Sin duda el 18 de marzo es una fecha que hay que conmemorar y celebrar. En ese día de 1938 México resolvió el conflicto que tenía de varios años atrás con las poderosas empresas petroleras, reivindicó su soberanía nacional, recuperó para la nación un recurso natural estratégico y dio cumplimiento a lo que los diputados del Constituyente de Querétaro habían establecido en el texto de la Carta Magna como un derecho inalienable de la nación mexicana.
Pero también, aunque pocas veces se destaca, la decisión del presidente Lázaro Cárdenas dio lugar al momento de nuestra historia con mayor unidad entre las distintas clases y grupos de la sociedad. En un país como el nuestro que, desde la guerra de Independencia había vivido permanentes luchas entre los integrantes de las elites políticas —republicanos y monárquicos, federalistas y centralistas, conservadores y liberales; que había padecido dictaduras como las de López de Santa Anna y Porfirio Díaz, con luchas de resistencia popular reprimidas o soterradas y clandestinas, y un movimiento revolucionario sangriento y cruel que costó quizá cientos de miles de vidas, exilio, separaciones familiares y caudales de sufrimiento—, por primera vez, en más de un siglo de vida como nación independiente, una acción del poder estatal unificó a la gran mayoría de los mexicanos. Sólo unos pocos, que poco tiempo después habrían de fundar movimientos como la Unión Nacional Sinarquista y el Partido Acción Nacional, y también el cacique militar Saturnino Cedillo, tomaron partido por las empresas extranjeras expropiadas y se opusieron a la decisión presidencial. Incluso la Iglesia Católica, dejando atrás la guerra cristera y sus consecuencias, llamó a sus fieles a respaldar la nacionalización y a colaborar para el pago de las indemnizaciones por la expropiación.
No es extraño ni excesivo, entonces, que los gobiernos desde 1940 y las izquierdas del país reconocieran la trascendencia del acto nacionalizador del presidente Lázaro Cárdenas, como ocurrió también en el ámbito internacional, donde influyó en procesos de nacionalización en Bolivia, Chile, Perú y otros países.
La conmemoración de este 85 aniversario no fue meramente eso, sino un acto político diseñado y convocado desde la presidencia de la República con propósitos bien definidos. Además de hacer una reivindicación verbal del acto nacionalizador de Lázaro Cárdenas, se trataba, en primer lugar, de hacer de la fecha cívica un acto de masas para demostrar el poder de convocatoria —acarreo de una parte de los asistentes de por medio— del presidente y su partido; y medir fuerzas con las oposiciones que el 26 de febrero llenaron el Zócalo y varias otras plazas públicas del país bajo la consigna de oponerse al llamado “Plan B” del presidente que debilita el sistema electoral.
Aprovechó el presidente que en 2019 y 2020 se postró ante los intereses electorales de Donald Trump para hacer ostentación de nacionalismo, rechazando tajantemente la iniciativa de un puñado de legisladores del Partido Republicano de los Estados Unidos que han propuesto una mayor intervención de las fuerzas de seguridad de su país en México para combatir a los cárteles del narcotráfico. “México”, dijo, “es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”.
No dejó el orador de criticar a sus opositores en el país, especialmente al PAN, con referencias explicitas a Felipe Calderón y Genaro García Luna (jamás, eso sí, contra los priista Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray), y advertirles que “hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas”, porque “el pueblo” consolidará la primera etapa de la llamada transformación del país y refrendará en la elección de 2024, con cualquiera de los ahora precandidatos del partido oficial, su apoyo al proyecto que él y su partido ahora representan. Presumió los logros de su gobierno como los programas de política social, la reducción de la incidencia de delitos del fuero federal y los montos presupuestales destinados a obra pública .
Y fue también, por supuesto, ocasión para sacar a la pasarela, una vez más, a las Corcholatas del Morena, al menos a tres de ellas —una de las cuales la que será señalada por el índice presidencial—, ya que Ricardo Monreal no fue invitado a subir al templete. En fin, un acto político, más que cívico, para propagandizar al gobierno y al mismo López Obrador, preparar el terreno para el cada vez más cercano destape del candidato o candidata oficial y, una vez más, descalificar a sus opositores.
Abajo, en la plancha del Zócalo, mientras tanto, un grupo de amlólatras, de los fanatizados por la palabra del caudillo, usó la concentración para manifestarse contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y llegar a quemar un monigote que la representaba. Esta acción, simbólica pero significativa del ambiente político que se genera desde el discurso cotidiano del presidente, no sólo contra sus opositores sino contra los ministros de la Corte e integrantes de los organismos constitucionalmente autónomos, fue rechazada de inmediato por feministas, defensores de la separación de poderes, e incluso por morenistas como la senadora Malú Micher Camarena y la esposa del mandatario Beatriz Gutiérrez Muller, entre otros. El mismo presidente, en su mañanera del lunes 20, tuvo que referirse al hecho y lo reprobó, recordando que él también ha sido objeto de ataques semejantes por sus adversarios.
El episodio, aparentemente intrascendente, refleja sin embargo, que, a diferencia de 1938, el ambiente nacional es hoy de enorme polarización política, no sólo entre el mandatario y su partido y la oposición formal partidaria, sino con diversos sectores de la sociedad a los que constantemente se descalifica verbalmente en las sesiones matutinas del Palacio Nacional: miembros de los otros poderes y, de los organismos constitucionalmente autónomos (INE, INAI, etc.), periodistas y medios, movimientos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y un largo etcétera: todos aquellos que discrepan o lo critican en algún sentido, o a los que no ha logrado controlar.
