El acuerdo reciente entre México y Estados Unidos sobre minerales críticos ha sido presentado como una decisión pragmática, casi inevitable, para no quedar fuera de los rápidos cambios geopolíticos que están surgiendo diariamente, la mayoría provocados o encabezados por el mismo Estados Unidos. Sin embargo, este acuerdo no nace de la voluntad soberana del gobierno mexicano ni de una visión compartida de desarrollo, sino de un entorno de presión estructural ejercido por potencias con enorme proyección económica y militar, donde la capacidad de elección real es cada vez más limitada.
La cuestión en este acuerdo es que, para Estados Unidos, y para casi cualquier otro país con proyección de poder, garantizar el acceso a minerales críticos se ha convertido ya no en una urgencia, sino en una condición de supervivencia a largo plazo, pues de ello depende la capacidad de sostener su industria, su infraestructura tecnológica y su aparato militar.
Es así que México aparece entonces no como un socio igual, sino como un territorio funcional para cubrir esa necesidad. La cercanía geográfica, la integración productiva derivada del T-MEC y la existencia de recursos minerales convierten al país en una pieza clave dentro de una estrategia que busca asegurar suministros cercanos, políticamente controlables y territorialmente disponibles. Para México esto ya no representa una oportunidad de trabajo e inversión, sino más bien una amenaza ante la posibilidad de que sea una estrategia preventiva que busque control y coerción en el largo plazo. Estamos a un paso de volver a convertirnos en la alacena de nuestro vecino.
Lo más problemático de esto es que podría ser mucho más caro no firmar este acuerdo, pues si nos negamos o dilatamos la negociación, probablemente se abriría la puerta a represalias comerciales, a una renegociación desfavorable del T-MEC o a un deterioro deliberado de la relación económica bilateral. En un escenario más extremo, también se activa el fantasma permanente de la intervención, no necesariamente de forma militar, sino mediante mecanismos de presión política, financiera y de seguridad. Por lo que parece que las alternativas son: a) aceptamos el papel de ser un mero proveedor de recursos y tierra o b) enfrentamos un escenario de castigo económico y aislamiento frente a nuestro principal socio comercial, son escenarios de perder-perder sin importar la decisión que tomemos.
Este tipo de acuerdos no se explican sólo por la coyuntura geopolítica actual, sino por una lectura de largo plazo. El mundo que se perfila es de crisis múltiples con tensiones comerciales permanentes, conflictos armados regionales, disrupciones logísticas y volatilidad financiera. Si Estados Unidos garantiza el acceso cercano y seguro a minerales estratégicos no es una ventaja competitiva, sino una condición de supervivencia del modelo económico dominante. Pero México, desde esta lógica, no es socio pleno, sino infraestructura extendida, un espacio sin soberanía ni capacidad de negociación.
Aquí vale la pena destacar que esta posición no nos pone al lado de quien toma las decisiones globales, sino que nos reubica a ser un mero eslabón en la cadena de suministro estratégica local, donde nuestra función principal será absorber los costos territoriales, sociales y políticos de una economía mundial que se prepara para escenarios de escasez y confrontación prolongada.
En este escenario resulta muy ad hoc el discurso pronunciado por el primer ministro canadiense Mark Carney en Davos, donde una de las frases enunciadas fue: “si no estás en la mesa, estás en el menú”, dicho que se ha retomado en nuestro país para justificar este acuerdo. Lo que parece no quedar claro es que esta frase no describe un comportamiento avezado de las dinámicas estrategias mundiales, sino la lógica casi mafiosa del abuso sistemático que ejercen los países con mayor proyección de poder bélico y económico, particularmente Estados Unidos.
El acuerdo entre México y Estados Unidos no dice “siéntate en la mesa con nosotros”, sino “acepta tu lugar en la cocina o afronta las consecuencias”. No estamos en la mesa deliberando condiciones, nos mandaron a la cocina para asegurarse de que nada falte en “su comida”. Una lógica que en la mayoría de los medios se presenta como realismo político, cuando en realidad refleja una relación estructuralmente desigual, donde la soberanía se negocia a la baja para evitar peores escenarios. No estamos eligiendo el modelo de desarrollo que necesitamos, sino administrando nuestras propias vulnerabilidades frente a un vecino con enorme capacidad de presión.
Aceptar este acuerdo sin un debate público profundo implica asumir que el papel que viene para México en la esfera internacional será el de un lugar funcional a las necesidades estratégicas de otro. No se trata sólo de minerales, sino de la forma en que se redefine el valor de nuestro territorio en un orden global que se militariza.
La pregunta clave es qué tipo de país estamos construyendo cuando nuestras decisiones estratégicas las tomamos desde el miedo a las represalias y no desde un proyecto propio que se arriesgue a buscar otros espacios de colaboración y trabajo. Porque cuando la lógica de abuso que planteó Carney se vuelve regla, conviene preguntarse con qué derecho se decide el menú, quién come y quién, una y otra vez, termina siendo servido.
Aleida Azamar Alonso. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya.
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