Destrucción y desguace de empresas públicas

El 31 de mayo, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cumplió 76 años en medio de un clima de extrema tensión. Fundada en 1950, la institución fue durante décadas uno de los pilares del desarrollo científico y tecnológico nacional, alcanzando hitos que la posicionaron a la vanguardia mundial: desde la puesta en marcha de las tres centrales nucleares de potencia que hoy generan cerca del 9% de la energía eléctrica del país, hasta el diseño y venta de reactores de investigación en el exterior y la producción de radioisótopos fundamentales para tratamientos médicos contra el cáncer.
Sin embargo, este nuevo aniversario lejos está gran parte de la comunidad de celebraciones, sino en estado de asamblea y movilización. Los trabajadores denuncian que el Gobierno y las actuales autoridades, encabezadas por el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli y el Presidente de la CNEA, Martín Porro, pretenden realizar un “auto-agasajo” privado, excluyendo al personal que sostiene cotidianamente el funcionamiento de la institución. Se espera que en el acto oficial estén presentes altos funcionarios del Ejecutivo, en medio de recortes presupuestarios, rumores sobre una reestructuración y escándalos de corrupción. Circuló la información del gasto de unos 10 millones de pesos para la realización de la fiesta protocolar, mientras en los centros atómicos, los trabajadores denuncian que no hay recursos ni para el papel higiénico.
Una de las caras del plan nuclear de Milei, se ha revelado con el escándalo de las tarjetas corporativas y los gastos discrecionales de la gestión del ex presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel. En paralelo, se conoció que varios de los funcionarios de la nueva casta nuclear fueron beneficiados con súper créditos del Banco Nación a tasas subsidiadas. Pero estos escándalos no son más que la portada de una estafa infinitamente superior que consiste en la entrega de recursos estratégicos al sector privado y a los intereses del imperialismo norteamericano. Así lo demuestran los últimos movimientos de Santiago Caputo y el súper RIGI que impulsa el gobierno para entregar las reservas de uranio y favorecer empresas como Meitner Energy, asociada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Un ajuste que golpea la soberanía tecnológica

Los trabajadores del sector describen el escenario actual como el ataque más grave contra la CNEA desde su creación, incluso superior al vivido durante los años noventa.
Entre los principales puntos de conflicto señalan:
El fuerte derrumbe salarial: los salarios perdieron alrededor de un 40% de su poder adquisitivo desde el año 2023 (un técnico con 5 años de antigüedad percibe apenas $700.000). La situación ya provocó la renuncia de profesionales altamente especializados que migran hacia el sector privado o al exterior ante la imposibilidad de sostener sus condiciones de vida.

Vaciamiento sin precedentes: la paralización y la ralentización de proyectos estratégicos viene siendo la principal característica del ajuste. El emblema es el reactor CAREM, un reactor modular de tecnología nacional, que se encuentra paralizado y sus trabajadores resistiendo frente al corte casi total de los servicios esenciales para el funcionamiento cotidiano. Entre los proyectos suspendidos y desfinanciados podemos contar también al programa de desarrollo de diodos láser para enriquecimiento de uranio (LASIE), la parálisis en la Planta de Producción de radioisótopos-del-reactor-RA-10 Radioisótopos por Fisión (PPRF) en Ezeiza, vital para insumos oncológicos, y la suspensión de tareas de remediación ambiental en San Rafael, Mendoza, dejando una deuda ambiental abierta.
Entrega de recursos estratégicos: mediante un expediente interno de la CNEA, las autoridades establecieron un procedimiento de “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”. Bajo esta denominación, abrieron la puerta a la cesión y posibles privatizaciones de las capacidades tecnológicas del organismo. Esta novedad se agrega al objetivo declarado en la Ley Bases para la venta de Nucleoeléctrica Argentina (NASA). En el sector hay una fuerte preocupación por el destino de DIOXITEK y ENSI, que también se encuentran bajo la lupa del sector privado.
En este contexto, tuvo lugar la visita del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) a las instalaciones nucleares de la CNEA. Los trabajadores denunciaron un despliegue «escenario de guerra» con blindados y Gendarmería a caballo en los centros atómicos.

La respuesta de los trabajadores

Frente a lo que consideran una provocación del Gobierno y las autoridades, trabajadores de la CNEA, junto a la Junta Interna de ATE y el gremio APCNEAN, convocaron a un contra-acto para el 31 de mayo bajo las consignas: “¡Fuera los vaciadores!”, “¡Aumento salarial ya!” y “¡No al desguace de la CNEA!”.
El objetivo de la jornada fue visibilizar que el prestigio histórico del sector nuclear argentino no es producto de las gestiones de turno, sino del trabajo sostenido de técnicos, investigadores, administrativos, operarios y profesionales que hoy denuncian salarios de pobreza y un vaciamiento deliberado. Reclamaron también por la renovación de todos los contratos que vencen el 1º de julio y el pase a planta permanente para todos los trabajadores. Además del contra-acto en la sede central, se realizaron acciones de los trabajadores en Lima y en Bariloche.
En este contexto, el Día de la Energía Atómica fue una de las jornadas más conflictivas de las últimas décadas para el sector nuclear argentino. A 76 años de su creación, la CNEA atraviesa una disputa de fondo sobre su futuro. Por eso en las asambleas comenzó a discutirse la necesidad de un congreso de los trabajadores para discutir un programa propio de salida, inspirados en otras experiencias realizadas en 1973 y 1987, retomando la bandera de la necesaria democratización del organismo.

