El 22 de diciembre de 1997 a las 11:30 de la mañana 33 mujeres -14 de ellas niñas- y 12 hombres -4 de ellos niños- tzotziles fueron masacrados en Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, como resultado de la incursión militar en la zona zapatista de los Altos de Chiapas.
El 22 de diciembre de 1997 a las 11:30 de la mañana 33 mujeres -14 de ellas niñas- y 12 hombres -4 de ellos niños- tzotziles fueron masacrados en Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, como resultado de la incursión militar en la zona zapatista de los Altos de Chiapas.
Los atacantes, que fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar priista Máscara Roja estaban armados con fusiles AK-47 y M-16 y utilizaron balas expansivas contra las y los indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una iglesia en la comunidad de Acteal, según un comunicado de prensa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Luego de que asesinaron a las y los 45 tzotziles, los paramilitares fueron por machetes y por más de sus compañeros.
«Hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, `hay que acabar con la semilla´, decían. Desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete. Después se fueron», relata Micaela, quien tenía 11 años cuando sucedió la masacre, en el libro la Otra Palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal.
Luego de la masacre, dice la publicación coordinada por Rosalía Aída Hernández Castillo y editados por Ciesas en 1998, en Acteal era «como si la muerte siguiera flotando en el aire y pudiera regresar en cualquier momento».
Y aún cuando no hay lápidas que marcan el lugar exacto en el que quedó cada cuerpo, hay una cruz señala el lugar de entierro de las y los 45 asesinados.
Un día después de la masacre, las mujeres comenzaron a moverse en grupos y las y los niños, que como Micaela perdieron a alguno de sus padres, quedaron bajo el cuidado de la comunidad, incluso muchas de las mujeres que ya tenían seis o siete hijos tenían a su cargo hasta ocho huérfanos.
DIEZ AÑOS DE IMPUNIDAD
Pero 10 años han pasado y no se ha hecho justicia plena, los autores intelectuales siguen impunes, no se han tomado las medidas de no repetición y los daños materiales, físicos y emocionales no se han reparado.
Además, las armas de los paramilitares siguen en las comunidades y el Estado mexicano sigue sin reconocer los hechos y la violación a los derechos humanos.
Ante ello, la Organización Social Civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires, «junto con otras hermanas y hermanos, pueblos, organizaciones, redes de Derechos Humanos, grupos y sectores», decidieron emprender una etapa de lucha contra la impunidad, a través de la campaña «Acteal contra la impunidad 10 y 15».
Queremos, dice la organización en un comunicado, «decir la verdad, desenmascarar y señalar a los verdaderos asesinos de nuestras hermanas y hermanos y exigir su juicio; evidenciar la complicidad del Estado mexicano, exigir el resarcimiento del daño y que tomen las medidas de no repetición de los hechos».
Para la Organización Social Civil Las Abejas, Ernesto Zedillo (entonces presidente de México) ignoró y ocultó el contexto de la masacre. Un día después de los hechos, decía ‘lo que pasó en Acteal fue un problema familiar’.
Pero una vez más, continúa el comunicado, «los planes de militarización salieron y siguen saliendo desde el gabinete presidencial, pues las órdenes de acciones contrainsurgentes fueron recibidas desde el Ejecutivo federal y facilitado su operación por el Ejecutivo estatal.
«La misión encomendada al Ejército Mexicano fue, además de los ataques a los insurgentes zapatistas, la creación y adiestramiento de los paramilitares, los cuales operaron en complicidad con los policías de Seguridad Pública del estado en los robos de pertenencias de los desplazados, quemas de casas y hasta la masacre, estaban a escasos 200 metros de distancia cuando empezó la balacera contra nuestras hermanas y hermanos y no hicieron nada».
¿HAY TANTOS CULPABLES?
Días antes de la masacre, María Ruiz Oyalté, quien se encontraba refugiada en Acteal junto con su esposo e hijos, se levantó con una hemorragia terrible: la sangre corría entre sus piernas y no sabía que hacer, narra el libro La otra palabra.
El promotor de salud de la comunidad de Xoyeb, Juan, le diagnosticó «prolapso uterino», se le había caído la matriz «de tanto tener hijos y trabajar tan duro» y debían trasladarla a San Cristóbal para operarla. Sin embargo, Juan, María y su esposo se enfrentaron a la falta de un anestesista, a la ausencia de camas y al mal trato de lo médicos y las enfermeras del sistema de salud.
Dos días después de esperar que la operaran, María decidió regresar a Acteal el 22 de diciembre a primera hora. Cuando llegó, el ambiente estaba tenso por los rumores de un ataque priista y las mujeres rezaban en la ermita mientras que un catequista las tranquilizaba diciendo que «Dios los protegería».
Ante su situación María pensó: «No queda más que rezar para que pare la sangre de mi cuerpo y la que se derrama entre hermanos, compadres y vecinos». Se fue a la ermita con las demás mujeres. Ese día fue asesinada.
Juan no sabe si culpar de la muerte de María al anestesista que nunca apareció, a las enfermeras y médicos que no intentaron encontrarlo, a los hombres de negro que entraron a Acteal destruyéndolo todo, «matando la semilla», a los policías de seguridad pública que acarrearon las armas y fueron testigos silencioso de la masacre a los soldados que han militarizado toda la región y sembrado el miedo entre los habitantes o a las autoridades federales que no quisieron hacer nada frente a las múltiples denuncias.
«Hay tantos culpables. ¿Son todos los mismos?».