La Ley de Presupuesto para 2026 aprobada por el Congreso incorporó, finalmente, el discutido artículo 30: es el que, entre otras cosas, deroga el artículo 9 de la Ley 26.206, que establece que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional”. Ese financiamiento, aclara, no podrá ser inferior al 6% del PBI.
En el caso específico de las universidades –y según quedó aprobado en el Congreso– la inversión será todavía más reducida durante 2026: del 0,47% del PBI, la más baja registrada en décadas.
El porcentaje del PBI que el Gobierno invirtió en Educación Superior este año fue el menor desde 2005: del 0,49%, contra un pico del 0,87% en 2017 y un valor exactamente igual al de hace veinte años. “En 2024, el 88% de los fondos se destinó a salarios de docentes, personal no docente y demás trabajadores; el resto se destinó a actividades de extensión, investigación y funcionamiento de hospitales universitarios”, explicó en un estudio la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Gran parte de esta reducción presupuestaria se vio reflejada en los salarios. Desde el inicio de la actual gestión, para el primer semestre de 2025, perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo. “Más del doble que la media del sector público y 50 veces mayor que el rezago del sector privado registrado”, resaltaron.
“El congelamiento salarial precariza unos ingresos que de por sí ya son bajos”, comentó Pablo Monk, docente universitario. “Obligó a muchos a abandonar la vida universitaria nacional para poder seguir desarrollando sus carreras en el extranjero”. La caída presupuestaria también se reflejó en la reducción de becas de estudio y compra de insumos, y el mantenimiento de la infraestructura, agregó. “Condena a nuestro alumnado a cursadas irregulares y precarizadas”.
El financiamiento de las universidades nacionales proviene en un 90% de las transferencias del gobierno nacional. “A diferencia de la educación obligatoria, donde algunas responsabilidades fueron asumidas por las provincias (por ejemplo, construcción de jardines o refuerzo salarial docente), en las universidades el gobierno nacional es el único responsable de su financiamiento, sin posibilidad de reemplazo por otros niveles de gobierno”, explicitaron desde la UBA.
Además del pago de salarios, el resto del financiamiento se destina a “actividades de extensión, investigación y funcionamiento de hospitales universitarios”. Por lo tanto, concluyeron, el deterioro presupuestario afecta directamente la docencia y la investigación, “erosionando los incentivos para mantener un desempeño académico de calidad”.
Para 2026, si la inflación es del 10,1% –como estima el Gobierno en el Presupuesto– los recursos destinados a la educación superior crecerán un 0,8% respecto a 2024. Aun cumpliéndose esas proyecciones, no alcanzaría a compensar la caída respecto a 2023.
De acuerdo con las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales, el presupuesto destinado a Educación y Cultura caerá, para 2026, un 47,3% respecto a lo ejecutado en 2023, mientras que las becas y transferencias para estudiantes acumulan un recorte real del 76,6% y los recursos para ciencia y tecnología caerán en términos reales un 48,8%.
En el caso específico de las universidades, este retroceso es del 33,8%.
Las escuelas técnicas serán otras de las grandes perjudicadas con el Presupuesto aprobado en el Congreso. La norma deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, y por lo tanto elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, financiado con un monto anual que no puede ser inferior al 0,2% del PBI. En estas instituciones, los recursos caerán en 2026 un 93% en términos reales respecto a lo ejecutado en 2023.
En términos generales, señala CEPA, en el área de Educación y Cultura la disminución entre 2023 y 2026 será del 47,3%.
La Ciencia y la Tecnología también están desfinanciadas: el presupuesto caerá un 48,8% respecto al inicio de la gestión. La Ley para 2026 consolida la tendencia: elimina los artículos 5,6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que entre toras cosas prevé un aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar, para 2032, un total de recursos equivalentes al 1% del PBI. También garantizaban que la asignación de fondos no podría ser, bajo ninguna circunstancia, inferior al presupuesto del año anterior.
Comunicado del Gobierno de Axel Kicillof en defensa de la educación y el sistema de Ciencia y Tecnología
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Axel Kicillof, emitió un comunicado en el día posterior a la aprobación del Presupuesto 2026. Con preocupación, advirtió sobre el desmantelamiento del sistema de educación que la gestión nacional alienta, y el abandono de los sectores de Ciencia y Tecnología.
Marcando la diferencia con Javier Milei que, tal y como lo había adelantado en su campaña, impulsa la devaluación de las instituciones y los servicios públicos para priorizar el desarrollo y la inversión del ámbito privado, la administración peronista se comprometió a continuar luchando por proteger el derecho a la educación gratuita y la igualdad de oportunidades de su comunidad.
Mientras tanto, los libertarios continúan celebrando la conquista del primero de sus numerosos objetivos de cara al 2026 y en pos del cumplimiento del plan económico que pretende profundizar el ajuste para blindar el equilibrio fiscal obtenido en estos dos años de mandato.
Tras haber dado inicio el mediodía del viernes, la sesión para discutir el Presupuesto en el Senado se prolongó hasta entrada la noche, dando lugar a que los representantes de todo el territorio argentino pudieran expresar sus impresiones acerca de la propuesta del oficialismo.
El bloque justicialista y afines alzaron la voz para denunciar la inconveniencia de las cláusulas contenidas en el documento que, además de plantear la derogación de leyes que aseguraban partidas fijas para educación, ciencia y tecnología, dejó sin respuesta el reclamo federal por la arbitrariedad en el reparto de la coparticipación y la nula inversión en obras públicas.
