El ascenso de la lucha de la clase trabajadora contra el capital financiero, aunado a las negociaciones de México de los minerales críticos y el Mundial de Fútbol en puerta, le imponen a los EEUU mayores niveles de coerción sobre México.
La lucha de la clase trabajadora
Luego de seis años de contención de las movilizaciones de la clase trabajadora por parte del gobierno obradorista, su lucha ha venido ascendiendo. Desde hace un par de años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró en un proceso de reorganización de sus bases en todo el país. El paro del 15 de mayo de 2025, mostró un avance significativo: se lograron movilizar entre 10 mil y 20 mil personas de manera permanente durante los 24 días que duró el plantón en el Zócalo capitalino.
La CNTE ha venido fraguando procesos de repolitización entre sus bases; sin grandes reflectores mediáticos. La semana pasada aceleraron el paso, iniciaron brigadeos en todo el país (https://goo.su/uunsCn). La lucha contra la ley del ISSSTE —que forzó a las y los trabajadores estatales a ingresar en las AFORE— está siendo un fuerte cohesionador incluso más allá del gremio. Se abre la posibilidad de que las próximas acciones logren aumentar su fuerza. Tan solo si duplican el número, podrían llegar a una fuerza en calle de más de 40 mil personas de manera permanente —para darse una idea de lo que esto significa, tómese en cuenta que el levantamiento del EZLN contó con alrededor de 12 mil combatientes y la sublevación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) tenía una base magisterial de alrededor de 70 mil personas—. Con el Mundial de Fútbol en puerta, esto plantea serios problemas para las clases dominantes locales y trasnacionales.
No es el único sector organizado. La crisis humanitaria de desapariciones forzadas está acercando las colectividades de búsqueda a la lucha de la clase trabajadora. Así se visibilizó en el reciente evento político cultural “Un rumor se levanta”, que conglomeró distintas luchas anticapitalistas en la Plaza Palestina Libre, ubicada en la Alameda de la Ciudad de México.
Los entrecruces de las diversas luchas, anuncian al viejo topo de la historia en la coyuntura actual o, en otras palabras, anuncian la fuerza organizada de la población mexicana. Los analistas del capital, por supuesto, invisibilizan la organización de la clase trabajadora, la presentan si acaso como un accidente, sin ningún contrapeso en la ecuación geopolítica. Sin embargo, el cálculo no es igual para los agentes del gobierno norteamericano ni su subordinado mexicano que tienen que tomar cartas en el asunto. No olvidemos la resistencia de más de 30 mil personas obreras en Matamoros que culminó con los paros del Movimiento 20/32 en 2019 (con casi nula cobertura de los grandes medios y analistas geopolíticos) y la presión sobre la industria automotriz de EEUU al grado que se incorporó el famoso capítulo laboral en el T-MEC, de ese tamaño fue el peso de la “invisible” lucha obrera (https://goo.su/EvT1hV).
Narconarrativa y acumulación de capital: la Estrategia Kingpin
Con la ejecución del famoso narcotraficante “El Mecho”, se quiere imponer la vieja narrativa falaz de la implementación de la “Estrategia Kingpin”, la cual a nivel declarativo refiere que se combate el fenómeno del narcotráfico mediante la eliminación de los supuestos liderazgos de las estructuras dedicadas a la producción y trasiego de drogas ilegales. Como a nivel visible el fenómeno del narcotráfico continúa rampante, quienes creen que la “Estrategia Kingpin” persigue genuinamente los objetivos que declara, señalan un supuesto “fracaso” de dichas maniobras imperialistas.
No obstante, la “Estrategia Kingpin”, al igual que todas las estrategias y operaciones que las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses han formulado supuestamente para combatir al narcotráfico, tiene objetivos que subyacen el discurso oficial: en realidad buscan agitar el avispero, dando como resultado inestabilidad política y oleadas desmedidas de violencia que configuran escenarios de control social. En ningún momento se proponen acabar realmente con los llamados “cárteles”. Además, generan una situación de reorganización de distintos negocios, donde facciones del Estado mexicano y más sectores de la burguesía nacional e internacional oscilantes entre la legalidad e ilegalidad impulsan la emergencia de una multiplicidad de agrupaciones bajo nuevas siglas, disputándose violentamente diversas fuentes de acumulación de capital en distintas regiones del país, dando como resultado un entramado sumamente complejo a lo largo y ancho de la geografía mexicana.