Profesionales de CNEA denuncian maniobra oficial para sepultar el proyecto CAREM

En los últimos días, fragmentos de un documento de «revisión de pares» sobre el reactor CAREM —de carácter estrictamente confidencial— se hicieron públicos en portales como Ámbito Financiero y mediante publicaciones en Twitter del Secretario de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira. Dicho documento fue solicitado en 2024 por el presidente de la CNEA en aquel momento, Germán Guido Lavalle, que fue catapultado en diciembre del 2025 de la presidencia, junto a su amigo Damián Reidel, para luego ser sustituidos por los “nenazos Atómicos”.
Los trabajadores del sector denuncian que la ruptura del secreto técnico y la entrega de estos datos parciales a la prensa comercial constituyen una estrategia coordinada desde los trolls estatales «con una clara intencionalidad de daño al proyecto y a la institución» para instalar la idea de que el reactor es inviable.
«La nota (de Ámbito Financiero) es desacertada, las expresiones que ha tenido el Secretario de Asuntos Nucleares en distintos medios fueron sesgadas y algunas directamente falsas», denuncian altas fuentes del proyecto CAREM, en referencia a la nota de opinión que publicó en Infobae Federico Ramos Napoli, donde justificaba la cancelación del proyecto “porque no iba a devolver electricidad a los contribuyentes”.
Los profesionales aclaran que “la importancia del CAREM no reside solamente en la energía que pueda entregar como prototipo, sino en el conocimiento que permite validar: ingeniería de sistemas, seguridad nuclear, termohidráulica, diseño de núcleo, sistemas pasivos de seguridad, arquitectura modular integrada, instrumentación y control, fabricación de componentes calificados, licenciamiento, montaje, puesta en marcha y operación.” La validación del prototipo en la práctica permite escalar a futuro el modelo a versiones comerciales de mayor potencia que permitirían vender el reactor diseñado localmente.
También aclararon que el proceso de revisión de pares “no tenía como función evaluar la viabilidad técnica del reactor, sino identificar áreas de mejora.” Por otro lado, afirmaron que los revisores ignoraron los informes de ingeniería entregados por la CNEA y las respuestas a las observaciones de los revisores “presentamos los reportes de ensayos y mediciones pero los revisores realizaron afirmaciones falsas en el texto final.”
Las versiones periodísticas del informe filtrado afirman que «componentes clave no funcionan», omitiendo que la instalación CAPEM (Circuito de Alta Presión para Ensayo de Mecanismos, donde se prueba el mecanismo hidráulico del reactor) operó con éxito en condiciones reales durante todo 2025. “Los revisores, entre ellos Víctor Herrero y Guido Lavalle, visitaron dicha instalación en persona en 2024 e hicieron observaciones que fueron tomadas en cuenta y permitieron mejorar el proyecto”.
Desde la gestión del proyecto se habían estructurado líneas de trabajo prioritarias a partir de las observaciones pertinentes, las cuales fueron contestadas de forma exhaustiva en el ámbito de la ingeniería y no de forma periodística. “Al romper al CAREM están atacando a todo el sector. Incluso al privado, porque pierde credibilidad el sistema entero”, sentenció un trabajador.
Al interior de la CNEA, las filtraciones profundizaron el malestar, pero también aceleraron los debates sobre cómo responder a lo que consideran un ataque directo a la propiedad intelectual y al desarrollo tecnológico del país. «Internamente se escribieron informes respondiendo a esos señalamientos, pero la nota de prensa ya es un ridículo. Necesitamos desarrollar estrategias comunicacionales hacia afuera», expresó un integrante del proyecto.
Por otra parte, los trabajadores discuten la necesidad de fortalecer la organización gremial frente a las posturas individuales. En el marco de las medidas de fuerza, otra trabajadora remarcó la situación del personal que sostiene la actividad: «Quienes seguimos trabajando en el Estado somos la resistencia, porque continuamos organizando vigilias, notas y asambleas. No solo defendemos el salario, damos una pelea más amplia contra el desguace y la entrega total de la CNEA y de los activos del Estado».
La situación abre un debate aún más profundo sobre la necesidad de refundar la CNEA en base a la unificación de todas las empresas del sector nuclear que fueron disgregadas en los 90. Establecer una conducción democrática de los trabajadores de la institución puede permitir llevar a cabo proyectos que llevan varias décadas de desarrollo y que no sean afectadas por intereses espurios de los gobiernos de turno. Para eso es necesaria la participación activa de todos los trabajadores en las asambleas y movilizaciones.
En este escenario de conflicto, los sectores en lucha convocaron a una movilización en defensa de los trabajadores contratados para el miércoles 10 de junio a las 10:30 en la plaza del Centro Atómico Bariloche (CAB), bajo la consigna «La CNEA no se vende, se defiende».