En contraposición, los senadores mileístas salieron a flote con su argumento de la defensa del equilibrio fiscal, postulado como la clave del éxito del programa económico que el gobierno no está dispuesto a arriesgar.
En estas condiciones, la discusión desembocó en una contundente votación que otorgó el triunfo a los libertarios, quienes cosecharon 46 votos que duplicaron los ostentados por la oposición, que apenas alcanzó 25. Y, sellando la victoria, el presidente felicitó a su equipo por la destacada estrategia que les aseguró las alianzas necesarias para vencer.
Al tanto de la derrota, desde la gestión bonaerense publicaron el sábado 27 un comunicado, fechado el 26 de diciembre, en el que explicitan su desacuerdo con el recorte presupuestario que Nación concretará el año entrante, con el aval de los legisladores.
Con énfasis en el desmantelamiento del sistema educativo nacional, público y gratuito, las autoridades señalaron que el proyecto consolida el retiro del Estado de sus responsabilidades troncales y «elimina pisos de inversión» que, hasta ahora, estaban garantizados por leyes específicas.
Asimismo, expresaron su preocupación por la pérdida de la inversión en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, herramienta fundamental para el desarrollo autónomo del país, que también repercute en el sostenimiento del CONICET y las investigaciones llevadas a cabo por las universidades nacionales.
Desde el gobierno bonaerense también aseguraron a las comunidades damnificadas por las medidas que defenderán la inversión en cultura y educación y pondrán todo su esfuerzo en blindar el derecho a recibir una formación gratuita y de calidad, clave para el futuro de la nación.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 suspendió el decreto del Gobierno que había dejado sin efecto la Ley de financiamiento universitario y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la norma.
La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una cautelar producto de una acción de amparo colectivo y consideró que el Decreto 759/2025 presenta, en esta instancia preliminar, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. La resolución obliga al Estado a aplicar lo dispuesto por la normativa 27.795, denominada ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pese al intento del Ejecutivo de suspender su ejecución tras el veto presidencial.
En los fundamentos del fallo, el magistrado remarcó que existe un «deber jurídico, concreto y específico» por parte del Estado, derivado del proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior insistencia de ambas Cámaras del Congreso. En ese sentido, sostuvo que “la insistencia legislativa no admitiría en el prematuro análisis que permite efectuarse cautelarmente, otra solución que la efectiva aplicación de la ley que se trata”.
Cormick subrayó que la Constitución Nacional no prevé una “variante suspensiva” frente a una ley ratificada con la mayoría requerida y cuestionó que el Ejecutivo haya fundamentado el decreto en una norma de inferior jerarquía, como la ley 24.629.
El artículo 5 de ese texto exige que cualquier «ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Según el juez, ese argumento no puede prevalecer sobre un mandato constitucional expreso.
Al analizar el impacto de la medida, el fallo advirtió que el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo, esto es, una afectación del derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional. En contraposición, señaló que la no concesión de la cautelar implicaría un ahorro «poco significativo» porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional.
El magistrado también descartó que la decisión pueda generar consecuencias irreversibles, al tratarse de una medida provisoria dictada en un escenario dinámico, atravesado además por el debate del Presupuesto. En ese contexto, consideró que la suspensión del decreto respeta el principio de división de poderes y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva, bajo caución juratoria.
Qué implica la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario
La plena aplicación de la Ley 27.795 obliga al Estado nacional a garantizar un esquema de financiamiento previsible para las universidades públicas, atado a la evolución de la inflación y no sujeto a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. En la práctica, supone la actualización automática de las partidas presupuestarias para evitar licuaciones por el aumento de precios y asegurar el funcionamiento regular de las casas de estudio.
En materia salarial, el cumplimiento de la norma implica recomponer los ingresos de docentes y no docentes, incorporar de manera definitiva las sumas no remunerativas y garantizar que las negociaciones paritarias se convoquen de forma periódica, con ajustes que no queden por debajo del índice inflacionario. El objetivo es frenar el deterioro del poder adquisitivo y dar previsibilidad a los trabajadores del sistema universitario.
La ley también impacta en la política de inclusión educativa, ya que obliga a revisar y fortalecer los programas de becas y asistencia económica para estudiantes, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad. De este modo, busca sostener la permanencia y continuidad académica en un contexto de ajuste presupuestario.
Nueva jornada de lucha en el Polo Científico Tecnológico
El lunes 22 de diciembre se realizó una nueva jornada de lucha en el Polo Científico Tecnológico, ubicado en Godoy Cruz 2320 de la Ciudad de Buenos Aires, en defensa del Sistema Científico-Tecnológico Nacional: “Frente al ajuste y la destrucción que el gobierno impone, seguimos defendiendo la Ciencia Argentina. Construyamos futuro. Traé tu caja de regalo al Polo este lunes 22 a las 15:00, para armar un gran árbol de nuestros proyectos y deseos”.
Una medida del Gobierno consolidó el cientificidio
Por Luciana Rosende
Tras dos años sin respuestas, la Agencia I+D+i dio de baja los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de 2022 y 2023. Se trata de subsidios considerados parte de la columna vertebral del sistema científico argentino. Su eliminación completa el proceso de desfinanciamiento. El plan del mileísmo para el sector deja de lado la ciencia básica. Sin ella, no hay desarrollo científico posible.
