El 25 de julio de 2024, la detención de Ismael «El Mayo» Zambada García y de Joaquín Guzmán López tras el aterrizaje de un avión Beechcraft King Air en un pequeño aeródromo a las afueras de El Paso, Texas —bautizada en los corrillos de inteligencia como la Operación Air Kings, según dijeron a medios de comunicación supuestos agentes del FBI tras la exposición de la aeronave en el War Eagle Air Museum, evento encabezado por el agente Conal L. Whetten el 2 de julio de este año—, fue presentada de inmediato por las agencias estadounidenses y la narrativa dominante como un golpe de mano antinarcóticos, un espectacular capítulo de extracción o, en el mejor de los casos, un secuestro de alta filigrana entre facciones criminales.
Empero, una mirada atenta a la historia de los aparatos de seguridad e inteligencia y de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México nos exige tomar distancia del efectismo mediático. En el casi un siglo de presencia de este tipo de agentes en nuestro país, la persecución de las drogas por parte de Washington nunca ha sido un asunto meramente policial; ha sido, desde sus orígenes, un despliegue de inteligencia, contrainteligencia y, sobre todo, de conflicto de baja intensidad con fuertes dosis de guerra psicológica.
Desde el punto de vista del concepto de contrainsurgencia ampliada ─cuya cualidad “ampliada” Dawn Marie Paley la sitúa en su carácter preventivo, véase: https://cutt.ly/pypxinkZ págs. 68 & 69- el episodio del 25 de julio trasciende la anécdota de conflicto entre “narcos” para revelar la vigencia de una sofisticada Operación Psicológica (PsyOp) pensada para desencadenar un escenario de inestabilidad regional así como una tecnología de control y disciplinamiento político desplegada sobre el territorio sinaloense pero que tiene ecos en todo México.
El régimen internacional de prohibición a las drogas: una tradición de contrainteligencia y guerra psicológica
Para comprender el montaje o la escenificación de Air Kings, es imprescindible rastrear la genética de las agencias estadounidenses. No es una casualidad que la matriz del combate punitivo a las drogas esté permeada por la opacidad, el engaño y la manipulación de percepciones. Cabe recordar que Harry J. Anslinger, el patriarca prohibicionista y primer comisionado del Federal Bureau of Narcotics (FBN, fundado en 1930), moldeó su agencia a imagen y semejanza de su poco conocido paso por el Bureau of Secret Intelligence (BSI) del Departamento de Estado, una de las estructuras más oscuras, desreguladas y ajenas al control parlamentario en la historia de Estados Unidos.
Desde los orígenes del régimen prohibicionista internacional, la construcción de la «amenaza de la droga» y el despliegue de los agentes antinarcóticos operaron bajo la lógica de la contrainteligencia y la dimensión de guerra psicológica. Las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas y el manejo de información no buscaban únicamente generar casos judiciales, sino intervenir en la política interna de los países soberanos, moldear la opinión pública mediante el amarillismo y erigir una narrativa donde la violencia es siempre una patología local de la corrupción de las demás naciones, mientras que la efectividad y la rectitud moral residen en Estados Unidos.
Con ello no se quiere decir que no haya estructuras autóctonas dedicadas a los distintos rubros de las industrias criminales dirigidas por figuras políticas y militares de alto nivel. Eso existe en suelo yanki, en suelo mexicano y en todos los países, en mayor o menor medida, debido a la fuerza gravitatoria de los nichos de acumulación de capital que se crean en las actividades relativas a la producción de mercancías y servicios ilegales, cuya ganancia extraordinaria en parte se da por dicha ilegalidad. Sin embargo, quien tiene el dispositivo propagandístico, jurídico y la fuerza para señalar y coercionar a nivel planetario es el imperialismo estadounidense.
En ese sentido va la “filtración” de información sobre la Operación Air Kings y la exposición de la aeronave en el War Eagle Air Museum; la construcción mediática de un presunto «secuestro» cinematográfico entre poderosos narcos en un vuelo clandestino opera como un dispositivo pedagógico-político: envía un mensaje de supuesta omnipotencia de los aparatos de inteligencia estadounidenses, capaces de extraer al capo más longevo e inamovible de Sinaloa en cuestión de horas, al tiempo que profundiza la fragmentación, el terror y la parálisis social en la entidad y de paso muestra la presumible incompetencia de sus contrapartes mexicanas, abonando a las artificiosas narrativas de “Estado fallido” o “narco Estado” que se confeccionan desde un sentido común pequeñoburgués democrático-liberal.