Trabajadores y jefes lanzan un fuerte reclamo contra el vaciamiento que ejecuta el Gobierno

La crisis presupuestaria, salarial y contractual que impone el gobierno nacional está calando hondo en los sectores más estratégicos del desarrollo científico y tecnológico del país. En las últimas horas, las organizaciones sindicales APCNEAN, ATCNEA y ATE CNEA insistieron con una nota dirigida a las máximas autoridades del área en la que expresan un profundo y creciente malestar. El documento fue firmado por 556 trabajadoras y trabajadores del organismo, entre los que se destacan 183 jefas, jefes y referentes de distintos sectores operativos. No se trata de un reclamo aislado, es la continuación de asambleas y movilizaciones de sectores de trabajadores autoconvocados en los centros atómicos. Es una situación crítica que ya no admite mayores demoras. La urgencia es total: el próximo 30 de junio vencen los contratos de 350 trabajadores, lo que pone bajo amenaza directa la estabilidad laboral y la continuidad de los proyectos.
El detonante de este documento gremial ha sido el destrato institucional y las provocaciones oficiales. Desde las organizaciones rechazaron de forma tajante las declaraciones públicas del Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, quien de manera infame caracterizó al organismo como un «aguantadero de la política». Los trabajadores respondieron que estas afirmaciones “insultan la realidad cotidiana de equipos altamente calificados que sostienen tareas de alta complejidad”. Asimismo, denunciaron la peligrosa dicotomía que se vive en la institución, donde funcionarios jerárquicos recién incorporados, carentes de trayectoria en el sector nuclear y con un absoluto desconocimiento de la dinámica de la CNEA, pretenden imponer una «reestructuración integral» a espaldas de quienes verdaderamente garantizan el funcionamiento diario del sistema.

“Estamos asistiendo a la peor intervención del Departamento de Estado contra el programa nuclear argentino”

