La transición iniciada el 8 de noviembre no se limita a un cambio de sede gubernamental, representa una transformación profunda: del gobierno de los movimientos sociales, sustentado en el poder popular, al “nuevo gobierno” pro EEUU proclive a los intereses transnacionales y privatizadores, que incluso antes de cristalizarse ya ofrecía sus mejores intenciones a las entidades financieras internacionales en detrimento del pueblo, por los préstamos y sus condicionamientos.
Sin embargo, Bolivia, en aras de su “apertura” hacia todos los países del mundo, reestablecerá relaciones diplomáticas con Israel, un Estado acusado de masacrar a más de 69.000 palestinos. A ello se suma que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, cuenta con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
La Comisión Internacional Investigadora de la ONU para los Territorios Palestinos concluyó en septiembre de 2025 que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, una calificación respaldada por numerosos organismos internacionales y Estados.
Frente a ello, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel “tomar todas las medidas posibles para prevenir” un genocidio en Gaza, asimismo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, vinculados a la ofensiva militar israelí en la Franja, sumándose a estas resoluciones se suman las denuncias de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien ha señalado actos de genocidio, ocupación y apartheid por parte de Israel.
A pesar de estas acusaciones y resoluciones internacionales, Bolivia, bajo su nuevo gobierno, ha decidido establecer relaciones diplomáticas con Israel y su principal aliado, Estados Unidos. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿Dónde queda la coherencia con los derechos humanos?
Sin duda, esta decisión contradice el Artículo 10 de la Constitución boliviana, que declara al Estado como pacifista, ya que reanudar relaciones con un país acusado de genocidio representa un abandono de dicho principio y una clara traición a los derechos humanos consagrados en los Artículos 13 y 14.
Otrora, Bolivia mantenía una política exterior coherente con el derecho internacional humanitario y público, caracterizada por un apego a las normas globales y una vocación de apertura hacia todas las naciones, hoy su posicionamiento se alinea con los gobiernos hegemónicos que buscan controlar el mundo, se oponen al surgimiento de los BRICS y obstaculizan la construcción de un sistema multipolar, un proyecto por el que numerosas naciones han luchado intensamente.
Para Estados Unidos y su séquito de aliados, Latinoamérica sigue siendo su patio trasero; la amenaza es explícita; así por ejemplo el senador estadounidense Lindsey Graham, manifestó que EEUU ya ha invadido Panamá y Granada bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, y ahora podría hacer lo mismo con Venezuela.
Esto no es un hecho aislado; forma parte de un patrón histórico, pues lo ejecutaron en 1989 con la invasión a Panamá para derrocar a Manuel Noriega, lo intentaron con Cuba y lo han practicado contra otras naciones soberanas, siendo esta “política” abiertamente intervencionista, cuyo fin es fracturar la unidad latinoamericana.
El objetivo de Washington es instalar gobiernos dóciles; actualmente, sus buques de guerra merodean el Caribe y acechan a Venezuela, país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero el interés estratégico va más allá: según abundante literatura geopolítica, la región atesora el Acuífero Guaraní —una de las principales reservas de agua dulce del planeta—, el «triángulo del litio» (Argentina, Bolivia, Chile) y significativos yacimientos de tierras raras, como grafito y níquel, también presentes en Bolivia, recursos que Washington busca tomarlos para fortalecer su complejo militar-industrial, un interés que contradice flagrantemente sus declaraciones públicas de respeto a la soberanía, la “democracia y la libertad”.
Frente a esta ofensiva, las políticas estructuradas durante más de 14 años —desde el gobierno de Evo Morales y continuadas por Luis Arce Catacora (2021-2025) del Movimiento al Socialismo— demostraron una voluntad política clara, aunque con desafíos, de proyectar al país en el escenario internacional con soberanía. Esa política exterior, reconocida por analistas durante dos décadas, se caracterizó por su apertura multipolar. Un ejemplo emblemático fue el consistente apoyo a Palestina, que llevó a Bolivia a romper relaciones con Israel en 2009 y a reafirmar esa postura el 31 de octubre de 2023 bajo el gobierno de Arce, mientras se reabrían embajadas —clausuradas durante el gobierno transitorio— en países como Venezuela, Irán y la República Árabe Saharaui.
Resulta incongruente, por tanto, que la actual administración de Rodrigo Paz proclame una apertura mundial cuando, en la práctica, sus acciones demuestran sumisión. Esta supuesta apertura es selectiva y obsecuente: restringe relaciones con Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán, al tiempo que se alía con naciones acusadas de violaciones graves al derecho internacional.
No es admisible que un país que profesa amor por los derechos humanos se alíe con un Estado señalado por la Corte Internacional de Justicia y objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra su primer ministro, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de genocidio. Es contradictorio que una nación pacífica, forjada en la lucha contra el colonialismo, establezca lazos privilegiados con regímenes acusados de vulnerar masivamente los derechos humanos.
Esta incongruencia se agrava con la estrategia económica del actual gobierno de derecha. Su fórmula para «salir» de la crisis consiste en solicitar préstamos a organismos internacionales y al Banco Mundial, cuyas condicionalidades endeudarán a más de 11 millones de bolivianas y bolivianos, hipotecando la soberanía nacional y limitando la capacidad de decisión autónoma del país.
El horizonte para la paz global es un mundo multipolar, basado en la tolerancia, el respeto al derecho internacional, la autonomía de los Estados y la soberanía sin imposiciones.
Las políticas de Washington, sin embargo, son claras: buscan someter todos los sistemas políticos de Latinoamérica, ya que hoy controlan Argentina (préstamos millonarios) y ejercen presión sobre Venezuela y Colombia. Bolivia, que fue un bastión de resistencia durante la era de los movimientos sociales, ha caído en la órbita de influencia estadounidense y se ha convertido en otro de sus tentáculos para imponer su sistema en la región.
La dignidad y la soberanía de los pueblos no son moneda de cambio bajo las directrices de Washington o Bruselas. Cuando un país como Bolivia se alinea con naciones que, como Israel —señalado por causar más de 69,000 muertes en Gaza—, son acusadas de no respetar la normativa internacional, debemos preguntarnos con urgencia: ¿Es esta una política humana y moralmente defendible?
Roberto Chambi Calle. Jurista, coautor del libro “Palestina entre piedras y misiles”.
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