La revista de la Empresa Minera Inti Raymi Sociedad Anónima (EMIRSA), número 10, de 3-04-05, describe, mediante su director Juan R. Laura, el proyecto aurífero Kori Chaca, en el departamento de Oruro, cuyo resumen es el siguiente: Total reservas: 26.150.690 Toneladas (T) Tratamiento: 20.000 T por día (TPD) Contenido oro: 0.8 gramos por T Método […]
La revista de la Empresa Minera Inti Raymi Sociedad Anónima (EMIRSA), número 10, de 3-04-05, describe, mediante su director Juan R. Laura, el proyecto aurífero Kori Chaca, en el departamento de Oruro, cuyo resumen es el siguiente:
Total reservas: 26.150.690 Toneladas (T)
Tratamiento: 20.000 T por día (TPD)
Contenido oro: 0.8 gramos por T
Método de Tratamiento: Lixiviación residual
Trabajadores regulares: 167
Trabajadores indirectos: 450 (durante la instalación
del proyecto)
Producción total: 224.000 onzas de oro
Total ingreso económico: $US 89.600.000
Total inversión: $US 24.270.000
Total utilidad empresa: $US 61.290.000
Total impuestos: $US 4.040.000
El proyecto tendrá una duración de tres años y obtendrá una utilidad de $US 61.290.000, en tanto que el Tesoro General de la Nación (TGN) y el departamento de Oruro recibirán, en total, $US 4.040.000 por concepto de Impuesto Complementario a la Minería (ICM), Impuesto a las Transferencias (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Lo anterior quiere decir que, en menos de tres años, por cada dólar invertido, Inti Raymi tendrá 15 dólares de utilidad.
Y no es que Inti Raymi sea mejor o peor que otras empresas del sector. Lo que ocurre es que todas ellas cumplen el Código de Minería impulsado por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) a la medida de sus intereses. El cambio a la legislación minera, de 1986, fue precedido por un Seminario Internacional, realizado entre el 25 de agosto y el primero de septiembre de ese año, cuando GLS era Ministro de Planeamiento de Víctor Paz Estensoro, su hermano Antonio, Contralor General de la República, y su empleado Jaime Villalobos, Ministro de Minería. Asistieron al cónclave Oscar Bonifaz, Presidente de COMSUR (hoy gerente del Proyecto «San Cristóbal»), Fernando Candia, ex Ministro de Hacienda, después director de Transredes (al igual que Villalobos), Alvaro Ugalde, Rolando Jordán, Eduardo Quintanilla (antiguo abogado de los Mineros «Medianos»), además de los extranjeros John W. Whitney, John C. Lacy y Hermann Schippers (Ver el libro «La Fortuna del Presidente»).
La caída del precio de los minerales sirvió para que los empresarios recibieran ventajas descomunales a costa del Estado y de las regiones. GSL dictó el 17 de marzo de 1997 (cinco meses antes de terminar su primer gobierno) un nuevo Código aún más favorable al interés extranjero. Sin embargo, en los dos últimos años, al impulso de la demanda China, principalmente, se produjo un repunte en las cotizaciones, lo que viabilizó proyectos que estaban en carpeta. El más importante de ellos: «San Cristóbal», que tiene como accionistas al multimillonario George Soros, así como a empresas vinculadas al prófugo GSL, explotará uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo, cuya cotización promedió subió de $US 4.50 a $US 7 la onza troy. Lo mismo ocurrirá con «San Bartolomé» que se beneficiará con las colas de plata del Cerro de Potosí y Karachipampa, la vieja fundición de plomo – plata, paralizada por las bajas cotizaciones y la falta de materia prima.
En el año 2003, se exportó minerales de Potosí por valor de 126 millones de dólares, de los que el departamento sólo recibió 3 millones (menos del 2.5 %). El año 2004, las exportaciones mineras, a nivel nacional, ascendieron a casi 500 millones de dólares. Los ingresos para el TGN alcanzaron a siete millones de dólares. Las corporaciones mineras han sacado de su arsenal sus manidos argumentos. «No hay que espantar a las inversiones». «seguridad jurídica», «respeto a la fe del Estado». Nada de lo anterior servirá para que los deprimidos departamentos mineros salgan de su espantosa crisis. Se necesita, de manera imperiosa, cambiar la tributación minera, disponer que los contratos sean revisados por el Congreso y conseguir que las regiones mineras tengan por lo menos el mismo porcentaje de regalías del percibido por los departamentos productores de hidrocarburos.