«Tenemos que estar unidos y tener conciencia de nuestra responsabilidad histórica sobre la memoria; no para quedarnos en el pasado sino para que ese pasado nos ayude a iluminar el presente» Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980 Entre septiembre y octubre de 2003″ murieron 67 personas y 450 quedaron heridas, de las […]
no para quedarnos en el pasado sino para que ese pasado nos ayude a iluminar el presente»
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980
Entre septiembre y octubre de 2003″ murieron 67 personas y 450 quedaron heridas, de las cuales 12 murieron en este último tiempo «por falta de atención oportuna» y al momento los responsables intelectuales y materiales de esta masacre no permiten el proceso iniciado formalmente a cuatro años de presentada la denuncia formal por la víctimas, debido a que han generado una estrategia de artilugios legales que han impedido su condena, por lo que se mantienen impunes y gozando de todos los derechos ciudadanos.
Los acusados como responsables de la masacre de octubre y de manera formal por el delito de «genocidio en su forma masacre sangrienta con agravante» fueron Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain, Yerko Kukoc, Javier Torres Goitia, Guido Añez, Hugo Carvajal, Erick Reyes Villa, Dante Pino, Adalberto Kuajara, Jorge Berindoague, Mirtha Quevedo, los militares Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Luis Alberto Aranda Granados y José Osvaldo Quiroga Mendoza quienes al momento no cuentan con juicio concluido, ni sentencia.
La impunidad con la que caminan libres estas personas responsables de violaciones de lesa humanidad, demuestran la «modernización de la impunidad», la inoperancia de los gobiernos para atacarla, pero lo que es peor la complicidad de un cuerpo académico de juristas que hacen nada por erradicar la IMPUNIDAD.
La «masacre de octubre» donde se dieron violaciones de lesa humanidad y donde la prueba evidente son las víctimas y los muertos, que no pueden ser negociados, ni justificados por los artilugios jurídicos, demuestra la seria crisis por la que atraviesa el poder judicial, su subordinación al poder político y al dinero. Pero lo peor su esencia racista, ya que gran cantidad de los caidos fueron indígenas o migrantes del area rural.
Crisis que deja indefensas a las víctimas quienes impotentes observan cómo a su vez se entretejen los mecanismos de la impunidad, convirtiéndoles una vez más en víctimas de la negación y retardación de justicia, corrupción, mala administración, recursos dilatorios, recusaciones, uso indebido de influencias, chicana, cohecho, etc. etc.
Entidades internacionales han expresado su «horror» al ver cómo no se aclara los hechos de masacre en Bolivia, la ausencia de acciones coherentes con la filosofía de la JUSTICIA, ausencia de la investigación de los hechos de manera imparcial, ausencia de profesionalidad, ausencia de voluntad para erradicar la impunidad, la ausencia en si de JUSTICA y presencia permanente de todo el aparato de la IMPUNIDAD que pasea cínica y victoriosamente frente a las víctimas.
A seis años de la Masacre de octubre de 2009, si bien no se puede revivir a los muertos y muertas, la única forma de resarcir en mínimo grado el daño que se generó a los familiares de las víctimas, a los heridos y heridas de Octubre, será condenar a los y las responsables materiales e intelectuales de estos hechos dolorosos, en un proceso justo.
Breve cronología de la masacre de Octubre
Los primeros hechos sangrientos se dieron en Sorata, la madrugada del 20 de septiembre de 2003 donde se utilizó armamento de guerra, la represión fue tal que un avión disparó desde el aire contra la población, en un denominado rescate humanitario que hizo la Policía y el Ejército. Ese día mataron entre Sorata y Warisata a tres personas: al albañil Juan Cosme Apaza de 38 años, el normalista Marcos Quispe Quispe de 20 años y la niña Marlene Rojas de ocho años que cuidaba a su madre enferma, quien tras asomarse a la ventana fue atravesada por un proyectil en el corazón, cayendo muerta instantáneamente.
El jueves 9 de octubre fuerzas combinadas de la policía y el ejército comenzaron su enfrentamiento con los mineros que llegaban de Huanuni y en Ventilla murieron el minero José Luis Atahuachi, de 40 años, semidestruido por una explosión no aclarada (se dice que fue de granada y además se hirió a una decena de personas que fueron trasladadas a diversos nosocomios.
