No se puede menos que hacerse las preguntas en los tiempos actuales, al igual que nos las hemos hecho a lo largo de muchos años. Sí, los años han ido pasando y los daños graves, los atropellos a la dignidad y los crímenes han ido quedando en la impunidad, sea del bando que sea quien […]
No se puede menos que hacerse las preguntas en los tiempos actuales, al igual que nos las hemos hecho a lo largo de muchos años. Sí, los años han ido pasando y los daños graves, los atropellos a la dignidad y los crímenes han ido quedando en la impunidad, sea del bando que sea quien esté en el poder. Cómo no haberse preguntado, ¿cuál justicia… cuál democracia? Hoy hemos repetido estas preguntas muchas veces, hoy, sí, porque hoy martes 17 de abril de 2007 se cumplen 30 años de la fundación del comité de familiares de los desaparecidos políticos, y mañana se cumplirán 32 del día en que se llevaron a mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, a las cárceles clandestinas del mal gobierno, en los campos militares, en las bases navales y en otros lugares igualmente inexpugnables. Jamás será desperdicio repetir que esos espacios destinados a la reclusión están totalmente fuera de la ley, y que las «detenciones» son secuestros ordenados desde los más altos escaños del poder. Tampoco sobrará en ningún momento repetir que los secuestradores tienen y han tenido facultades para torturar, maltratar y hasta asesinar a quienes mantienen en la más absoluta indefensión.
Esto no podemos menos que calificarlo como terrorismo de Estado, y no será estéril recalcar que los responsables en más alto grado de todas estas violaciones a la Constitución y a los derechos humanos son los presidentes de la República, los titulares del Poder Ejecutivo federal, cada uno de los que ha fungido como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin cuya aquiescencia o, más bien, sin su mandato, nada de ello se podría hacer.
Hoy, para los pobres de este país, para la mayoría de los mexicanos y para nosotros, ayunos de justicia, se ensombrece aún más el presente, cuando quien detenta el poder ha querido comprar la lealtad del Ejército anunciando el aumento de sus haberes.
Hoy los agraviados por las llamadas Fuerzas Armadas que condujeron a nuestros hijos y compañeros a sus cuarteles transformados en cárceles y cámaras de tortura vemos más negro el horizonte, cuando desde la tribuna de la Escuela Superior de Guerra se agradece el incremento y al mismo tiempo se hace patente la lealtad. Para nosotros, agraviados, la lealtad no tiene precio, no se paga por ella… y ésta, la lealtad, no lleva implícitos crímenes ni tortura, ni prisión injusta, ni desapariciones, como sucedió en Oaxaca y como ha ocurrido en tantos lugares del país desde hace muchísimos años y como sigue pasando en el presente.
Asumo la responsabilidad entera de lo que afirmo; es lo que pienso y lo que he observado. De igual manera puedo decir que creo que no todas las mentes militares piensan lo mismo y que la disciplina suele ser mal entendida y pésimamente impuesta, en contraposición frontal con los mandatos constitucionales, lo que ha hecho que el pueblo, otrora respetuoso y hasta lleno de orgullo por sus soldados, hoy les haya negado su confianza. ¿Cuál justicia… cuál democracia? Se preguntarán los familiares de las víctimas del 68 y del «Jueves de Corpus».
¿Y los de Acteal y los de Aguas Blancas? ¿Y las madres de las mujeres asesinadas en Juárez? ¿Y Atenco y Oaxaca? ¿Y todos los crímenes del pasado reciente y los del pretérito remoto? ¿Y los salarios injustos, y el «olvido» del campo, y el éxodo interminable hacia el norte porque la miseria lo empuja? ¿Y la sumisión del poder a los designios de los vecinos de «allende el Bravo»? ¿Y las negras intenciones de robarnos la patria, de vender el petróleo, la electricidad y de hacer día a día más ricos a los agiotistas de los bancos y a las empresas extranjeras, aunque éstas envenenen pueblos, como la Minera San Xavier, en San Luis Potosí? Cómo no preguntar airados: ¿cuál justicia… cuál democracia?
* Rosario Ibarra. Dirigente del Comité ¡Eureka!