La ofensiva del capital sobre el trabajo encarnada por el proyecto en curso de reforma laboral abre un horizonte de confrontaciones que puede ser decisivo para el futuro cercano de la clase obrera argentina. Nada está decidido todavía.
La Cámara de Diputados votó el proyecto a propósito mal denominado como de “modernización laboral”. El único cambio fue la amputación de las restricciones en la remuneración de los trabajadores de licencia por enfermedad o accidente.
Sólo un artículo. Apenas una afrenta, la que resultó más escandalosa, de entre las contenidas en una ley que abarca tantas agresiones contra los trabajadores.
La CGT llamó a un paro “dominguero”. Sin ser total alcanzó un muy alto nivel de cumplimiento. Una parte de las líneas de colectivos funcionaron. Las del grupo “DOTA”. No contrarrestaron la ausencia de trenes, subtes y la mayoría de las líneas de transporte automotor. Pero ofrecieron transporte a no pocos que, deseosos o forzados, buscaban concurrir a sus trabajos.
Pese a la no convocatoria “oficial” a la movilización y a la escasez de transporte, hubo protesta fuerte en la calle. Cortes en Panamericana, Puente Pueyrredón, en la autopista a La Plata. En varios sitios del llamado “interior”.
Abundaron las ganas de poner el cuerpo. De volteo de vallas y arrojar algunas piedras. En respuesta gases, balas de goma, carros hidrantes, detenidos, el doloroso repertorio habitual de centenares de uniformados en una coordinación interfuerzas.
En torno al Congreso Nacional hubo una movilización heterogénea, en horas tempranas. No estaban pendientes de los discursos ni de la posterior votación. Esperaban poco y nada por ese lado. Era más importante portar el cartel de “Abajo la reforma laboral”, “Fuera la esclavitud” o similares y dar el grito contra el atropello.
Más allá del escrutinio fino de los votos de los diputados, lo que queda en claro es que abundaron los diversos grados de colaboración. A veces con pretendida ambigüedad, como dar el quorum y luego no votar el proyecto. O presentarse sobre la hora a votar.
Provincias con conducciones de origen peronista, como Tucumán, Catamarca y Salta votaron a favor. También una parte de los legisladores de Provincias Unidas, en especial los alineados con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.
Quedó claro una vez más que el gobierno cuenta a su favor con buena parte de la supuesta oposición. De variados partidos y esparcida por todo el territorio nacional. En parte de origen peronista. Lo hace por oportunismo e intercambio de favores.
También, quizás más, porque comparte los objetivos principales de la Casa Rosada. O en su defecto no tiene ningún tipo de proyecto alternativo y se pliega al “es lo que hay” representado por un gobierno al que aún percibe en momento de alza.
La burguesía y el gobierno, al ataque.
Con esta reforma el gobierno lleva adelante una de las principales tareas pendientes que responden a reclamos históricos de los empresarios. Más allá de cuitas sectoriales por apertura importadora, “atraso cambiario” y baja del consumo interno, la clase dominante encuentra una instancia de unidad, de afán de revancha histórica.
Está en las apetencias de hacer su voluntad en el ámbito de trabajo, condicionar con más fuerza a los empleados. Y abaratar el “costo laboral” por todo costado que se pueda.
Cuando termine de aprobarse la mal llamada “modernización laboral”, vendrá enseguida el arrasamiento de los derechos de los jubilados. La “reforma previsional” está en las gateras. Contra los que “cobran y no aportaron” al acogerse a la moratoria como primeras víctimas propiciatorias. Los últimos orejones del tarro a quienes le tienen ganas las distintas cofradías de “ajustadores” del gasto público.
Con esta nueva normativa se busca a la vez atrasar el reloj y el adelanto de la hora.
Hacia atrás, al tiempo previo al sindicalismo de masas, el reconocimiento amplio del derecho de huelga, los convenios colectivos de trabajo de extensa vigencia. Las vacaciones pagas, el aguinaldo, la protección contra el despido. Una sociedad de características que semejen que el peronismo nunca ocurrió.
Hacia adelante, quieren marchar en dirección a la distopía de la expansión del capitalismo de plataformas y en general todo un sistema ultratecnologizado y disciplinador. Y sin reglas ajenas a la voluntad de las direcciones empresarias.
