El deterioro de la alimentación de les trabajadores se acelera
En el relevamiento de mayo de su índice barrial de precios, que efectúa en negocios de cercanía de los barrios populares en 20 distritos del Conurbano bonaerense sobre 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), el Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi) dio cuenta de un aumento del 1,52%, lo que indica que una familia de cuatro integrantes (dos adultos/as y dos hijos/as de entre seis y 10 años) necesitó 630.419,34 pesos para comprar sus alimentos imprescindibles. Respecto a mayo de 2025 la suba fue de 26,57%.
En tanto, para adquirir –además de los alimentos- los bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana, incluidos en la Canasta Básica Total (CBT) como transporte, comunicaciones, energía y otras tarifas del hogar, salud, educación, etc., la misma familia requirió 1.418.443,52 pesos lo que significa una suba anual de 24,9%.
El relevamiento también detalla que en los últimos doce meses los productos de carnicería encabezaron los aumentos con más del 50% de incrementos, seguido por las verduras y las frutas con el 16%, mientras que los productos de almacén aumentaron poco más del 13%.
Compartimos parte del informe elaborado por el ISEPCI:
ALGUNOS DATOS COMPLEMENTARIOS
Ventas y Consumo
Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en mayo pasado las ventas minoristas de las pequeñas empresas tuvieron una suba de 1,2%, lo que no alcanzó para revertir la tendencia negativa de los meses anteriores. Respecto al mismo mes del 2025 la caída es del 1,2% y en lo que va del año hay una baja de 3,1%.
Si miramos solo el dato de mayo y sus correlativos, el resultado no sería demasiado significativo. Sin embargo, si ampliamos la mirada se observa una tendencia negativa que se viene arrastrando desde mayo del año pasado cuando se produjo una baja abrupta de 2,9%. Desde ahí hasta hoy las ventas, y por lo tanto el consumo, no dejaron de descender.
Como venimos destacando en nuestras últimas notas, en este desagregado de las variaciones por rubro, quizás lo más preocupante es el descenso continuo del consumo de alimentos, reflejado en la baja de las ventas, que –siempre según la CAME- en lo que va del 2026 llega al -3,7%.
Por
último, es interesante agregar el dato de la última publicación del
INDEC sobre las ventas en los supermercados. A marzo de este año en la
comparativa con el mismo mes del año anterior se detecta una disminución
del 5,1%, y durante el primer trimestre el descenso es de 3,1%. Todo lo
cual confirma la baja generalizada de consumo que abarca no sólo a las
PYMES y negocios de barrio, sino también a las grandes superficies.
Endeudamiento e Inseguridad Alimentaria
Entre
el 27 y 29 de mayo pasado llevamos a cabo una encuesta mediante
entrevistas personales con referentes/tas de 1301 hogares distribuidos
en los siguientes territorios: 30 distritos del conurbano Bonaerense,
las Ciudades de La Plata y Mar del Plata, Pergamino, Salto, Trenque
Lauquen, Gral. Arenales, Bragado, Bolívar, Olavarría, 25 de Mayo, Bahía
Blanca, Chascomús.
De allí surge que “más de 4 de cada 10 familias
comen menos para poder pagar sus deudas”, a partir de la siguiente
distribución de respuestas afirmamos que estamos en una situación donde
“las deudas están comiéndose los alimentos” que deberían integrar los
platos familiares. El 43% afirma que sus deudas les impiden comprar
todos los alimentos necesarios; 30% tienen deudas, pero no afectan la
comida; 17% manifiesta no tener deudas y un 10% prefirió no responder.”
Ante
la consulta a los/las respondentes de 1087 hogares con niños, niñas y
adolescente si “en lo que va de este año ¿alguna vez se quedaron sin
dinero o recursos y su hijo/hija no pudo tener una alimentación
saludable, adecuada y variada? el 79% afirmó que por falta de dinero les
ocurría, de éste total al 41% le ocurre muy frecuentemente y al 38% con
poca frecuencia. En el caso de los adultos de 1301 hogares surge es
mayor el déficit ya que en el 44% de los hogares muy frecuentemente no
pudieron tener una alimentación saludable y el 36 % también ocurrió,
aunque con poca frecuencia.”
“En cuanto a las privaciones recientes
de alimentos en el último mes, el 77% de las familias entrevistadas
refirieron en términos generales haberse privado de consumir lácteos,
carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero.”
Evolución de los precios de algunos alimentos indispensables en lo que va de 2026
Un 77% de las familias entrevistadas se privó de consumir lácteos, carnes, cereales o legumbres por falta de dinero.
En
lo que va el 2026, la leche (+25%), el azúcar (+16,67%), el pan
(+15,38%), y las lentejas (+15,38%), aumentaron por encima del promedio
de los incrementos de los productos del rubro almacén (+13,56%), según
el relevamiento del Índice Barrial de precios. Mientras el yogurt
(+13,33%) estuvo en el límite del mismo promedio.
En el rubro de
verdulería algunos de los productos que son de los más utilizados en las
comidas de las familias, como son la cebolla (+40%), acelga (+30%),
papa (+30%) y manzanas (+16,67%). Según nuestro relevamiento de mayo, en
los primeros cinco meses de 2026, el incremento promedio de ese sector
llegó a 15,3%.
El promedio de incremento del rubro carnes -siempre
según nuestro relevamiento de mayo- desde diciembre del 2025, es de 22%.
Sin embargo, los cortes más baratos tuvieron subas por encima: Espinazo
+32,7%; paleta +29,9%; hígado +25%; y carnaza 25%.