Hay que insistir que estas estrategias solo han sido señaladas como supuestos fracasos desde la inocencia del sentido común, cuando en realidad son rotundos éxitos de acuerdo a objetivos no declarados. Ahí están las palabra de Gordon Liddy —un personaje clave en el diseño de estas conspiraciones durante la administración de Richard Nixon, quien participó en el Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD), institución inaugurada en abril de 1968 y que para 1973 sería sustituida por la famosa DEA— a propósito de la Operación Intercepción de 1969, quien confesaba que el diseño de dicha maniobra obedecía no al combate al tráfico de marihuana y heroína, sino que era un “ejercicio de extorsión puro, simple y efectivo, diseñado para doblegar a México a nuestra voluntad [obligándolo a aceptar políticas de otra índole]” afirmando, además, que él y otros funcionarios yankis se deleitaban “perversamente” observando los efectos de sus engaños en la población (véase la pág. 185 de su autobiografía https://acortar.link/nmMylR).
La “Estrategia Kingpin”, además, trae el sello de guerra psicológica que solo le puede dar el haber sido impuesta en Latinoamérica durante la administración del único presidente del imperialismo yanki que también fue director de la Agencia Central de Inteligencia: George Herbert Walker Bush (director de la CIA de 1976 a 1977 y presidente de 1989 a 1993); fue ideada desde los 1980’s, pero implementada con mayor insistencia a partir de 1992, con Robert Nieves —agente antidrogas que comenzó su labor en la época de Liddy, precisamente en el BNDD, trayendo esa escuela de tenebras— y Robert C. Bonner en la DEA, jefe de la sección contra la cocaína y director de dicha Agencia, respectivamente.
Esa racionalidad maliciosa no quedó en el pasado. No es cosa de otras administraciones del imperialismo estadounidense. Sigue vigente. El engaño es de igual o mucho mayor magnitud. Hoy tenemos suficientes elementos para decir que la narrativa del supuesto combate al narcotráfico al sur y norte del Río Bravo es una gran farsa, pues grupos como el llamado “Cartel Jalisco Nueva Generación” son perfectamente funcionales al gran capital; entre otras labores, sirven para reordenamientos territoriales en zonas que concentran recursos naturales. Además, empresas estadounidenses son las que han estado suministrando armamento y municiones a esos grupos (https://goo.su/YX9ST1). Si les representaran un verdadero peligro, desde hace años hubieran dejado de ser sus proveedores. ¿Por qué habría que suministrar de armamento a estos grupos y luego descabezarlos para alborotar el avispero? La política hipócrita de EEUU tiene intenciones que no se presentan de manera transparente, sino que se aprecian hasta años después de implementadas.
La confusión surge porque se toma la existencia de los llamados cárteles como organismos autónomos y retadores a los Estados. Nada más lejos de la realidad. Las redes delincuenciales nunca han propuesto proyectos políticos ni económicos opuestos al Estado, a pesar de su nivel de fuego. Por el contrario, se han valido de las leyes del libre mercado capitalista para realizar la venta de sus mercancías ilegalizadas. La historia muestra que la ilegalización de mercancías/sustancias con alto potencial adictivo, es un fuerte estímulo económico que permite elevar los precios y obtener ganancias extraordinarias, tesis que se deriva de la investigación de Froylan Enciso, De Sinaloa para el mundo. Economía política del narcotráfico (https://goo.su/MCospK).
El papel del Estado capitalista mexicano
La característica laberíntica del fenómeno del narcotráfico en México, que contribuye mucho a la idea de una supuesta “superación” o “autonomía” de estas organizaciones frente al Estado, deriva en buena medida de la relación que tienen con instancias de las Fuerzas Armadas, cuerpos policíacos estatales de élite, cacicazgos políticos, cúpulas burocráticas sindicales y educativas, y sectores empresariales —entre otras— en las distintas regiones de un país tan grande como el nuestro. Tomando en cuenta esto, deducimos que las estructuras paramilitares asociadas a las siglas de “cárteles” son instrumentalizadas desde las sombras por estas instancias y personajes, y desde esa invisibilidad es que estos últimos impulsan disputas de diversa índole, sumamente violentas, en las que son asesinadas miles de personas de la clase trabajadora, sectores populares y comunidades indígenas. Se trataría, entonces, no de una “superación” y “autonomía” de estas fuerzas en relación al Estado, sino de disputas entre distintas facciones de la burguesía y del propio Estado, viendo a este desde una perspectiva “ampliada” en el sentido gramsciano del término y, sobre todo, donde el objetivo final del Estado —que es la dominación de clase— no se ve afectado en su cumplimiento.
