El 19 de octubre de 2001, la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, fue encontrada muerta, con dos tiros, en su lugar de trabajo, en la ciudad de México. Al lado del cuerpo, una carta amenazaba de muerte a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del cual […]
El 19 de octubre de 2001, la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, fue encontrada muerta, con dos tiros, en su lugar de trabajo, en la ciudad de México. Al lado del cuerpo, una carta amenazaba de muerte a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del cual ella formaba parte.
Pasados diez años, no se hizo justicia; al contrario: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) concluyó que Digna se suicidó (sin considerar la cantidad de tiros y la carta con amenazas) y cerró el caso, el 9 de septiembre último, negando amparo a los familiares. Indignadas por la impunidad, organizaciones lanzaron comunicados en que exigen justicia y recuerdan la trayectoria militante de la abogada.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) resaltó que las investigaciones fueron conducidas de manera «parcial y poco diligente». La institución recordó que hace diez años el caso se tramita también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta ahora no decidió sobre su admisibilidad, y ha negado pedidos de audiencia para tratar sobre el asunto.
«El asesinato de Digna Ochoa es emblemático, y su caso advierte sobre la desprotección en la que se encuentran las defensoras y los defensores de derechos humanos en México. Decenas de activistas siguen siendo amenazados, agredidos y asesinados como consecuencia de su trabajo», declara.
Reforzando la necesidad de justicia, la directora ejecutiva del Cejil, Viviana Krsticevic, afirmó que la impunidad ha generado un «clima de persecución en México». «El Estado debe comprometerse firmemente en la búsqueda de justicia con respecto al homicidio de Digna Ochoa, así como en la implementación de una política que permita que otras personas que defienden los derechos humanos no sean intimidadas o silenciadas en su trabajo», señaló.
En ese sentido, el Cejil demanda la protección para todos los defensores y defensoras de derechos humanos; que el Estado mexicano reabra el caso y lo investigue «seriamente», sancionando a los responsables del delito; que la CIDH avance más rápidamente en el trámite.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas consideró al Estado mexicano «cómplice por omisión e impunidad». «A 10 años de su asesinato este Centro de Derechos Humanos condena la impunidad y exige al Estado mexicano que se finque responsabilidad por omisión a los funcionarios de todos los niveles de gobierno y se presenten a los autores materiales e intelectuales de este crimen», se afirma en la nota.
La institución destacó también la trayectoria de Digna, que, aunque reconocida internacionalmente, no quedó libre de las persecuciones. Involucrada en la defensa de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera -presos por luchar contra la extracción ilegal de madera realizada por jefes políticos del estado de Guerrero, funcionarios públicos y miembros del ejército-, la abogada se refugió en Washington, capital de Estados Unidos, el año 2000.
Apenas retornó a México, las amenazas comenzaron nuevamente y la activista llegó a ser torturada durante nueve horas seguidas, con los ojos vendados, en su propia casa. El Centro señala que por esa época la CIDH había expedido una resolución pidiendo al gobierno mexicano que protegiera la vida de Digna.
Corroborando las críticas a la conducción del proceso, la integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Susana Díaz, afirmó que el caso está lleno de irregularidades y que un perito independiente aseguró que se trata de un homicidio, debido a las características de las lesiones corporales.
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=61539
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]