Bolivia ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales mediante la Ley Nº 1257 del 11 de julio de 1991. Esta norma ratifica el convenio adoptado en Ginebra en 1989, convirtiéndose en un pilar fundamental para el reconocimiento de los derechos indígenas, la consulta previa y la protección de sus territorios, por lo tanto, es de obligado cumplimiento.
La Ley Marincovich, ha obviado este aspecto –la consulta previa– y como todo terrateniente ha dejado de lado un requisito necesario para la aprobación de normas que afecten positiva o negativamente a los pueblos indígenas. No entendemos cómo los parlamentarios, que son los garantes para el cumplimiento de la ley, no se percataron del error que estaban cometiendo, o tal vez superaron este examen de consciencia con una “retribución generosa”. Este tipo de actitud empeora la mala fama y el descrédito de un Parlamento que, se ha demostrado no legisla a favor del pueblo, sino ratifica intereses privados, convertidos en leyes.
La Red de Economía Política, dedicado al análisis y comportamiento de la economía del país no puede dejar pasar una ley que, como hemos argumentado es anticonstitucional, ya que el convenio 169 de la OIT se encuentra integrado a la CPE en el artículo 30, numeral 15 que señala el derecho constitucional: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, es deber de ALP, hacer respetar y garantizar el derecho a la consulta previa.
Asimismo, reconocemos el aporte a la seguridad alimentaria que brinda el pequeño productor de la amazonía, los valles y el altiplano. Actividad que se pone en riesgo debido a la apertura de un mercado de tierras que se esconde detrás de la frase “acceso al crédito”. La experiencia del Banco Agrícola y el despojo de pequeñas propiedades y el perdón a los grandes terratenientes, es parte de esta memoria de avasallamiento permanente de las tierras de comunidad.
Otro de los objetivos, no explicado de la “Ley Marincovich”, es la legalización de propiedades pequeñas y medianas, para reconcentrar la tierra y ampliar la frontera del monocultivo en regiones del oriente boliviano, este aspecto ha sido analizado y estudiado por entidades especializadas en el tema.
El gobierno de Rodrigo Paz que ha demostrado su preferencia por constituirse en “un gobierno al servicio de los intereses económicos de la agroindustria”, no ha tomado en cuenta el carácter anticonstitucional de la medida que muy rápidamente ha promulgado, continuando una gestión de ninguneo a la CPE, como lo hace con todos los decretos aprobados recientemente.
La Red de Economía Política, nos solidarizamos militantemente con los pueblos indígenas de la amazonía que ya han iniciado una marcha hacia la sede de gobierno pidiendo la anulación de esta ley, de igual manera pedimos a la COB que incluya esta demanda en el Cabildo del mes de mayo, para unificar la lucha de los sectores populares que no encuentran otro escenario que los caminos y las calles para hacer escuchar su voz, frente a un gobierno que está decidido a anular derechos consagrados en la CPE.