El domingo 27 de enero de 2008 el Prefecto «y Comandante General» del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, publicó en todos los periódicos del país una carta de página entera dirigida al Sr. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, donde expresa improperios contra el proceso constituyente y el proyecto de Constitución de […]
El domingo 27 de enero de 2008 el Prefecto «y Comandante General» del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, publicó en todos los periódicos del país una carta de página entera dirigida al Sr. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, donde expresa improperios contra el proceso constituyente y el proyecto de Constitución de Bolivia que se votó en Oruro hace poco más de un mes. Se trata de una respuesta, escrita con poca reflexión, a las declaraciones de Insulza en su reciente visita a Bolivia de apoyo al proyecto constitucional. No es que Insulza haya lanzado grandes loas al texto; simplemente dijo lo que una persona mínimamente instruida y objetiva que lea el proyecto, diría: que la democracia en Bolivia no está amenazada, que el texto constitucional garantiza los derechos fundamentales, y cosas por el estilo. Lugares comunes si no fuera porque en Bolivia, todo lo que significa respaldo nacional o internacional al proyecto de Constitución, produce extrañas reacciones surgidas más de las vísceras que de la cabeza.
La reacción del Prefecto de Santa Cruz era, por tanto, previsible. Haciendo alusión a una resolución de la III Cumbre Judicial Nacional (reunión de jueces que demuestra la situación del poder judicial en el país), entra en los argumentos tan manidos como falsos que ya conocemos. Que el proyecto fue aprobado contraviniendo las normas del procedimiento, cuando la Asamblea Constituyente cumplió escrupulosamente con la Ley de convocatoria y sus reformas, así como su propio Reglamento; que se vulneró el derecho de la oposición a intervenir en el debate constituyente, cuando la oposición participó en pleno en todas las sesiones hasta las aprobaciones de Sucre y Oruro, donde se negaron a acudir en un intento desesperado -y fracasado- de impedir que hubiera quórum suficiente para sesionar (por otro lado, una manera muy democrática de actuar); que no se aprobó el texto final con dos tercios de todos los constituyentes, cuando si leen la ley de convocatoria y el Reglamento -en cuya redacción participaron- se percatarán que no es necesaria esa mayoría, sino la de dos tercios de los presentes, para la aprobación del texto, y se obtuvo mucho más que este apoyo; que es la «Constitución del MAS», cuando prácticamente todas las fuerzas estaban representadas, entre ellas varias de la oposición, con constituyentes de PODEMOS y, casi al completo, la bancada de Unidad Nacional, y participaron constituyentes de los nueve departamentos del país.
Por no decir que siguen alegando que no se cumplió el mandato del referendo autonómico, cuando el proyecto prevé no sólo facultades normativo-administrativas para los departamentos, como solicitaba dicho referendo (que, por otro lado, perdió en la totalidad del país), sino también competencias legislativas; y que la Constitución se aprobó con un puñado de horas de discusión, cuando ha sido una de las Asambleas constituyente modernas más largas: año y medio de debates, informes, consultas a la población… En fin, para qué aburrirles. Ya conocen la cantaleta y el método de Goebbels: una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Lean las aclaraciones de la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, publicadas el día después, donde desmonta una por una las «razones» del Prefecto.
La carta del Sr. Costas hubiera pasado desapercibida si no contuviera un elemento sorpresa de los que hacen doblar la ceja. En varias ocasiones, el Prefecto insiste en que ese proyecto «ilegal» de Constitución no debe someterse a referendo: «Pasar por alto la ilegalidad del Proyecto -dice el «Comandante General»- para someterlo a consideración ciudadana significa no sólo convalidar los atentados a la democracia y al Estado de Derecho, sino comprometer a la ciudadanía en la validación de un texto arbitrariamente impuesto». ¡Cáspita! -que diría el Capitán Trueno-, ¿cómo puede «imponerse arbitrariamente» a la ciudadanía un texto votado por la mayoría del pueblo? Los teóricos de la política ya pueden darle vueltas al asunto; quizás encuentren la cuadratura del círculo.
Ha tenido suerte el Sr. Costas de que este proceso constituyente boliviano es plenamente democrático. Si hubiera sido cualquiera de los tantos anteriores que ha experimentado el país, el proyecto de Constitución no sería un proyecto, sino una Constitución. Nunca antes se ha votado en Bolivia un proyecto constitucional; las constituciones anteriores no requerían de ninguna consulta al pueblo; entraban directamente en vigor. Pero la disposición final de este proyecto de Constitución es clara: para que entre en vigor tiene que ser aprobada por el pueblo boliviano. Esto es, la máxima expresión de la democracia.
Intentemos hurgar un poco más en el miedo del Sr. Costas que, en definitiva, es el miedo de la oposición boliviana. Hace poco los prefectos acudieron a la solicitud de diálogo del Presidente para estudiar el régimen autonómico de la Constitución, pero en la segunda reunión patearon el tablero pidiendo que se debatiera la «ilegalidad» del texto. Demuestra esta acción lo que todos sospechábamos: que no son capaces de entrar a debatir el contenido del proyecto. ¿Y por qué?
¿Será porque el proyecto de Constitución de Bolivia, si finalmente entra en vigencia, será en muchos aspectos la Constitución más avanzada de América Latina, si no del mundo? ¿Será porque establece derechos fundamentales como la soberanía alimentaria o el derecho al agua? ¿Será porque crea un Estado pacifista que renuncia a la guerra de agresión? ¿O será quizás porque establece mecanismos de justicia social que, manteniendo la propiedad privada, crea nuevos cauces para la redistribución de la riqueza?
Pensándolo bien, quizás sea porque los recursos naturales del país van a ser propiedad del pueblo boliviano y no podrán ser privatizados; o porque se reconoce el derecho de las minorías, marginadas durante siglos en un sistema de desigualdad social atroz. Puede ser porque desaparece la independencia de un banco central neoliberal; o porque establece el mayor catálogo de derechos constitucionales reconocido, así como un sistema de garantías envidiable; porque crea puentes entre los diferentes sectores del país, incorporando a los pueblos indígenas históricamente relegados de sus tierras originarias; o porque afirma que los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional deben ser elegidos democráticamente por el pueblo…
Pero si no es por nada de esto… ¿A qué teme la oposición en Bolivia? ¿Quizás tiene miedo de que el pueblo boliviano se percate de los avances incuestionables del proyecto de Constitución, o de que el texto ha recogido sus aspiraciones de cambio, de avance hacia el «vivir bien» boliviano, que tanto dolor y sangre ha costado en las luchas sociales?
Es decir, ¿teme la oposición boliviana a una contundente victoria del «Sí» en el referendo aprobatorio? Eso sería todo un problema, ¿verdad Sr. Costas? Vaya, en qué problema les metió quien inventó la «ilegal» democracia.
Rubén Martínez Dalmau es Vicepresidente de la Fundación CEPS y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València.