El Decreto Supremo N.º 5503, firmado por Rodrigo Paz Pereira el 17 de diciembre de 2025, no solo eliminó los subsidios a los combustibles para cumplir con uno de los caprichos del Banco Mundial, el FMI, etc. También activó una tormenta social, política y simbólica. No es una medida aislada: es un giro de modelo insensible aplicado por decreto y sin compasión.
La eliminación del subsidio a los hidrocarburos genera un efecto dominó inmediato: encarece el transporte público, golpea a choferes y usuarios, eleva los precios de los alimentos por el aumento de los costos logísticos y presiona al alza los servicios básicos, en especial la energía.
El gobierno intenta amortiguar el impacto con un aumento del 20 % al salario mínimo, de Bs 2.750 a Bs 3.300. Pero el incremento llega tarde y es absorbido por la inflación inducida. El ajuste no afecta a los acaudalados: recae, otra vez, sobre el pueblo trabajador, que ya vive al límite.
El discurso oficial habla de equilibrio fiscal y señales al mercado. En la práctica ocurre otra cosa: el rico absorbe el golpe; el pobre reduce comida, movilidad o trabajo. No existen compensaciones inmediatas ni focalizadas. El anunciado paquete social es difuso, sin plazos ni montos claros. El ajuste es concreto; la protección, retórica.
El Decreto Supremo —según denuncia del expresidente Evo Morales— fue redactado en EE. UU., traído personalmente por una delegación del gobierno de Donald Trump e impuesto 24 horas después, sin debate público, sin transición gradual y sin negociación social.
La respuesta fue inmediata: la Central Obrera Boliviana, transportistas, campesinos y mineros activaron un paro general con más de 20 puntos de bloqueo en todo el país. Las escenas son conocidas. Recuerdan lo que Naomi Klein llamó terapias de shock, implementadas sin anestesia en los años 80: rápidas, verticales, socialmente destructivas y, sobre todo, traumáticas.
Paz Pereira habla de una “decisión histórica para salvar la patria” y repite esa frase que los agentes de la embajada norteamericana le recomendaron encarecidamente repetir en cada discurso para demonizar al MAS: “20 años de corrupción”. Sin embargo, en las calles —donde el pueblo es directamente afectado por el decreto— su retórica se traduce como lo que es: una imposición para que la crisis la pague el pueblo, mientras mafias empresariales —como las cruceñas— y magnates como Doria Medina, entre otros, resultan beneficiados con la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y de otros tributos. Facturando —además —a lo grande, gracias al alza de precios de muchos de los productos que ellos producen y controlan.
Sin duda, la brecha entre el lenguaje macroeconómico encubierto y la experiencia cotidiana alimenta la indignación social y erosiona la credibilidad del gobierno.
En Bolivia, quitar subsidios no es una medida neutra. Evoca los ajustes estructurales de los años 80 y 90. Recuerda promesas de crecimiento que nunca llegaron a las mayorías. Reactiva el trauma de decisiones impuestas desde arriba. Por eso la reacción es visceral: no es solo por el bolsillo, es por la memoria histórica.
Durante su campaña electoral, Paz Pereira nunca habló de este decreto. No pidió autorización para un ajuste ni para un giro hacia la liberalización económica. Al imponerlo por decreto, contradice sus promesas electorales y convierte una decisión económica arbitraria en un conflicto político abierto.
Por otro lado, el famoso decreto de Paz Pereira no menciona privatizaciones de forma explícita, pero prepara el terreno: elimina subsidios y declara una emergencia económica y energética. Apela al lenguaje de eficiencia, modernización y sostenibilidad fiscal. Otorga al Ejecutivo facultades amplias y discrecionales, sin control legislativo ni consulta social. La historia reciente enseña que este libreto no es nuevo: ya se lo vivió en la nefasta época neoliberal. Es así que el Decreto Supremo N.º 5503, firmado por Rodrigo Paz Pereira, comparte la lógica del Decreto Supremo 21060. Ambos imponen un ajuste por shock, aplicado por decreto y sin mandato social, y trasladan el costo de la crisis al pueblo. Se presentan como medidas para “salvar” la economía, pero priorizan el orden del mercado antes que la protección social.
En ese entendido, el decreto vigente declara la Emergencia Económica, Energética y Social en todo el país. Aunque sus objetivos fundamentales son estabilizar la macroeconomía, recuperar las reservas internacionales y garantizar el abastecimiento energético, no prioriza el bienestar del pueblo.
No es casual que la medida cuente con el respaldo del imperialismo internacional, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien apoyó públicamente la decisión.
En síntesis, el rechazo al Decreto 5503 no se limita a su contenido. Apunta a su imposición autoritaria, a la carga injusta que impone sobre el pueblo, a la ausencia de legitimidad democrática y de visión social, y al retorno de un modelo que Bolivia ya conoce demasiado bien, que ya padeció y que ya resistió: el neoliberalismo hambreador.
Las protestas de la COB y de otras organizaciones sociales —que crecen exponencialmente— no son hechos aislados. Son una interpelación directa al gobierno, un rechazo contundente a un modelo viejo y nefasto aplicado con prisa, y una forma de cuestionar a un poder que desobedece al soberano y gobierna de espaldas al pueblo.
¡Escuche, Presidente! Más vale prevenir que lamentar.
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