A contramano del sentido común instalado por los medios de comunicación y los funcionarios de la derecha liberal, que suele atribuir la parálisis de los proyectos estratégicos locales a una supuesta «incapacidad criolla» o a problemas de gestión, el periodista y divulgador científico Daniel Arias sostiene una tesis mucho más incómoda para el poder económico: el desarrollo nuclear argentino fue un blanco móvil de la geopolítica internacional.
Para Arias, lo que ocurrió «desde la presidencia de Raúl Alfonsín hasta la actualidad —con el parcial paréntesis de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner— no fueron procesos de libre «conducción» interna, sino sucesivas y planificadas intervenciones externas orientadas a desmantelar la autonomía tecnológica del país». Arias, un estudioso de toda la historia atómica argentina, es enfático sobre los momentos que nos toca vivir ante el gobierno libertario de Javier Milei: «Argentina vivió varios procesos de intervenciones del Departamento de Estado pero sin dudas, esta es la peor».
La clave para entender este conflicto histórico se remonta a la bisagra entre 1969 y 1970. Según explica Arias, en ese período la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tomó una decisión estratégica fundamental: optar por la línea de centrales basadas en uranio natural y agua pesada, consolidada primero con Atucha I y continuada luego con la licitación de la Central de Embalse en Córdoba.
«Los norteamericanos sabían perfectamente lo que eso significaba», señala el divulgador. A diferencia de las centrales de uranio enriquecido, cuyo suministro de combustible dependía exclusivamente del monopolio de las grandes potencias (con Estados Unidos a la cabeza), la vía del uranio natural abría la puerta a una relativa independencia, ya que el país contaba con el mineral en su propio suelo y la capacidad de procesarlo.
El verdadero temor en Washington, advierte Arias, no era la existencia de una central aislada, sino que un país de su patio trasero domine la escala industrial. El plan energético argentino proyectaba que, tras la experiencia cordobesa, una tercera central a orillas del Paraná (Atucha II) se construiría con un 70% de componentes de ingeniería y metalmecánica nacional. «En esas condiciones, la CNEA se transformaba en un competidor internacional peligrosísimo, capaz de ganarle cualquier licitación a las potencias en el mercado de los países medianos del Tercer Mundo», afirma. Había que cortar esa cadena de valor de raíz.
El detonante para la ofensiva internacional ocurrió en mayo de 1974, cuando la India hizo detonar su primera prueba nuclear utilizando un reactor experimental provisto por Canadá. A partir de ese hito, las potencias occidentales cerraron filas bajo la bandera de la «no proliferación» para bloquear la expansión de la tecnología de uranio natural.
Sin embargo, Canadá se encontró en una encrucijada legal con la Argentina: el contrato para construir la Central de Embalse ya estaba firmado. «No tuvieron más remedio que jugar a que construían la central, pero la sabotearon constantemente; nos volvieron locos», relata Arias. Al no poder rescindir el acuerdo sin pagar penalidades millonarias, la agencia canadiense y sus subcontratistas occidentales —entre ellos una fuerte firma italiana a cargo del sector eléctrico— recurrieron a una deliberada guerra de desgaste.
Arias detalla cómo los componentes estratégicos sufrían demoras inexplicables y cómo los contratistas internacionales ponían «todos los palos en la rueda imaginables», llegando a realizar tendidos de cableado defectuosos y caóticos a propósito para dilatar las obras al infinito. El núcleo del sabotaje, sin embargo, fue la retención del conocimiento: los ingenieros extranjeros se negaron sistemáticamente a entregar la ingeniería de detalle y las planillas de cálculo necesarias para que Argentina pudiera fabricar localmente sus propios elementos combustibles.
Frente a este escenario, la CNEA no se cruzó de brazos. Arias rescata una crónica de audacia y resistencia técnica que parece salida de una novela de espionaje industrial. «Todas las líneas de ingenieros puestas por los canadienses se iban puntualmente a las cinco de la tarde a tomar whisky a Córdoba Capital», relata. Era en ese momento cuando comenzaba el turno de los técnicos argentinos: durante la clandestinidad de la noche, la biblioteca que albergaba los planos y la ingeniería de detalle restringida fue prolijamente fotocopiada por el personal local. «Ya lo habíamos comprado, pero lo terminamos consiguiendo por izquierda para sacar la central adelante a la brava», enfatiza el periodista, destacando que los canadienses respondían a estrictas órdenes superiores orientadas a que la planta jamás funcionara de manera independiente.
La estocada final al proyecto soberano de la CNEA no llegó por limitaciones científicas, sino a través de la subordinación económica. Arias sitúa el quiebre a partir de 1983, con el regreso democrático. Bajo la presión asfixiante de una deuda externa fraudulenta, el gobierno de Alfonsín selló los primeros acuerdos de austeridad con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los recortes presupuestarios exigidos por los acreedores internacionales paralizaron las obras de Atucha II y congelaron la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén. Detrás del argumento del ajuste fiscal, Arias denuncia una decisión política de alineamiento internacional, donde el sector nuclear fue expuesto a inspecciones externas para dar «señales de previsibilidad» a los centros financieros.
Esa parálisis preparó el terreno para el desguace definitivo durante el menemismo y las relaciones carnales. Arias recuerda cómo se fragmentó el sector al crearse Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) para separar la generación eléctrica comercial de la investigación pura de la CNEA, un paso previo a los intentos de privatización. Con la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en los 90, el país resignó formalmente su perfil de desarrollo autónomo a cambio de la aprobación de Washington.
Al analizar el período reciente, Arias reconoce que el Plan Nuclear relanzado en 2006 significó un viraje importante. El Estado volvió a inyectar recursos para concretar la hazaña técnica de terminar Atucha II —central que había sido virtualmente canibalizada durante el neoliberalismo—, reabrir el complejo Pilcaniyeu y reactivar la PIAP.
Sin embargo, el divulgador advierte que este intento de reactivación chocó rápidamente contra los límites estructurales de un capitalismo dependiente. Con el entramado industrial local profundamente debilitado tras décadas de políticas neoliberales, sostener la autarquía tecnológica se volvió una tarea titánica.
Para Arias, el reflejo de este límite quedó expuesto en 2012, cuando el gobierno inició las negociaciones con China para las futuras centrales nucleares. Ante la falta de divisas y la necesidad de financiamiento externo, la balanza se inclinó hacia proyectos cerrados «llave en mano» basados en reactores de diseño extranjero y uranio enriquecido (tecnología Hualong), relegando la histórica línea nacional de uranio natural y agua pesada.
“La prioridad absoluta es reiniciar la producción de la Planta Industrial de Agua Pesada. Es un insumo estratégico, no solo para reponer la pérdida de inventario de las centrales locales, sino también para el mundo. Los canadienses cerraron todas las plantas de agua pesada y quieren volver al negocio de vender centrales CANDU.”
Terminar de poner en marcha el reactor atómico de investigación el RA-10 que es uno de los reactores más avanzados en su tipo a nivel mundial.
Otro punto muy importante es poner en marcha el CAREM “Por más que no sepamos si se pueda exportar y comercializar, hay que demostrar un nuevo hito de la potencialidad del desarrollo científico nacional”
“Argentina tiene un déficit de unos 11.000 MW de potencia base. En mi opinión, nos vendría muy bien la construcción de 3 o 4 CANDU. La ingeniería la tenemos.” Arias propone llevar estas propuestas a todos los sindicatos del sector como programa mínimo de exigencia para “sacar al sector de la terapia intensiva”.
El análisis de Daniel Arias deja una lección histórica para el presente: la ciencia y la capacidad técnica de los trabajadores nucleares argentinos han demostrado estar a la vanguardia mundial, pero cualquier proyecto de soberanía tecnológica estará destinado al estrangulamiento si no se rompe, en primer lugar, con las cadenas económicas del endeudamiento externo y la sumisión política a las potencias imperialistas.

