A dos años de esa gesta corresponde no dejar que caiga en el olvido y no dejar que se entierre la lucha del pueblo que en ese momento asumió la determinación de salir a las calles hasta recuperar la democracia.
Hace dos años, en pleno período de golpe y con la pandemia utilizada por los golpistas como medio de control para perseguir y criminalizar la lucha social, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad indígena campesino, convocaron a un cabildo en la revolucionaria ciudad de El Alto (adyacente a la sede de Gobierno, la ciudad de La Paz) que se convirtió en uno de los bastiones de lucha frente a la dictadura de Jeanine Añez.
Aquella movilización tuvo como antecedente la marcha de padres y madres de familia de la ciudad de El Alto junto a maestros y estudiantes, luego de que Víctor Hugo Cárdenas, entonces ministro de educación del gobierno de facto, clausurara la gestión educativa ante la incompetencia de la gestión sanitaria gubernamental, que no sólo no garantizó atención de emergencia a los contagiados, sino que terminó en casos de corrupción como el de sobreprecio en la compra de respiradores.
La clausura de la gestión educativa decretada en junio del 2020 movilizó a varios sectores en una multitudinaria marcha, que se extendía por 20 kilómetros, desde el multifuncional de la Ceja de la ciudad de El Alto hasta la Plaza de San Francisco en el municipio de La Paz. Aquella movilización rompió el cerco policial militar con el que se acorazaba la dictadura.
Con ese antecedente, la COB convocó a su primer ampliado nacional en el período de la pandemia en coordinación con el Pacto de Unidad, con las Confederaciones y Federaciones de trabajadores y con los representantes de los padres y madres de familia de El Alto, en el ampliado determinaron llevar adelante una marcha nacional de protesta el 28 de julio que inició en Senkata y concluyó con un cabildo (así se llama en Bolivia a una asamblea multisectorial) en la ciudad de El Alto.
En el cabildo determinaron:
1.- Llevar adelante la lucha movilizada a nivel nacional contra el Gobierno de Facto de Añez y el Tribunal Supremo Electoral por violar los derechos constitucionales del pueblo y atentar contra la democracia
2.- Las Confederaciones y Federaciones Nacionales de trabajadores, así como las Centrales Obreras Departamentales y Regionales, deberán organizar el Bloqueo Nacional de caminos y la huelga general movilizada e indefinida, a partir del lunes 3 de agosto de 2020.
Esas determinaciones fueron conducidas y coordinadas por la COB y el Pacto de Unidad. Una vez iniciadas, las medidas se extendieron varias semanas y lograron que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral determinen mediante ley realizar las elecciones nacionales el 18 de octubre de 2020, frenando así el prorroguismo del Gobierno Golpista, asumiendo de esa forma la lucha en las calles con la moral de haber cumplido su rol histórico en la lucha por la recuperación de la democracia.
Es lamentable que hoy estas páginas quieran ser enterradas por algunos que no estuvieron en las calles, ese periodo de lucha no fue sencillo y los dirigentes que asumieron la lucha enfrentaron los procesos y atentados como el que sufrió la COB y el Pacto de Unidad la noche del 13 de agosto de 2020, cuando un grupo de paramilitares, en complicidad con quienes debían salvaguardar el orden, detonaron cachorros de dinamita en las puertas de las sedes de la COB y de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias – Bartolina Sisa, en la calle Pisagua, intentando además ingresar por la fuerza a la sede de la COB donde se encontraba su ejecutivo nacional Juan Carlos Huarachi, detonaron dinamita en la puerta de ingreso y lograron abrir un hueco en la puerta de madera, pero no lograron que por ahí las bombas molotov que arrojaron lleguen hasta el edificio, gracias a que una reja metálica impedía el paso y terminaron explotando en las gradas.
Aquel atentado encubierto por los golpistas mostró lo que pretendía el gobierno de facto: asesinar la lucha por la recuperación de la democracia y prorrogarse indefinidamente en el poder.
A dos años de esa gesta corresponde no dejar que caiga en el olvido y no dejar que se entierre la lucha del pueblo que en ese momento asumió la determinación de salir a las calles hasta recuperar la democracia.
Edmundo Juan Nogales Arancibia es abogado y analista político
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.