A Diez Años de Acteal

 

El 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar disparó de manera indiscriminada en el interior de una iglesia de la comunidad de Acteal, Chiapas. Las balas se llevaron la vida de 45 indígenas totziles: 16 niñas, niños y adolescentes, 20 mujeres y 9 hombres. 7 de las mujeres estaban embarazadas.

 

Las personas masacradas pertenecían a un grupo civil conocido como Las Abejas, dedicado a defender sus derechos como pueblos indígenas. El día en que fueron brutalmente asesinados se encontraban reunidos orando por la paz para su comunidad y otras vecinas, desplazadas por apoyar al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

 

En los últimos diez años, Acteal evoca distintos lugares, con diversos protagonistas y con diferentes vulneraciones de derechos humanos. En Atenco, en Oaxaca, en Guerrero, en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez…; mujeres y hombres, indígenas y mestizos, periodistas, estudiantes, defensoras y defensores de derechos humanos, campesinas y campesinos…; feminicidio, desapariciones forzosas, detenciones ilegales, trabajo infantil, ataques contra la integridad física, psicológica y sexual, vulneración del derecho a la identidad cultural, del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a un juicio con todas las garantías, a los derechos de participación política…

 

Pese a los intentos de los sucesivos gobiernos mexicanos de presentar tales vulneraciones como episodios aislados, por un lado, y, por otro, como fruto de la confrontación entre particulares o entre comunidades rivales, su reiteración y su envergadura apuntan a causas de tipo estructural y a responsabilidades institucionales concretas.

 

Las graves vulneraciones de derechos humanos en México son consecuencia directa de un entramado de factores marcadamente interrelacionados que se pueden situar en tres ámbitos distintos: a) la consolidación de un modelo socio-económico profundamente desigual, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población, pese a que la economía mexicana se sitúa entre las más poderosas del planeta ; b) la inexistencia o extrema debilidad de los canales que hacen posible una participación política amplia, consciente y determinante; c) la impunidad que penetra los diferentes cuerpos de seguridad y el ejército mexicanos vinculada a la falta de independencia del poder judicial.

 

En tal contexto, la responsabilidad debe atribuirse principalmente a las instituciones mexicanas: los informes y recomendaciones realizados por distintos relatores especiales de Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos así como los pronunciamientos promovidos desde el Parlamento Europeo, o las denuncias de distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch… no han logrado provocar en los distintos gobiernos más que tímidos y teatrales gestos, cuando no la negación más rotunda o el silencio más indiferente.

 

La CCIODH

 

En el contexto recién descrito, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) quiere seguir amplificando la voz de los testimonios de las vulneraciones de derechos humanos en México. En este sentido, amparada en la legitimidad que le otorga el trabajo realizado en cinco misiones de observación (entre febrero de 1998 y mayo de 2007), la CCIODH considera obligado recordar que, desgraciadamente, siguen teniendo vigencia las denuncias y recomendaciones efectuadas tras cada una de las visitas realizadas (a Chiapas, las tres primeras, a Atenco, la cuarta, y la última a Oaxaca).

 

A juicio de la CCIODH, la vigencia de los derechos humanos en México depende de la superación de una serie de poderosos obstáculos, entre los que cabe destacar:

 

1. Una situación de profunda descomposición política y de preocupante desestructuración social. Las esferas institucionales no logran, por falta de voluntad, asegurar la vigencia del Estado de Derecho, y en tal contexto son las capas más desfavorecidas de la sociedad, y especialmente las comunidades indígenas, quienes sufren las consecuencias de una situación generalizada de violencia y de impunidad.

 

2. Una estrategia jurídica y política cuyo principal objetivo es lograr el control y la desarticulación de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista. Se han documentado numerosos casos de negación de los derechos de reunión, manifestación y de la libertad de expresión e informativa, por medio de un uso de la fuerza policial y militar abusiva e indiscriminada.

En ocasiones, han formado parte de esta estrategia grupos de civiles armados o paramilitares responsables de desapariciones forzadas, lesiones y muertes que a día de hoy siguen impunes.

 

3. Una patente ausencia de voluntad de los representantes gubernamentales a la hora de hallar salidas dialogadas a los conflictos. Frecuentemente, han sido las propias instituciones las que han alentado, por acción u omisión, los enfrentamientos entre personas o entre comunidades como modo de legitimar la actuación represora de las fuerzas de seguridad.

 

4. La falta de cumplimiento de los compromisos adoptados por las instituciones. El caso más emblemático lo constituyen los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el gobierno mexicano y el EZLN, aplazados sucesivamente en su cumplimento hasta su definitivo desprecio por medio de la reforma constitucional de 2001.

 

5. La continuidad de una cultura etnocéntrica que sigue rechazando la igualdad entre culturas y la pacífica y provechosa coexistencia de distintos proyectos de vida colectiva. Se da un rechazo consciente a la construcción de espacios de autonomía indígena para así legitimar las estrategias de asimilación y aculturación, aún hoy vigentes. Pese a las declaraciones constitucionales, jurídica y políticamente se barra el paso a un México verdaderamente multicultural y pluriétnico.

 

6. La pervivencia de un machismo enraizado que se refleja en amplios sectores de la sociedad y que se traslada a la actuación de unas fuerzas de seguridad y militares que son cómplices, cuando no responsables inmediatos, de graves vulneraciones de los derechos de las mujeres. Más allá de los feminicidios de Ciudad Juárez, sucesos como los de Atenco, donde fueron documentadas graves agresiones sexuales en los traslados a los centros reclusorios, así lo atestiguan.

 

7. La falta de independencia del Poder Judicial: las dificultades en el acceso a los tribunales de los sectores sociales más desfavorecidos y su uso interesado por representantes gubernamentales han provocado una profunda desconfianza hacia la Justicia. Con frecuencia jueces y tribunales se pliegan a las exigencias gubernamentales al decidir sin fundamento suficiente el encarcelamiento de los líderes de organizaciones y movimientos sociales, tanto indígenas como no indígenas. Existen pues, en tal sentido, presos políticos.

 

Compromiso

 

Diez años después de Acteal sigue siendo necesario recordar la matanza, sus causas y protagonistas. La tarea de evitar nuevos Acteales pasa por la pervivencia de la lucha contra la impunidad entendida en sentido amplio: ninguna vulneración de derechos sociales, culturales, económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta. Por ello, la CCIODH interpela a todos los actores sociales y políticos, tanto mexicanos como internacionales, a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes tanto públicos como privados. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada hacer ya cerca de diez años.

 

Octubre de 2007

Contacto en: e-mail: [email protected]

Página web: http://cciodh.pangea.org