El Decreto Supremo (DS) No. 5676 constituye una de las reformas económicas más significativas del actual gobierno boliviano. Aunque el discurso oficial presenta la medida como un simple “sinceramiento” del precio del diésel para grandes consumidores y un mecanismo destinado a aliviar la carga fiscal del Estado, el presente artículo sostiene que la norma expresa una transformación mucho más profunda: La transición desde un régimen de regulación pública de un bien estratégico hacia un modelo de mercantilización progresiva del mercado energético. Se argumenta que el decreto inaugura un proceso de restauración neoliberal caracterizado por la fragmentación de la subvención, la creación de un precio referencial vinculado al mercado internacional, la apertura estructural a la importación privada y la redefinición del papel económico del Estado. Asimismo, se examina cómo el discurso del “sinceramiento” opera como una forma de hegemonía ideológica destinada a convertir una decisión política en una supuesta necesidad técnica.
I. Consideraciones preliminares
Las crisis económicas constituyen momentos privilegiados para observar la naturaleza de las transformaciones del Estado. Lejos de representar simples respuestas técnicas a problemas coyunturales, las reformas impulsadas en contextos de crisis suelen expresar modificaciones profundas en la correlación de fuerzas entre clases sociales y “proyectos de desarrollo”.
El DS No. 5676 debe analizarse precisamente desde esta perspectiva. Formalmente, la norma autoriza la comercialización del diésel a precio referencial para grandes consumidores con el propósito declarado de disminuir la carga fiscal derivada de la importación realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, limitar el análisis a este objetivo explícito impide comprender su verdadero significado, la cual, constituye una reforma estructural de la política energética del nuevo ciclo gubernamental y expresa una reconfiguración del Estado orientada hacia la liberalización gradual del mercado de combustibles. Esta transformación se legitima mediante una narrativa ideológica basada en categorías como “sinceramiento”, “responsabilidad fiscal” y “reconstrucción nacional”, cuya función consiste en presentar como inevitables decisiones que son esencialmente políticas.
II. El DS No. 5676, mucho más que un incremento del precio del diésel
El debate público ha concentrado su atención en el incremento del precio del diésel para los denominados grandes consumidores. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, se puede señalar que el fenómeno esencial no reside en el aumento del precio sino en la modificación de la forma de regulación del mercado.
La principal innovación jurídica del decreto es la institucionalización del Precio Referencial, calculado mediante una metodología técnica y actualizado periódicamente. Esta figura rompe con la lógica histórica del precio administrado por el Estado y aproxima el mercado interno al funcionamiento de los precios internacionales.
La contradicción fundamental no es entre 9,80 Bs. y 18 Bs. por litro., la verdadera contradicción enfrenta dos modelos de organización económica:
1. Un modelo basado en la regulación estatal y la socialización parcial de los costos energéticos;
2. Otro basado en la progresiva mercantilización de un bien estratégico.
Se trata de una transformación de las formas mediante las cuales el Estado interviene en el proceso de reproducción y acumulación del capital.
III. La dialéctica del “sinceramiento”
Toda hegemonía necesita construir un lenguaje capaz de transformar intereses particulares en intereses generales. La categoría “sinceramiento” cumple precisamente esa función.
Desde el punto de vista económico, un precio subsidiado nunca fue un precio “falso”. Constituyó una decisión política mediante la cual el Estado redistribuía parte del excedente social para abaratar un insumo estratégico utilizado por el aparato productivo y por amplios sectores de la población.
Al denominar “sinceramiento” a la eliminación parcial de la subvención, el Gobierno desplaza el debate desde la política hacia la moral. Quien cuestiona el decreto aparece implícitamente como defensor de una supuesta mentira económica.
La operación ideológica consiste en ocultar que toda política de precios expresa relaciones de poder, prioridades distributivas y decisiones sobre quién debe asumir el costo de la crisis. Como señalaba Louis Althusser, la ideología no funciona principalmente ocultando la realidad, sino organizando la manera en que los sujetos la perciben. El término “sinceramiento” reorganiza el sentido común para hacer aparecer la liberalización como una exigencia objetiva y no como una opción política.
IV. Lo que el discurso oficial oculta: la transferencia de costos hacia la sociedad
El Gobierno sostiene que el incremento del precio del diésel para grandes consumidores no afectará la canasta familiar. Esta afirmación resulta problemática cuando se examina la estructura de la economía boliviana.
Los grandes consumidores son precisamente quienes concentran buena parte de la producción y distribución de alimentos: Agroindustria, transporte de carga, producción pecuaria e industrias alimentarias. El diésel constituye un insumo transversal para la preparación de tierras, la cosecha, el transporte, el almacenamiento y la distribución.
Desde la teoría del valor y de los precios de producción, el incremento de un insumo generalizado tiende a modificar la estructura de costos. El traslado de dichos costos a los precios finales dependerá de la competencia, la productividad, la elasticidad de la demanda y las políticas regulatorias. Sin embargo, afirmar anticipadamente que no existirá ningún efecto sobre la canasta familiar equivale a convertir una hipótesis política en una certeza empírica que aún no ha sido demostrada.
