Los conflictos del mayo boliviano se han encargado de resolver, en los hechos, uno de los debates más promocionados de la política nacional: el supuesto «fin de ciclo» del proceso político inaugurado el 2003.
Los primeros en anunciarlo fueron los protagonistas de la ruptura constitucional de 2019. Fernando Camacho, Mesa y Tuto Quiroga celebraban la caída de Evo Morales como el cierre definitivo de una época, decretaron la muerte política irreversible del MAS y de todo lo que éste representaba. Sin embargo, apenas un año después, la contundente victoria electoral de 2020 pulverizó aquellas profecías.
Más tarde, el arcismo proclamó la misma narrativa cuando imponía la proscripción política e inhabilitación de Evo Morales, presentó el «fin de ciclo» como la superación del liderazgo histórico del dirigente cocalero. Y finalmente, tras la victoria presidencial de Rodrigo Paz en 2025, las fuerzas liberales celebraron nuevamente el acontecimiento como el cierre definitivo del ciclo masista y el inicio de una nueva era política.
Pero a pesar de una década marcada por la fragmentación organizativa, la proscripción electoral, la persecución judicial y la represión estatal, las recientes movilizaciones evidencian una verdad fundamental: el ciclo que emergió posterior al neoliberalismo no es el ciclo propiedad de Evo Morales ni el ciclo del MAS solamente. Es algo más profundo. Es el ciclo de la hegemonía popular campesina.
Es un ciclo histórico asentado en el reconocimiento político, jurídico y cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos como sujetos constitutivos del Estado. Ésa fue la razón fundacional del nuevo pacto social que hizo posible la Asamblea Constituyente y la Constitución de 2009.
Por ello, cuando Jeanine Añez se autoproclamó la pandora libertaria de las américas y quiso gobernar desconociendo aquel pacto histórico, fue la Rebelión de agosto de 2020, la que le puso fin. Y por la misma razón, después de tres gobiernos consecutivos, ninguno ha logrado impulsar una nueva Constitución. Algo difícil de explicar si realmente ocurriera el tan anunciado cambio de ciclo.
Lo mismo ocurrió con Luis Arce, este vociferaba casi con degeneración ser el mesías renovador, pero fue el movimiento campesino el que lo devolvió a la realidad, denunciando su derechización y colaboracionismo con las élites, la implementación de las primeras medidas neoliberales, la persecución judicial y la proscripción electoral.
Por eso, el voto nulo y la posterior derrota del Arcismo constituyeron el certificado de defunción de una renovación oportunista que pretendió llamarse de izquierda mientras gobernaba para la derecha. Aquella victoria estratégica del movimiento popular campesino no solamente castigaba políticamente la traición de Luis Arce, sino que preservaba su vigencia política, otorgando al nuevo gobierno de Rodrigo Paz una victoria provisional y condicionada para cerrar filas a la ultraderecha.
Por ello Rodrigo Paz llegó convencido de que había inaugurado una nueva época histórica. Pero pocos meses después termina refugiándose en una dramática y políticamente estéril declaración de Estado de Excepción que solo puso a policías y militares de improvisadas cuadrillas de limpieza de carreteras.
Los escombros políticos de la última movilizaciónson evidentes para Paz: abrogación de decretos y leyes promulgadas, incapacidad de resolver cincuenta días de conflicto social, oposición obrero-campesina, pedido de renuncia presidencial, caída de la aprobación gubernamental, economía en crisis y una credibilidad política erosionada.
Las fuerzas liberal-conservadoras terminaron creyendo su propia propaganda, se convencieron de que la elección de Rodrigo Paz expresaba una nueva hegemonía liberal en la sociedad boliviana, ignoraron deliberadamente el significado del voto nulo, el factor Lara, el voto contra Tuto en segunda vuelta y, sobre todo, el profundo rechazo popular a la proscripción política de las mayorías nacionales en la democracia boliviana.
Por eso, las últimas movilizaciones nos recuerdan que el movimiento indígena originario campesino continúa siendo el principal factor hegemónico de la política boliviana y garante del pacto social que sostiene al Estado Plurinacional. Esto significa que ningún ajuste neoliberal ni intento de desmontar la arquitectura política del 2009 podrá imponerse sin confrontar a lo popular campesino. Y ésta no es una novedad, se lo dijeron a Añez, a Arce y hoy le dicen a Rodrigo Paz y probablemente mañana se lo dirán a Jaime Dunn o a cualquier otro.
Porque el ciclo de la hegemonía popular campesina sigue vigente, y Evo Morales, Felipe Quispe e incluso el propio MAS-IPSP son parte fundamental de ese proceso histórico, pero no lo agotan ni lo explican por completo.
Ahí radica la contradicción fundamental de nuestro tiempo.
Por un lado, la derecha boliviana pretende imponer mediante el fascismo y la narrativa, la ficción del retorno heroico del ciclo Neoliberal, sustentado en la proscripción democrática y no la legitimidad social, en la corrupción, la impunidad, la demagogia electoral, el entreguismo económico y el ajuste neoliberal contra las mayorías populares. Por otro lado, el ciclo de la hegemonía popular campesina reafirma su vigencia y se reconstituye, renueva sus actores y profundiza su agenda, gracias a su profundo arraigo en las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas de la plurinacionalidad.
Los gobiernos pueden ganar elecciones, pero cuando las hegemonías habitan en la conciencia colectiva de los pueblos y se reconstruyen a sí mismas, no existe narrativa, pos verdad, ni Estado de Excepción capaz de extinguirla. Por ello, el ciclo de la hegemonía popular campesina en Bolivia, para frustración de sus detractores, todavía está muy lejos de hacerlo.
Bayardo Martínez es politólogo. Centro de Especializado de Estudios Políticos
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