El salario mínimo pasó de 278.80 pesos diarios en 2025 a 315.04 pesos diarios en 2026 (un incremento de 36.24 pesos), lo que significa que en este año un trabajador asalariado recibe 2,205 pesos a la semana y, por consiguiente, 8,821 pesos al mes. Cabe mencionar que desde hace tiempo el actual gobierno mexicano presume como timbre de orgullo estos incrementos nominales al salario mínimo que se han implementado desde la llegada de Morena a la presidencia de la república. Y es cierto, en términos nominales, debemos reconocer que son incrementos superiores a los que se implementaron durante los gobiernos del PRI o del PAN.
No obstante, esta visión parcial es intencionalmente engañosa porque los aumentos al salario mínimo se comparan con los incrementos de los gobiernos anteriores o bien con el aumento al salario mínimo del año anterior inmediato; pero una visión más completa y rigurosa requeriría, además, contrastar el monto nominal del salario mínimo con los precios de los productos en el mercado, es decir, en términos reales, esto ocurre cuando el trabajador acude al mercado a adquirir los productos para satisfacer sus necesidades más elementales para él y su familia: cuando comprueba en los hechos -en el mercado- el poder adquisitivo de su salario.
Los trabajadores debemos comprender pues la diferencia que existe entre el salario nominal y el salario real. El primero está definido por la cantidad de dinero que recibimos de salario a cambio de nuestra fuerza de trabajo; el segundo está definido por la capacidad adquisitiva que tiene el salario al momento de adquirir las mercancías que sirven para satisfacer nuestras necesidades.
Ahora bien, este planteamiento viene a cuento en virtud de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su informe de febrero del año en curso, sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), -una medida que registra el cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios del consumo de los hogares del país-, anunció que en promedio la inflación en los meses de enero y febrero de 2026 fue de 3.79 y 4.02 por ciento, respectivamente.
Por otro lado, el propio INEGI, en su informe de febrero del año en curso pero relativo a la Canasta básica y las Líneas de pobreza extrema por ingresos, cuyos cálculos se realizan precisamente con base en el INPC, destaca que el costo de la canasta alimentaria, en la zona urbana, alcanzó un monto de 2,486.40 pesos mensuales por persona y la canasta alimentaria y no alimentaria alcanzó un monto de 4,843.11 mensuales por persona, lo que significó un incremento promedio del 5.1 por ciento, en comparación con el mismo mes del año pasado. De modo que la canasta alimentaria (5.1%) aumentó más que la inflación (4.02%).
Así las cosas, una familia de cuatro integrante, tan solo para comer, requeriría un ingreso de casi 10 mil pesos, por tanto, un jefe de familia que gana el actual salario mínimo no cuenta con los ingresos suficientes que le permitan siquiera darle de comer bien a su familia. Y ya ni hablar de los gastos de la canasta no alimentaria que incluye, entre otros, educación, salud, cultura o transporte, que sólo podrían atenderse con un ingreso mensual superior a los 20 mil pesos. En este marco de penurias y necesidades el incremento de 36 pesotes diarios para 2026 ¿en verdad alguien cree que alivia la lacerante miseria en que viven millones de mexicanos? De ninguna manera, se trata de un nuevo espejismo.
La inflación y la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores podrían verse solo como fríos indicadores económicos, pero bien vistos nos permiten entenderlos como referentes que nos muestran el grado de pobreza que sufre y sufrirá la población; por ejemplo, la imposibilidad de adquirir la canasta básica alimentaria anuncia a todas luces una mala alimentación para nuestros hijos, que, entre muchas otras cosas, provocará anemia, desnutrición, debilitamiento y un bajo rendimiento escolar.
Dicho en otras palabras: estos cambios en los precios de las mercancías significan pues una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y, por tanto, una repercusión negativa en el bienestar de las familias mexicanas.
En contraparte, también en febrero de este año, Oxfam México publicó un informe titulado “Oligarquía o democracia” en el que se afirma que “Hoy, México es uno de los países más desiguales del mundo. El 1 % más rico de la población —apenas 1.3 millones de personas— percibe 35 % del ingreso total, posee 40 % de la riqueza privada nacional y es responsable del 23 % de las emisiones contaminantes. Esta concentración extrema convive con 18.8 millones de personas sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar […] En los últimos 30 años, la concentración extrema de la riqueza se ha consolidado en México. Los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tantos ni tan ricos como hoy […] Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina y el Caribe, nunca había acumulado una fortuna tan grande. En el mismo periodo, los milmillonarios mexicanos duplicaron su fortuna conjunta en apenas cinco años […] Esta concentración no es producto del mérito individual, sino de un modelo económico injusto que depende del trabajo de millones de personas y de los recursos de todo el territorio nacional, pero distribuye sus beneficios entre muy pocos. Los milmillonarios se enriquecen a costa del tiempo, la precariedad y la incertidumbre de millones de personas”.
Como podemos ver, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores se explica por la creciente concentración extrema de la riqueza social que se apropia un puñado de ultrarricos en nuestro país. Por tanto, con el paso de los años, los trabajadores debemos comprender que el problema de la pobreza y la desigualdad en México no se explica por la “corrupción” en el gobierno como se nos repitió hasta el hartazgo, sino que obedece al injusto modelo económico capitalista que está diseñado precisamente para obtener el máximo de ganancia en favor del capital, a costa de la explotación de la fuerza de trabajo y de la pobreza de millones de obreros.
En 2025 la economía mexicana creció un 0.7 por ciento, su cuarto año consecutivo de desaceleración; y para el 2026 las proyecciones de algunos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional prevén un crecimiento económico por debajo del 1 por ciento. En suma, en el terreno de la economía nacional nos espera un minúsculo crecimiento económico, una mayor concentración de la riqueza en manos de unos cuantos milmillonarios, un aumento gradual de la inflación y, por consiguiente, una mayor pobreza y desigualdad para la clase trabajadora. Un negro panorama.
A pesar de todo ello, no debe existir lugar para la resignación. Ante esta adversa realidad, los trabajadores debemos prepararnos para enfrentar los embates del capitalismo salvaje que vivimos; de modo que la tarea del momento para los trabajadores no puede ser otra que promover la organización y la lucha combativa en defensa de nuestros intereses de clase. No hay de otra.
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