Tras los acuerdos logrados entre el oficialismo y la oposición en el Congreso en abril y mayo para viabilizar la realización de elecciones generales en diciembre próximo, han vuelto a resurgir en el escenario político atisbos que pondrían en riesgo ese evento electoral e hicieron pensar a la población sobre quién se beneficiaría con una […]
Tras los acuerdos logrados entre el oficialismo y la oposición en el Congreso en abril y mayo para viabilizar la realización de elecciones generales en diciembre próximo, han vuelto a resurgir en el escenario político atisbos que pondrían en riesgo ese evento electoral e hicieron pensar a la población sobre quién se beneficiaría con una decisión de ese alcance.
Si bien los dirigentes opositores se rasgan las vestiduras al exigir un padrón electoral biométrico como condición para participar en esos comicios, en el fondo arrastran temores sobre lo que pueda pasar en el resultado electoral que podría marcarles un camino sin retorno al desastre.
No es un acto electoral más
Es que las elecciones generales de diciembre no son un acto electoral más, sino que marcarán el inicio de un proceso de renovación institucional que sustente con mayor solidez el proceso de cambio iniciado por el Gobierno del
Presidente Evo Morales Ayma.
Analistas políticos reconocidos como Gualberto Ampuero, de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (UASFX), dijo a LA ÉPOCA que pensar que el gobierno sólo busca reproducir el poder en diciembre es una visión simplista «porque Evo puede permanecer en las Presidencia sin elecciones este año y postularse otra vez para otros cinco años a la conclusión del presente mandato».
«Lo que Morales y su gobierno buscan es acelerar el proceso de cambio que no ha podido marchar en los ritmos previstos porque el Ejecutivo arrastra una pesada estructura institucional heredada del pasado que no le permite avanzar adecuadamente», dijo.
Agregó que el verdadero objetivo de Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados es conformar condiciones adecuadas para un verdadero cambio en la administración estatal, de acuerdo con los postulados de la nueva Carta Magna. Recuérdese que la nueva Constitución define la elección por voto del Poder Judicial, no solamente del Legislativo y del Ejecutivo.
Los resultados de los sondeos de opinión realizados por institutos especializados coinciden en que el resultado de las nuevas elecciones viabilizará la conformación de un Poder Legislativo bajo el nombre de Asamblea Legislativa Plurinacional que recuperará el poder de decisión para todos los bolivianos, no solamente para sectores privilegiados.
Frenar el proceso de cambio
Por ello los nuevos aprestos anunciados desde el frente opositor los últimos días que sugieren una postergación de las elecciones de diciembre, lejos de perjudicar a Morales y el Gobierno, buscan frenar un proceso de cambio del que resultará beneficiado Bolivia, en opinión del jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), César Navarro.
Dijo que las elecciones de diciembre se convertirán en un hito para el fortalecimiento de la democracia porque su resultado marcará el ingreso al poder de representantes de todos los sectores de Bolivia, muchos de ellos discriminados y olvidados en la historia sin permitirles el goce pleno de sus derechos constitucionales.
Pese a que la oposición está fragmentada, algunos de sus potenciales candidatos ya se manifestaron al unísono que no irán a elecciones en diciembre si es que se utiliza el actual padrón electoral y no el biométrico.
Por ejemplo, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, subrayó que el actual padrón tiene algunas deficiencias «y podría ser utilizado por el gobierno para ganar elecciones sin dar posibilidad a ningún otro candidato a acceder el poder».
Similares criterios los emitió el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, de Poder Democrático y Social (PODEMOS), quien señaló que el Gobierno «quiere montar un fraude electoral para promover la reelección de Evo Morales».
Otros sectores reacios a la realización de elecciones en diciembre son las dirigencias políticas y cívicas de los departamentos de la denominada Media Luna; Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, a la que se sumó Chuquisaca, que se aferran al padrón electoral biométrico «para garantizar elecciones transparentes», según dijeron, cuando en el fondo temen que una nueva derrota los aleje del poder que detentan en la actualidad.
Simpatías opositoras a la postergación
A medida que se cierran los plazos, la mayoría de los frentes opositores ha mostrado el temor que les provoca el mes de diciembre por los resultados de la consulta electoral.
Sin candidato con posibilidades de hacerle sombra a Morales, sin propuestas sólidas que puedan ser apoyadas por el pueblo y con un proceso de fragmentación galopante, los opositores no ven la hora de que se posterguen esos comicios, cuando en el pasado reciente eran los más interesados en impulsarlo porque creían contar con posibilidades de retornar al poder de la mano del voto popular.
Tras las permanentes tundas que les propinó Evo Morales y su Gobierno desde diciembre de 2005 en sucesivas consultas electorales, el actual escenario en la vereda del frente es promover divergencias congresales y aplazar decisiones que encaminen las elecciones de diciembre.
Sin propuestas, ni financiamiento
Además, no quieren ir a las urnas porque en la actualidad están carentes del financiamiento que pretendían obtener del sector privado, principalmente de las élites empresariales del departamento de Santa Cruz, para afrontar sus respectivas campañas electorales.
Es más, hasta los dirigentes opositores no quieren un relacionamiento cercano con esas élites, algunos de cuyos líderes responden a una investigación del Ministerio Público sobre una conspiración separatista y terrorista desarrollada por un grupo mercenario encabezado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, que contaba con un millonario financiamiento proveniente de contribuciones empresariales, de acuerdo con los datos prelimares de esas indagaciones realizadas por el fiscal Marcelo Soza.
