A propósito del decomiso de 211 kilogramos de oro, valuados en más de 20 millones de dólares, en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando presuntamente intentaban exportarlos con documentación falsificada, han surgido detalles que generan legítimas sospechas.
El hermano menor del principal investigado, Adrián Lema Roca (21 años), es Santiago Lema Roca, quien según versiones periodísticas sería compañero de curso —e incluso mantendría una relación de amistad o noviazgo— con Helena Paz Urquidi, hija del presidente Paz Pereira, en el Colegio Calvert de La Paz. Aunque hasta la fecha no existe información pública que vincule directamente a Helena Paz Urquidi ni a su familia con la operación, la coincidencia resulta imposible de ignorar y genera serias preguntas sobre posibles influencias.
El caso, ocurrido hace pocos días, cobró mayor gravedad cuando el propio ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió en conferencia de prensa una diferencia de aproximadamente 22 kilogramos entre el peso inicialmente reportado y los registros oficiales. Para salir del paso, la autoridad anunció que se investigará la cadena de custodia, las actas de requisa y la cantidad real decomisada. Hasta hoy, sin embargo, no existe una sola confirmación oficial sobre el paradero de esos 22 kilogramos de oro, ni sobre quién o quiénes los sustrajeron.
Según una investigación periodística, durante la incautación se habría producido un fuerte cruce entre Alberto Soto, presidente ejecutivo de la Aduana Nacional; el ministro Oviedo; y Armando Magne, director nacional del SENARECOM. Soto habría defendido con vehemencia la legalidad de la documentación del cargamento con destino a Dubái, mostrando sorpresa y molestia por el decomiso. Magne, en cambio, habría sido categórico: “Esa carga es ilegal”. Esta conversación, por ahora, tampoco ha sido confirmada oficialmente.
Tampoco se ha esclarecido quién ordenó la liberación de cinco de las seis personas inicialmente detenidas. Entre ellas había funcionarios de la Aduana Nacional, técnicos del SENARECOM, un familiar y un amigo del principal investigado. Peor aún: se reportó que algunos de los detenidos mantuvieron comunicaciones telefónicas durante el operativo con una persona a la que se referían como “el ministro”. La identidad de ese “ministro” y el contenido de las llamadas siguen sin ser aclarados.
La enorme diferencia de peso —211 kilogramos según el pesaje inicial frente a los 189,5 kilogramos reportados oficialmente— es la prueba más evidente de que algo muy grave ocurrió. El propio ministro Oviedo lo reconoció, aunque se apresuró a desvincular al Gobierno y a prometer una investigación.
Esperemos, esta vez, que no sea solo teatro. Porque la historia reciente del gobierno de Paz Pereira está plagada de casos similares que quedaron en la nada: los cargamentos de presunta narcomadera incautados en Chile y Brasil, o el escándalo de la “gasolina basura” que destrozó el parque automotor del país. En todos ellos, las promesas de investigación exhaustiva terminaron siendo meros discursos para calmar a la opinión pública.
Si no se establecen responsabilidades penales y administrativas concretas, con las correspondientes imputaciones y sanciones conforme a ley, la inacción institucional solo confirmará lo que cada vez más bolivianos sospechan: que el gobierno de Paz Pereira está profundamente comprometido con una estructura de corrupción sistémica, con presuntos vínculos al narcotráfico, malversación de recursos públicos y otras conductas ilícitas que saquean el patrimonio del Estado y erosionan la confianza ciudadana.
El contrabando de 211 kilogramos de oro y la misteriosa desaparición de 22 kilogramos no constituyen un simple “error administrativo”. Se trata de un escándalo grave que exige respuestas serias, no más cortinas de humo ni promesas vacías.
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