“Claramente hay
una relación directa entre el incremento de los precios de estos
productos esenciales por encima del promedio de cada rubro, y la
imposibilidad de las familias de continuar adquiriéndolos en las
cantidades mínimas necesarias. La pérdida de poder adquisitivo sin
pausas en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, se traslada
aceleradamente a un permanente deterioro de su calidad alimenticia, con
las inevitables consecuencias negativas presentes y futuras”, afirmó el
director nacional del Isepci, Isaac Rudnik.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil acumula una caída superior al 40 % en su capacidad de compra
El
dato surge del informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y
Móvil N°15 que elaboraron Mariana L. González y Oscar Geffner del Centro
de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA CTA). El
estudio señala que hace diez años, en junio de 2016, una hora de salario
mínimo equivalía a un kilo de pan, y que hoy, con un valor horario de
1.839 pesos, se requieren dos horas y media de trabajo para el mismo
bien. Indica, además, que la brecha es aún mayor en productos como la
carne picada, donde se pasó de requerir dos horas de trabajo en 2016 a
prácticamente 6 horas en la actualidad.
El informe del CIFRA afirma
que desde la asunción del actual gobierno de Javier Milei, el Salario
Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acumuló una caída superior al 40% en su
capacidad de compra, y que el fuerte impacto inflacionario provocó un
retroceso inicial del 30% que no fue revertido, sino que por el
contrario desde hace dos años se registran contracciones mensuales
consecutivas.
González y Geffner advierten que durante este período
el Consejo Nacional del Salario Mínimo mostró un funcionamiento
particular: “Ante la falta de acuerdos en las negociaciones, todos los
incrementos nominales se definieron por laudo de la Secretaría de
Trabajo, resultando en valores alineados con las propuestas
empresariales que convalidaron la pérdida del poder adquisitivo”.
Actualmente,
el poder adquisitivo del salario mínimo resulta 60% menor que el de
2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990.
El
salario mínimo del mes de junio cubrió apenas poco más de la mitad de
la canasta básica alimentaria que define la línea de indigencia para una
familia “tipo” y se necesitaron más de 4 salarios mínimos para alcanzar
la línea de pobreza.
A su vez, el informe indica que el salario
mínimo ha dejado de ejercer su función de piso salarial y de ser una
referencia en el mercado laboral, como se evidencia en la comparación
con los salarios efectivamente percibidos: “En junio de 2016, este piso
equivalía al 37,2% del salario promedio registrado del sector privado;
en la actualidad, representa apenas el 16,6% de dicha remuneración”.
El FRESU exige un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $ 3.000.352
El Frente de Sindicatos Unidos indicó que esa cifra es la que necesitaron los trabajadores y las trabajadoras para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo: Alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones, previsión social. Afirmaron además que durante el gobierno de Milei cada trabajador perdió, en el caso del sector público, más de 2.500.000 pesos; y en el sector privado, más de 14 millones.
Desde el Fresu señalan que
“desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de
políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones
sindicales, los asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el
acumulado de sus ingresos mensuales”. Agregan que esa pérdida se aceleró
en los últimos siete meses.
“Ese ataque a quienes producimos es
parte de una política de destrucción de la industria nacional,
concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la
representación democrática. Ante esto, vamos a seguir luchando por el
salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las
y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía
nacional. Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del
sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos, en tanto que cada
empleado estatal perdió más de 14 millones de pesos. Se trata de una
destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse
para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46
billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada”, advierten
desde el Fresu al tiempo que detallan que la morosidad se multiplicó por
4 sólo en el último año, y que se saturó el mercado de crédito a los
hogares: “Los hogares ya no pueden tomar más deuda”.
Para determinar
el valor que debiera tener el Salario Mínimo Vital y Móvil, el Fresu
tomó como referencia los costos de las 9 necesidades vitales:
-Alimentación adecuada ($640.428)
-Vivienda digna ($596.339)
-Educación ($268.502)
-Vestimenta ($148.624)
-Salud ($365.553)
-Transporte, esparcimiento y vacaciones ($650.867);
-Previsión social ($330.039).
Cabe
recordar que el FreSU está integrado por organizaciones sindicales de
las tres centrales obreras (CGT, CTA-A, CTA-T) entre las que se
encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu
Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros,
Papeleros y Viales.
El empleo formal cumplió doce meses de caída ininterrumpida en abril
Según el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos, esta caída se explica por el sector privado, que volvió a retroceder fuerte ya que perdieron su puesto casi 12.000 trabajadores. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados. “El retroceso por ahora no encuentra un piso. En materia laboral, asistimos a una tragedia”, aseguró Campos.
“Durante el gobierno de La Libertad Avanza, el empleo registrado en el sector privado tuvo tres momentos diferenciados. A comienzos de 2024 hubo una fuerte caída. Luego un comportamiento errático hasta mayo de 2025. Desde entonces, todos los meses se destruyeron puestos de trabajo. En el último año el retroceso se explica por la situación en la industria y el comercio. El problema es que no hay ningún sector que compense esta caída. Hasta el agro, la minería y la intermediación financiera tienen menos trabajadores registrados que en abril de 2025. La industria, en particular, viene en picada. Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 80.000 puestos de trabajo, la gran mayoría en el último año. Acumula 18 meses de caídas mensuales consecutivas”, analiza Luis Campos a través de sus redes sociales.
Agrega que el desacople entre el comportamiento de la actividad y el empleo formal es preocupante: “En lo que va del gobierno de LLA el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió un 5,6% y los asalariados registrados cayeron un 3,7%. La economía puede crecer, (pero) el mercado formal de trabajo ni se entera”.
Campos detalla que el sector público y lxs trabajadorxs de casas particulares amortiguaron un poco el retroceso de abril, pero siguen cerca de los mínimos de la actual gestión: “A esta altura del partido ya no hay dudas: este modelo no crea puestos de trabajos formales de manera sostenida por ningún lado”, consideró.
El investigador de la CTA-Autónoma señala además que en marzo y abril también cayó fuerte la cantidad de trabajadores regulares inscriptos al monotributo. Hubo 16.000 menos en solo dos meses.
A su vez, en abril el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado medido por el SIPA volvió a quedar por debajo de noviembre de 2023 (-1%).
“El panorama para mayo no luce mejor. El relevamiento de la Encuesta de Indicadores Laborales volvió a mostrar un retroceso. Veremos si luego se convalida con los datos del SIPA, pero no hay mucho para ilusionarse”, finalizó Campos.
Las pymes perdieron casi 49.000 puestos en un año
Por Alan Longy
La
industria manufacturera perdió 48.950 puestos de trabajo registrados en
un año y encadenó 26 meses consecutivos de caída del empleo formal.
Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria y la
estabilidad financiera, con recesión.
La industria manufacturera
volvió a mostrar en febrero un deterioro sostenido del empleo formal y
consolidó una tendencia negativa que atraviesa a buena parte de la
economía real desde la llegada de Milei al Gobierno. Según datos de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) relevados por Industriales
Pymes Argentinos (IPA), el sector perdió 48.950 puestos de trabajo
registrados en la comparación interanual y acumula una caída de 4,1 %
frente al mismo mes de 2025.
El informe difundido por la entidad pyme
reflejó que en febrero de 2026 la industria manufacturera contabilizó
1.138.536 trabajadores registrados, contra los 1.187.486 existentes un
año atrás. La caída también se verificó en términos mensuales, ya que en
la medición desestacionalizada se perdieron otros 2.594 empleos
respecto de enero. El retroceso fabril se da en un contexto de
retracción del consumo interno, apertura importadora y paralización de
numerosos sectores productivos que todavía no logran recomponer niveles
de actividad.
De acuerdo con los registros de la SRT, el total de
trabajadores registrados en unidades productivas alcanzó en febrero los
9.529.360 asalariados, lo que implicó una reducción interanual de
108.143 puestos frente a los 9.637.503 existentes en febrero de 2025. En
términos porcentuales, la caída global fue de 1,2 %.
Sin embargo, el
informe de IPA advierte que el golpe más severo se concentra sobre las
actividades vinculadas directamente al mercado interno. La industria
manufacturera explicó casi la mitad de los empleos destruidos en el
último año, mientras que el comercio mayorista y minorista perdió otros
21.952 puestos de trabajo. Ambos sectores encabezan la lista de
actividades más afectadas por la caída de la demanda y la pérdida de
capacidad adquisitiva de los salarios.
“La consolidación de más de
dos años de caída ininterrumpida evidencia que la pérdida de puestos de
trabajo ha dejado de ser un ajuste transitorio para transformarse en un
daño estructural”, sostuvo el estudio elaborado por Industriales Pymes
Argentinos. La definición sintetiza la preocupación de numerosas cámaras
empresarias que observan cómo el ajuste fiscal y monetario aplicado por
el Gobierno comenzó a trasladarse de manera permanente sobre la
producción y el empleo.
Frente a enero de 2026, el sistema formal
perdió otros 36.690 puestos registrados, acelerando una dinámica
descendente que ya se extiende durante 26 meses consecutivos. El
documento de IPA precisó que “tomando como referencia el mes de
diciembre de 2023, el empleo formal registra al mes de febrero de 2026
una pérdida acumulada de 364.554 puestos a lo largo de 26 meses
consecutivos, equivalente a una pérdida promedio de 14.021 empleos por
mes”.
Ese proceso coincide con un fuerte ajuste del entramado
productivo pyme, donde muchas empresas comenzaron a operar con niveles
mínimos de actividad o directamente cerraron sus puertas. El informe
empresario señaló que desde la asunción de Milei desaparecieron “24.978
empresas aportantes”.
La industria aparece particularmente afectada
porque combina varios factores simultáneos: caída del consumo, aumento
de costos, apertura importadora, encarecimiento del financiamiento y
desplome de la obra pública. Sectores vinculados a la metalurgia,
materiales para la construcción, línea blanca, calzado, textil y
alimentos vienen reportando caídas persistentes en ventas y utilización
de capacidad instalada.
El presidente de IPA, Daniel Rosato,
cuestionó el rumbo económico y advirtió sobre el impacto social de la
política oficial. “De nada sirve tener estabilidad financiera si las
Pymes quiebran. Lo único que estamos planificando son los despidos o los
cierres de las fábricas y eso no coincide con un plan de un gobierno
capitalista y libre”, afirmó el dirigente industrial al presentar el
relevamiento.
Rosato también apuntó contra el contraste entre los
indicadores financieros celebrados por el Gobierno y la situación de la
economía productiva. “Estamos ante un modelo que festeja la paz
cambiaria y el riesgo país a costa de la destrucción sistemática del
mercado interno y la aniquilación de las Pymes. El rebote de la
actividad del que habla el Gobierno es un espejismo para la economía
real, porque el crecimiento no derrama y está atado exclusivamente a
sectores extractivos que no generan empleo masivo. Mientras tanto, las
fábricas y los comercios siguen bajando las persianas todos los días”,
aseguró.
El cuestionamiento empresario coincide con distintos
informes sectoriales que muestran una recuperación muy heterogénea de la
economía. Mientras algunos segmentos vinculados al agro, la energía y
la minería exhiben crecimiento y mejora exportadora, buena parte de la
producción industrial destinada al consumo interno continúa operando muy
por debajo de sus niveles históricos.
Un estudio de la UBA desmiente las cifras del Gobierno
El
informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política
(IIEP-UBA-CONICET) apunta que la pérdida de puestos de trabajo
registrados se profundiza mes a mes. Crece la informalidad, cae el
salario real y se expande el fenómeno del “trabajador pobre”.
Un
estudio de la UBA señala que, frente al discurso oficial que proyecta
una pronta recuperación económica, los indicadores del mercado de
trabajo muestran un panorama contrapuesto. Lejos de frenarse, la sangría
de empleos formales en el sector privado se aceleró en los últimos
meses, acumulando una pérdida de más de 235 mil puestos asalariados
registrados. El deterioro estructural no solo se manifiesta en la suba
de la desocupación, sino también en el vuelco masivo hacia la
informalidad y el desplome del poder adquisitivo.
La investigadora de
la UBA y especialista en economía laboral, Roxana Mauricio, analizó las
causas de este fenómeno y profundizó en la brecha entre las
expectativas del ministerio de Economía y la realidad de las
estadísticas, advirtiendo que ningún programa económico puede ser
sostenible si la principal fuente de ingresos de los hogares continúa
cayendo.
Roxana Mauricio es economista, investigadora y doctora
en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como
investigadora principal del CONICET y dirige el área de Empleo,
Distribución e Instituciones Laborales en el Instituto
Interdisciplinario de Economía Política.
