Se trata de delitos de lesa humanidad por el asesinato del militante de izquierda César Robles. La investigación se había iniciado en 1975 y reabierto en 2006. Según los familiares, había avanzado muy poco.
El mismo juez que avaló la barbarie represiva y las detenciones arbitrarias desatadas en el microcentro por parte de la policía luego de la multitudinaria marcha del viernes pasado por la aparición con vida de Santiago Maldonado cerró la investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A, en una causa donde debían ser juzgados los asesinos de César Robles, militante del PST (Partido Socialista de los Trabajadores), en noviembre de 1974. Se trata de Marcelo Martínez de Giorgi, quien también fue el autor de la orden de detención contra Hebe de Bonafini.
«Es quien resolvió dejar impunes delitos imprescriptibles, como es el asesinato de mi padre», explicó a PáginaI12 Andrea Robles, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). La sala I de la Cámara Federal ratificó la resolución de Martínez de Giorgi, de sobreseimieto parcial y provisorio, al rechazar la apelación presentada por su hija y los abogados del Ceprodh. «Bajo el código que rige en esta causa significa que el caso pasa al archivo», destacó Robles. «La causa investigaba crímenes de lesa humanidad donde la Justicia argentina debería adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a los responsables de los más de 1500 crímenes perpetrados por la Triple A, pero no habiendo ni un solo preso, se entiende porque este tipo de resoluciones se consideran reñidas con crímenes de esta índole», agregó.
Según Robles, Martínez de Giorgi había resuelto que la Justicia deje de investigar porque consideró que no «es posible individualizar a los autores materiales», condena pos mortem a López Rega como autor intelectual pero se contradice cuando, refiriéndose a mi padre, sostiene que «el secuestro y homicidio fue cometido por la Triple A», una asociación ilícita que entonces no dependía de las órdenes de una sola persona, como quieren hacer aparecer. La resolución no tiene sustento desde el momento en que la Justicia prácticamente no ha investigado para dar con los autores materiales e intelectuales.
El accionar de la Triple A comenzó en 1973 y siguió bajo el gobierno de Isabel Perón, como parte de una política represiva para terminar con el ascenso obrero y estudiantil, que se había abierto con el Cordobazo; no habiéndolo logrado, culminó con la dictadura militar. «Que los más de 1500 asesinatos que se le adjudican hayan ocurrido durante sus gobiernos, que estuviera comandada por su mano derecha José «el Brujo» López Rega y la Policía Federal, integrando sus comandos parapoliciales también como organizaciones de ultraderecha, integrantes de la burocracia sindical que hoy viven, son cuestiones que reforzaron las políticas para que estos casos no se esclarezcan», agregó la hija de César Robles.
La causa que se inició en 1975 fue reabierta en 2006. «Desde entonces, el caso sobre el asesinato de mi padre permite corroborar lo poco que se ha hecho: con unas 80 fojas de expediente -en su gran mayoría de declaraciones de testigos y pruebas que aportamos desde las querellas-, el juez Martínez de Giorgi quiere dar el caso por archivado», destacó Andrea Robles. Para ella «el accionar de la Triple A, tanto como su impunidad, ponen en evidencia al régimen ‘democrático’, el carácter del Estado y sus instituciones, como la Justicia, en la defensa de los intereses capitalistas, que en eso no difiere de la dictadura militar, su oposición es relativa y apela al uso de las fuerzas represivas estatales y paraestatales cuando ve amenazado sus intereses; por eso el entramado de represión y encubrimiento alrededor de la desaparición de Jorge Julio López y ahora de Santiago Maldonado vuelve a ponerlo a las claras».
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/61558-a-favor-de-la-impunidad