Los siguientes días las fuerzas militares iniciaron una operación de barrido en todos lugares bloqueado donde se impedía el acceso de vehículos a El Alto y la zona Sur de la ciudad. En la zona de Senkata punto de bloqueo en medio de la refriega cayó de balazo en la frente el joven Ramiro Vargas de 22 años, que perdió la vida camino al hospital.
El 11 de octubre se promulgó el D.S. 27209 que dispuso la militarización de la ciudad de El Alto y establece que se garantizarán los daños personales con un monto de Bs. 50.000 más 5.000 por gastos fúnebres.
El mismo día una nota dirigida por el Comandante de la FFAA Gonzalo Sánchez de Lozada y presidente en ejercicio se ordena disponer los recaudos necesarios para restablecer el orden en la ciudad de El Alto, donde cae muerto en su domicilio el niño Alex Quispe Mollericona de apenas 5 años de edad quien se asomó por la terraza y fue impactado por un proyectil de bala que ingresó por la boca y le salió por la nuca.
El 12 de octubre sale desde la planta de Senkata un convoy de Cisternas más conocido como el «Convoy de la muerte», mismo que estaba custodiado por policías, militares y tanquetas de guerra, que a su paso dejan una decena de muertos y centena de heridos.
El 13 de octubre en la zona Sur de la ciudad de La Paz, en el sector de Ovejuyo y Apaña donde también se dieron bloqueos se suceden seis muertes.
El 15 de octubre el ejército detiene una marcha de mineros de Huanuni en la población de Patacamaya, el ejército los reprime con armamento de guerra y se incrementa la cifra de personas muertas.
El 17 de octubre del año 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a su cargo junto a todo el gabinete ministerial y escapó a Estados Unidos dejando tras si un río de dolor, sangre y muerte:
Entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre de 2003, 67 personas fueron asesinadas, niñ@s, mujeres y ancianos, la mayoría por armamento de guerra. 450 personas fueron herid@s, de las que murieron 12 en este último tiempo. En total 517 personas fueron las víctimas de las acciones de represión.
Además se atentó contra la prensa procurando acallar a los medios que informaban sobre los hechos, se secuestró ediciones de «El Diario», «Pulso» y «El Juguete Rabioso», se amenazó a radios y canales de televisión como «Pachamama», «ERBOL» «RTP» y «Cadena A»; en Oruro se voló la antena de transmisión de radio «PIO XII» tras un cobarde atentado
Los acusados y las acusaciones:
Gonzalo Sánchez de Lozada (presidente de la República del MNR), Carlos Sánchez de Lozada Ministro de Gobierno (MNR, dirigió las acciones de Warisata directamente), Yerko Andrés Kukoc (del MNR, Ministro de Hacienda), Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic (MNR; Ministra sin Cartera), Javier Torres Goitia (del MNR, Ministro de Salud y Deportes), Jorge Joaquín Berindoague (MNR, Ministro de Minería e Hidrocarburos), Guido Rodolfo Añez Moscoso (del MIR, Ministro de Agricultura y Asunto Campesinos), Hugo Arturo Carvajal Donoso (MIR, Ministro de Educación), los generales Roberto Claros Flores Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado Comandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas. Juan Véliz Herrera General Comandante del Ejercito, Luis Alberto Aranda Granados Almirante de la Fuerza Naval, José Osvaldo Quiroga Mendoza Comandante de la Fuerza Aérea. Todos acusados de:
Genocidio en la modalidad de masacre sangrienta,
Homicidio,
Lesiones gravísimas,
Lesiones graves y leves,
Privación de libertad,
Vejaciones y torturas,
Delitos contra la libertad de la prensa,
Allanamiento de domicilio o sus dependencias y
Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Jorge Ernesto Torres Obleas (MIR, Ministro de Hacienda y Desarrollo económico) Erick Reyes Villa Bacigalupi (NFR, Ministro de Desarrollo Sostenible, Adalberto Kuajara Arandia (del NFR, Ministro de Trabajo, Dante Napoleón Pino Archondo (NFR, Ministro de Asuntos Campesinos), acusados por los delitos de:
Homicidio,
Lesiones gravísimas,
Lesiones graves y leves ,
Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
SIN OLVIDO, NI PERDÓN CONTRA LA IMPUNIDAD, JUICIO JUSTO