“Ya están disponibles las Bases y Condiciones de las convocatorias de financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos”, anunció la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). El llamado a presentar proyectos para 2026 llegó junto a la definición del rumbo científico por parte del gobierno que puso en marcha al cientificidio en curso e incluye la cancelación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de 2022 y 2023, subsidios considerados hasta ahora como el corazón del sistema científico nacional. La propuesta científica del mileísmo es que haya financiamiento solo para proyectos muy avanzados y en ciertas áreas, dejando de lado la ciencia básica. “Es una estrategia al revés del mundo”, advierten referentes de investigación.
“Esta línea renueva y optimiza la convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) poniendo fin a un modelo que diluía los recursos en una multiplicidad de proyectos a los que se les adjudicaban montos que resultaban insuficientes para el desarrollo de iniciativas científicas y tecnológicas. Un instrumento que se había convertido en un paliativo sin impacto real en el sistema científico e inconducente para el desarrollo económico y social del país. Es por esto que el Comité resolvió dar de baja las convocatorias PICT 2022 y 2023”, dice el comunicado oficial de la Agencia, que depende de Jefatura de Gabinete.
“Una Agencia de promoción pública tiene que atender los proyectos que aún no son de interés del sector privado. Crear una base amplia y diversa de ideas. Con esta reconfiguración de la Agencia y sus instrumentos, el Estado ocupa el rol que deben cumplir o ya cumplen los privados”, advirtió desde su cuenta de X Fernando Peirano, al frente de la entidad entre 2019 y 2023.
Al revés del mundo
“Esta noticia viene a confirmar algo que ya veíamos venir. Desde hace dos años la Agencia está prácticamente paralizada”, planteó la bioquímica Eva Acosta Rodríguez, distinguida semanas atrás en el marco de la 19º edición de los Premios L’Oréal- UNESCO por su trabajo sobre inmunidad de precisión en artritis reumatoidea. “Lo único que se sigue pagando son las pocas becas que quedan asociadas a proyectos y sin ninguna actualización desde hace casi año y medio, cuando se fue (Alicia) Caballero. Esos becarios están cobrando 760.000 pesos”, señaló.
Tras el anuncio de la Agencia, la docente e investigadora remarcó la gravedad de la cancelación de los PICT 2022. “Se presentaron, se evaluaron, se adjudicaron antes de la renuncia del directorio previo. Había todo un trabajo por detrás de evaluaciones de pares a nivel nacional e internacional, con un montón de investigadores que forman parte de las comisiones asesoras. Una gran cantidad de trabajo por detrás con fondos en teoría del BID asignados a esos subsidios que ahora se dan de baja”, cuestionó.
Esos subsidios, apuntó la bioquímica, “eran los que sostenían la investigación básica en Argentina. Ahora muchas veces salen noticias por ejemplo sobre una vacuna contra el cáncer que se atribuyen a actividades que en este momento está haciendo Conicet, pero pueden existir gracias a años sostenidos de financiamiento. La mayoría de las veces son proyectos de investigación de más de 10 años y todas esas investigaciones se sostuvieron con subsidios PICT. Su desaparición pone en riesgo todo lo que es investigación básica”.
Si bien consideró que “es bienvenida una definición de una estrategia, porque hasta ahora no había ninguna”, advirtió que el planteo de la Agencia refleja que “una política de financiamiento prácticamente inexistente para lo que es investigación básica, muy orientada a investigación aplicada, donde ya tiene que haber un demandante y sobre todo el mayor foco del financiamiento en proyectos de muy alto nivel de desarrollo, prácticamente al punto de vender producto o servicio. Ese financiamiento lo generará ahora el Estado, cuando en todos los países del mundo en ese nivel de desarrollo es donde invierte el privado. Es una estrategia al revés del mundo”.
“Distintos gobiernos podrían dentro de la ciencia básica querer beneficiar unas áreas y no otras, eso es entendible, pero en este caso se deja de financiar toda la investigación en todas las áreas”. Las consecuencias son difíciles de dimensionar: “No se va a generar el conocimiento nuevo que es necesario para aplicar de acá a una década o más”.
Cientificidio recargado
Los PICT 2023, cuya convocatoria había sido prorrogada más de seis veces, no habían sido aún asignados. Los de 2022, en cambio, y estaban evaluados, seleccionados y designados. En ambos casos, se los dio de baja.
“Es un hecho gravísimo, en primer lugar porque con esto prácticamente se elimina todo tipo de financiamiento a la investigación científica. Los instrumentos con los que pretenden reemplazarlo son instrumentos muy acotados, para líneas muy específicas dentro de lo que son las prioridades de este gobierno: agroindustria, minería, energía y salud. Y para proyectos que tengan una asociación con el sector privado”, enumeró Gonzalo Sanz Cerbino, Secretario General Adjunto de ATE CONICET Capital.
“Lo más grave -sostuvo- es que con la baja de PICT 22 se está dando de baja a proyectos que ya habían sido evaluados y aprobados por el anterior directorio de la Agencia, en febrero de 2024. Se da de baja también la convocatoria 2023, que estuvo abierta más de dos años y para la que mucha gente trabajó, presentó proyectos, pensó líneas de investigación. Es un trabajo que queda trunco por la desidia de este gobierno hacia la ciencia”.