Además, ejerce como
profesora titular de Economía Laboral y de Estructura y Políticas
Económicas y Sociales en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Ha colaborado como asesora y experta para diversos organismos nacionales
e internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Nosotros hacemos
este análisis a partir de los registros administrativos de la Seguridad
Social que publica la Secretaría de Trabajo. O sea, son datos oficiales
que muestran que, efectivamente, el primer punto es que el empleo
asalariado formal sigue cayendo, y esto ya viene cayendo desde mediados
del año pasado”, dijo la investigadora.
“Cuando tomamos el dato de
abril, que es el último dato con el que contamos, observamos la caída de
12.000 puestos de trabajo asalariados del sector formal y del sector
privado. Efectivamente, tiene una caída que se acelera respecto de los
4.000 puestos de trabajo que se redujeron en febrero y de los 8.000 en
marzo. 12.000 en abril. Entonces, efectivamente, lejos de disminuir esa
caída, esto se acelera. Y esta caída explica el conjunto de los 235.000
puestos de trabajo menos, asalariados formales del sector privado, entre
noviembre de 2023 a abril de este año”, sostuvo.
Roxana Mauricio
aseguró que “si uno mira efectivamente los datos oficiales del lado del
mercado de trabajo, no hay buenas noticias. No solo por este indicador
de esta pérdida tan importante de empleo formal que, insisto, viene
acumulándose desde hace muchos meses, y en particular después de la
fuerte caída que tuvo en el primer semestre de 2024. Vuelve a caer desde
junio del año pasado, digamos, y mes a mes vemos una caída que incluso
se acelera en el empleo asalariado formal. Pero la otra cara, que
también son datos públicos oficiales, tiene que ver con la tasa de
informalidad”.
“Allí vemos un crecimiento, con lo cual, de alguna
manera, es la contracara de esta caída en el empleo asalariado formal:
el aumento en la tasa de informalidad, que estamos en el orden del 44% y
que registró un aumento de dos puntos porcentuales respecto de 2024.
Entonces, si uno mira la estructura del empleo, claramente tenemos un
crecimiento de la informalidad laboral, que de nuevo es la contracara de
este empleo asalariado formal que cae, y además tenemos un aumento en
la tasa de desocupación”.
La investigadora sostuvo que “Si uno mira
ese panorama, tenemos más empleo informal, menos empleo formal, menos
empleo en su totalidad y mayor tasa de desocupación. Con lo cual, digo,
si uno mira —y de nuevo, son todos datos oficiales de la Secretaría de
Trabajo o del INDEC—, claramente muestran un panorama particularmente
preocupante en materia de empleo”.
Por último señaló que “el
“trabajador pobre” son personas que efectivamente tienen una ocupación,
pero que, a pesar de estar ocupadas, viven en hogares pobres. Y allí,
obviamente, no solo se consideran los ingresos laborales, sino el
ingreso total familiar. Y ese fenómeno, que por supuesto no es nuevo en
la Argentina ni tampoco en otros países de América Latina, sí ha venido
aumentando. Hoy nos da que cuando consideramos justamente la masa total
de ingresos en los hogares en los que viven esos trabajadores, el 20% de
la población total ocupada vive en hogares pobres”.
Mauricio apuntó
que “eso guarda una correlación muy directa con la informalidad laboral:
esa tasa de pobreza entre los trabajadores escala al 30% entre los
trabajadores informales. Lo que está por detrás es, obviamente, que los
trabajadores informales no solo están desprotegidos en la normativa
laboral, sino que tienen una penalidad salarial muy fuerte que hace que
un trabajador informal cobre aproximadamente un 40% menos de lo que
cobra otro trabajador similar que está en el mundo formal”.
Denunciaron la Reforma Laboral en la OIT
Lo
hizo Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de
Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL), en la conferencia anual de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se propone establecer
criterios para afrontar debates clave como la incidencia transformadora
de la inteligencia artificial y la protección del trabajo a través de
plataformas. En este marco, Cremonte advirtió que “América Latina está
viviendo un momento de peligroso retroceso del derecho social” y ante
esa encrucijada la OIT “no puede ser indiferente” y requiere adoptar
posiciones en “defensa de la libertad sindical, los derechos laborales y
las libertades democráticas”.
“Sabemos que la última frontera contra
el despojo es la propia organización de la clase trabajadora, y que las
luchas en estas y peores condiciones constituyen su historia y su
esencia, y en ellas se encuentra la posibilidad de un futuro mejor”,
aseguró Matías Cremonte en la 114ta. Conferencia de la OIT que se
desarrolló en Ginebra, Suiza.
El presidente de la ALAL destacó “la
necesidad de una mayor intervención de los Estados (…) frente a la
incidencia de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo”: “El
capital impone sus reglas sin respeto alguno por los consensos
construidos hace casi un siglo. Las democracias están bajo asedio y el
derecho internacional es despreciado por las grandes potencias”.
“América
Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Y cada año
debemos denunciar nuevos retrocesos”, explicó Cremonte.
Durante su
intervención, el abogado argentino repasó algunas de las recientes
afectaciones de los derechos humanos laborales en la región: “El Perú
resiste en las urnas el retorno del fujimorismo, que en los años 90
impulsó reformas laborales regresivas y fue responsable de graves
crímenes de lesa humanidad contra el pueblo peruano”.
“Ecuador figura
nuevamente entre los 10 países con peores condiciones laborales en el
mundo, en un contexto de profunda inestabilidad política y democrática
marcada por la concentración de poder, la represión militar y la
persecución a dirigentes mediante vigilancia, criminalización y bloqueo
de cuentas bancarias”, continuó.
“La jornada de 8 horas ha sido
extendida a 10; la negociación colectiva fue congelada y se eliminaron
los contratos colectivos a plazo indefinido; se ejecutaron despidos
masivos en el sector público con la consecuente reducción de servicios;
la tasa de sindicalización se mantiene entre las más bajas de la región;
y el Ministerio del Trabajo redujo la capacidad de regulación y
fiscalización de los derechos laborales”, explicó Cremonte y agregó: “En
Honduras, tras su derogación en 2022, la presión del poder económico
logró este año reinstaurar la Ley de Empleo por Hora, retornando
modalidades de contratación precaria orientadas exclusivamente a
garantizar mayor explotación”.