Jornada de protesta contra el desguace de Vialidad Nacional

El miércoles 20 de mayo el Sindicato de Trabajadores Viales realizó una jornada para visibilizar la situación de la Red de Rutas Nacionales y el agravamiento que sufrirán las mismas si no se logra revertir el desfinanciamiento del ente que se encarga de las mismas.
Es parte de una serie de acciones en distintos puntos del país. En este caso el epicentro fue la Ruta 33, a la altura de General Villegas, en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.
El testimonio de Gustavo De Biase, delegado en Casa Central, quien denuncia la situación que viven y el plan de acción.
Graciela Aleñá, Secretaria General del STV, aseguró que la protesta es “contra las medidas del gobierno nacional contra la repartición, sus trabajadores y el pueblo. Estamos siendo desfinanciados, el gobierno está desguazando y entregando rutas para privatizarlas. Eso causa más peligros y accidentes”.

Despidieron a 77 trabajadores de los complejos de Chapadmalal y Embalse

El Gobierno oficializó los despidos de 58 empleados de la Unidad Turística de Chapadmalal y otros 19 del complejo de Embalse, en la provincia de Córdoba, realizados bajo la figura de “pases a disponibilidad” a través de la Resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La norma señala que “el titular de la SECRETARÍA DE TURISMO Y AMBIENTE dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS solicitó el impulso de la tramitación del pase a disponibilidad del personal nominado”. Es decir, el pedido de despidos lo hizo el peronista libertario Daniel Scioli, el titular de la Secretaría de Turismo.
El Gobierno puede pasar a disponibilidad a los trabajadores gracias a Ley Bases, que implicó una nueva embestida contra los trabajadores estatales. La planta permanente es la categoría que da estabilidad al trabajador mediante la apertura de un proceso concursal. Vale recordar que la Ley Bases se aprobó con corrupción y represión como ocurrió con el senador Edgardo Kueider de Unión por la Patria, quien se vendió y fue encontrado pasando miles de dólares de manera ilegal por la frontera de Paraguay.
Según el detalle de la resolución este período de disponibilidad se extenderá por un lapso de entre seis y doce meses, dependiendo de la antigüedad y los agrupamientos del personal.
Las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse fueron desarrolladas a fines de la década de 1940 para garantizar vacaciones accesibles a familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y sectores populares. Chapadmalal, ubicado sobre la costa bonaerense cerca de Mar del Plata, llegó a tener nueve hoteles, bungalows y espacios recreativos destinados al turismo social. Por su parte, Embalse, ubicado en el Valle de Calamuchita, Córdoba, incluye siete hoteles, un complejo polideportivo, y canchas.
El objetivo del Gobierno es avanzar con la privatización de los complejos de Chapadmalal y Embalse. Los despidos significan el paso administrativo previo que necesitaba el gobierno de Milei para avanzar en su meta de entregar ambos complejos turísticos históricos en concesión al sector privado por un término de 30 años.
Desde la Jefatura de Gabinete confirmaron el rumbo de la medida, argumentando que bajo la tutela de empresas privadas se logrará «atraer inversiones que restauren y eleven la calidad» de la infraestructura de los predios.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya intimó el mes pasado a varias familias de trabajadores radicadas en Chapadmalal a desalojar las viviendas oficiales en un lapso de diez días. Por el momento, las licitaciones públicas nacionales e internacionales no se formalizaron debido a que los equipos técnicos del Ejecutivo se encuentran elaborando los pliegos de bases y condiciones finales.
Desde gobiernos anteriores los hoteles están en estado de abandono. Pero con la privatización de los complejos seguramente se limitará aún más la posibilidad de vacaciones para los sectores populares de nuestro país.

El Gobierno quiere eliminar servicios de control de calidad del INTI para alimentos
Por Gabriela Ensinck