Ahora bien, por parte de la violencia extrema que se desató en Sinaloa a partir del 9 de septiembre de 2024, podemos decir que no se trata de daños colaterales impredecibles; en la mencionada racionalidad de la contrainsurgencia ampliada, la violencia y la incertidumbre tienen un carácter preventivo que busca neutralizar cualquier posibilidad de disidencias, desestabilizar políticamente, disolver el tejido comunitario e imponer un escenario de contención y militarización permanente, con el subproducto paramilitarizador que le ha caracterizado en México. El objetivo real no tiene nada que ver con drogas o narcotráfico; siempre es avanzar en el fortalecimiento de la subyugación de la semicolonia mexicana en el contexto de las disputas del imperialismo yanki con China y Rusia. En ese sentido, la guerra contra las drogas/narcotráfico no ha sido ningún fracaso, es un éxito. El objetivo siempre ha sido uno distinto al declarado.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda
En este tablero de ajedrez, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda el mismo 25 de julio de 2024 adquiere un significado muy diferente al que la derecha ha tratado de instalar, y que habla de él como un supuesto mártir asesinado por la 4ta Transformación. La narrativa inicial intentó reducir el crimen a un vulgar asalto en una gasolinera. El detalle es que esa narrativa fue presentada por autoridades judiciales locales a medios de comunicación con base en el testimonio de quien llevó el cadáver de Cuén a la clínica CEMSI: Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, una de las figuras clave del cacicazgo universitario que Cuén encabezó durante dos décadas en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y actual diputado local del Partido Sinaloense, que era propiedad del cacique. De hecho, Corrales es compañero de bancada de la viuda de Cuén, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez. Es obvio que son gente que sabe más de lo que declaran a medios de comunicación locales y nacionales.
La versión inicial fue tambaleándose pocos días después de los hechos, conforme distintas fuentes anónimas misteriosamente dieron a conocer versiones alternas desde la prisión de Aguaruto a un periodista nacional y otro internacional, así como gracias a una carta publicada por Zambada en el LATimes el 10 de agosto. Esta otra versión planteaba que Cuén realmente fue ejecutado en el mismo predio y a la misma hora donde estuvo El Mayo, en Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán.
Tomando en cuenta la tradición histórica de “filtraciones” e instrumentalización de la prensa que caracteriza a la CIA ─de lo cual el Comité Church de 1975 y las memorias de Edward Snowden dan cuenta perfectamente-, todo este asunto tiene un tufo a una operación psicológica de considerables dimensiones.
A partir de ahí podemos deducir que el asesinato de Cuén Ojeda no fue un evento periférico. Representa la eliminación física de un eslabón clave en la articulación, al menos, entre el poder político institucional ─ “formal”, por así decirlo-, las redes clientelares universitarias y las economías criminales regionales. Si nos preguntamos ¿Quiénes organizan realmente al crimen organizado a nivel local en Sinaloa? Tal vez la respuesta apunte a que Cuén jugaba cierto papel en ello, probablemente más grande del que imaginamos tomando en cuenta la historia de su estirpe. Su ejecución, en medio de una operación clandestina del imperialismo estadounidense, fue calculada.
En el marco de la extracción de Zambada y el escándalo que provocó, el magnicidio trató de ser instrumentalizado por la propia familia Cuén en su confrontación con el gobierno de Rocha Moya, con quien hasta el 2022 mantenían una alianza.
Hay que recordar que, oficialmente, aún no se sabe la autoría real del montaje del “asalto” en la gasolinera y fueron los mismos Cuén Díaz quienes ordenaron la incineración del cuerpo de su patriarca poco menos de dos días después de su asesinato, destruyendo una de las pruebas más importantes. Se puede deducir que intentaban borrar cualquier rastro de su relación con Ismael Zambada y de lo que realmente había sucedido, pero que nunca imaginaron las revelaciones que se darían a conocer a través de la prensa nacional e internacional.
Habrá quien diga que la familia pudo ser amenazada por el gobierno estatal y federal, pero esa hipótesis no toma en cuenta que los Cuén Díaz, de hecho, son una poderosa familia de criminales multimillonarios cuyo cacicazgo incluso cuenta con redes privadas de inteligencia en la entidad. A través de la UAS, construyeron algo así como esos “centros de espionaje estatales” a los que se refirió Sergio Aguayo en su libro “La Charola” de 2001 (consúltese https://cutt.ly/2ypx9J3Y a partir de la pág. 278) mismas que tienen sus raíces en lo que entonces era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional [CISEN]. De hecho, en 2016 se señaló la relación de Melesio con un espía de nombre Juan Manuel Zarco Bernal que emanó de esos circuitos (https://cutt.ly/FtvhUzAF). No es exagerado decir que ellos han sido una especie de pequeño eslabón de un Estado profundo (deep state) en Sinaloa.
