A 30 años de la masacre de Villa Tunari

no somos capaces de unirnos para pisarles a los que les mandan a ustedes, a los gringos

Evo Morales, junio de 1989

La Convención Única sobre estupefacientes realizada en Viena, fue suscrita por varios países con Estados Unidos en 1961, entre ellos Bolivia, que entonces fue representada por Víctor Paz. Apenas ascendió al poder mediante el golpe de Estado, Hugo Banzer ratificó los acuerdos de la Convención en octubre de 1972. El documento regulaba la producción y mercadeo del opio, cannabis y la hoja de coca. Pero respecto a la coca señalaba específicamente «Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de una Parte (léase EEUU) sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta de la cannabis resulte la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objeto de tráfico ilícito, la Parte interesada prohibirá dicho cultivo». Más adelante, sin consulta previa a nuestros pueblos, determinaba que «la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención« [1] (Art. 49). En la práctica significaba la eliminación de la planta.

Al ver que la Convención no funcionaba de facto por los países obligados a cumplirla, durante los primeros años de la década de 1980, EEUU promovió la ocupación militar de las zonas de plantación de coca para que sean las fuerzas policiales de esta nación las que eliminen la hoja e influyó en la creación de UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural) en 1983 cuyos elementos recibieron el asesoramiento técnico y táctico de instructores de la Drug Enforcement Administration (DEA). Cuando llegó el fin del término impuesto (1986), EEUU certificó que la coca en Bolivia no había sido eliminada. Entonces obligó al gobierno boliviano entonces encabezado por el mismo Víctor Paz de 1961, a emitir el «Plan trienal de lucha contra el narcotráfico» en enero de 1986. El plan disponía la interdicción y erradicación de coca excedentaria bajo los siguientes objetivos: a) erradicación forzosa de cultivos ilegales, b) reducción del precio de la coca, c) impedir nuevas áreas de producción y, d) clasificar a la hoja de coca como sustancia peligrosa y prohibir su masticación.

Su aplicación movilizó a los productores de coca quienes organizaron las acciones de protesta de manera contundente. Consiguieron una firma ficticia de un acuerdo mediado por la Central Obrera Boliviana para un plan integral de desarrollo y sustitución de cultivos, y el compromiso de tratar el tema de la hoja de coca fuera del régimen de sustancias controladas. El acuerdo nunca fue cumplido ni por EEUU ni por las instituciones del gobierno boliviano. Al contrario, a lo largo de 1987 EEUU dotó de equipos logísticos y efectivos militares que llegaron directamente a su base operacional en la región del Chapare. Una base militar a la que ni el propio presidente boliviano podía arribar si no era con la autorización de la embajada estadounidense. Como respuesta el movimiento cocalero reinició las movilizaciones exigiendo el tratamiento de una ley exclusiva para la producción y consumo (acullico) de la coca, fuera del régimen de sustancias controladas.

Furioso, el Departamento de Estado planeó maquiavélicamente la elaboración de un texto que legalmente obligara al Estado boliviano acabar con la coca en cinco años. El texto llegó al Congreso boliviano para ser propuesto como proyecto de ley. Pero su aprobación tardó tanto que los pocos diputados de izquierda junto a los dirigentes cocaleros, se enteraron de la medida y solicitaron que sea entregada una copia previa. La respuesta del gobierno fue clara y contundente: «Esa ley todavía está en inglés, cuando vamos a traducir al castellano, te vamos a pasar».

Ese proyecto se emitió como la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, mejor conocida como la Ley Nº 1008, el 19 de Julio de 1988. El texto no reconocía como zona de producción tradicional a la región del Chapare y planteaba la eliminación progresiva de las plantaciones en un plazo político fatal de cinco años.

Veintitrés días antes de su promulgación, la 1008 ya cobró su primera masacre.

LA MASACRE DE VILLA TUNARI

Los primeros informes de prensa señalaron que la mañana del lunes 27 de junio de 1988, un grupo de aproximadamente cuatro mil campesinos se había reunido en la población de Villa Tunari y habría intentado tomar las oficinas de la Dirección de Reducción de Coca (DIRECO), las instalaciones de UMOPAR y otras reparticiones relacionadas. Hombres y mujeres campesinas lograron hacerse de las oficinas de UMOPAR que la DEA financiaba y administraba. Los efectivos de esta Unidad, con el refuerzo de agentes de la DEA que llegaron en camionetas y helicópteros desde Villa Tunari, empezaron a desalojar a los campesinos utilizando sus armas con fuego a discreción. La multitud huyó sin control ante el ataque armado. Los reportes daban cuenta de que el enfrentamiento cobró la vida de cinco campesinos y varios heridos. Cuatro de los muertos, incluida una mujer, presentaban impactos de bala. El quinto, en su afán de fuga, había caído cien metros por un despeñadero hasta el lecho del río.

