Los gremios docentes y no docentes universitarios convocan a un paro

También, este miércoles 12 de agosto, a las 16:00, habrá convocatoria en el Obelisco para ponerse la camiseta en defensa de la Ciencia, la Tecnología y las Universidades nacionales. En defensa del salario y contra los despidos en Ciencia y Técnica.

A través del ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, el Gobierno respondió al anuncio de los gremios universitarios, que convocaron una nueva medida de fuerza para el próximo 12 de agosto bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”.
Para la cartera educativa el paro resulta “prematuro” porque, según su interpretación, no existe ningún incumplimiento respecto de la negociación salarial vigente. Además, recordaron que el pasado 10 de junio se firmó un acta paritaria que fijó un incremento total del 24,33%, distribuido en dos tramos: un 21,33% en junio (ya liquidado y percibido por el personal docente y no docente) y un 3% estipulado para octubre.
Asimismo, se acordó un cuarto intermedio con fecha límite de negociación hasta el 15 de septiembre, por lo que consideran que la huelga carece de sustento.
El secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, sostuvo que el Gobierno mantiene una actitud de “indiferencia” frente a los reclamos del sector y afirmó que la administración libertaria desconoce obligaciones establecidas por leyes y fallos judiciales.
Además, desde los gremios universitarios cuestionan que los incrementos salariales acordados resultan insuficientes frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada y reclaman el cumplimiento de una medida cautelar respaldada por la Corte Suprema, que establece una actualización de los salarios de manera retroactiva a noviembre de 2023 tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según las estimaciones del frente universitario, la recomposición necesaria para cumplir con ese fallo debería alcanzar el 29,5%. “Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio”, señaló Cagnacci, quien agregó que los trabajadores universitarios no buscan interrumpir las clases, pero consideran que la situación los llevó a tomar medidas de fuerza.
Las organizaciones sindicales plantean tres reclamos principales: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la aplicación de una medida cautelar vinculada a salarios y becas, y la transferencia de fondos adicionales destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios.
A partir del sector universitario denuncian que el Poder Ejecutivo lleva casi 300 días sin ejecutar la ley aprobada por el Congreso Nacional. Además, sostienen que el Gobierno no aplicó una actualización salarial vinculada al fallo judicial que dejó vigente la obligación de recomponer los ingresos del sector.
Del mismo modo, los gremios aseguran que tampoco se concretó el giro del 20% de aumento correspondiente a los gastos de funcionamiento de las universidades ni la partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas.

La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei para no cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una de las normativas que el oficialismo se niega a cumplir desde el mismo momento en que fue sancionada por el Congreso de la Nación.
De esta manera, dejó firme las cautelares que obligan al Estado nacional a pagar al personal docente y no docente. También se obliga al Poder Ejecutivo a cumplimentar el fondo de becas para alumnos.
“Al gobierno nacional ya no le quedan excusas. Hasta la Corte tuvo que fallar a favor de la medida cautelar. Sabemos que los tiempos de la Corte no son ajenos al clima político, por eso esto también es producto de la lucha de la comunidad universitaria”, valoró Clara Chevalier, Secretaria General de la Federación Docente CONADU.
Cabe recordar que el oficialismo insiste desde el año pasado con el no cumplimiento de la norma. La causa nació a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales donde se buscaba invalidar el decreto 759/2025, mediante el cual Javier Milei se negaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y decidía unilateral e inconstitucionalmente que sólo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
En la resolución firmada, el máximo tribunal remitió a lo resuelto el 4 de junio de 2026, en el incidente de recusación con causa correspondiente a la misma causa. La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.
El rechazo del recurso extraordinario dejó firme lo resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había dejado firme el fallo de primera instancia. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que en diciembre ordenó al gobierno aplicar la ley.

El gobierno sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia

El gobierno nacional continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la cual rechazó la apelación del Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes.
El Frente Universitario presentó una nota formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y una notificación a la Justicia por el incumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma.
Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, sostienen que el máximo tribunal solo falló sobre una cautelar y no sobre la inconstitucionalidad de todo el DNU que suspendió la ley, por lo que el conflicto de fondo sigue abierto.
El secretario administrativo y financiero de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca, se pronunció sobre el reciente fallo de la Corte Suprema: “La decisión judicial mantiene vigentes los reclamos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones gremiales, en especial los vinculados a los artículos 5 y 6 referidos a la recomposición salarial de los docentes y no docentes, y al financiamiento de las becas estudiantiles”.
Coca aclaró que el fallo no implica todavía la aplicación total de la ley, ya que el máximo tribunal debe resolver la cuestión de fondos sobre los recursos presupuestarios.

