El 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó la Resolución 1292/2025, que establece la obligatoriedad del registro de asistencia docente mediante huella digital a partir del ciclo lectivo 2026. Un acto administrativo del Poder Ejecutivo local, no de una ley sancionada por la Legislatura, lo que supondría un debate un poco más profundo sobre el biocontrol. Este es un acto prepotente a los que nos pretenden acostumbrar como con el autodenominado “protocolo de seguridad” de, la ahora senadora mileista, Patricia Bullrich.
El texto oficial presenta la medida como parte de un proceso de “modernización” y “transparencia” en la gestión educativa. Sin embargo, lo que se instala es un mecanismo de control que convierte la huella digital —un dato biométrico considerado sensible por la normativa vigente— en requisito obligatorio para el ejercicio laboral.
La Ley 1845 de Protección de Datos Personales de la Ciudad es clara en este punto. En su artículo 3 define como datos sensibles aquellos que revelan “origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, y agrega expresamente los datos biométricos. El artículo 7 establece que “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles”, salvo que exista una obligación legal específica o consentimiento expreso del titular. En este caso la “obligación legal” impuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el Ministerio de Educación responde a una concepción del entramado ideológico del partido que gobierna, el PRO.
La tensión normativa es evidente: la resolución convierte en obligatorio lo que la ley protege como voluntario. El consentimiento deja de ser un derecho. En términos jurídicos, una resolución administrativa no puede derogar ni modificar una ley de la Legislatura. En términos políticos, se produce un desplazamiento del “presentismo” como registro administrativo para convertirse en un dispositivo de vigilancia sobre el cuerpo docente.
La huella digital no dice nada por sí sola, pero funciona como llave que vincula identidades con bases de datos centralizadas, habilitando nuevas formas de disciplinamiento.
La obligatoriedad de la huella digital no surge en un vacío institucional. En este sentido, la medida que supone un simple cambio técnico es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadorxs de la educación.
Del disciplinamiento a la biopolítica
Uno de los encargados de fiscalizar su implementación y también uno de los dos firmantes de la resolución 1292/2025 y sus anexos es el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, Oscar Ghillione, el otro es Sebastián Fernández, subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Nos interesa aquí Oscar Ghillione cuya trayectoria ilumina el sentido de esta medida. Ex CEO y fundador de la ONG Enseña por Argentina — subsidiaria de Teach For America e integrante de la red Teach For All —, con formación empresarial en la privada Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) — una usina de formación neoliberal — y especialización en negocios en España — para no abundar — fue secretario de Gestión Educativa de la Nación durante parte del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Ghillione encarna, como los gobiernos para los que trabaja, o con los que estableció convenios, la lógica de trasladar al ámbito público las metodologías de eficiencia propias del mundo corporativo empresarial.
En este marco, la huella digital se convierte en un símbolo de esa mirada: un dispositivo que lejos de mejorar la enseñanza lo que se propone es el control disciplinar del cuerpo docente. Aquí la referencia a Michel Foucault resulta inevitable. En Vigilar y Castigar (1975), el filósofo describe cómo los dispositivos de control transforman los cuerpos en objetos de registro y normalización: “El poder disciplinario se ejerce haciendo del cuerpo un objeto y un blanco de poder. Se trata de una anatomía política: el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone”.
La huella digital, inscrita en un sistema de presentismo obligatorio, convierte al cuerpo docente en dato, lo desarticula de su autonomía laboral y lo recompone en función de la vigilancia político-administrativa.
Pero el análisis foucaultiano no se detiene en el disciplinamiento individual. En Historia de la sexualidad I (1976), Foucault introduce la noción de biopolítica, que amplía el campo de control hacia las poblaciones: “El poder se dirige a la vida, a la especie, a la población, al cuerpo múltiple y colectivo”.
La resolución 1292/2025 se inscribe en esa lógica biopolítica. La huella digital es una forma de inscribir a toda la población docente en un sistema de vigilancia que administra tiempos, movimientos y presencias. El cuerpo del trabajador se convierte en dato y el dato en recurso gestionable.
Esta lógica disciplinaria se vuelve palpable en la propia reglamentación de la resolución. El Anexo I establece: “…a partir de enero de 2026 (…) deberá completar de manera indefectible el registro de sus datos biométricos (…) En caso de no cumplimentar lo anteriormente mencionado, se suspenderá el pago del concepto ‘Adicional salarial’ hasta tanto se regularice dicha situación”.
La huella digital, aplicada de manera obligatoria, entra en el paquete de la racionalidad instrumental bajo la retórica de la modernización: administrar a lxs trabajadorxs de la educación como recurso.