Finalmente enfatizó la gravedad de la
situación argentina, que registro “uno de los retrocesos más profundos”
con la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier
Milei: “Se destruyó la razón de ser del Derecho del Trabajo, eliminando
contrapesos creados para proteger a las y los trabajadores, aumentando
la desigualdad real y el sometimiento (…). La llamada Ley de
Modernización Laboral es en rigor un verdadero retroceso al siglo XIX,
que solo beneficia a los empresarios, aumentando su rentabilidad a costa
del salario. Se perforó incluso el piso del Convenio Nº 1 de 1919,
permitiendo jornadas diarias de 12 horas o más”.
“Mientras esta
Conferencia debate formas de protección para los trabajadores de
plataformas, en Argentina se los excluye expresamente de toda tutela,
considerándolos emprendedores sin relación laboral alguna”, señaló.
“El
mayor ataque es contra la libertad sindical. Se fomenta la negociación
por empresa permitiendo perforar los pisos de los convenios de actividad
convirtiéndolos en ‘techos’; se limita la actuación de los
representantes en los lugares de trabajo; se elimina el derecho de
reunión, y, mediante la ampliación de los servicios esenciales, se
prohíbe, de hecho, el ejercicio del derecho de huelga (…) A ello se suma
la criminalización de la protesta social y la represión de
manifestaciones, particularmente de trabajadores jubilados que reclaman
frente al deterioro de sus condiciones de vida. Pero la ofensiva excede
largamente la reforma legislativa. Existe una preocupante convergencia
de los tres poderes del Estado en contra de la acción sindical. Desde el
Poder Ejecutivo se impulsan políticas de persecución y disciplinamiento
de las organizaciones. Así ocurrió con las millonarias sanciones
impuestas a la Unión Tranviarios Automotor y a La Fraternidad por el
ejercicio de legítimas medidas de acción sindical”, detalló Cremonte.
También
destacó el rol del Poder Judicial en esa línea de retroceso social:
“Desde el Poder Judicial se avanza sobre la democracia sindical mediante
decisiones que desconocen la voluntad de los trabajadores. La reciente
intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, el mayor sindicato
industrial de Argentina, constituye uno de los hechos más graves
registrados en los últimos años y representa una injerencia incompatible
con los principios de libertad y autonomía sindical. No se trata de
hechos aislados. Se observa una acción convergente de los tres Poderes
que están al servicio de la clase dominante”.
Las Centrales sindicales lograron que la OIT exija cambios al Gobierno de Milei
La
Organización Internacional del Trabajo reclamó al Estado argentino
medidas urgentes para garantizar el diálogo social, fortalecer la
inspección laboral y consultar a trabajadores y empleadores antes de
impulsar reformas. El pronunciamiento es consecuencia de las denuncias
presentadas por las dos CTA y la CGT por el deterioro de los derechos
laborales y sindicales en el país.
La estrategia conjunta de la CTA
Autónoma, la CTA-T y la CGT obtuvo un importante respaldo internacional.
En el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se
desarrolló en Ginebra (Suiza), la Comisión de Aplicación de Normas de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno de
Javier Milei a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo
determinado” para garantizar el respeto de los derechos laborales y
fortalecer los mecanismos de diálogo social.
Las conclusiones
difundidas por la OIT constituyen el resultado de las denuncias
presentadas por las centrales sindicales argentinas, que alertaron sobre
la “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones
laborales y la “aniquilación de los derechos laborales” impulsada por
las políticas de la administración ultraderechista.
La Comisión de
Aplicación de Normas de la OIT reclamó al Gobierno de Milei acciones
concretas para garantizar el diálogo social, fortalecer la
administración laboral y mejorar los mecanismos de inspección del
trabajo en todo el país.
El organismo tomó nota de las observaciones
realizadas por la Comisión de Expertos respecto de la reducción de los
recursos humanos, operativos y financieros destinados a la
administración del trabajo y a los servicios de inspección laboral. En
ese contexto, instó al Poder Ejecutivo a adoptar medidas inmediatas y
efectivas para revertir esta situación.
Entre las principales
recomendaciones, la OIT solicitó garantizar el funcionamiento de
mecanismos adecuados de diálogo social tripartito —entre el Estado, los
trabajadores y los empleadores— tanto a nivel nacional como regional y
sectorial. Asimismo, remarcó la necesidad de que cualquier reforma
laboral sea discutida mediante consultas sustantivas con las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
La
Comisión también pidió la realización de una evaluación exhaustiva del
sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional, el
cual deberá incluir datos actualizados sobre la cantidad de inspectores,
su distribución geográfica, los recursos técnicos y financieros
disponibles y las medidas implementadas para asegurar el cumplimiento
efectivo de la legislación laboral y de los convenios internacionales
ratificados por el país.
También subrayó la necesidad de fortalecer
la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales
responsables de la administración e inspección laboral.
Cabe destacar
que la estrategia conjunta impulsada por las dos CTA y la CGT fue
determinante para que la situación argentina fuera debatida en el máximo
ámbito internacional del trabajo. Las centrales denunciaron reiteradas
vulneraciones laborales, situación que también quedó reflejada en el
Índice Global de Derechos 2026 elaborado por la Confederación Sindical
Internacional (CSI).
Según ese informe, Argentina ingresó por primera
vez al grupo de los diez peores países del mundo para la clase
trabajadora. La degradación a la categoría 5 representa el segundo
deterioro anual consecutivo de la calificación del país y lo ubica entre
las naciones con mayores vulneraciones a los derechos laborales y
sindicales.
La evaluación de la OIT se realizó en el marco del
seguimiento de los Convenios internacionales ratificados por Argentina:
el Convenio sobre la Inspección del Trabajo de 1947 (Nº 81), el Convenio
sobre la Inspección del Trabajo en la Agricultura de 1969 (Nº 129) y el
Convenio sobre la Administración del Trabajo de 1978 (Nº 150).
