El DS 5598 de privatización de la electricidad en Bolivia, introduce cambios en la producción y comercialización de electricidad que, en esencia, amplían la participación privada en segmentos estratégicos del sistema eléctrico, revelando el carácter absolutamente Neoliberal de la política económica del Gobierno de Rodrigo Paz, puesto que sacrifica la soberanía energética para favorecer la inversión privada, reabriendo viejos y superados debates que Bolivia ya constató amargamente durante el ciclo neoliberal de los años 90.
El espejo del pasado: privatización y capitalización (1985–2005)
Para entender los efectos de este proceso es imprescindible revisar la privatización y capitalización de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Creada en 1962, ENDE integraba toda la cadena eléctrica -generación, transmisión y distribución- y en su momento producía un 75% de la energía del país. Contaba con importantes plantas hidroeléctricas (Corani) y termoeléctricas (Guaracachi y Valle Hermoso), y registró un crecimiento anual promedio de 16% durante las décadas 60 y 70, llegando a 1990 con niveles de rentabilidad de 3,9% lo que significaba utilidades de Bs 46.000.000 es decir la empresa era sólida y rentable.
Sin embargo, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se impulsó un proceso de privatización condicionado por organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID. A través de acuerdos crediticios y marcos normativos específicos, se promovió la fragmentación de ENDE y la transferencia de activos estratégicos al capital privado. Los resultados de la privatización de ENDE fueron: fragmentación del sistema eléctrico, prioridad de inversión en áreas rentables, incremento tarifario en ciertos segmentos y reducción del control estatal sobre decisiones estratégicas. Lejos de consolidar un sistema eficiente y equitativo, la capitalización profundizó desigualdades, desaceleró el acceso y subordinó la planificación energética a intereses corporativos.
Recuperación patriótica de la Soberanía Energética (2008 – 2012)
En contraste, la nacionalización de ENDE iniciada en 2008 y consolidada entre 2010 y 2012, permitió al Estado recuperar el control del sector eléctrico. Mediante DS 0493 (2010) y DS 1448 (2012) se estatizaron empresas clave como Corani, Guaracachi, Valle Hermoso, TDE, Electropaz y Elfec, buscando garantizar el suministro y la soberanía energética.
La nacionalización generó resultados concretos: aumento de la capacidad de generación eléctrica incluso para la exportación, ampliación de cobertura eléctrica, expansión de redes y desarrollo de proyectos de energías renovables. Estos avances se inscribían en el proyecto “Bolivia, corazón energético de Sudamérica”, no solo para generar divisas diferentes a las tradicionales (minería e hidrocarburos) sino que también para el cambio de la matriz energética; pero como es de conocimiento general, el Golpe de Estado de 2019 truncó estos avances.
Sin soberanía energética NO HAY INDUSTRIALIZACIÓN POSIBLE
El DS 5598 de Rodrigo Paz implica un retorno a un modelo que prioriza la lógica de mercado sobre la planificación estatal. La reducción del rol del Estado en el sector energético no solo afecta la soberanía económica —entendida como la capacidad de decidir sobre la producción y uso de recursos estratégicos—, sino que también limita las posibilidades de industrialización.
La energía es un insumo fundamental para cualquier proceso productivo. Sin una política energética articulada con objetivos de desarrollo industrial, el crecimiento económico queda condicionado a decisiones privadas que no necesariamente responden al interés nacional. La expansión de la generación, la inversión en infraestructura y la fijación de precios, con el DS 5598, podrían alinearse con criterios de rentabilidad antes que con necesidades estructurales del país. Delegar la generación eléctrica al sector privado, significa que estos pueden o no, alinearse a los objetivos de industrialización. Lo que demuestra que, el Gobierno de Rodrigo Paz, no tiene la más mínima intención de emprender ningún proceso de industrialización nacional.
Impactos en la economía nacional y en los sectores vulnerables
Una de las principales consecuencias del Decreto 5598 es la transferencia de ingresos percibidos por el Estado al sector privado. En primer lugar, porque ENDE llegó a una cobertura casi total del mercado interno (95,9%), siendo el 99,6% cobertura urbana y 86,5% rural; en segundo lugar, porque para el 2023 Bolivia logró constituirse en el 4to país exportador de energía eléctrica en Latinoamérica después de Paraguay, Brasil y Chile, llegando a exportar $us 17,83 millones el 2024. En resumen, la capacidad instalada de generación eléctrica de Bolivia llega a 3.600 MW, 1600 MW abastecen la demanda interna y más de 2.000 MW serían destinados a la exportación generando divisas para el Estado. Con el DS esos ingresos serían captados también por los privados.
Otro aspecto sensible es el impacto en los usuarios, especialmente en los sectores de menores ingresos. La evidencia empírica —tanto en Bolivia como en otros países de la región— muestra que la liberalización de servicios básicos suele estar acompañada de: incrementos tarifarios, reducción de subsidios y menor cobertura en zonas no rentables.
En el modelo estatal, ENDE ha permitido mantener tarifas relativamente estables y expandir el acceso incluso en zonas de baja rentabilidad. Este enfoque responde a una lógica redistributiva, donde el Estado absorbe costos para garantizar un derecho básico. Las empresas, por el contrario, buscarán maximizar beneficios, lo que puede traducirse en tarifas más altas o en una segmentación del servicio. Para la población de escasos recursos, esto implica un doble impacto: mayor gasto en servicios básicos y menor acceso en regiones periféricas. En un contexto de presión económica y desigualdad, estos efectos pueden profundizar brechas de desigualdad social.
El remedio peor que la enfermedad
El Decreto 5598 no es una medida técnica aislada. Es una decisión política que redefine el modelo energético boliviano y, con ello, sus posibilidades de desarrollo. ENDE no es una empresa deficitaria, ha reportado un crecimiento sostenido de más de una década y con importantes proyecciones; por supuesto, los capitales privados van donde hay ganancias, no donde hay pérdidas.
Otro argumento de los privatizadores es que el 60% de la electricidad es producida con gas natural, sin embargo, callan que ENDE ha incrementado la planta hidroeléctrica Ivirizú con una potencia de 290 (MW), la planta Fotovoltaica de Oruro, los 3 parques eólicos en Santa Cruz y Tarija y otras ampliaciones que buscaban sustituir al gas natural por energía limpia y renovable.
¡Privatización! Así gobierna la Derecha
La electricidad no es solo un servicio: es un componente central del desarrollo, la inclusión social y la independencia económica. Cualquier reforma debe partir de esa premisa. De lo contrario, al igual que ocurrió con la importación y comercialización de combustibles, cuya transferencia al sector privado derivó en problemas de calidad y acceso, el servicio eléctrico podría enfrentar un destino similar en el corto plazo. Esa es la lógica económica que subyace en este tipo de medidas: una visión donde el mercado sustituye al Estado, y donde las decisiones estratégicas se orientan más por la rentabilidad que por el interés colectivo. El resultado, históricamente, ha sido el mismo: ganancias privadas y pérdidas públicas.
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