La masiva huida continuó por la carretera a la localidad de Shinaota donde también se produjo un número indeterminado de heridos y detenidos que, según UMOPAR, portaban dinamita y carabinas. El gobierno aseguraba que uno de los muertos fue «victimado por una ráfaga de ametralladora que fue disparada desde algún ángulo» que no era propio de UMOPAR, y que los otros tres fallecieron en el río Chapare al intentar escapar de la persecución. Por la noche, bajo una tensa calma, se produjeron diversas asambleas de los campesinos para determinar las acciones consecuentes a causa de la represión armada de la que fueron objeto.

Al día siguiente las reuniones campesinas continuaron en Ivirgarzama para evaluar las consecuencias de la masacre. Pero un helicóptero de la Drug Enforcement Agency (DEA) ametralló a la concentración campesina en el intento de una nueva masacre. La dirigencia denunció que el helicóptero hirió de gravedad a tres personas: Román Colque Oña de 37 años, Margarita Ávila Panozo y al bebé Grover Quiroz de apenas 3 años de edad, siendo trasladados de emergencia a la ciudad de Cochabamba. Ante los previos acontecimientos, los dirigentes de los Sindicatos de productores de coca determinaron que iban a tomar «toda clase de acciones de hecho» para exigir el retiro de la DEA del suelo boliviano.

LA PRONUNCIACIÓN INSTITUCIONAL

Ante la tragedia ocurrida en Villa Tunari, el II Encuentro Nacional de Productores de Coca que se iba a realizar el miércoles 29 en La Paz, se adelantó para el martes. El voto resolutivo de la reunión determinó exigir el abandono inmediato de las fuerzas de UMOPAR, la DEA y del proyecto AGROYUNGAS de las regiones del Chapare y los Yungas. 

La Central Obrera, a través de su máximo dirigente Heriberto Mamani, acusó al gobierno de «cobrar nuevas víctimas». Por otra parte, los miembros de los partidos opositores al gobierno, como el PCB, MAS-U, PS-1, y MBL entre otros, plantearon un proyecto de resolución para constituir una Comisión especial de investigación de la Cámara de Diputados. El jueves 30 de junio, la Cámara aprobó la constitución de la Comisión que en su informe oficial del 4 de julio, concluyó que la masacre cobró la vida de diez campesinos, entre mujeres y varones. Asimismo declaró que en su visita a Villa Tunari, se encontró con un «clima de terror» por la presencia de los agentes del Ministerio del Interior «que cometen excesos en contra de la población y los campesinos».

EL DISCURSO DEL GOBIERNO

Mientras tanto el gobierno minimizaba la cantidad de muertos y heridos tan solo a dos, y declaraba mediante el Subsecretario de Defensa Social, Jorge Alderete Rosales, que las movilizaciones se debían a otros móviles «de narcotraficantes y de políticos que tratan de crear un clima adverso y de intranquilidad». El Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, señalaba que las acciones campesinas se encontraban fuera de la ley y de la realidad al pretender eliminar los centros de control y lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, los dirigentes cívicos autoridades nacionales y departamentales junto a los jefes de UMOPAR, determinaron continuar con el patrullaje por las inmediaciones de la región y el intenso control de la carretera al Chimoré.

EL PAPEL DE LA DEA

Aunque la Comisión legislativa no había podido establecer oficialmente la presencia de efectivos de la DEA, la prensa proporcionó reveladoras imágenes. Apenas enterado de la masacre, el entonces embajador interino de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, se trasladó al Chapare para verificar personalmente los resultados del suceso. El 28 de junio se publicaron las fotos de él junto al Jefe de la DEA en Bolivia, Frank Macolini.

Tras el informe de Greenlee, el gobierno norteamericano citaba a Bolivia como un ejemplo de la lucha antidroga a través de su Procurador General Edwin Meese, mediante una nota enviada al Vicepresidente boliviano Julio Garret. Asimismo el mismo Departamento de Estado declaró que Estados Unidos «no tiene planes» para retirar de Bolivia a los agentes norteamericanos de la DEA. 

EL CUADRO DE EVALUACIÓN

El objetivo del gobierno de EEUU no fue la erradicación del narcotráfico, sino ejercer dominio sobre la región del Chapare para controlar las tierras, el gas y el petróleo que existe debajo. Utilizó y utiliza el discurso de la lucha contra el narcotráfico como un instrumento de dominación para una política de invasión, un programa de control que pretende hacer ver al Chapare como un territorio vinculado al narcotráfico y evitar que el movimiento cocalero lidere la liberación de la opresión.

Representación de la DEA en junio de 1989, un año después en la marcha in memorian de los compañeros asesinados.

Nota:

[1] Por la lucha constante del pueblo boliviano, la medida fue revertida 52 años después, en enero de 2013.

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