Ni Trump se animó a tanto
“En este momento la ciencia básica que subsiste es la que tiene financiamiento externo. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos de Estados Unidos -cuenta la bioquímica Eva Acosta- Y eso sostiene no solo nuestras líneas de investigación sino también la de colegas, por una solidaridad y una infraestructura de uso común. Porque se rompen los equipos y no hay un peso para arreglarlos. Entonces las instituciones con investigadores con subsidios del exterior son las que permiten subsistir”.
El país del norte que tanto admira y copia el presidente Javier Milei también está realizando recortes sobre el sistema científico. Pero no sobre los compromisos ya asumidos, como está pasando en Argentina.
“Ahora en Estados Unidos hay una reestructuración al financiamiento de la ciencia y sin embargo los subsidios que ya están en vigencia -o incluso no habían empezado pero ya habían sido otorgados- se honran y se han otorgado, con una duración de cinco años. Lo que está haciendo la Agencia es no honrar compromisos ya asumidos. Otros países, ‘serios’ y a los que en teoría queremos imitar, no rompen contratos preestablecidos y financian lo que tienen que financiar”, contrastó Acosta.
Raicyt publicó un comunicado que transmite la gravedad de la situación: “El jueves 4 de diciembre de 2025 quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina. Después de dos años de no hacer absolutamente nada, en los cuales se desmoronaron todas líneas de investigación, el Directorio de la Agencia I+D+i, organismo que fuera el corazón del financiamiento del sistema científico, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022 (ya adjudicados) y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Con esta decisión, Argentina será el único país en toda América que no invierte en ciencia”.
Mientras crecía el repudio ante la confirmación del cientificidio planificado, se convocó a una jornada nacional de lucha el martes 9 y miércoles 10 de diciembre, con concentración en el Polo Científico el 10 a las 11. El lema: “En Conicet y Agencia no hay felices fiestas”.
9 y 10 de diciembre. JORNADA NACIONAL DE LUCHA
Por recomposición salarial urgente para todxs lxs trabajadorxs del Estado. Contra la reforma laboral. Basta de despidos en el sector público y privado.
Por una ciencia de y para el pueblo.
La clase trabajadora es una sola.
Rechazo al desfinanciamiento del Conicet
Miembros del Directorio del organismo emitieron un comunicado de repudio al anuncio del Gobierno de quitar el financiamiento de los proyectos de la Agencia I+D+i, que implican el fin de convocatorias de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) ya adjudicadas de 2022 y 2023. También manifestaron su rechazo los directores de Centros Científicos Tecnológicos de todo el país.
En el texto, los cinco miembros del directorio del Conicet, que representan las áreas de estudio y del Consejo de Universidades, expresaron su “profunda preocupación” por “la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una modalidad de convocatoria que desconoce al conjunto de áreas del conocimiento y que excluye en particular a la investigación en ciencia básica”. Los proyectos de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) son la principal fuente de financiamiento para poder investigar.
“El ecosistema científico argentino, integrado entre otros por los organismos de ciencia y técnica y las universidades, y del que forma parte protagónica el CONICET, no puede funcionar sin financiamiento público”, agregaron.
El documento lleva las firmas de Roberto Rivarola del área de Ciencias Exactas y Naturales; Claudia Capurro, de Ciencias Biológicas y de la Salud; Mario Pecheny de Ciencias Sociales y Humanidades; Alberto Baruj de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales; y de Jorge Aliaga en representación del Consejo de Universidades.
La Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del Conicet también se manifestaron en contra de la decisión del gobierno nacional y por la reorientación restrictiva que se pretende hacer con la investigación científica. Consideran que es un retroceso sin precedentes ya que afecta la Confianza Institucional: “La anulación de los PICT 2022, proyectos ya evaluados y aprobados con compromiso presupuestario, afecta la credibilidad en las instituciones de financiamiento y genera un daño irreparable en la planificación de la investigación”, señalan.
Advierten además por la marginalización de las Ciencias Básicas. Agregan que su exclusión o desfinanciamiento en las convocatorias “es una visión limitada y empobrecedora”: “La investigación básica es el motor del conocimiento y un cimiento sin el cual no existe la innovación tecnológica genuina y soberana. Desconocer el conjunto de áreas del conocimiento implica restringir drásticamente la capacidad del país para enfrentar desafíos complejos”.
Afirman a su vez que la medida del gobierno implica una parálisis del Sistema Federal: “Los CCTs, distribuidos federalmente, dependen de forma crítica de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) para la adquisición de equipos, insumos, el mantenimiento de infraestructuras y la formación de recursos humanos. La interrupción de este flujo de financiamiento paraliza la investigación en todas las provincias, agravando las asimetrías regionales y limitando el desarrollo equitativo”.
Desde ATE CONICET, en tanto, aseguran que esta oficialización por parte del gobierno del desfinanciamiento es “la gota que rebalsa el vaso de un sistema científico al borde del colapso”; “La destrucción del salario, que perdió casi 40% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023, fomenta las renuncias que se incrementan mes a mes. La amenaza del gobierno de avanzar con nuevos despidos antes de fin de año siembra incertidumbre en el sector administrativo, que debe renovar sus contratos. La falta de claridad respecto a los concursos de promociones, ingreso a las carreras y nuevas becas extienden el descontento”.