En esta dinámica juegan un papel importante, por mencionar solo un importante ejemplo, los comandantes de las 12 regiones militares; territorios que en su mayoría abarcan más de una entidad de la república. El poder de un comandante de una región militar es tanto o más que el de un gobernador. Son actores clave para la gobernabilidad burguesa y actúan en las zonas crepusculares del Estado capitalista, cobijados por instituciones que, en rarísimas ocasiones —o nunca— le rinden cuentas a nadie. Pocas veces se les menciona.
Como emblema de dicha complejidad ahí está el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la forma en que el Ejército, desde la IX Región Militar, instrumentalizaba a la estructura paramilitar de Guerreros Unidos, a quienes la falaz “verdad histórica” atribuía la única responsabilidad de estos hechos, tratando de que la población no viera la inocultable realidad: fue el Ejército, fue el Estado burgués mexicano.Para las burguesías de carne y hueso, muchas de ellas inmersas en la legalidad y la ilegalidad, toda esta dinámica resulta en negocios sumamente rentables. La familia Cuén de Sinaloa, cuyo poder caciquil nos remite al menos al periodo postrevolucionario del Estado mexicano, es un claro ejemplo de ello. No hay organismos criminales autónomos, que en algún momento pervirtieron desde fuera al Estado liberal, sino que el desarrollo interno del Estado capitalista mexicano siempre ha jugado en ambas canchas, teniendo el control de los grupos criminales, dejándolos operar con la condición —no escrita— de no rebasar los límites de su poder de clase. Pero ¿por qué hasta ahora deciden abatir al Mencho?, ¿por qué no lo hicieron antes?
Nuestra hipótesis central es que diseñar e implementar estrategias para la supuesta aniquilación del enemigo formidable permite instrumentalizar políticas de militarización y control poblacional frente al aumento de los cuestionamientos al capital financiero. No hay que olvidar que la ley del ISSSTE de 2007, estuvo precedida por la llamada “Guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, fechada en 2006. El sistema financiero es de los principales responsables para que el ciclo de capital legal-ilegal se realice. Se trata del monumental lavado de dinero que permite la hipertrofia financiera global.
Militarización y reactualización de la doctrina Monroe
El exitoso uso de las Fuerzas Armadas crea la sensación de que el gobierno está haciendo bien su trabajo, como si fueran grupos ajenos al crimen. La ejecución de un “alto” capo permite legitimar la estrategia militar del gobierno, pero, al estar ligado a la expansión del fenómeno del paramilitarismo al mismo tiempo apunta a un mayor aumento de la violencia. Esta narrativa ambigua le permite mayor rango de maniobra a la política imperial. Legitima su injerencia, fortalece el consenso securitario militarista mediante la generación de pánico entre la población. Hay que tener en cuenta que la violencia es muy real, no obstante, la narrativa de un gobierno tomado por el narco anuncia que habrá desprotección. Sin protección es mejor no salir a la calle. Es la narconarrativa reproducida por agentes pro-norteamericanos como María Idalia Gómez o Anabel Hernández, siempre a un paso de solicitar la intervención estadounidense frente a los problemas internos de inseguridad (paradójicamente producidos directamente por la industria militar norteamericana de la cual no dicen nada).
El gobierno imperialista de Trump, que representa los intereses de las grandes corporaciones, no opera por capricho. Y el gobierno mexicano, constantemente chantajeado por su homólogo del norte y coludido con los grandes magnates, es doblegado a la política que dicta EEUU. El enemigo que buscan vencer no es ningún cártel, sino la organización de la clase trabajadora, para someterla a regímenes de explotación y superexplotación laboral que les permitan reactualizar la doctrina Monroe frente a la competencia económica de China y militar de Rusia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.