Finalmente,
la Comisión recomendó al Gobierno recurrir, de ser necesario, a la
asistencia técnica de la OIT y le solicitó presentar antes del 1º de
septiembre de 2026 un informe detallando las medidas adoptadas para
cumplir con las recomendaciones y los resultados obtenidos.
Agustín Salvia pone bajo la lupa la narrativa del ajuste económico y su verdadero correlato en las estadísticas sociales
A través de un análisis minucioso que el sociólogo brindó en Modo Fontevecchia, por +Perfil y Radio Perfil (AM 1190),
sobre la metodología de medición de la pobreza, el impacto de los
programas sociales en los deciles más postergados y la fuerte presión de
las tarifas sobre el presupuesto familiar, el sociólogo explica por qué
la leve mejora en la base de la pirámide convive con un marcado
empobrecimiento de la clase media. Una radiografía profunda para
comprender cómo el bolsillo, la autoexplotación informal y las dinámicas
del consumo moldean el nuevo mapa político y social del país.
Agustín
Salvia es sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de
México y realizó su doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de
Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Actualmente es
investigador del CONICET y, además, es jefe del Observatorio de la Deuda
Social del Departamento de Investigaciones Institucionales de la
Universidad Católica Argentina.
Buenos días, Agustín. Como
siempre, un gusto hablar con vos para que nos vayas actualizando, en
este proceso por etapas, la evolución de la estructura social de la
Argentina. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia las
últimas conclusiones del Observatorio.
Sí, hay dos. Mirá, justo
ayer salieron los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del
INDEC a nivel trimestral, del primer trimestre, y marca claramente una
tendencia que cabe mencionar: la aparente caída —o hasta dónde hubo una
caída— de la pobreza en Argentina en materia monetaria que se habría
experimentado durante el 2025 comparado contra el 2023 o 2024. Esa caída
se habría estabilizado y empezaría un proceso de reversión o, por lo
menos, de estancamiento alrededor de lo que es un piso histórico de
pobreza medido bajo el formato tradicional con que el INDEC venía
midiendo esto, que es alrededor del 30%. Hay un piso de pobreza
estructural en Argentina del 30%. Ahora, hay otra información que surge
del trabajo académico que justamente publicó Perfil el sábado pasado y
algo el viernes, y casi de manera exclusiva, porque nadie ha levantado
mucho esa información: si midiéramos comparativamente, como se podía
medir antes de 2024, la pobreza y la comparáramos con la medición de
ahora, actualizadas correctamente, las canastas que se consideran como
parámetro para no ser pobre y corrigiendo el efecto de la mejor medición
que tuvo la encuesta a partir del año 2024, la caída que compara muchas
veces el presidente o el discurso oficial —en donde la pobreza habría
caído más de 12 o 13 puntos— en realidad, cuando lo comparás contra el
2022 te habría caído casi 12 puntos la pobreza en términos informativos
de 39 a 28%, esa caída no es tan real.
La diferencia de 11 puntos se
reduce a tres puntos. Con respecto al 2022, medido de la misma manera,
habría sido de 44,7% y en el tercer trimestre del año 2025 habría sido
de 41,6%. En la indigencia ocurre lo mismo: en vez de tres puntos de
caída comparada contra aquel período, solo sería de 0,5%. Comparando lo
mismo con la misma metodología, te dice que estaríamos tan mal como
cuando estábamos mal después de la pandemia. No estamos tan bien. Sí es
cierto que con menos inflación y, en cualquier caso, con un 30% de
pobreza estructural que tiende a aumentar a la luz de un conjunto de
factores, como es la falta de empleo, el aumento del empleo informal, la
caída de la compensación que daban los programas sociales y factores de
inflación, aunque siga bajando. Hay una situación ahí que, en términos
monetarios, produce que los hogares puedan tener eventualmente más
capacidad de consumo, pero la tienen que destinar a servicios y al pago
de tarifas. Por lo tanto, tienen menos capacidad de consumo para bienes y
servicios corrientes, lo cual baja el mercado interno, paraliza o hace
más heterogénea o inestable la demanda interna del consumo. Esto muestra
que hacia adelante lo que tenemos es un escenario corregido por
equilibrio fiscal y caída de inflación, pero en el que estructuralmente
la Argentina no ha cambiado sustantivamente. Incluso podríamos pensar
que las capacidades de resiliencia han disminuido a través de la
generación de empleo pleno. Ese es un poco el diagnóstico
Debo
confesar el diagnóstico, Agustín, y no sé si vos coincidirás conmigo.
Aunque la caída de la pobreza no haya sido de 11 o 12 puntos ni de 3 en
la indigencia, y haya sido de 3 puntos en la pobreza y 1 en la
indigencia, con un plan de ajuste como el que realizó el Gobierno
hubiera sido imaginable lo contrario. Aunque sea módica la reducción de
la pobreza, de cualquier forma sorprende y creo que tiene que ver con la
actitud que tomaron de aumentar por arriba de la inflación el plan
social, al que le pusieron todo el foco. Ahora, me parece que si uno
puede decir «bueno, lograron con una eficaz utilización de la
herramienta de los planes sociales amortiguar el efecto que hubiera
tenido en la pobreza el enorme ajuste», en cuyo caso es una medida
exitosa, simultáneamente la clase media es mucho más pobre de lo que
era, o por lo menos esa es la sensación que se percibe día a día. Es
decir, no se empobreció más a la clase más baja, pero se empobreció a la
clase media. No sé si esta percepción absolutamente empírica y sin
ninguna base estadística la corroboran los estudios que vos realizás en
el Observatorio.
Es más o menos así, te comento. Creo que la
virtud que tuvo la política de ajuste del Gobierno fue no solamente
aumentar los programas sociales, sino producir un sistema de
competencias de mercado que ha hecho que bienes básicos, sobre todo la
canasta alimentaria, pero también un conjunto de bienes básicos que son
transables, tengan un ritmo de crecimiento por debajo de la inflación
general.