Un fallo de primera instancia frenó el vaciamiento y los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Pero desde que se implementó, privados comenzaron a prestar los mismos servicios, pero duplicando o triplicando el costo. Dónde impactará la falta de controles.
Aunque el plan está frenado por la decisión judicial de primera instancia, el Gobierno Nacional puja por desmantelar del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante una resolución que suspendió, desde el 15 de abril, la realización de ensayos y prestaciones técnicas que se brindaban a empresas, organismos de control y consumidores.
La decisión fue frenada por un amparo que presentó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y obtuvo una respuesta favorable en primera instancia, pero detrás de la decisión de aniquilar el INTI hay beneficiarios privados.
El texto, aprobado por el Consejo Directivo del organismo, dispone “la cesación de servicios” de certificaciones, asistencia técnica, ensayos de calidad y procesos de innovación productiva, mayormente dirigidos a las Pymes.
El listado “incluye desde análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes hasta estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas”, según consignó el portal especializado Periferia Ciencia.
Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran los vinculados a la medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos, así como el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.
Impacto en la salud y en las exportaciones
Las herramientas eliminadas operaban como instancia de verificación independiente sobre calidad, composición y seguridad alimentaria, lo cual podría impactar sobre la salud de la población y la imagen y trazabilidad de los productos a la hora de exportar.
La resolución del gobierno también suspendió los estudios de consumidores y evaluaciones sensoriales, herramientas utilizadas por la industria para validar productos antes de su salida al mercado.
Por otro lado, se discontinúan controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa o acesulfame K, además de determinaciones sobre antioxidantes y conservantes. En términos operativos, esto implica que una parte relevante del sistema de validación técnica quedará fuera de la órbita estatal.
Desregulación y despidos en el INTI
Desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, señalaron que la medida se conjuga con la desvinculación de más de 600 trabajadores del INTI, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien planea elevar la cifra de despidos a 1700.
Desde 2024 se vienen registrando cierres y suspensiones de líneas de trabajo, paralización de convenios, la falta de financiamiento operativo y la imposibilidad de sostener las visitas técnicas a empresas, debido al recorte de los viáticos.
En tanto, los técnicos y profesionales desvinculados, fueron “reemplazados” por integrantes de la gendarmería y otras fuerzas de seguridad que hoy custodian las sedes del INTI e impiden el ingreso de sus anteriores trabajadores.
La agrupación, que involucra a representantes de universidades y organismos de ciencia y tecnología de todo el país, recordó en un comunicado que el INTI posee 50 centros tecnológicos, 20 plantas piloto en todo el país para fortalecer la capacidad industrial, impulsa más de 150 proyectos de innovación y desarrollo, participa en más de 20 proyectos de cooperación internacional y hasta 2024 atendía anualmente a unos 11.000 clientes industriales con servicios de excelencia y a un precio competitivo, dado que su finalidad es apoyar el desarrollo industrial.
Capacidades públicas, negocios privados
El proceso de desarticulación del organismo tiene un correlato en el frente laboral. Desde la asamblea de trabajadores del INTI advirtieron sobre la aparición de ofertas de empleo por parte de compañías privadas, orientadas a captar a técnicos del Instituto para realizar tareas similares a las que se dejaron de prestar.
El comunicado también vincula esta dinámica con decisiones previas, como el aumento de los aranceles de los servicios, para desalentar la contratación de los mismos en el INTI. Sin embargo, al continuar la preferencia de las empresas por la institución, dado su nivel de calidad técnica, esto derivó en muchos casos en el cierre de los mismos, como ocurrió este año con el Servicio Argentino de Calibración y la Dirección de Metrología Legal. Estos servicios pasaron a ser prestados por empresas privadas, a un precio entre dos y cuatro veces mayor.
En tanto, en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Clase Trabajadora, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología advirtió que “el objetivo del ministro desregulador Federico Sturzenegger y del ministro de Economía Luis Caputo, de quien en definitiva depende el INTI, es destruir a este organismo para impulsar un modelo financiero donde el desarrollo industrial y la mejora de la calidad de vida de la población no tienen lugar”.

Marcha de antorchas en defensa del INTI

Las acciones fueron convocadas el viernes 29 de mayo, a las 16:00, en Avenida General Paz 5445 en rechazo al proyecto de reestructuración del organismo por parte del gobierno nacional. Los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial informaron que en las últimas horas se conoció el proyecto de eliminación de 100 departamentos y direcciones técnicas, que disolverán sedes regionales enteras, además de la concreción de cientos de despidos ligados a este vaciamiento. Cabe señalar que esta semana la justicia hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que frena los despidos. Según este fallo, las autoridades del instituto no podrán cesantear, transferir ni modificar la situación laboral de ninguno de los trabajadores.
Los trabajadores y las trabajadoras advierten que, más allá del contenido de la cautelar, se trata de un gobierno que no acata las leyes, tal como lo demuestra el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, por lo que no confían en que cumplan en esta oportunidad.
“La cautelar va a ser apelada (es una obligación del Estado hacerlo y este gobierno lo hizo con cada fallo que los contrariaba, incluso cuando se trató del alimento para comedores populares). Con el decreto no hubo apelación porque fue derogado en el Congreso y desapareció entonces la materia judiciable. Por todo esto, resultaría suicida creer que podemos estar ‘tranquilxs seis meses’. La única posibilidad de hacer cumplir este fallo, dar marcha atrás con la estructura de vaciamiento y defender TODOS los puestos de trabajo, ¡Es con nuestra lucha!. Por eso resolvimos convocar a una vigilia con marcha de antorchas para el viernes 29 invitando a referentes políticos, sociales, gremiales, de la Ciencia, los Derechos Humanos, las Cámaras empresarias y todxs quienes hasta aquí han acompañado nuestra lucha”, afirman lxs trabajadorxs en las resoluciones de la Asamblea Multisectorial, que se llevó adelante el miércoles 27 de mayo.