Por ello es que los potenciales candidatos opositores a la Presidencia, llámense Víctor Hugo Cárdenas, Jorge Quiroga Ramírez, Manfred Reyes Villa, Román Loayza y otros, no han acudido al llamado en Santa Cruz del Consejo Nacional de la Democracia (CONALDE), integrado por los prefectos opositores al Gobierno, quienes pretendían tomarles examen sobre sus propuestas, como si fueran jueces que definan a cuál de ellos apoyarán en las próximas elecciones.
Tiempo
Otra de las razones por las que la oposición quiere postergar elecciones es para tener el tiempo necesario para conformar un frente único contestatario al de Evo Morales. En criterio de fuentes ligadas a este sector, el tiempo que resta hasta diciembre es insuficiente por la disparidad de criterios y objetivos.
En opinión del diputado del MAS, Jorge Silva, el mes de diciembre es el «cuco» al que temen los opositores porque los resultados electorales podrían dar fin a sus manotazos de ahogado en los que han sobrevivido hasta hoy aunque en permanente declive.
«Ellos (los opositores) saben que en los tres años en los que se encuentra en el poder, Evo Morales ha dado preferencia al desarrollo social, sin descuidar la estabilidad económica, al destinar recursos estatales que mejoren la calidad de vida de las poblaciones más empobrecidas de Bolivia. Esos son los casos de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla», dijo.
Agregó que los resultados del programa social impulsado por el Gobierno se reflejarán en las urnas en diciembre con una población que dará su voto por Evo y sus propuestas a fin de que el Ejecutivo tenga un mayor aval para aplicar la nueva Carta Magna que obtuvo la aprobación mayoritaria de la población.
Otra de las estrategias de la oposición para precipitar una postergación de las elecciones es jugar con un desgaste del gobierno en el poder, mucho más si se sienten los próximos meses los efectos de una crisis financiera internacional que hasta el momento ha sido contenida en el país.
El presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García, manifestó que Bolivia es uno de los pocos países que ha podido contener los efectos de la crisis económica internacional y, contrariamente, ha sostenido una estabilidad económica con incrementos permanentes en sus reservas internacionales, lo que no sucede con otras naciones.
¿Postergar elecciones – perjudica al Gobierno?
Diversos analistas políticos consideran que una postergación de elecciones no perjudican al Gobierno y sí a Bolivia que necesita dinamizar su funcionamiento con un proceso de renovación institucional que le permita desarrollarse.
Con una postergación de elecciones, el actual basamento institucional se mantendrá incólume sin posibilidades de avance, en especial en los Poderes Legislativo y Judicial, cuyo funcionamiento fue planificado para favorecer a los otrora detentadores del poder económico y político durante las dictaduras militares y neoliberales.
Una postergación de elecciones demorará, además, un proceso autonómico que sirva a todos los ciudadanos en las regiones y no solamente a grupos privilegiados, porque su aplicación gradual necesita de leyes que necesitan ser aprobadas por la naciente Asamblea Legislativa Plurinacional.
Una postergación de elecciones también beneficiará a los terratenientes para impedir la aplicación más acelerada del plan de redistribución de tierras en un marco de equidad y de defensa de los recursos naturales.
El diputado César Navarro enfatizó que a través de elecciones en diciembre se garantizará un proceso de transformación pacífica y concertada junto a un pacto político que emerja del voto popular y no en permanentes conflictos.
Para Navarro, el objetivo de la oposición es desconocer el mandato del pueblo que dio su respaldo a una nueva Carta Magna que promueve un escenario político diferente que esté alejado de políticas discriminatorias y de uso abusivo del poder.
El Padrón biométrico, el nuevo pretexto opositor
Las recientes batallas planteadas por los opositores se basan en su exigencia de construir un moderno padrón electoral biométrico, que será uno de los pocos que funcionan en América Latina, desdeñando el actual padrón.
El presidente Evo Morales decidió viabilizar el padrón biométrico con un apoyo financiero estatal que alcanzará a aproximadamente 43 millones de dólares. Será la Corte Nacional Electoral (CNE) la encargada de hacer realidad ese proyecto.
Sin embargo volvieron a surgir obstáculos en la CNE y las autoridades de las Cortes Departamentales Electorales de los nueve departamentos, algunos de los cuales cuestionaron que el proceso del padrón biométrico sea encomendado a empresas privadas.
Nuevas reuniones para consolidar acuerdos definieron que será la CNE y las nueve Cortes Departamentales las que administrarán la recolección de datos. Las empresas especializadas en estos sistemas reducirán su actividad a la dotación de equipos y la capacitación del Personal.
Los plazos del cronograma electoral fijado por la CNE para dar curso al padrón biométrico se van cerrando sin resultados a la vista. Se había definido inicialmente hasta el cinco de junio la contratación directa de la o las empresas que presentaron sus propuestas en base a su experiencia en estos trabajos. Ahora la CNE dice que esa decisión recién será adoptada el 10 de junio en una reunión de todas las autoridades electorales.
En previsión de los plazos venzan a las intenciones de lograr un padrón biométrico, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, planteó un proyecto de Ley para que el Congreso acepte la utilización del actual padrón electoral si es que la CNE no alcanzara a concluir el padrón biométrico con un alcance de aproximadamente cuatro millones de electores, no solamente en Bolivia, sino en Estados Unidos, Brasil, Argentina y España, donde residen miles de compatriotas.
El solo planteamiento provocó un a reacción virulenta en las dirigencias opositoras, al punto que algunas llegaron a proponer otro proyecto para la postergación de los comicios de diciembre para abril o junio del próximo año.
El proyecto de Ley ya fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados, pero aún deberá esperar el aval del Senado, donde la oposición tiene mayoría. El presidente del Senado, Oscar Ortíz, ya adelantó criterios al manifestar que hará todo lo posible por impedir la consagración de esa decisión, cuya aprobación podría necesitar de la reunión del Congreso en pleno en el que las determinaciones las defina el voto de la mayoría.