Un fallo de una cámara neoyorquina liberó al Estado argentino de la sombría amenaza del pago de una indemnización milmillonaria en dólares. Se abrió de inmediato la disputa por la paternidad del alivio judicial, en días azarosos para un gobierno acorralado por el tono grisáceo del panorama económico y los casos de corrupción de reciente conocimiento público.
Fue después de unos días de vértigo con continuas revelaciones que ponen en serios aprietos la pretensión de honestidad e integridad moral de la actual gestión gubernativa. De la que ha hecho gala con insistencia digna de mejor causa. El presidente y los altos funcionarios se encontraron con un alivio que vino desde el norte a través de una decisión judicial.
Nos referimos, claro, a una sentencia de la cámara de apelaciones del segundo circuito de New York conocida ayer. La que revocó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska que imponía a Argentina el pago de una indemnización de alrededor de 16 mil millones de dólares.
Corresponde no dar por sentada y justificada la contingencia de que un conflicto legal y de intereses con fuentes en Argentina y que versa sobre una gran empresa nacional sea tramitado ante el poder judicial estadounidense.
Y resuelto en sentido desfavorable para nuestro país a miles de kilómetros de nuestra frontera. El origen de lo que debería ser una anomalía aparece a partir de normas privatizadoras que aceptaron la jurisdicción de tribunales extranjeros.
Una concesión inadmisible a las exigencias del capital foráneo que tuvo amplio despliegue durante la década menemista. Resulta pertinente la interrogación acerca de en qué futuro brumoso un gobierno argentino dará el carpetazo a ese desdoro de la soberanía nacional. Hacia el futuro y asimismo con carácter retroactivo.
Lo que soslayaría nuevas humillaciones. Está fresco aún en la memoria colectiva el embargo del buque escuela “Libertad” por acreedores extranjeros ávidos de cobrar las deudas de matices delictivos de las que se favorecen.
Un día de jolgorio “libertario”.
El gobierno recibió la noticia con euforia. Según versiones no faltó ni el brindis con champán en las oficinas del asesor Santiago Caputo. Con buena parte del gabinete presente chocando las copas.
Javier Milei no tardó nada en el aprovechamiento de la volada para deshacerse en insultos. Al parecer siguió una estrategia trazada por el otrora todopoderoso colaborador. “Inútil e imbécil” fue el galardón para Axel Kicillof, viceministro de Economía al momento de la expropiación de parte de las acciones de la petrolera YPF.
“Chorra y presidiaria” fueron los calificativos ofrendados a Cristina Kirchner. De nuevo “Milei puro” que sepulta la modosidad del lenguaje que mantuvo durante el período electoral. Los efectos sobre su imagen pública serán medidos por encuestadoras amigas. El saldo puede ser negativo. La enmienda presidencial, improbable.
Como le recordó el gobernador bonaerense, el “libertario” tiene poco asidero para jactarse del veredicto proveniente de EE.UU. Milei supo en su momento ser un valedor de las demandas de los fondos financieros encabezados por Burford y Eton Pak.
Nada llamativo, apenas una muestra del alineamiento cotidiano del mandatario argentino con los objetivos del gran capital. Una de las tantas comprobaciones de su ajenidad respecto a nada que pueda ser llamado “interés nacional”, de cualquier forma que se lo defina.
Otro “detalle” radica en que el tribunal estadounidense tomó un argumento central de la defensa jurídica argentina. El mismo que fue esgrimido con persistencia por Kicillof. Con base en que si Argentina había infringido una disposición del estatuto de la empresa petrolera, esa norma era de jerarquía inferior a la ley de expropiaciones y el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y por lo tanto esas reglas ceden ante normas de nivel superior.
Este último regula las expropiaciones, permitiéndolas por causa de «utilidad pública», calificada por ley y mediante una indemnización previa. Requisitos que fueron cumplidos en la disposición de compra de la mayoría de las acciones de la petrolera, acogida en una ley del Congreso Nacional votada por una vasta mayoría.
La promoción de los derechos del Estado argentino estuvo en su momento a cargo de Raúl Zannini. Y luego de Sebastián Soler, procurador del Tesoro durante la gestión del presidente Alberto Fernández. A los de La Libertad Avanza (LLA) les tocó el último tramo del juicio, sustentado en idénticas razones que las alegadas por sus predecesores.
La sentencia de ayer podría marcar el final de lo que supo ser un padecimiento para el Estado argentino desde los tiempos del muy antipático juez Thomas Griesa. Más aún desde el pronunciamiento de primera instancia que lanzó sobre el país la posibilidad de tener que pagar una suma gigantesca. La que los técnicos estiman en cerca del 45% del presupuesto anual de gastos de la administración pública.