Eso ha hecho que haya mayor capacidad de consumo en los
sectores más pobres, tanto por los programas como por el hecho de que la
composición de su canasta es fundamentalmente alimentaria y de bienes
básicos. Esto ha hecho que esos segmentos —y ahí está la virtud, quizás,
de esta política de ajuste— no hayan experimentado una situación ni de
hambruna generalizada, ni de crisis, ni de catástrofe social. El efecto
inflacionario también tuvo un componente positivo durante la segunda
parte del ’24 y el ’25 que no necesariamente lo recogen las estadísticas
en términos de la capacidad de administrar el presupuesto. Esto ocurrió
también en las clases medias y medias bajas. Ahora bien, en la parte
que sí coincido es que el aumento significativo por sobre el índice
general de precios —a una inflación muy superior a la que estamos
midiendo, sin que ello se mida porque el INDEC tampoco terminó
actualizando la forma de medir la evolución de los precios— pero el
aumento de todo lo que son los servicios y las tarifas por sobre el
índice general le pega justamente en las rodillas a la clase media. La
clase media espera poder tener capacidad de ahorro y, en vez de eso,
tiene que destinar mucha más parte de sus ingresos a cubrir lo mismo que
consumía antes: la misma cantidad de gas, de luz, de comunicación.
Por
lo tanto, no solo no tiene capacidad de ahorro o esta disminuyó, sino
que tiene menos capacidad de consumo para servicios que son típicos de
una clase media, cómo mejorar la calidad educativa o los servicios de
recreación, y los consumos que hacen al mejoramiento de una vivienda o
cambios de bienes durables. Esto empezó a ocurrir en el ’25 y de ahí el
endeudamiento: los bancos daban créditos y se tomó un endeudamiento
fácil frente a una expectativa de que iba a haber una mejora sustantiva y
después, obviamente, no la hubo. Ahí está la fuerte mora. Esos
segmentos de la clase media están hoy endeudados, sin capacidad de
ahorro ni de consumos básicos típicos de la cultura simbólica del
habitus de las clases medias. Entonces, la percepción de empobrecimiento
—por mucho que no tengan que estar vendiendo el auto, la casa o rifando
las joyas de la abuela— obviamente está experimentando un deterioro y
un empobrecimiento simbólico en sus consumos cotidianos. Algunos están
muy enojados con el Gobierno, tal vez enojados desde antes y con una
perspectiva política antiliberal. Otros, con mucho apoyo al Gobierno
durante mucho tiempo, quizás tengan todavía expectativas de que esto
pueda mejorar en el corto o mediano plazo, o visualizan que quizás no
haya nada mejor que se les pueda ofrecer y lo que tienen como haber es
la capacidad de administrar con menos inflación su vida cotidiana. Este
es un poco el diagnóstico que surge de nuestros datos.
A ver, y
vos corregirme nuevamente, Agustín, si lo hago tan silvestre que
finalmente termina careciendo de cualquier valor científico: un sector,
probablemente los últimos dos deciles de la población argentina, al
bajar los alimentos o subir por debajo de la inflación y haber recibido
una actualización de la ayuda social por arriba de la inflación, mejoró
respecto de la situación previa al gobierno de Milei. La clase media
baja —no solamente la clase media, sino la numerosa clase media baja— y
la clase media, al aumentarle tanto por arriba los servicios, empeoraron
su condición respecto a hace dos años. O sea, hay una muy leve mejora
en un porcentaje —a lo mejor el 20% de la población— y un empeoramiento
en un porcentaje mayor, a lo mejor el 50% de la población.
Sí.
Eso que decís y que comunicás de esta manera es más o menos lo que ha
ocurrido en términos monetarios y en términos de menor capacidad de
consumo de esas clases medias. Hay más capacidad de consumo de los
segmentos más bajos. No quiere decir que estén teniendo capacidad de
invertir en capital humano, en desarrollo social o inclusión, porque sus
déficits son muy estructurales. Pero para los segmentos medios,
efectivamente, hay una disminución de su capacidad de inversión, de
ahorro y de proyectar el futuro a través del producto de su trabajo. Su
trabajo es menos remunerado.Pero sí destaco el otro punto: «bueno, tengo
menos ingresos trabajando más, pero me administro mejor el presupuesto
familiar». E incluso en algún momento tuve la desgracia de endeudarme y
ahora tengo que estar pagando la deuda o dejé de pagar —lo cual genera
un conflicto social latente—, pero en una sociedad que está mucho más
mercantilizada, que tiene menos estructuras organizacionales de cohesión
o de articulación, hace que la lucha sea mucho más individualista en
términos de «cómo voy a salir de esta». Y de esta tengo que salir
trabajando más, buscando otro trabajo o trabajando de manera informal.
Hay pérdida de empleo formal y eso se reemplaza con un trabajo informal,
que es mucho más intensivo y de mayor autoexplotación familiar. Incluso
esos procesos llevan a una mayor atomización social y mayor
individualización en la lucha del sálvese quien pueda en una situación
que no es crítica, porque la inflación tampoco es catastrófica ni se
están generalizando los cierres de empresas ni se corta la cadena de
pagos. Entonces, todos luchan de una u otra manera para no quedar
descolgados del proceso reproductivo. Ese proceso de lucha individual no
produce cohesión ni integración social, pero sí produce armonía o paz
social: un control social implícito dentro de la estructura donde quizás
en otros contextos esto no sería soportable. Acá aparece como mucho más
soportable e incluso viable que esto pueda continuar por mucho tiempo.
Agustín,
¿es un predictor de intención de voto el ascenso o descenso de la
capacidad de consumo de la mayoría de la población? Podríamos decir
simplemente que un 20% no empeoró, un 50% empeoró y un 30% mejoró en
alguna medida, que es el núcleo de apoyo que pueda tener el Gobierno.
Incluso se percibía cierta gentrificación en el voto de Milei en 2025,
distinto a 2023: en 2023 lo votaba mucha clase baja y en 2025 se parece
más al voto del PRO, donde lo vota la clase alta. ¿Es un predictor esto
que está sucediendo con la clase media, por lo menos por la experiencia
que vos tenés respecto a la intención de voto?