Fallo a favor de ATE

La Justicia falló a favor del recurso de amparo presentado por ATE, ordenando a las autoridades del INTI detener los despidos y la reestructuración del organismo. El texto pide abstenerse «de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la Resolución 42/2026, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizados; la prohibición de realizar cualquier movimiento, inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico afectado a dichos servicios».
También exige «la garantía de ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones de trabajo vigentes al 14 de abril de 2026 y la continuidad de todos los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológicas bajo la órbita estatal del INTI».
El fallo además remarca «que la Constitución, como los convenios de la Organización Nacional Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional -en particular los Convenios Nº 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por la norma colectiva con plena vigencia».
Y agrega que «adviértase que, conforme lo dispuesto en el artículo 2º, inciso 2, de la Ley 26.854, los trabajadores constituyen un sector socialmente vulnerable, lo que impone al órgano jurisdiccional una especial consideración en materia cautelar, en virtud del principio de hiposuficiencia, toda vez que -en el caso- los accionantes invocan la posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria, derivados de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales».
Aguiar afirmó que ya cerraron 25.000 empresas: «Milei ha sido más letal que el COVID»
Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), celebró esta noticia en su cuenta oficial de X, señalando que “la cautelar, firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
Y añadió: “Lo dijimos mil veces: ¡no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución nacional! PD: Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. ¡Prepárense!”.
En el documento que presentó ante la Justicia, ATE afirmó que la Resolución 42/26 es un “vaciamiento institucional”, parte de un proceso de desmantelamiento.

“La plata que le falta al INTI está en las propiedades y viajes de Adorni”

«La plata que falta en el INTI está en las propiedades de Adorni, en los viajes, en la cascada, toda esa plata que se lleva el jefe de Gabinete es la que falta en los laboratorios», dice uno de los trabajadores del INTI. Es Licenciado en Física, ha puesto su conocimiento al servicio del desarrollo tecnológico nacional, y hace más de 2 años solo sufre ataques. No es que antes no había tenido que reclamar, pero el gobierno de Milei se ha ensañado con los trabajadores y trabajadoras que forman parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
La protesta del 15 de mayo tuvo su «rostro» particular. Estaban con caretas de Adorni. Es que la plata que ajustan a la administración pública parece ser la que después usan para sus viajes personales, lujos y algunos gustos cuestionables.
Es otra de las facetas del llamado «industricidio». Los trabajadores denuncian que el presupuesto del organismo es uno de los más bajos de las últimas décadas.
El personal del INTI hace rato se viene organizando contra este ataque, con convocatorias en las puertas del Instituto. Han tenido que enfrentar el amedrentamiento, la represión de Gendarmería y de la Policía de la Ciudad.
Las últimas acciones tienen que ver con los anuncios del gobierno, entre ellos del Ministro de Desregulación Adolfo Sturzzeneger, de «recortes de personal» de 700 empleos o más. Es parte de un ataque que vienen sufriendo otras dependencias, por eso cada una de las acciones comunes que se han dado este año se muestran como el camino para enfrentar el ataque.

Caravana en defensa de la Ciencia

El jueves 30 de abril, trabajadores del INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad de San Martín (UNSAM) realizaron una caravana “por la ciencia, la tecnología y la producción”, en medio de un fuerte conflicto por despidos masivos y ajuste presupuestario.
La convocatoria fue desde las 11:00 en la sede central del INTI, escenario de una jornada represiva el martes 28 de abril, cuando la conducción del organismo anunció cerca de 1000 despidos sin instancia de diálogo y desplegó Gendarmería dentro del predio. El operativo dejó al menos dos trabajadores heridos con quemaduras en el rostro y los ojos.
Los trabajadores denunciaron que el Gobierno responde con represión ante reclamos legítimos y advirtieron que el recorte total podría alcanzar a más de 1500 puestos, en paralelo al retiro del INTI de cientos de controles clave en alimentos, seguridad industrial y certificaciones.
La crisis también golpea a la CNEA, donde profesionales altamente calificados perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Allí se anunciaron 170 despidos y cientos de contratos precarios con renovaciones trimestrales, lo que profundiza el vaciamiento de un área estratégica.

El Gobierno denunciará a la Junta Interna de ATE-INTI por “retención forzada” de autoridades

El hecho supuestamente sucedió durante las protestas sindicales contra “despidos masivos” en el sector. El Gobierno busca salir del laberinto con una ofensiva contra la Junta Interna de ATE-INTI.
El Gobierno denunciará a la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) debido a la “retención forzada” de funcionarios del organismo estatal.
Según trascendió, la denuncia surge luego de que el presidente del INTI, Miguel Romero, haya entendido que fue retenido por militantes de ATE en el marco de una protesta.
Desde el Ejecutivo afirmaron que Romero, junto a miembros de su equipo, pasó dos horas en las oficinas del Parque Tecnológico Migueletes. “Los sindicalistas violentaron puertas y ventanas intentando entrar al edificio”, informó la Secretaría de Coordinación de Producción.
A su vez, detallaron que el presidente de la Junta Interna ATE-INTI, Francisco Dolmann, se comunicó con Romero para exigirle que “se rindiera y saliera del edificio” y “que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada”.