Utilizamos el potencial porque tal vez reste la intervención de la Corte Suprema estadounidense como instancia final en la resolución del conflicto. La apertura de ese andarivel resulta dudosa.
A diferencia de su homóloga argentina La Corte Suprema de Estados Unidos selecciona de manera discrecional los casos que decide revisar. Sólo acepta aquellos que presentan contradicciones en fallos de tribunales inferiores o que abordan cuestiones de derecho con relevancia nacional.
La segunda perspectiva parece no corresponder a este litigio. La segunda depende de la relevancia que asigne ese tribunal a la contraposición entre el fallo inicial y el de apelación.
YPF. Carácter y perspectivas.
Cabe la observación de que la mayor petrolera del país no fue en realidad “reestatizada” como suele sostenerse. Es hoy una empresa de capital mixto, con mayoría estatal. Funciona como una sociedad anónima de derecho privado. El Estado nacional posee el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante cotiza en las bolsas de Buenos Aires y New York.
El nombramiento de Miguel Galuccio como CEO fue uno de los rasgos que denotaron que guiaban al gobierno K finalidades mercantiles y no objetivos de política pública asociados a un proyecto estratégico desligado de las ganancias empresarias.
Quien fuera CEO desde 2012 a 2016 había tenido desempeño inicial en YPF. Pero a la hora de su regreso a la compañía llevaba varios años como alto ejecutivo de petroleras multinacionales. A poco tiempo del inicio de su administración cerró un acuerdo con el gigante californiano Chevrón. Al año siguiente hizo lo propio con Petronas, empresa estatal malaya.
Terminada su gestión quedó al frente hasta hoy de Vista Energy (antes Vista Oil), una gran petrolera privada que es al presente la segunda productora de sale oil (gas no convencional) en la formación de Vaca Muerta. La tendencia del kirchnerismo al reclutamiento de funcionarios situados en la supuesta “vereda de enfrente” tuvo en este caso un ejemplo palmario.
No formó parte de los propósitos del gobierno en ejercicio en 2012 configurarla como una empresa de derecho público, ciento por ciento de propiedad estatal. La decisión de hace casi una década y media tomó sentido y gravitación en su momento. Fue a partir de que el año anterior había sido verificado el potencial para la producción de hidrocarburos no convencionales en grandes cantidades en Vaca Muerta.
Sin duda éste fue un factor desencadenante del nuevo avance del sector público sobre la empresa insignia que había ido a manos privadas en el ciclo de privatizaciones de la década de 1990.
Como es sabido, la proyección de la cuenca neuquina no dejó de afianzarse desde entonces, respaldada por los sucesivos gobiernos. Sin distinciones ideológicas ni partidarias.
Hoy se torna una perspectiva exportadora en crecimiento. Hasta el punto que hay quienes evalúan que en unos años podría poner fin al espectro de la “restricción externa”. Denominación de la cróncia escasez de dólares provenientes de exportaciones para el afronte de necesidades crecientes de importación.
El alcance de la “victoria”.
Lo cierto es que el gobierno en crisis se encontró con la posibilidad de esgrimir un triunfo como propia, aunque sea ajeno en lo sustancial. Salió a capitalizarlo con su grandilocuencia y altanería habitual. Lo proclamó el “éxito más grande de la historia” del desempeño judicial del país. Y como vimos, acompañándolo con el insulto a los enemigos que cultiva a diario con pertinacia.
Está por verse si conseguirá distraer a la opinión pública de la seguidilla de noticias ligadas a la corrupción. El poco comprensible incremento del patrimonio de Manuel Adorni ha sido la pesadilla más reciente.
La estafa de la criptomoneda Libra y las revelaciones del celular de Mauricio Novelli es en cambio la de mayor capacidad de daño. La asociación de ribetes más que sospechosos con una pandilla de marginales del mundo de las finanzas salpica sin rodeos a ambos hermanos Milei.
La circulación de sumas precisas de dinero por diversos conceptos non sanctos disminuye las dificultades de comprensión que tenían los argentinos de a pie de las complejidades del mundo krypto. Lo que disminuía la repercusión del entuerto.
De cualquier manera hubo un soplo de oxígeno. La eximición de un pago que pudo haber tenido muy graves consecuencias para las finanzas nacionales y su proyección propagandística atenúa la situación de semiasfixia que vivía el oficialismo. Habrá que seguir en qué magnitud esto se produce.
Un toque de atención para los analistas propensos a miradas lineales. De un modo en que tienden a ver como catástrofes inexorables a los que pueden ser apuros susceptibles de superación, sea por acciones que las contrarresten o por la mera acción erosiva del tiempo.
Las próximas semanas comenzarán a traer la respuesta. Por lo pronto se rompió el silencio acoquinado de una administración sorprendida y abrumada por la magnitud de las marchas de memoria y protesta que sacudieron la esfera social y política este 24 de marzo.
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