“Estamos en una coyuntura crítica (…). Nos están destruyendo con la baja salarial, el gobierno anuncia motosierra y despidos para fin de año, y no tenemos certezas sobre la renovación de los contratos, acaban de matar a la Agencia y aumentan las renuncias”, finalizan desde el sindicato.
La era de los trogloditas: radiografía del colapso del sistema científico argentino
Por Constanza Rossi, Docente y Ex Becaria del CONICET y Julián West, Becario del CONICET
No existe país en el mundo que haya alcanzado primacía mundial o un estado de desarrollo sin un sistema científico robusto. Para Milei la ciencia argentina no sirve para absolutamente nada y está llevando adelante un verdadero cientificidio. En esta nota vamos a revisar los números de un desfinanciamiento que está teniendo proporciones colosales.
Respecto de su PBI, según los registros de la OCDE, los campeones de la ciencia son Israel (6,3%) y Corea del Sur (5%), mientras que más abajo se ubican EE.UU (3,4%), Japón (3,4%), Alemania (3,1%), Reino Unido (2,8%) y Francia (2,2%). Esto resulta válido para experiencias que el mainstream occidental no considera “capitalistas” como la economía planificada china que invierte un 2,7% en relación a su PBI. Si nos remontamos a Estados no capitalistas como la Unión Soviética comprobamos que la ciencia fue crucial en su desarrollo acelerado. Precisamente, este elemento fue clave para que pasara de ser un país semifeudal a comienzos del siglo XX a convertirse, en menos de 40 años, en un país capaz de derrotar a la principal potencia militar del mundo (la Alemania nazi) y disputarle la conquista del espacio a EE.UU.
Esta verdad, que pareciera ser una política aceptada por gobiernos de diversa extracción partidaria (e incluso Estados con concepciones filosóficas divergentes) no resulta tan evidente para el gobierno de ultraderecha argentino. Para Milei la ciencia argentina no sirve absolutamente para nada y está llevando adelante un verdadero cientificidio.
Destrucción, vaciamiento y cierre
La función de Ciencia y Técnica en Argentina proyecta para el 2025 un mínimo histórico de 0.156% del PBI. Por debajo del 0.212% de 2024, aún más abajo del 0.177% de 2002. Una caída estrepitosa e inédita. Esto supuso un retroceso de un 48% desde noviembre de 2023, es decir, un ajuste mucho mayor que el 35% que realizó el macrismo en 4 años respecto de 2015. Pero si bien es cierto que estos dos gobiernos atacaron la ciencia alevosamente, incluso el gobierno peronista de Alberto Fernández se encargó de incumplir la ley 27.614 que había sido aprobada a instancias de sus lugartenientes en el congreso nacional. Esta ley preveía un aumento progresivo de la inversión en Ciencia hasta llegar al 1% en 2032. No obstante, el incumplimiento de la normativa tiene su máxima expresión en las declaraciones impunes de Guillermo Francos, quien, interrogado en la cámara de diputados respecto de por qué no se cumplía la ley de financiamiento de la ciencia respondió “porque la ley no establece sanciones por no cumplirla”.
Tratemos de graficar con más claridad la amputación de la motosierra. El presupuesto anual del CONICET es de aproximadamente 400 millones de dólares. Esto equivale a la cantidad de dólares que el Ministro de Hacienda, “Toto” Caputo, desembolsó el 26 de mayo para contener el dólar oficial.
Si observamos la evolución presupuestaria desagregadamente en los distintos organismos de CyT, la situación se torna verdaderamente dramática. Desde diciembre de 2023 hubo un descenso alrededor de un 45% del presupuesto real en el CONICET, en el INTA, en el INTI y en el SMN, y más de un 50% en la CNEA. La destrucción de la AGENCIA va a quedar en los anales del cientificidio: perdió más de un 88% y los proyectos que ejecutó alcanzan el irrisorio 4% de la totalidad de los fondos que ya habían sido aprobados. Cabría preguntarse ¿qué están haciendo los funcionarios con fondos ya asignados, muchos de los cuáles ni siquiera son de origen nacional, sino que representan transferencias en dólares de instituciones como el Banco Mundial? Mientras tanto los grupos de investigación no tienen insumos para avanzar y ven truncadas sus líneas de trabajo.
Asimismo, la caída presupuestaria en CyT está impactando directamente en la capacidad adquisitiva de los salarios. Tomando como base el mes de noviembre de 2023 (último mes liquidado por la anterior gestión), a junio de 2025 los salarios CONICET (CIC-CPA y Becas) caen punta a punta en diecinueve meses un 35,9% real, docentes investigadores en UUNN lo hacen un 29,2% y el escalafón Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) un 26,9%.
Los salarios de Investigadores (CIC) y del Personal de Apoyo (CPA) y becarios del CONICET, que representan al 30% del personal del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica se retrajeron desde se retrajeron un 35,9% real.
La cuestión salarial se torna muy preocupante porque el CONICET exige exclusividad. Las becas y los cargos de investigadores sólo son compatibles con docencia y una determinada cantidad de horas de guardia. Los ingresos que se pueden obtener de estos trabajos no pueden superar lo que gana un profesor titular con dedicación simple. Si se supera ese monto se descuenta la diferencia del estipendio o del sueldo. Según la encuesta sobre las condiciones de trabajo de los becarios realizada por la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados a finales de julio de 2025, un 30% admitió haber tenido que tocar ahorros o pedirle prestado plata a familiares porque no llega a fin de mes.