De plena soberanía de los dueños sobre un universo económico donde las instancias externas al poder del capital sólo serán toleradas mientras actúen como servidores diligentes del mismo. Y de dirección por los magnates del poder político casi sin mediaciones.
En el medio la burocracia sindical.
Los burócratas sindicales más rancios han salvado la ropa de los aportes sindicales “solidarios” y la recaudación por la patronal de los fondos sindicales y de obras sociales.
Su poder económico se preserva. Su poder político y de movilización se recorta. Toda la cúpula de la sociedad medianamente contenta. Los grandes empresarios saben que ellos están, en el fondo, entre sus mejores colaboradores.
El secretario general de ATE Rodolfo Aguiar lo expuso de una manera elocuente: Los artículos del proyecto que podían perjudicar a los sindicalistas se sacaron. Los que desfavorecen a les trabajadores quedaron todos.
Las patronales necesitan la gravitación del sindicalismo burocrático. ¿Quién se encargaría si no de ponerle freno a los “zurdos”? ¿O acaso el horror no puede venir de la mano de los sindicatos de empresa, de las comisiones internas, de los delegados rebeldes?
Los empresarios pueden debilitar su capacidad de representación de los trabajadores. No su acumulación de poder que en última instancia favorece a los intereses empresarios.
Una vez aprobada, la batalla por la aplicación.
Algunos y algunas advierten que una cosa es la aprobación de una ley y otra muy distinta aplicarla. Es cierto. La “judicialización” podría ser uno de los caminos eficaces para combatir contra el nuevo articulado.
Puede invocarse con razones muy válidas que una reforma como esta avasalla derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El que establece las pautas en materia de derechos laborales individuales y colectivos.
También que viola tratados internacionales como el de San José de Costa Rica, que veta la legislación regresiva que quite derechos en lugar de ampliarlos. Las demandas por inconstitucionalidad están servidas. No es difícil imaginar batallas judiciales que lleguen hasta la Corte Suprema.
El proyecto en curso se cura en salud planteándose la eliminación de los juzgados nacionales del trabajo. Serán reemplazados por magistrados locales. Puestos bajo la égida de los más conservadores tribunales de la ciudad.
Sea como sea, trabajadoras y trabajadores no deberían confiar en exceso en la acción judicial. Siempre los buenos propósitos de los tribunales de menor jerarquía pueden ser quebrados por los miembros de la Corte. Ellos vienen dando muestra de alineamiento con los propósitos de la derecha.
Llegado el caso no les faltarán argumentos leguleyos para declarar constitucional la reforma. laboral. Todo puede depender del clima social que se cree. Si es de fuerte rechazo a la aplicación de la ley y movilización en su contra tal vez los jueces supremos lo piensen dos veces antes de dar vía libre a la nueva ley.
Los próximos combates contra esta reforma regresiva se darán sobre todo en los lugares de trabajo y en las calles. Las instancias combativas y antiburocráticas que hoy anidan en las bases necesitarán organizarse y coordinar sus acciones a escala nacional. Ya hay amplios sectores disconformes con la nueva ley laboral, según indican las encuestas.
No todo será disconformidad. También están quienes se identifican con los propósitos de la norma porque identifican a los trabajadores formales como “privilegiados” que gozan de una situación favorable sin justificación. Igualar para abajo.
Asimismo el amplio universo de pequeños patrones que sueñan con empleados con derechos disminuidos. Pueden también apoyarla el sector de supervisores y jefes que “se ponen la camiseta de la empresa” y no se perciben como compañeros de los trabajadores rasos.
De todas formas son una minoría. Y pueden cambiar de opinión en la medida que se extienda el malhumor social. La tendencia a la baja de la inflación ha quedado detenida. Y la caída libre del consumo popular no le conviene a nadie. Hoy el gobierno se haya cebado por el triunfo electoral y los éxitos legislativos. Nada es definitivo.
El empeoramiento de la situación de ingresos y condiciones de vida irá en dirección al aumento del descontento. Y los primeros intentos de poner en vigencia los dictados de la ley darán una muestra palmaria de sus propósitos destructivos.
Se viene una batalla prolongada. Una ocasión propicia para la lucha de trabajadoras y trabajadores vertebrada por la independencia de clase. Una instancia renovada de cuestionamiento al poder sindical, al que cada vez le es más difícil preservarse. El escenario está abierto. En los próximos meses se verá que perspectiva toma.
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