La verdadera razón por la que la oligarquía necesita la ley 1720. Es de conocimiento público que, durante el proceso de saneamiento de tierras iniciado en 1996, gran parte de la oligarquía agroindustrial y agroexportadora del oriente fragmentó y loteó artificialmente sus grandes extensiones de tierra en parcelas menores a 500 hectáreas para hacerlas pasar como pequeña propiedad. De esa manera evitaron pagar al Estado el valor real de la tierra y las tasas correspondientes al saneamiento. Sin embargo, al declararlas como pequeña propiedad, también quedaron impedidos de incorporarlas plenamente al mercado financiero de tierras. Eso es precisamente lo que ahora pretenden resolver mediante la imposición de la Ley 1720. Por eso amenazan incluso con movilizaciones; ¡háganlo, bloqueen!! como el 2019. No están defendiendo la productividad del pequeño campesino, sino intentando legalizar mecanismos que históricamente les permitieron evadir obligaciones y acumular privilegios.
Dejen de hablar en nombre del campesinado. Comograndes empresarios de la oligarquía
cruceña y del oriente no pueden arrogarse la representación de los
pequeños productores campesinos del país. El pueblo boliviano sabe
perfectamente que los grandes agroindustriales mantienen una relación
estrictamente empresarial con la tierra, mientras que el pequeño
productor campesino sostiene una relación de subsistencia y de vida.
No trabajan la tierra únicamente con fines comerciales: de ella
dependen la alimentación, la supervivencia y el sustento de su
familia y de su comunidad.
Por eso Rodrigo Paz, representante de
la derecha en el Gobierno, impulsa la denominada “Ley
Branko Marinkovic” en favor de la
oligarquía cruceña, sin consultar a los pequeños propietarios
indígena-campesinos, porque dicha norma es contraria a sus intereses
históricos y materiales.
Cuando el lobo pretende defender a las ovejas. La historia de Bolivia demuestra que los grandes terratenientes y latifundistas han despojado sistemáticamente de sus tierras a pequeños campesinos y comunidades indígenas, arrebatándoles sus medios de subsistencia. Precisamente por ello, desde la Reforma Agraria de 1953 y actualmente en la Constitución Política del Estado, se garantiza la propiedad agraria individual y comunitaria siempre que cumpla una Función Social o Económica Social (Art. 393), se prohíbe el latifundio (Art. 398) y se reconoce a la pequeña propiedad como patrimonio familiar campesino, indivisible e inembargable (Art. 394). Resulta, por tanto, profundamente cínico afirmar que una ley que debilita estas garantías constitucionales beneficia al pequeño productor campesino.
La cacareada “maravilla” del acceso al crédito. Ustedes se llenan la boca hablando de las supuestas bondades del acceso al crédito, pero ocultan deliberadamente sus consecuencias devastadoras. Para un pequeño productor campesino, incumplir una deuda bancaria no significa perder únicamente un activo productivo: significa perderlo TODO. Y no se trata de incumplimientos premeditados, sino de una realidad marcada por el sobreendeudamiento, el incremento de las tasas de interés, la negativa de los bancos a renegociar deudas y los constantes desastres climáticos que afectan al agro. A ello se suma que buena parte del capital financiero está vinculado a los propios grupos agroindustriales, como ocurre con la familia Monasterio en el Banco Ganadero, además de accionistas ligados a entidades como el Mercantil Santa Cruz, entre otros.
Quieren el monopolio de la producción agrícola. En Bolivia, apenas el 10% de la tierra corresponde a pequeña propiedad. El resto está distribuido entre tierras fiscales (29%), comunitarias (18%), TCO/TIOC (27%) y gran propiedad agraria (16%). Sin embargo, tanto la pequeña como la gran propiedad están destinadas a la producción agropecuaria. El mecanismo que impulsa la Ley 1720 es sencillo: al convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad susceptible de hipotecarse, se abre la puerta a que los bancos rematen esas tierras ante cualquier incumplimiento. El resultado será que los grandes agroindustriales y la oligarquía del agronegocio terminarán apropiándose también de ese 10% de propiedad campesina.
Con ello consolidarían un monopolio sobre la producción agrícola nacional, reduciendo drásticamente la producción destinada al mercado interno y desplazando la producción orgánica y saludable de alimentos. Como postula el modelo agroexportador cruceño, asociado a corporaciones transnacionales, se priorizaría la producción para exportación, el uso masivo de transgénicos y la imposición de precios elevados por falta de competencia. Eso encarecería el costo de vida del pueblo boliviano y pondría en riesgo la soberanía alimentaria del país.
¿Por qué quieren eliminar durante 10 años el
control de la Función Económica Social-FES? Porque
su verdadero propósito es convertir nuevamente la tierra en un
simple objeto de especulación financiera, como ocurría en la época
de los grandes traficantes de tierras de la primera mitad del siglo
pasado.
Pretenden utilizarla como mercancía especulativa dentro
del sistema financiero que ellos mismos controlan, mantenerla como
“tierra de engorde” o incluso destinarla a actividades vinculadas
al lavado de activos y otras economías ilegales. Eliminar, aunque
sea temporalmente, el control de la Función Económica Social-FES,
significa retroceder décadas en la historia agraria del país y
desmontar conquistas fundamentales del pueblo boliviano.
¡No le mientan al pueblo: hablen con la verdad! La Ley 1720 busca otorgar enormes beneficios económicos a la oligarquía agroindustrial del oriente, vulnerando principios esenciales de la Constitución Política del Estado.
Ustedes no son los “generadores de empleo” que pretenden mostrar. Por el contrario, esta ley dejaría a miles de familias campesinas y pequeños productores sin sustento económico ni medios de subsistencia. Tampoco pueden presentarse como un sector comprometido con el país cuando su prioridad no es abastecer el mercado interno, sino maximizar ganancias mediante la exportación irrestricta de alimentos. No pueden reclamar el respaldo del pueblo cuando su modelo productivo está orientado fundamentalmente al lucro privado con la alimentación, y tampoco pueden proclamarse “motores de la economía nacional” cuando buena parte de las divisas obtenidas por exportaciones termina concentrada en paraísos fiscales y bancos del exterior, contribuyendo a la especulación cambiaria y financiera.
Esa es la razón por la que, pese a las millonarias ganancias generadas por las exportaciones mineras y agroexportadoras, el pueblo boliviano continúa enfrentando una profunda crisis económica y social.
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