Ponete la camiseta

Este miércoles 12 de agosto, a las 16:00, habrá convocatoria en el Obelisco para ponerse la camiseta en defensa de la Ciencia, la Tecnología y las Universidades nacionales. En defensa del salario y contra los despidos en Ciencia y Técnica.

La inversión educativa se redujo casi a la mitad desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada

Los financiamientos para esta partida y para Cultura sufrieron un ajuste mayor al del gasto nacional general, lo que les hizo perder participación en el PBI y dentro del Presupuesto total. Además, la Ciencia en el Presupuesto nacional retrocedió 46,5% en lo que va de la gestión libertaria, de acuerdo al Grupo EPC. El nivel más alto que alcanzó en toda la última década se registró en 2015.
El reporte “el futuro del financiamiento educativo en debate”, elaborado por investigadores del instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, revela que el retroceso de la inversión en educación alcanzó el 47,7% entre 2024 y 2025.
En 2024 se contrajo significativamente el financiamiento nacional destinado a las políticas educativas. Dentro del presupuesto, la función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su proporción en el PBI en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. “Si bien este comportamiento se produjo en el marco de un proceso más amplio de reducción del gasto público nacional, la contracción educativa fue más profunda en términos relativos”, reveló el reporte. Como resultado, la participación de Educación y Cultura dentro del gasto total de la administración pública nacional también cayó al compararse contra los años previos.
El año pasado esta política fue consolidada por el presidente, Javier Milei, quien generó una disminución real del 7,9% respecto de 2024. El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades, programas de apoyo a estudiantes y transferencias a provincias. Las transferencias destinadas al financiamiento universitario registraron una merma real del 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5%, siempre calculado luego de quitar el efecto de la inflación.
“La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría de Educación”, resaltó el reporte. Por esto, el financiamiento educativo nacional se redujo en términos agregados, pero el ajuste no fue homogéneo entre todos los programas.
“En el último mes, el Gobierno nacional avanzó hacia la liquidación final del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, advirtió el Grupo EPC en su último estudio. La ejecución de la Función Ciencia del Presupuesto Nacional (FCyT) retrocedió en junio un 2,7% en relación al mismo período del año anterior. El deterioro de esta partida, que concentra la mayor porción de la inversión estatal en el sector, alcanzará el 8,8% en 2026, con lo que totalizará un recorte del 46,5% en lo que va de la administración de Milei. Al igual que la educación, también casi la mitad del presupuesto que tenía asignado en 2023, con el gobierno de Alberto Fernández.
En su último informe de análisis presupuestario, el grupo de trabajo del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innova10ción (Ciicti) explicó que el golpe ejecutado al presupuesto del sector profundizó la caída de la ciencia a sus mínimos históricos. Lo dejó en torno al 0,151% del PBI actual.
Esto implica que Milei viola la legislación al decidir pasar la motosierra por este sector. “La cifra se encuentra muy lejos del 0,298% alcanzado en 2023 y más aún de la estipulada por la suspendida Ley de Financiamiento de la Ciencia, que obligaba al Gobierno a disponer del 0,52% del PBI para este año”, explicó Nicolás Lavagnino, director del Grupo EPC.
El Gobierno continuó el ajuste al Conicet, al que le ajustó sus partidas cerca del 8% adicional. El organismo, cuyo presupuesto consiste en un 96% en salarios y becas de formación, perderá 34,7% de su presupuesto respecto a 2023 y 37,3% desde 2015. El Grupo EPC aseguró en su informe que “en ningún caso la caída es tan extrema como en el de la Agencia I+D+i, que pierde el 88,6% de su presupuesto, considerando la ejecución real acumulada del primer semestre contra el 2023”.
En su informe educativo, la UBA le dedica un capítulo al análisis de la propuesta libertaria de subsidiar a las familias en lugar de a las instituciones, a través de becas, bonos o créditos fiscales. Un financiamiento de la demanda, en lugar de a la oferta, como históricamente sucede en Argentina.
El proyecto de Libertad Educativa, que Milei ha elogiado, establece que las jurisdicciones deberán crear sistemas de transferencias a las instituciones de educación básica privadas. En la ley vigente, el financiamiento a la educación privada se menciona en el marco de la supervisión y, en ciertos casos, subvenciones, pero sin el mandato de “regularidad” que propone la nueva ley. Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, estableciendo igualdad jurídica en el acceso al financiamiento público entre escuelas estatales y privadas, en la práctica, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Estos cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad.
Los alcances de estas políticas enfocadas en la educación de gestión privada tienen un impacto muy acotado en relación al sistema educativo nacional, ya que la matrícula se encuentra altamente concentrada en las instituciones públicas, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que entre los porteños la cantidad de estudiantes que pagan por estudiar se acerca a la mitad del total, a nivel país el número es del 30% para jardín de infantes, 26% para primaria y 28% para secundaria.
El sistema de Milei, entonces, acentuaría la escasez de oportunidades en el interior, con lo que pretende concentrar aún más a la población en la capital nacional. “Estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”, remató el informe.