Mirá, yo creo que
hay una transición. Siempre mantengo la tesis de que acá todavía no
hemos logrado salir de una crisis más sistémica. Todavía no aparece un
nuevo modelo ni de acumulación, ni de régimen político, ni de
organización social. En esta transición, lo disruptivo que fue Milei en
su momento traccionó votos de distintas extracciones sociales, no
importa con qué situación económica, porque lo que ofertaba desde el
punto de vista político era lo novedoso, lo irruptivo, lo diferente
frente a un sistema agotado, deteriorado y un discurso político vaciado
de legitimidad. Ahora, según cómo están ocurriendo los procesos, el
discurso de Milei también encuentra un proceso de institucionalización y
de organización dentro de eso mismo que él criticaba. Incluso la
distribución del ingreso que se está dando no necesariamente va a
terminar expresando a quién vota cada uno, porque hay un componente
ideológico o disruptivo todavía presente. Pero hay una tensión sobre
cuánto me va bien; vuelve a aparecer esa tensión de qué me está pasando
en el bolsillo y a quién voy a votar. Ese punto lo tiene
fundamentalmente la clase media. Por mucho que haya ganado votos en los
sectores populares, hoy sigue teniendo un peso importante, mucho más del
que podría esperarse, pero uno de cada cuatro miembros de los sectores
populares podría votar a Milei fácilmente. Tal vez lo hizo casi la mitad
en otro momento, pero uno de cada cuatro o cinco está en esa situación.
Las clases medias son las que eventualmente van a terminar votando en
2025 o las que definen elecciones en las segundas vueltas, y mucho va a
depender del componente económico. No lo fue en el año 2023, pero sí
creo que lo va a ser en 2027 en términos de cuánto ese segmento va a
castigar o no cómo le ha ido en los últimos cuatro años. Son 10 o 15
puntos porcentuales que definieron los votos de Cristina, de Macri, de
Alberto Fernández y de Milei. Yo creo que ahí va a estar otra vez la
definición de esos votos. Va a haber un componente que tenga que ver con
«no quiero volver al pasado», pero hay otro componente que va a tener
que ver con cómo estoy en el presente y cómo voy a poder estar en el
futuro. El área de vacancia que tiene la política y que todavía no ha
logrado construir la oposición es el hambre de futuro que tienen esos
segmentos: un trabajo para mis hijos, como siempre.
Agustín,
empezamos hablando de sociología y terminamos hablando de política muy
ilustrativamente. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y nos
mantenemos en contacto como siempre.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Con Milei la pobreza trepó al 30% en 2026 y rompió la “tendencia a la baja”
Por Julio Pérez
En base a los microdatos de la EPH del Indec, la UCA advirtió una fuerte suba del costo de vida y deterioro de los ingresos para el primer trimestre del año. Advirtieron por un escenario de agotamiento de la “desinflación” donde vuelven a ocupar el centro de la escena la “debilidad distributiva, la informalidad, la subocupación y la insuficiente recuperación de los ingresos laborales».
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) registró un aumento de la pobreza, que alcanzó al 30% de la población en el primer trimestre de 2026.
El informe indica que la indigencia se situó en el 6,5%, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el último trimestre de 2025. Según estas estimaciones, la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó en 1,8 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026.
Evolución de los ingresos y el costo de vida
El cambio en la tendencia se explica por la relación entre la evolución de los precios y los salarios. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6% y la Canasta Básica Total un 9,6%. En el mismo periodo, el índice salarial total creció un 8,6%, mientras que los salarios del sector registrado aumentaron un 7%. De este modo, los ingresos dejaron de superar las líneas de pobreza y, especialmente, de indigencia.
A este escenario se suma el impacto de los gastos fijos. Las tarifas de energía, transporte y los alquileres registraron subas por encima del nivel general de precios y de las actualizaciones salariales.
Por su parte, alertaron sobre una menor capacidad protectora de las transferencias sociales. “Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago, por lo que pierden poder adquisitivo cuando se aceleran los precios. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado todavía no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18, de modo que ciertos consumos —como servicios públicos— quedan subrepresentados”, expresó Agustín Salvia, director del ODSA.
Deterioro del mercado laboral e incremento de la desigualdad
Desde la UCA señalaron un deterioro del mercado laboral. En la actualidad, uno de cada cinco trabajadores es pobre (20,6%), frente al 18,1% registrado en el tercer trimestre de 2025.
Si bien las tasas de desocupación no mostraron cambios significativos, la informalidad laboral alcanzó al 44,2% de las personas ocupadas subiendo 2,2 puntos, mientras que la subocupación aumentó 1,1 puntos.
La distribución de la riqueza también presentó variaciones desfavorables. El coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442, lo que refleja un incremento en la desigualdad de ingresos entre la población.
Mientras sectores como el agro, la energía y la minería muestran avances, actividades intensivas en mano de obra como la industria manufacturera y el comercio registraron retrocesos.
La situación social presenta disparidades en el territorio nacional. Las tasas de pobreza más elevadas se localizaron en: Concordia: 52,5%; Gran Resistencia: 49,7%; Posadas: 42,6%.
En cuanto a la indigencia, el valor más alto se registró en el Gran Resistencia con un 24,3%, seguido por Concordia con un 11,2%.
Desde la UCA concluyeron que la reducción de estos indicadores depende de la generación de empleos con remuneraciones que superen el costo de las canastas básicas, condición que no se verificó en el inicio de 2026.
Por último, denunciaron un sesgo en la captación de ingresos, con el atraso del INDEC en la construcción de canastas por la intervención de Caputo. Además de un desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas. “Todavía no contamos con una estimación ajustada para 2026. Sin embargo, la medición oficial sobreestimó de manera significativa la mejora hasta 2025. Que la caída se interrumpa incluso en esa serie refuerza la hipótesis de que la evolución efectiva de las condiciones monetarias de los hogares es menos favorable que la reflejada por los datos publicados”, mencionó Salvia.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Perfil, La Izquierda Diario, InfoGremiales
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