La contradicción central consiste en que el Gobierno reconoce el incremento del costo para quienes producen los alimentos mientras niega, simultáneamente, la posibilidad de efectos indirectos sobre los consumidores.
V. La apertura a la importación privada: ¿competencia o transferencia de rentas?
La creación del “Precio Referencial” no puede analizarse aisladamente de la creciente presión por ampliar la importación privada de combustibles.
Mientras el Estado comercializaba diésel fuertemente subvencionado, la importación privada encontraba escasos incentivos económicos. La aproximación del precio interno al costo internacional modifica radicalmente esa ecuación.
Desde la economía política crítica, ello representa una transferencia progresiva de espacios económicos anteriormente ocupados por el Estado hacia operadores privados.
No significa la desaparición del Estado, significa su transformación. El Estado deja de intervenir directamente mediante precios subsidiados y asume crecientemente funciones regulatorias para garantizar el funcionamiento del mercado. En términos de Nicos Poulantzas, no desaparece la autonomía relativa del Estado; cambia la forma concreta mediante la cual ésta organiza las condiciones generales de acumulación del capital.
VI. La narrativa de la crisis como mecanismo de legitimación
El discurso gubernamental atribuye la situación económica principalmente a la herencia del gobierno anterior.
Las referencias a la ausencia de reservas internacionales, al agotamiento de recursos fiscales y a la necesidad de “reconstruir la patria” cumplen la función política de presentar las reformas como inevitables.
Desde una perspectiva dialéctica, toda crisis posee una doble naturaleza. Es, simultáneamente, una realidad objetiva y una construcción política.
La existencia de restricciones fiscales no determina por sí misma una única respuesta posible. Existen distintas alternativas distributivas: reforma tributaria, modificación del régimen de regalías, cambios en la estructura del gasto público o redefinición de prioridades presupuestarias.
La narrativa de la inevitabilidad elimina del debate precisamente aquello que constituye la esencia de la política: la posibilidad de elegir entre proyectos alternativos de sociedad.
VII. ¿Un nuevo “gasolinazo”?
Históricamente, el “gasolinazo” en Bolivia fue entendido como un incremento generalizado e inmediato del precio de los combustibles. El DS No. 5676 introduce una modalidad distinta, pues, no elimina simultáneamente toda la subvención, sino, la fragmenta.
Modifica las condiciones para determinados consumidores; posteriormente crea el instrumento jurídico —el Precio Referencial— que permite extender gradualmente la lógica del mercado a otros segmentos.
Desde esta perspectiva, el decreto puede interpretarse como un gasolinazo fragmentado, caracterizado por una estrategia incremental que reduce el costo político inmediato sin abandonar el objetivo de aproximar el mercado interno al precio internacional.
VIII. La unidad estratégica del proyecto neoliberal
Una lectura centrada exclusivamente en los actores políticos corre el riesgo de ocultar las continuidades estructurales entre distintos proyectos de derecha.
Más allá de las diferencias de liderazgo, los programas liberales recientes compartían elementos fundamentales como la disciplina fiscal, reducción de subsidios, liberalización cambiaria, fortalecimiento del mercado y ampliación de la participación privada en sectores estratégicos.
Desde la teoría gramsciana, estas coincidencias pueden entenderse como la expresión de un mismo bloque histórico, dentro del cual existen diferencias tácticas pero una orientación estratégica común respecto al modelo de acumulación.
La discusión relevante, por tanto, no consiste únicamente en identificar qué gobierno impulsa determinadas medidas, sino en analizar qué fracciones del capital se benefician de ellas, qué clases sociales absorben sus costos y cómo se reorganiza la relación entre Estado y mercado.
Conclusiones
El DS No. 5676 no constituye únicamente una medida administrativa destinada a reducir el déficit fiscal. Representa una transformación cualitativa en la política energética boliviana y un punto de inflexión en la relación entre Estado, mercado y capital.
Su novedad fundamental no reside en el precio inicial del diésel, sino en la creación del Precio Referencial como nuevo principio regulador. A través de esta figura jurídica, la lógica del mercado penetra progresivamente un ámbito históricamente organizado mediante decisiones políticas de carácter redistributivo.
El discurso del “sinceramiento” cumple una función ideológica que transforma una reforma neoliberal en una supuesta corrección técnica inevitable. La apelación a la crisis fiscal y a la herencia económica del pasado, desplaza el debate sobre las alternativas posibles y presenta como única opción una reorganización favorable a la mercantilización del sector energético.
Así, el DS No. 5676 expresa la contradicción entre dos proyectos de Estado: Uno que concibe los recursos energéticos como un bien estratégico sujeto a políticas redistributivas y otro que la incorpora crecientemente a la lógica de valorización del capital. En esa contradicción se juega no solo el futuro de la política de combustibles, sino también la orientación del modelo de “desarrollo boliviano”.
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