Milei le da millones a la SIDE mientras desfinancia la universidad pública
Por Matías Hof

Por decreto el Gobierno reasignó $49.261 millones para la SIDE, incluyendo $7.466 millones en gastos reservados sin control público. Mientras fortalece el aparato de inteligencia, el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y mantiene el ajuste sobre salarios, becas y jubilaciones.
El Gobierno nacional volvió a dejar en claro cuáles son sus prioridades. Mientras mantiene el ahogo presupuestario sobre las universidades nacionales y se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, Javier Milei autorizó una nueva transferencia millonaria para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026, el Poder Ejecutivo reasignó $49.261 millones para el organismo de inteligencia, incluyendo miles de millones en gastos reservados que permanecen fuera del control público.
La decisión profundiza una orientación que se repite desde el inicio del gobierno libertario. Mientras se recortan recursos para la obra pública, se congelan salarios y jubilaciones y se desfinancia la educación pública, la SIDE vuelve a ser una de las principales beneficiarias de las ampliaciones presupuestarias.
Los fondos serán administrados por la conducción de la SIDE encabezada por Cristian Auguadra, funcionario alineado directamente con Santiago Caputo. Según el decreto, $31.396 millones estarán destinados a gastos de personal, otros $9.400 millones a la adquisición de equipamiento informático y $7.466 millones se asignarán a gastos reservados. Se trata de partidas cuyo destino permanece bajo secreto y que escapan a los mecanismos habituales de publicación y control presupuestario, por lo que resulta imposible conocer en qué se utilizarán concretamente. Fondos de este tipo con casos de corrupción abiertos como el de Manuel Adorni generan sospechas más que justificadas.
Aunque el Gobierno presenta el superávit fiscal como un objetivo innegociable, el propio decreto demuestra que existen recursos cuando se trata de fortalecer las áreas consideradas prioritarias por la Casa Rosada. Para financiar parte de esta reasignación se reducen partidas previamente asignadas a empresas públicas. ENARSA pierde $238.395 millones y Nucleoeléctrica Argentina S.A. otros $65 millones.
Mientras se incrementan los recursos para la SIDE, el Gobierno continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, mantiene congeladas las becas Progresar, sostiene el deterioro de los salarios estatales y de las jubilaciones y continúa trasladando el costo del ajuste mediante los tarifazos en los servicios públicos.

Fortalecer el espionaje para sostener el ajuste

El contraste resulta todavía más preocupante al observar la situación de las universidades nacionales. Mientras el presupuesto de la SIDE aumenta por decreto, el oficialismo continúa negándose a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, desoyendo incluso el fallo de la Corte Suprema que lo intimó a aplicarla.
Hace apenas unas semanas, el Gobierno, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las conducciones sindicales firmaron un acuerdo que consolidó buena parte del ajuste sobre el sistema universitario. El acta estableció una recomposición salarial del 21,3 % para junio y otro 3 % para octubre, muy por debajo del 54 % previsto por la Ley de Financiamiento Universitario.
Además, lo firmado dio al Gobierno la posibilidad de no pagar la retroactividad correspondiente desde octubre de 2025, cuando la ley fue sancionada. En los hechos, el Estado dejó de abonar alrededor de dos meses y medio de salario que correspondían a docentes y no docentes. Con el DNU también asignaron los recursos para cumplir dicho acuerdo.
A cambio, los rectores obtuvieron un incremento del 20 % para gastos de funcionamiento, una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios y fondos específicos destinados a programas de capacitación sindical. Mientras tanto, las becas Progresar permanecieron congeladas y los salarios docentes y no docentes continúan ubicándose en muchos casos por debajo de la línea de pobreza.
Esta nueva inyección de recursos para la SIDE se suma a los $100.000 millones asignados mediante otro DNU en 2024 y a las posteriores ampliaciones presupuestarias realizadas durante 2025. No se trata de una decisión aislada sino de una política sostenida de fortalecimiento del aparato de inteligencia.
El mensaje del Gobierno vuelve a ser claro, mientras la universidad pública debe seguir funcionando con presupuestos licuados y salarios deteriorados, el aparato de inteligencia recibe nuevos recursos, incluyendo partidas reservadas cuyo destino permanece oculto para la sociedad.
Frente al fortalecimiento del aparato represivo impulsado por Milei y Caputo, y ante la tregua firmada por las conducciones universitarias, se vuelve indispensable profundizar la autoorganización de estudiantes, docentes y no docentes. La pelea por el presupuesto educativo debe unirse a la lucha de los jubilados, los movimientos sociales y el conjunto de la clase trabajadora para derrotar el plan de ajuste y poner los recursos en función de las necesidades de las grandes mayorías.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) sigue jugando en las grandes ligas