El día del asesinato se implicó a la familia y estructura caciquil de Cuén en esta operación de guerra psicológica, obviamente, sin su conocimiento, desencadenando el montaje en comento ─la marca de la casa cuenista- y una serie de especulaciones en medios locales, nacionales e internacionales donde, se diga lo que se diga, la constante es una: el narco domina a México.
¿Secuestro o entrega pactada del Mayo Zambada?
La versión oficial del «secuestro» del Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López se desmorona cuando se le confronta con la historia profunda de la llamada comunidad de inteligencia norteamericana en México. Como se ha dicho, a lo largo del siglo XX y XXI, la frontera entre el combate al narcotráfico y la complicidad de las agencias de espionaje ha sido deliberadamente difusa, como lo demostraron las revelaciones del caso Camarena ─en el que El Mayo estuvo implicado, junto a Ismael Félix Rodríguez, agente de inteligencia yanki-, la Operación Rápido y Furioso o la Operación Mongoose Azteca que ha dejado una red de vigilancia permanente en México.
Considerar que la caída del Mayo fue producto de una trampa infantil resulta insostenible si se analiza la solidez y antigüedad de sus vínculos con los aparatos de seguridad estadounidenses. La figura de su cuñado, Edgar Cruz, cubano anticomunista señalado históricamente también por sus nexos y cercanía con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sugiere que la casa Zambada nunca fue ajena a los canales informales de inteligencia y contrainteligencia de Washington. A estos aspectos enrarecidos, se suma que el juez Brian M. Cogan recomendó que El Mayo pase el resto de sus días en un centro médico penitenciario federal, evitando una prisión de máxima seguridad (https://cutt.ly/XypN1pRP).
A la luz de este trasfondo, cobra mucha mayor fuerza la hipótesis de una entrega pactada bajo condiciones de negociación al más alto nivel. Operación que se ha ocultado, evidentemente, también a las bases de las estructuras narcoparamilitares de la entidad, en las que participan elementos de policías de distintas corporaciones de diferentes niveles y de fuerzas armadas desplegados bajo el cobijo de la operatividad encubierta.
Mecanismos de negación plausible
De todo esto se infiere que las estructuras paramilitares del crimen organizado funcionan bajo la lógica militar de la compartimentación y el uso de mecanismos de aislamiento (llamados cut-outs), donde la cúpula estratégica, de mando real, mantiene desconocida la intención de la ejecución de acciones. De esa forma, el elemento operativo de las bases criminales es instrumentalizado como un insumo prescindible: recibe indicaciones puntuales, unidireccionales, que pueden ser dadas “en corto” por alguien conocido, pero que emanan de un horizonte anónimo, donde preguntar o averiguar el origen y la razón de la orden es mortal. Así, las fuerzas en el terreno actúan como celdas ciegas que pueden estar sirviendo a reacomodos políticos, pactos de inteligencia o disputas de alto nivel sin jamás tener consciencia del juego global en el que participan y donde sus vidas y las de miles de otras personas son sacrificadas en los enfrentamientos de los bloques de cúpulas burocrático/burguesas nacionales e internacionales que los utilizan.
No es descabellado ni conspiranoide pensar esto: prácticamente desde su nacimiento la CIA se ha regido por marcos normativos que permiten todo tipo de prácticas de este tipo. Ejemplo de ello es la directiva secreta NSC 10/2 emitida en 1948, donde se estableció el mecanismo de negación plausible en las operaciones encubiertas, entendidas estas como “actividades planificadas y ejecutadas de tal manera que cualquier responsabilidad del Gobierno de los EE.UU. no sea evidente para personas no autorizadas y que, de ser descubiertas, el Gobierno pueda rechazar plausiblemente cualquier responsabilidad por ellas.» (véase https://cutt.ly/KypxjlCC, pág. 4).
Aunque dicha directiva ya no está vigente y gracias a su desclasificación es que sabemos de ella, debe existir un equivalente en la actualidad.
Si bien en las declaraciones anónimas que se dieron tras la presentación acaecida en el War Eagle Air Museum y en las revelaciones de medios mexicanos se habla de participación solo de agentes del FBI y la DEA en este suceso (https://cutt.ly/5ypcZFfi), lo cierto es que, como muestra Pérez Ricart en su investigación sobre los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, hay elementos que en lo formal se encuentran adscritos a dichas agencias, pero en los hechos son funcionarios de la CIA (véase https://cutt.ly/wypcZNZU pág. 133).
Es así que no debe sorprendernos la cualidad contradictoria, confusa y caótica de las declaraciones del abogado de Zambada y agentes estadounidenses. Es parte de una guerra psicológica, de una pieza musical que están tocando y en la cual sus contrapartes mexicanas, al estar subordinadas a sus políticas imperialistas, intentarán bailar sin estarse tropezando…
Norberto Soto Sánchez. Maestro en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dr. en política de procesos socioeducativos por la UPN Ajusco.
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