Una de las consecuencias de los salarios de miseria es que muchos investigadores ven con muy buenos ojos conseguir opciones laborales en el exterior. No son pocos los que han renunciado a sus puestos y emigrado a Estados Unidos, Europa, Brasil, México o China. Además, los sueldos de hambre llevan a que los jóvenes no les resulte atractivo continuar un camino en la ciencia, lo cual dificulta el desarrollo del sector.
El recorte presupuestario se refleja, además, en la cantidad de becas que se otorgaron en los últimos años. En los últimos 15 años las becas doctorales tuvieron un pico en 2016 (aprobadas durante el mandato de CFK) cuando se efectivizaron más de 1600, descendieron durante los años del macrismo, se estabilizaron durante los años de Alberto y cayeron a la cantidad de 950 en 2025. Por su parte, las becas posdoctorales también fueron amputadas. Desde la cima de 2016 con casi 1200, al recorte de 800 con el gobierno de Macri -rubricado por la gestión peronista de Alberto- hoy representan menos de 500 con la gestión de Milei.
Por su parte, la carrera del investigador tiene sentencia de muerte. El gobierno nacional anunció que no dará de alta a ningún nuevo investigador. En una situación muy problemática se encuentran los 850 investigadores que fueron admitidos en 2022 en el organismo pero que por negligencia del gobierno de Alberto Fernández no fueron efectivizados y ahora están “en el aire” y a expensas de un gobierno anticiencia. Más aún, los funcionarios mileístas dejaron entrever que no abrirán una nueva convocatoria a CIC. En ese sentido, el think tank ligado al gobierno, “Libertad y Progreso”, propuso hacia mediados de junio que la carrera del investigador desapareciera, se despidiera a todos los científicos y sólo quedarán ligados con contratos temporales aquellos que consiguieran acoplarse a algún proyecto de alguna empresa.
Efectos del cientificidio
Las consecuencias del exterminio de la ciencia llevada a cabo por el gobierno ultraderechista resultan tan evidentes que hasta la prensa internacional está siguiendo de cerca lo que pasa en el país. Precisamente, son muchos de esos países los que reciben a recursos humanos altamente calificados, formados en las prestigiosas universidades públicas argentinas y en el CONICET. Doctores y doctoras con trayectorias en el sistema educativo y científico de entre 10 a 15 años emigran en busca de un futuro mejor. La pérdida para el país es gravísima. Resulta paradójico que para un gobierno tan preocupado por el equilibrio fiscal y el ahorro de recursos no le resulte preocupante que “activos” en los que se “gastaron impuestos de los pobres” a lo largo de muchos años se regalen sin ningún tipo de compensación. El problema es que los científicos no ocupan ningún lugar en el modelo de país primarizado y de la “timba” que propone la ultraderecha.
Hoy los investigadores y los becarios están siendo estrangulados por sueldos de verdadera miseria que no alcanzan ni de casualidad para llegar a fin de mes y que obligan al pluriempleo, precarizando aún más las condiciones de trabajo. Más aún, la batalla cultural encabezada por el ejército de trolls y los funcionarios obsecuentes que no tienen ni idea de ciencia se encarga de deslegitimar la tarea de los científicos, su rol en la sociedad y pone entredicho su mera existencia. Las amenazas de cerrar el CONICET o transformarlo en un cadáver vacío se vinieron sucediendo incesantemente como acciones potenciales desde que asumió Milei. Esto produjo y produce un efecto psicológico devastador sobre quienes conforman la comunidad científica argentina, traduciéndose en desánimo, angustia y desmotivación. La destrucción del INTI y el INTA, así como la intervención de AGENCIA preanuncian lo que le espera al CONICET. Cabe suponer, en ese sentido, una tormenta aún mayor de la se ha experimentado hasta aquí.
Advierten que “está en riesgo la continuidad” del Instituto Balseiro
Profesores e investigadores de la institución alertaron que la “pérdida acelerada de docentes experimentados” por el “creciente deterioro salarial––que hoy alcanza niveles pocas veces vistos en su historia–– está llevando a la posible desaparición de una institución reconocida internacionalmente que tanto ha entregado a la Argentina a lo largo de 70 años”.
El impacto del ataque a la ciencia por parte del gobierno de Javier Milei tiene implicancias en el presente y a futuro. Si la situación no se revierte, podría tener consecuencias tan drásticas como la desaparición del prestigioso Instituto Balseiro, que lleva siete décadas especializando físicos e ingenieros de la región.
Profesores e investigadores de la institución alertaron que la “pérdida acelerada de docentes experimentados” por el “creciente deterioro salarial––que hoy alcanza niveles pocas veces vistos en su historia–– está llevando a la posible desaparición de una institución reconocida internacionalmente que tanto ha entregado a la Argentina a lo largo de 70 años”.
Así lo expresaron quienes integran el Colegio de Profesores Permanentes del Instituto Balseiro en una carta dirigida –a principios de mes- a la Asociación Física Argentina. La enviaron con el objetivo de visibilizar “las serias dificultades que están afectando la reconocida capacidad” del emblemático instituto ubicado en Bariloche.