En lo que sí hay similitudes con los tiempos cardenistas es en que, así como el opositor Juan Andrew Almazán logró unificar en 1940 a todos los grupos y segmentos opositores para una elección finalmente reñida —en la que el mismo presidente Cárdenas y el candidato oficial Ávila Camacho creyeron por momentos haber perdido—, se avizora para 2024 una contienda electoral más cerrada de lo que se ha previsto hasta ahora, donde no bastarán el liderazgo y carisma del hoy presidente sino se pondrán en juego las cualidades y defectos de quien resulte con la candidatura de Morena y sus aliados, así como las condiciones económicas del país y los éxitos y fracasos del actual sexenio.
Pero, más allá de los incidentes, hay poco que celebrar el 18 de marzo. La reforma energética de Enrique Peña Nieto, aprobada en 2013, que abrió el sector energético (petróleo, gas, electricidad) a la inversión privada, incluso de origen extranjero, revirtió en más de un sentido la gran hazaña del nacionalismo realizada por el general Lázaro Cárdenas, y aún sigue en pie, intacta. El gobierno de AMLO no se propuso ni se ha propuesto revertir esa reforma desnacionalizadora. Ya desde el 15 de marzo de 2017, en conferencia de prensa en Washington D. C., el hoy presidente rechazó los “métodos expropiatorios”, pues sólo se revisaría, al llegar a la primera magistratura del país, la “corrupción” o, en su caso “a reponer el procedimiento” de las reformas estructurales, previa consulta a los ciudadanos (en https://www.youtube.com/watch?v=Y-xr2YvRltE, minuto 1:11).
Pemex no sólo fue desatendida por los gobiernos anteriores a 2018, sino colocada por las reformas peñistas como una empresa más en la competencia con poderosos consorcios internacionales, que ahora tienen acceso a la exploración, extracción y procesamiento del petróleo y el gas mexicanos, así como a la importación de combustibles. Y, si bien es cierto que la administración lopezobradorista ha canalizado recursos importantes de inversión a la petrolera nacional y al combate al huachicol, ya ha quedado claro que los resultados sólo se verán a mediano o largo plazo. La construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco ha casi triplicado los costos originalmente previstos; la compra de la refinería Deer Park en Texas —cuyo costo total sería de mil 489 millones de dólares, y no de 596 millones de dólares, como inicialmente lo anunciaron el presidente López Obrador y el director general de Pemex, Octavio Oropeza— incrementó la deuda de Pemex en casi mil 68 millones de dólares (https://etcetera.com.mx/nacional/deer-park-300-millones-mas-cara-anunciado-por-amlo/).
Ya en la presidencia, AMLO no ha hizo la anunciada consulta sobre las reformas estructurales, ni aprovechó la mayoría legislativa que tenía en el primer trienio de su gobierno para promover una iniciativa de reforma constitucional sobre el sector energético. Como es sabido, la iniciativa de 2022 para dar primacía a la CFE en la distribución de energía eléctrica por sobre los generadores privados no sólo fue impugnada en demandas de amparo ante tribunales federales sino rechazada como reforma constitucional al no reunir 2/3 de los votos en el Congreso. Costará mucho tiempo y esfuerzo, si es que se llega a hacer, revertir o modificar lo realizado en materia energética por el corruptísimo gobierno de Enrique Peña Nieto.
El propio 18 de marzo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas publicó en el diario La Jornada un balance del estado actual de la industria energética, con una dura crítica a la política seguida desde hace alrededor de 40 años y prolongada en el actual gobierno, de sobreexplotar fiscalmente a la empresa estatal y mantener la entrega de los recursos petroleros a privados (https://www.jornada.com.mx/2023/03/18/opinion/010a1pol?fbclid=IwAR3OGLrmgkL_0SyW8gfPsNuW_nik_2HBgtHcsQt3HkKFdjFfEr9NDThQDSk). Escribió el hijo del nacionalizador: “La contrarreforma de 2013 y 2014, constitucional y en las leyes secundarias, sigue vigente y vigente en consecuencia el riesgo de que a otra administración pudiera ocurrírsele profundizar el retroceso político, económico y de soberanía que ha representado, y la nación perdiera totalmente el control de los recursos del subsuelo. Se requieren ya las iniciativas de ley para poner fin a ese riesgo”. El mismo día, el ingeniero, que desde luego no acudió al Zócalo, encabezó en el monumento a la Revolución un acto también conmemorativo de la expropiación, en el que reiteró sus críticas a la política petrolera de López Obrador.
Y los que sí tuvieron motivos para celebrar este 18 de marzo fueron los propietarios de la petrolera italiana Eni, que un día antes anunciaron en Milán haber descubierto en el Golfo de México, en la zona de exploración llamada Yatzil, un yacimiento calculado en 200 millones de barriles de petróleo (https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/3/17/petrolera-italiana-eni-descubre-nuevo-yacimiento-en-mexico-con-reservas-de-200-millones-de-barriles-303835.html?fbclid=IwAR3OGLrmgkL_0SyW8gfPsNuW_nik_2HBgtHcsQt3HkKFdjFfEr9NDThQDSk). Es una de las empresas a las que el gobierno peñista asignó bloques de exploración y producción (en este caso, ocho) en la cuenca del sureste del Golfo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.