La casa de estudios logró defender su lugar de privilegio y se ubicó en el puesto 84 del flamante QS World University Rankings 2027. Este logro no es menor: es la única institución de toda América Latina que logró meterse dentro del codiciado top 100 mundial. Pero la celebración viene con un sabor agridulce, ya que el desfinanciamiento nacional empezó a pasar factura y abrió grietas en áreas clave de la investigación científica.
Para dimensionar el logro, hay que mirar los números fríos. La consultora británica Quacquarrelli Symonds evaluó a más de 8.800 universidades de 106 países. En ese océano académico, la UBA sacó chapa en dos dimensiones donde logró meterse en el selecto top 50 global: alcanzó el escalón 34 en Reputación Académica y brilló en el puesto 24 en Resultados de Empleabilidad. Básicamente, el mundo reconoce la excelencia de sus aulas y las empresas se pelean por contratar a sus graduados para posiciones de liderazgo.
La contracara de este prestigio histórico es el impacto directo del ajuste económico en la ciencia. El ranking británico detectó un retroceso preocupante en el indicador que mide las «Redes Internacionales». Este ítem evalúa la capacidad operativa de generar papers y publicaciones científicas en conjunto con investigadores de otros países. La falta de recursos cortó los lazos y frenó proyectos, demostrando que no se puede sostener el prestigio global sin los fondos necesarios.
El rector de la institución, Ricardo Gelpi, no esquivó la realidad. Dijo que mantenerse en la cima demuestra que «el esfuerzo de docentes, no docentes e investigadores no es en vano», pero advirtió al mismo tiempo que el desfinanciamiento de los últimos años ya muestra consecuencias directas. Lejos de bajar los brazos, señaló que este reconocimiento redobla la responsabilidad de la universidad frente a una sociedad que confía ciegamente en la educación pública.
Desde Londres, la mirada fue igual de analítica. Ben Sowter, vicepresidente de QS, elogió la capacidad de enseñanza argentina, pero puso el dedo en la llaga al hablar de la ciencia. Explicó que la presión por la falta de fondos, la crisis salarial y las movilizaciones masivas generaron una profunda inquietud internacional. La duda que queda a nivel global es si el país podrá garantizar la continuidad de sus programas científicos con semejantes restricciones presupuestarias.
En esa misma sintonía, el vicerrector, Emiliano Yacobitti, aprovechó los resultados para pedir que se cuide lo que verdaderamente funciona. Planteó que es importante abrir una nueva etapa de diálogo institucional para «poner en el centro la discusión sobre qué universidad necesita la Argentina» de cara al futuro. Para que ese debate tenga sentido y no sea solo un deseo, exigió la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Más allá de la feroz competencia internacional, el desempeño de la UBA dentro de las fronteras argentinas es sencillamente imbatible. Si el sistema de educación superior del país fuera un campeonato, la institución porteña se llevaría la copa, liderando de manera indiscutida seis de los nueve parámetros que exige la estricta metodología de Quacquarrelli Symonds.
Los puntos donde la UBA mira a todos desde arriba van desde su prestigio académico hasta la excelente valoración que hacen las empresas al contratar a sus egresados. También marca el ritmo en cuestiones de sostenibilidad, en la llegada de profesores extranjeros y en sus redes de investigación, incluso llevando la pesada mochila del ajuste a cuestas.
Estos números confirman que sigue siendo la nave insignia indiscutida de la educación en Argentina. La foto que deja el ranking 2027 es clarísima: a la UBA le sobra talento humano para sentarse en la mesa de las potencias del primer mundo, pero necesita que le garanticen los fondos para que su maquinaria científica no se termine apagando.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Perfil, Radio Comunitaria La Lechuza / Agencia FARCO, La Izquierda Diario

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.