El problema del Decreto Supremo (DS) N.º 5503 no reside únicamente en su contenido, sino también en el silencio que lo rodea. En una democracia liberal representativa que se pretenda tal, los decretos que reordenan derechos, competencias y relaciones sociales deberían atravesar el tamiz de la deliberación pública. En Bolivia ocurre lo contrario: El decreto avanza mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) guarda silencio. Y ese silencio no es casual ni neutro; es profundamente político.
I. Una mayoría que no necesita debatir
La actual composición de la ALP revela una convergencia ideológica amplia en torno a una agenda de ajuste, gobernabilidad tecnocrática y disciplina fiscal. No se trata de una derecha unificada en términos partidarios, sino de un bloque neoliberal transversal que, a pesar de atravesar siglas distintas, comparte un mismo horizonte económico y político.
Desde una lectura poulantziana, el Estado no actúa como instrumento directo de una clase o fuerza social, sino como condensación de relaciones de poder. Cuando esa condensación se estabiliza, el conflicto institucional deja de ser necesario. El DS N.º 5503 no genera debate porque no cuestiona los límites del consenso dominante.
II. El silencio como técnica de despolitización
Si la ALP debatiera el DS N.º 5503 —a pesar de su mayoría ideológica de derecha—, el conflicto social adquiriría un lenguaje político. Habría argumentos, posiciones partidarias, registros públicos. Los medios de comunicación no podrían soslayarlo. El malestar dejaría de ser rumor para convertirse en un hecho.
Por eso no hay debate. El silencio parlamentario funciona como un mecanismo de contención del conflicto; una técnica de gobierno que evita la politización de las consecuencias sociales del decreto. Aquí resulta inevitable recordar a Habermas, cuando las decisiones se sustraen del espacio público deliberativo, la legalidad se vuelve frágil, pues pierde su anclaje en la legitimidad democrática. La legitimidad del DS N.º 5503 se erosiona precisamente en la medida en que no se discute institucionalmente, como lo exige el Estado de derecho en la democracia liberal representativa.
A lo sumo, el Ejecutivo señala que está abierto al diálogo con sectores opositores al decreto; sin embargo, se aclara que dicho diálogo no estará sujeto a cambios sustanciales, sino que se limitará a escuchar propuestas orientadas a mejorar su aplicación. Aseguran que el gobierno de Rodrigo Paz tiene una línea clara y no está dispuesto a modificarla: “Quien quiera trabajar contra el gobierno o afectar la cotidianidad de la gente, encontrará una posición muy fuerte”, señalan.
III. Representación sin representación
A diferencia de lo que describía Gramsci, no estamos ante una clase dirigente que construye hegemonía a través de intelectuales orgánicos. La mayoría de los actuales legisladores bolivianos carecen de bases sociales, militancia y proyecto histórico. Son producto, principalmente, de redes sociales, marketing electoral y juntucha de marcas o partidos sin estructura ni arraigo.
Esta debilidad no fortalece la democracia; la vacía. El Parlamento se convierte en escenografía institucional, no en arena de discusión y debate. La hegemonía neoliberal se sostiene no por dirección intelectual, sino por la fragmentación social y la crisis de la representación.
IV. Crítica simbólica, control inexistente
Las declaraciones críticas del vicepresidente Edman Lara frente al DS N.º 5503 ilustran otra dimensión del problema: la disidencia sin conflicto. El decreto se cuestiona en el plano discursivo, pero no se activan mecanismos de control efectivo y material. Esta crítica simbólica funciona como válvula de escape, sin alterar la correlación de fuerzas ni abrir espacios reales de deliberación.
Así, la pluralidad queda reducida a un gesto retórico, mientras la decisión permanece intacta.
V. Estado de derecho: forma intacta, contenido erosionado
El Estado de derecho no se agota en la vigencia formal de normas. Supone límites efectivos al poder y garantías sustantivas para la ciudadanía. Cuando el Ejecutivo legisla por decreto y el Legislativo renuncia a deliberar, el derecho deja de ser un freno y se convierte en una herramienta de gestión del orden.
Boaventura de Sousa Santos ha descrito este fenómeno como legalidad de baja intensidad, un derecho que existe, pero que ya no protege ni emancipa. En Bolivia, el DS N.º 5503 muestra cómo la “legalidad” puede organizar el ajuste sin necesidad de suspender la democracia liberal representativa.
VI. División de poderes sin conflicto
La teoría de frenos y contrapesos sostiene que para evitar la concentración de poder. asegurando que no haya un poder que supere a los otros, debe haber división de los órganos de poder (ejecutivo, legislativo y judicial). En Bolivia, no asistimos a la desaparición formal de la división de poderes, sino a su vaciamiento material; la separación persiste como arquitectura jurídica, pero se vuelve irrelevante porque el acuerdo dominante elimina la necesidad del debate.
Como advertía Poulantzas, esta forma de recentralización autoritaria es perfectamente compatible con regímenes formalmente democráticos. Democracia representativa y vaciamiento del Parlamento: El caso del DS N.º 5503.
En la democracia liberal representativa se sustenta que la soberanía reside en el pueblo, ejercida mediante elecciones libres y periódicas que eligen representantes con mandato para deliberar, legislar y controlar. Los parlamentarios, en este contexto, son delegados que articulan intereses colectivos y particulares, mediando entre ciudadanía y Estado.
El DS N.º 5503 revela el vaciamiento de esta mediación. La ALP no ejerce deliberación ni control, y los legisladores no representan efectivamente a la ciudadanía que los eligió. La soberanía popular, que en la teoría sustenta la democracia representativa, queda debilitada; la democracia formal persiste, pero su contenido democrático y el Estado de derecho se erosionan.
Cuando los representantes legislativos no deliberan, el conflicto social deja de encontrar canales institucionales y se desplaza inevitablemente a la calle, donde se vuelve más impredecible y difícil de gestionar. En este sentido, el DS N.º 5503 no solo lleva a cuestionar la legalidad material del Estado, sino también la calidad de la democracia representativa en Bolivia, evidenciando que la forma de gobierno puede mantenerse mientras su contenido democrático se vacía progresivamente.
Conclusión
El DS N.º 5503 no avanza a pesar del Parlamento, sino gracias a él. La democracia boliviana no enfrenta una élite sólida y orgánica, sino algo más peligroso: Una representación legislativa débil, ideológicamente elemental y funcional al ajuste.
Históricamente está verificado que, en muchos casos, cuando el conflicto social no encuentra canales institucionales de expresión, irrumpe por fuera de ellos; gobernar sin deliberar puede parecer eficaz hoy, pero puede, también, prepara crisis políticas y sociales profundas mañana.
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