1. El fin de los subsidios
El Decreto Supremo 5503, de emergencia económica firmado por Rodrigo Paz —como en los tiempos del neoliberalismo, “entre gallos y media noche”— pasará a la historia por ser el más entreguista a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Con él se pone fin al subsidio de los combustibles instaurado desde la década del 90, provocando un aumento inmediato de precios: la gasolina subió un 86% y el diésel un 160%. La medida se acompaña de la flexibilización del tipo de cambio, en un intento por enfrentar la escasez de dólares y un déficit fiscal considerado insostenible. El gobierno defiende el ajuste como un acto de “orden y transparencia”, pero la magnitud del shock lo convierte en el retorno al neoliberalismo en su más nítida expresión.
2. La memoria del gasolinazo
El recuerdo más inmediato del gasolinazo es el de 2010 bajo el gobierno de Evo Morales, y vuelve con fuerza. Entonces, la resistencia popular obligó al gobierno a retroceder en menos de una semana, reafirmando el subsidio como símbolo de justicia social y pacto redistributivo. Hoy, en cambio, el ajuste se presenta como inevitable y se legitima bajo un discurso fiscalista. La diferencia es crucial: lo que antes se vivía como traición al pacto redistributivo, ahora se instala como retorno al orden neoliberal, en un país donde la izquierda atraviesa su mayor orfandad y ausencia de liderazgo.
3. El costo social del ajuste
El impacto inmediato se siente en los sectores populares y transportistas, que enfrentan el alza súbita de los combustibles como amenaza directa a su subsistencia. Las filas interminables en las estaciones de servicio y la incertidumbre sobre el precio del pasaje urbano son el rostro cotidiano de la crisis. Los sindicatos, históricamente aliados de la redistribución estatal, se encuentran ahora ante el dilema de resistir o adaptarse a un gobierno que invoca la transparencia fiscal como justificación. La protesta social puede convertirse en el núcleo de una nueva crisis de representación.
4. La presión internacional y el decretazo
El gobierno, muy apurado por la presión internacional -especialmente de Estados Unidos- no ha medido las consecuencias de una nueva receta de ajuste estructural que además se viene por etapas. La primera es el choque frontal contra el pueblo, cuyo centro de gravedad es el gasolinazo. Pero este punto es solamente un aviso de lo que vendrá el año que viene y el decreto lo señala claramente: privatización, ingreso de transnacionales que definirán todo lo relativo a la economía, devaluación y represión bajo un verdadero “gobierno del terror”.
La falta de transparencia en la elaboración del decreto -ltan artículos- demuestra la urgencia de su redacción y difusión. ¿Por qué la urgencia? Porque Estados Unidos, en su guerra geopolítica, busca consolidar el triángulo del litio y sentar las bases para su “batalla final” contra Venezuela, cumpliendo así el viejo sueño de la Doctrina Monroe. El decretazo es solo el prólogo de una narrativa neoliberal y dependiente que nos hace retroceder un siglo atrás, con el retorno de los “rubios civilizados” que siempre nos vendieron baratijas. La tormenta que anuncia este decreto requerirá un gran dispositivo represivo: ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional se adelantan marcos jurídicos para penalizar la protesta. El pueblo boliviano se encuentra en un punto de la historia que puede definir el futuro de la región, y en esa medida somos depositarios de una obligación moral para dar batalla a esta continuidad golpista nacida en la cuna de las oligarquías regionales.
5. La orfandad de la izquierda
La eliminación de subsidios y la flexibilización cambiaria marcan la ruptura definitiva con el modelo redistributivo que caracterizó a Bolivia desde 2006. La izquierda, debilitada y fragmentada, carece de un proyecto alternativo que defienda la justicia social en medio de la crisis. La orfandad política se traduce en descontento y dispersión, dejando el campo abierto para que el discurso neoliberal se instale como única narrativa de salida.
6. Escenarios de futuro
El futuro inmediato se juega entre tres escenarios. El primero, el de la estabilidad con sacrificio, supone que el ajuste logre contener el déficit y atraer financiamiento externo, a costa de un prolongado desgaste social. El segundo, el del estallido social, emerge si las protestas sindicales y populares escalan hasta desbordar la capacidad institucional, repitiendo la dinámica de crisis que ha marcado la historia política del país. El tercero, más incierto, es el de una recomposición política, donde nuevas fuerzas intenten capitalizar el descontento y redefinir el horizonte de justicia social en un contexto de orfandad de la izquierda. En este escenario, la clase política que busca el voto del pueblo en la cercana elección subnacional -con más de 5.000 autoridades a elegir entre concejales, asambleístas y gobernadores- deberá responder preguntas fundamentales: ¿para quién quieren gobernar? ¿Están con las mayorías populares que pagarán el costo de estas medidas? ¿Cuál es su verdadera línea de acción?
7. Conclusión
El gasolinazo y el ajuste no son solo medidas económicas: son símbolos de un retorno neoliberal que redefine el papel del Estado y su relación con la sociedad. Bolivia enfrenta un punto de inflexión donde la promesa de transparencia fiscal choca con el costo social del sacrificio, y donde la ausencia de un proyecto redistributivo abre la posibilidad de una crisis de representación. El desenlace dependerá de si el sacrificio se convierte en estabilidad o si la resistencia social abre un nuevo ciclo de confrontación política hasta la abrogación del Decreto.
RED DE ECONOMÍA POLÍTICA
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