendida de diversas formaciones políticas y constituida en el actual Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que justamente centró su accionar político en la presunta lucha contra la corrupción y proclamó el eufemismo de la “austeridad republicana“ que implicó de principio el recorte o liquidación de unos 18 programas sociales y gubernamentales que fueron tildados en su momento para justificar su desaparición como “símbolos de la corrupción”.
Fiel al dogma neoliberal de no realizar una reforma fiscal a fondo que gravara los ingresos de la gran burguesía y del gran capital nacional e internacional, el Gobierno Federal se ha contentado con obtener recursos supuestamente de la lucha contra la corrupción para incrementar los ingresos del Estado, y de esta manera, distribuir esos recursos a la población más necesitada y en pobreza extrema.
Al igual que otros gobiernos latinoamericanos denominados progresistas, el mexicano distribuye prebendas y recursos monetarios a ciertos segmentos de la población (adultos mayores, becas a estudiantes, crédito a la palabra sobre todo para el campo, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas, entre otros), pero que, si bien, resuelven, precaria, elemental y momentáneamente la situación crítica económica de la población, en el largo plazo contribuyen a forjar una población acomodaticia y sin ninguna conciencia social, mucho menos de clase, que cuando se agotan los proyectos progresistas como ocurrió en Ecuador, El Salvador, Brasil, Argentina y, recientemente, en Bolivia, vuelcan su apoyo electoral a los partidos y fuerzas políticas de la derecha y ultraderecha.
Esta actitud, muy pronunciada entre las clases medias, se deriva del hecho de que el gobierno mantiene deliberadamente la reproducción del capitalismo dependiente a través de sus políticas públicas y de apoyo a la reproducción del capital y de las clases dominantes, que no ven amenazados sus intereses y privilegios de que gozan, y garantiza la manutención de un Estado y del sistema de dominación que se limita a administrar, pero no a transformar.
La diferencia entre Estado, sistema de dominación, gobierno y régimen político es fundamental para entender la naturaleza de los llamados «gobiernos progresistas» respecto a los neoliberales, puesto que se descubre que existen afinidades entre ambos, caracterizadas por mantener regímenes políticos que, a lo sumo, son capaces de realizar reformas, pero no a transformar el sistema como un todo. Ello, tarde o temprano, produce un agotamiento de sus políticas e influencias en la sociedad, frente a un agudizamiento de la crisis social y económica que termina por despertar el descontento de la población contra el gobierno en turno, incluso, de sus bases electorales que lo llevaron al poder. El resultado es el arribo al poder de fuerzas de derecha y ultraderecha que inclinan la balanza a favor del capital privado nacional y extranjero en consonancia con los intereses y objetivos estratégicos de la geopolítica norteamericana. Lo que se resume, por ejemplo, en el eslogan de campaña y de gobierno del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz: «capitalismo para todos», o: «el capitalismo es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo» del ultra neoliberal argentino Milei que está llevando a su país a una tragedia sin precedentes.
En el caso de México gracias a la mayoría parlamentaria de Morena que detenta en el Congreso Nacional, y al sistema de reparto de recursos monetarios a algunos sectores de la población, la presidente en turno mantiene una alta “popularidad” que promueve a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Aunado a la incapacidad de la derecha para formar un frente común competitivo para las elecciones intermedias y presidenciales en 2030, una oposición podría salir de las propias filas del oficialismo que, dada la correlación de fuerzas en el país, seguramente mantendría la misma línea política del gobierno actual. Pero esto es más materia de especulación y proyecciones que certeza de que así ocurran los acontecimientos.
De cualquier forma, en función de la crisis estructural del modo de producción capitalista, la combinación de políticas desarrollistas y neoliberales que practica el gobierno en turno, se puede hipostasiar su agotamiento y que se abra una «crisis de hegemonía» en el seno mismo del régimen presidencialista mexicano.
Adrián Sotelo Valencia. Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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