La cuestión ética es ineludible; cuando funcionarios con formación empresarial irrumpen en la función pública, lo hacen bajo la premisa de que la educación puede gestionarse como una empresa. La huella digital, reafirmamos, es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadorxs de la educación, inscribiendo sus cuerpos en una matriz de control.
Breve digresión regional
La resolución porteña, además de entrar en el repertorio de las obsesiones de gobiernos de derecha como el PRO, se inscribe en la dinámica regional de distintos gobiernos que han intentado imponer el control biométrico en educación y administración pública, generando resistencias sindicales y judiciales.
En 2023, el gobierno mexicano impulsó la incorporación de huellas digitales y fotografías en la Clave Única de Registro de Población (CURP). La medida fue presentada como un paso hacia la “seguridad” y la “eficiencia administrativa”. Sin embargo, rápidamente se judicializó: según Infobae, “un juez federal otorgó las primeras suspensiones provisionales contra la exigencia de huellas y fotografía para la CURP biométrica”.
El diario Vanguardia MX confirmó que los amparos cuestionaban la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Población, señalando el riesgo de irreversibilidad en el manejo de datos sensibles. La experiencia mexicana muestra que la defensa de la autodeterminación informativa puede frenar la imposición de la biometría en el ámbito educativo y laboral.
Por otra parte, en varios municipios y estados brasileños se implementaron relojes biométricos para controlar la asistencia de docentes en escuelas públicas. La medida fue cuestionada por sindicatos y asociaciones laborales, que denunciaron su carácter punitivo y la falta de proporcionalidad.
En Divinópolis, el sindicato Sintemd denunció que el sistema de punto biométrico facial generaba “transtornos e inseguridad” en el inicio de clases (Portal Gerais, julio 2025).
En el Distrito Federal, docentes y orientadores criticaron la imposición del reloj biométrico para controlar asistencia, señalando que afecta rutinas pedagógicas y fue implementado sin debate (Brasil de Fato, abril 2025).
En algunos casos, las acciones judiciales lograron frenar la obligatoriedad, mientras que en otros se abrió un debate sobre la transparencia en el manejo de datos biométricos y la necesidad de auditorías independientes. La experiencia brasileña evidencia que la biometría aplicada al trabajo docente tiende a convertirse en un mecanismo de vigilancia laboral más que en una herramienta de gestión pedagógica.
De la huella digital al mercado educativo
La resolución 1292/2025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su amenaza salarial y su dispositivo biométrico, forma parte de una racionalidad más amplia que señalamos en “Carlos Torrendell y el deseo libertario: la materialización del mercado educativo”. Allí advertíamos cómo el gobierno nacional busca consolidar un modelo donde la educación pública se subordine a la lógica empresarial y privatizadora.
El caso porteño y el nacional se entrelazan: en CABA, la huella digital convierte al cuerpo docente en dato administrable, bajo amenaza de pérdida salarial. A nivel nacional, la política educativa se orienta a transformar la escuela en un mercado regulado por dispositivos de control y eficiencia fijados desde afuera por el mundo empresarial-corporativo cuyo marco fue dado desde los organismos internacionales.
Ambos movimientos expresan la misma racionalidad biopolítica: disciplinar cuerpos y gestionar poblaciones bajo la lógica del mercado. La educación pública se convierte en laboratorio de control, donde la vigilancia biométrica y la mercantilización se presentan como “modernización”.
Frente a esto, la memoria y la resistencia docente son claves. La historia reciente muestra que cada intento de disciplinamiento y privatización encontró respuesta en la organización sindical combativa, en la judicialización y en la movilización social, no en las burocracias sindicales que siempre acuerdan — de otra forma el reformismo mercantilista no hubiera llegado a estas instancias —. La defensa de la educación pública como derecho exige articular estas resistencias y denunciar la continuidad entre las políticas de desposesión educativa locales, nacionales, regionales e internacionales.
La huella digital del gobierno PRO en CABA y la mercantilización nacional que propone el borrador del proyecto de ley del gobierno libertario son dos caras de la misma estrategia. Un proyecto político que busca transformar la educación en un mercado regulado por dispositivos de control. La respuesta, entonces, no puede ser fragmentaria, requiere una resistencia articulada que combine lo mejor de la tradición de la educación pública, la ética del conocimiento y acción colectiva.
Es mentirle a la población cuando los artífices de los modelos de expropiación de la educación pública dicen que “estamos pasando del estado educador a la sociedad educadora”; lo cierto es que están transfiriendo los valores concretos y simbólicos del conocimiento al “mercado educador”, una ruleta controlada donde los ganadores están en la revista Forbes y el resto de los mortales somos una huella digital (todavía).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.