Fadea

La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) atraviesa un escenario de profunda incertidumbre que mantiene en vilo a sus 720 trabajadores actuales. En las últimas horas, el conflicto escaló tras la denuncia del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) sobre el pago parcial de los salarios y un proceso de «vaciamiento» administrativo que frena contratos estratégicos.
Según confirmó Marcelo Bertorello, secretario general del STA, el personal percibió apenas una suma fija de $450.000 correspondiente a marzo, sin precisiones sobre cuándo se cancelará el resto de la deuda. Desde el gremio calificaron como «mentirosa» la comunicación oficial de la empresa, que atribuyó la demora a la falta de giro de fondos desde Buenos Aires.
«Sabían de los problemas administrativos hace diez días y no operaron en consecuencia», disparó Bertorello. De este modo, apuntó contra la gestión de Guillermo Vallesteros, asesor que oficia como presidente de la firma.
Lo que vuelve más complejo el panorama es la convivencia de dos realidades opuestas en el mismo predio de la Avenida Fuerza Aérea:
Sector Privado: recientemente, se anunció una inversión de $250 millones por parte de la empresa Altaviación para poner en valor el Hangar Norte y ofrecer servicios de mantenimiento civil.
Sector Estatal: los trabajadores denuncian una «parálisis operativa». Aviones como el Grob 120TP están en tierra por falta de seguros, y el soporte técnico para los IA-63 Pampa es inexistente por falta de insumos.
La mayor frustración de los operarios radica en que existen oportunidades reales de exportar el avión Pampa a países como México, Canadá y Perú, lo que generaría ingresos millonarios en dólares. Sin embargo, denuncian que el Ministerio de Defensa mantiene un «silencio administrativo» que bloquea estas operaciones.
Ante este escenario, crece entre los empleados el temor de que la inactividad sea una estrategia para derivar en un uso inmobiliario de los terrenos de la fábrica. Además, cuestionan que mientras no hay fondos para sueldos, la empresa prioriza gastos en alquileres directivos que rondan los 2.500 dólares para personal que viene de Buenos Aires.
La tensión ya se trasladó a las calles. Se registraron cuatro nuevos despidos, lo que motivó protestas en el ingreso a la planta y cortes parciales de tránsito.
El gremio busca ahora comprometer al gobierno provincial en la defensa de la industria aeronáutica cordobesa para evitar que el programa de retiros voluntarios, que intenta desvincular a otros 200 operarios, derive en un cierre definitivo de la capacidad productiva de la fábrica.

En el Correo Argentino frenaron los despidos y siguen denunciando vaciamiento

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones informó un principio de acuerdo con Correo Argentino para la reincorporación de los 400 trabajadores y trabajadoras telepostales que habían recibido el telegrama de despido el lunes 27 de abril.
El gremio anunció que se levantaron las medidas de fuerza previstas para el lunes 4 y martes 5 de mayo, que incluían un paro de 48 horas, aunque seguirá en estado de alerta exigiendo salarios dignos.
Carlos Andrés Serantes, secretario general de FOECYT La Plata, explicó que el origen del conflicto es previo al envío de los telegramas y advirtió que el plan de ajuste podría alcanzar a 900 trabajadores: “Esto comienza el 7 de abril, el día del trabajador telepostal, que por convenio ese día no se trabaja, y la empresa nos obligó en forma unilateral a tener que trabajar el día que tenemos libre los trabajadores”.
Serantes explicó que “a partir de ahí empezó la medida de movilización y estado de alerta, asambleas de una hora por turno en los lugares de trabajo pidiendo un salario digno”, y agregó: “Un trabajador con cinco años de antigüedad siendo distribuidor cartero cobra 700.000 pesos, de los cuales el 30% es en negro”.
La situación salarial llevó a trabajadores y trabajadoras a aceptar la propuesta de retiros voluntarios, que en muchos casos implicó demoras en el pago de las indemnizaciones y la salida a un mercado laboral en crisis.
El secretario general alertó que este vaciamiento tiene como fin la privatización del Correo Argentino, que tiene partes operativas ya en manos de privados y que compite en peores condiciones con las empresas de paquetería que no cumplen con regulaciones estatales.
“Es una empresa que está en la línea verde de las empresas del Estado que quieren privatizar. Aerolíneas Argentinas y el Correo son las únicas dos que están dando superávit. No hay una ley que regule el mercado postal y entonces hay algo sistemático acá, que hay un vaciamiento para una futura privatización”, aseveró.

Fuentes: La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, InfoGremiales, Radio Trinchera / Agencia FARCO

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.