En su mensaje destacaron “la necesidad de medidas urgentes que permitan revertir esta situación”.
Un circuito que se resquebraja
El Instituto Balseiro fue creado durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, en abril de 1955, en un gran predio de 46 hectáreas, a 9,5 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, sobre la ruta E. Bustillo que conecta a la ciudad con Llao Llao. Nació sobre la base de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), refrendado por el Gobierno Nacional.
En la actualidad se dictan allí cuatro carreras de grado: Licenciatura en Física, Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones. En cuanto a los posgrados, la oferta es amplia: Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear (CEATEN), Especialización en Física Médica Clínica, Maestría en Física, Maestría en Física Médica, Maestría en Ingeniería, Doctorado en Física, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Doctorado en Ingeniería Nuclear y Doctorado en Investigación Interdisciplinaria Vinculada a Salud.
Según resumieron los docentes en su carta “cada año el IB forma aproximadamente 60 egresados de grado, 20 de especializaciones, 30 de maestrías y 20 egresados de doctorados. Una fracción significativa de estudiantes de maestría y doctorado se desempeña en el Instituto como Ayudante de Primera (AP) o Jefe de Trabajos Prácticos (JTP). Este esquema genera un recambio ‘natural’ de docentes: al graduarse, entre 15 y 20 personas por año dejan el IB por razones laborales o vocacionales. Esto representa una pérdida regular que varía entre el 6 y el 8% del plantel de AP y JTP––, la cual ha sido compensada históricamente por la incorporación anual de estudiantes de posgrado”. El problema –cientificidio mediante- es que ese circuito se está resquebrajando.
Atentado al futuro
Históricamente, quienes egresan del Instituto se vuelcan a proyectos nacionales e internacionales en el campo de la ciencia, la tecnología y la industria. Sobre todo, con aportes a las Ciencias Físicas y áreas de la tecnología nuclear, aeroespacial y de las telecomunicaciones. El fuerte de la institución está dado por la experiencia de quienes forman a las y los futuros expertos: quienes enseñan son por lo general a su vez investigadores y/o tecnólogos activos que trabajan en temas de avanzada. En un alto porcentaje, estos docentes se desempeñan en el Centro Atómico Bariloche (CAB) y tienen su cargo principal como personal de la CNEA, del CONICET o la UNCUYO.
La carta advierte que “en el momento actual el IB ha llegado a una situación crítica por la pérdida de docentes altamente capacitados, quienes se ven obligados a buscar otros horizontes, a causa de los muy bajos salarios que reciben como investigadores de la CNEA o del CONICET con lugar de trabajo en el CAB. Las causas identificadas por quienes se han desvinculado incluyen: salarios no competitivos que resultan insuficientes para cubrir alquiler, manutención familiar o servicios básicos; jubilaciones anticipadas motivadas por la incertidumbre respecto de cambios normativos; limitaciones institucionales para extender la actividad docente y restricciones presupuestarias”.
Esto implica que al recambio habitual de docentes –que permitía que la rueda siguiera girando- se suma el éxodo de profesores experimentados que no pueden ser reemplazados por pares de su mismo nivel: “La actual ola de desvinculaciones impacta de manera significativa en profesores con 15 o 25 años de experiencia, lo cual incluye a los adjuntos, asociados y personal cercano a la edad jubilatoria. Las primeras estimaciones disponibles indican que esta pérdida adicional eleva la salida anual total a niveles que se ubican entre el 10 y el 20% del plantel docente”.
Ese éxodo de docentes –sobre el que ya se advertía desde el año pasado- “compromete significativamente la capacidad del IB para sostener la docencia de grado en áreas críticas, la continuidad de líneas de investigación estratégicas, la tutoría de estudiantes de maestría y doctorado y la articulación con proyectos de la CNEA en áreas de alta relevancia y pertinencia tales como medicina nuclear, reactores, neutrónica, materiales, seguridad radiológica y tecnologías avanzadas”.
A esto se suma la disminución del ingreso a los posgrados ––en particular, a los doctorados–– que amenaza la reposición natural de formadores, “lo cual afecta directamente la capacidad académica del IB en las áreas de Ciencias Físicas y de Ingeniería. Paradójicamente muchos de los profesionales que dejan el CAB se suman a empresas y proyectos impulsados por el Gobierno Nacional, en muchos casos sin un compromiso de continuar apoyando las actividades del IB”.
El riesgo es claro: “si no se revierte la tendencia actual es inminente la disminución de la calidad de la enseñanza e incluso peligre la continuidad de las actividades regulares del Instituto, porque se va perdiendo hasta la capacidad de dictar cursos básicos. Además, en el corto y mediano plazo se afectará crucialmente la posición histórica del Instituto como generador de recursos humanos para la CNEA pues, como se sabe, la recuperación de tales capacidades insume décadas”.
Éxodo de científicos
Ante el 70 aniversario del instituto que hoy corre peligro, su exdirector Carlos Balseiro destacó días atrás que “es importante tener estos centros de conocimiento avanzado porque es lo único que nos va a permitir sentarnos en los foros de discusión que definen cuál va a ser el futuro del mundo y de nuestro país en particular”.
“Si no podemos acceder a esos foros simplemente vamos a ser espectadores y alguien va a decidir qué va a ser de nuestro futuro –lamentó- Para poder acceder a esas instancias tenemos que aportar algo. No vamos a poder hacer ciencia de primerísima calidad en todos los frentes del conocimiento, pero en biotecnología la Argentina se destaca, en tecnología nuclear se destaca, en algunas áreas de física también. Esas son las cosas que van a poder ayudarnos –si son bien manejadas- a avanzar hacia un país desarrollado. No existió nunca un país que haya podido desarrollarse, avanzar, sin apoyarse en la creación de conocimiento”.
Lo dijo en diálogo con El Destape Radio, y alertó que “los chicos se reciben y buscan nuevos horizontes y muchos están buscando terminar su formación doctoral en el exterior. Cuando eso pasa, es difícil recuperarlos después. Si uno pierde una generación de gente es un atraso de muchos años para la ciencia de nuestro país”.
Más de 1.800 referentes de la cultura y la justicia firmaron un rechazo a los recortes de Javier Milei
Un colectivo conformado por más de 1.800 personalidades del ámbito académico, judicial, cultural y científico emitió un contundente documento para dejar asentada su posición frente a lo que consideran un «punto de inflexión» en la historia argentina: los ajustes del presidente Javier Milei. La iniciativa, promovida por el Foro Encuentro Reformista, busca crear un «registro histórico» de voces que se oponen a las políticas plasmadas en el Presupuesto 2026 y a las reformas ambientales impulsadas por la administración actual. Según los firmantes, estas medidas no representan una mera disputa política, sino una «ruptura estructural» con los consensos democráticos de las últimas décadas.
El texto pone el foco principal en la eliminación de las garantías legales de inversión que protegían al sistema educativo y científico. Los especialistas advierten que, al derogar los pisos presupuestarios y las metas de financiamiento, el Gobierno deja el desarrollo del conocimiento “a la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo”. El diagnóstico es alarmante: se proyecta que en 2026 la inversión educativa caerá a la mitad de lo registrado hace diez años, mientras que el sistema de Ciencia y Tecnología sufrirá un recorte superior al 30% en términos reales, comprometiendo el futuro del desarrollo nacional.
Otro eje central del reclamo es la cuestión ambiental, específicamente la modificación de la Ley de Glaciares en pleno año internacional dedicado a su preservación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento denuncia que la reforma pretende transferir a las provincias la potestad de decidir qué cuerpos de hielo proteger, desarticulando la lógica de los «presupuestos mínimos» ambientales. Para los firmantes, esta desregulación pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
El comunicado también incluye una fuerte denuncia sobre los métodos de gobernabilidad aplicados por la Casa Rosada, calificando el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como un mecanismo de «extorsión política». El texto sostiene que el Ejecutivo utiliza estos fondos, que corresponden legítimamente a las provincias, como moneda de cambio para disciplinar gobernadores y asegurar votos en el Congreso. «No se ejerce gobernabilidad: se ejerce coerción», sentenciaron.
La lista de adhesiones refleja una inusual diversidad ideológica y profesional, uniendo a figuras que raramente comparten un mismo espacio de reclamo. Entre las firmas se destacan juristas y constitucionalistas como Ricardo Gil Lavedra, Daniel Sabsay y Manuel Garrido; escritoras y referentes de la cultura como Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes; e intelectuales y sociólogas como Maristella Svampa y Diana Maffía. También se sumaron voces de la política, como Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Mabel Bianco y María Luisa Storani, evidenciando que la preocupación atraviesa a todo el arco opositor y a la sociedad civil.
Finalmente, los impulsores aclararon que no se trata de una carta partidaria, sino de un «documento para la posteridad». En esta línea, el Foro Encuentro Reformista sostuvo que el objetivo es que quede registrado que, frente al avance sobre la educación pública y los bienes naturales, hubo una reacción ciudadana masiva y calificada que decidió no mirar para otro lado.
La convocatoria logró reunir en pocas horas un volumen de adhesiones que supera las 1.800 firmas, aglutinando a referentes de «todos los partidos y colores». En el listado figuran desde actores como Valentina Bassi hasta científicos y ex legisladores como Juan Pedro Tunessi y Fabiana Túñez. La diferencia entre firmantes busca demostrar que la defensa de los recursos estratégicos no es patrimonio de un solo sector, sino una demanda que incluye a empresarios, ambientalistas y comunicadores preocupados por el rumbo del país.
El documento detalla con precisión el impacto del ajuste: «Derogar pisos de inversión equivale a renunciar a la idea misma de un Estado que protege el futuro». Bajo esta premisa, alertaron que la minería y el desarrollo económico son necesarios, pero no pueden realizarse «a cualquier costo».
En el plano institucional, el texto es lapidario respecto al rol del Congreso y los gobernadores frente a la presión financiera del Ejecutivo central. Al calificar la distribución de fondos como una forma de «corrupción», figuras como Liliana Hendel, Laura Musa y Daniel Yasky manifestaron que aceptar estas reglas implica una degradación de la calidad democrática que no debe naturalizarse.
La iniciativa cierra con un llamado a la memoria histórica. «La historia argentina registra en este mes de diciembre de 2025 un punto de inflexión», señala el texto. Con la participación de personalidades de alto prestigio como Elva Roulet y Alberto Agustín Jozami, el registro pretende asegurar que las generaciones futuras sepan que existió una resistencia frente al recorte de derechos fundamentales.
Fuentes: Tiempo Argentino, Perfil, Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario
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