Varios países latinoamericanos pasan por momentos álgidos de movilización social, protagonizados por pueblos indígenas. Pero es en Bolivia donde el movimiento de quechuas, aymaras del altiplano y guaraníes, ayoreos, chiquitanos, chimanes, guarayos y 30 pueblos indígenas más de las tierras bajas de Bolivia (Chaco y Amazonia), en una amplia alianza con otros sectores populares del […]
Varios países latinoamericanos pasan por momentos álgidos de movilización social, protagonizados por pueblos indígenas. Pero es en Bolivia donde el movimiento de quechuas, aymaras del altiplano y guaraníes, ayoreos, chiquitanos, chimanes, guarayos y 30 pueblos indígenas más de las tierras bajas de Bolivia (Chaco y Amazonia), en una amplia alianza con otros sectores populares del campo y la ciudad y reivindicando el carácter indigenista de su movimiento, declara su voluntad de constituir una nueva institucionalidad sobre la base de la justicia y equidad social, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos.
Esta alianza denominada Movimiento al Socialismo, MAS, se alzó con el poder en las elecciones de diciembre del 2005. Los resultados de estas elecciones fueron históricas, no sólo por la alta votación que recibió el MAS, que dobló en votos a su principal oponente, el liberal Jorge Quiroga, sino porque fue elegido Evo Morales a la presidencia, un carismático líder indígena que simboliza en la actualidad la lucha contra el modelo neoliberal y contra la oligarquía colonial y racista que había manejado el país y agudizado la crisis de Estado, sumiendo a Bolivia en la ingobernabilidad.
En un país donde las reformas neoliberales, aplicando el «Consenso de Washington», habían desmantelado las empresas estatales, derruido la economía manufacturera y lanzado a la informalidad al 83% de la población económicamente activa, cambiar el país significa en primer termino recuperar el Estado, que tradicionalmente ha servido a intereses elitistas y ha perdido gran parte de su soberanía con las reformas neoliberales. Un paso importante del gobierno de Evo Morales fue el de formular un nuevo orden constitucional teniendo en cuenta los intereses de todos los bolivianos y reconociendo la realidad sociocultural de la Nación boliviana, que es multicultural. Esto implicaba cambiar las reglas de juego y romper con muchos privilegios. La oposición al gobierno boliviano de los departamentos más ricos en recursos naturales (petróleo y gas), cuya explotación genera alrededor del 30% de los ingresos fiscales del país, no se hizo esperar. Prefirieron lanzar el país al abismo, antes que renunciar a sus privilegios mezquinos.
Reconociendo ignorancia frente al tema y pidiendo ilustración en caso de equivocarnos, escribimos este texto. En él no se reiteran los hechos suficientemente difundidos por la prensa. La idea aquí es discutir una faceta de la crisis, hasta ahora no mencionada por los medios: el drama que viven los pueblos indígenas de los departamentos separatistas, que pueden ser los verdaderos perdedores de esta contienda. Se trata de más de 30 pueblos indígenas del Chaco y Amazonia, que despojados de sus tierras y recursos fueron sometidos durante siglos a una servidumbre inhumana. Las «Tierras Comunitarias de Origen» que han sido reconocidas o están siendo demandadas por estos pueblos, están cruzadas por bloques petroleros o gasoductos de propiedad de ENRON-Shell, Repsol, Amoco y Petrobras y cercenadas por haciendas ganaderas, plantaciones o empresas madereras.
Lo que está en juego y se dirime hoy en Bolivia es el control de los beneficios de la explotación de los recursos naturales (petróleo y gas) y por supuesto el control sobre el recurso tierra. La autonomía que reclaman los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando no es otra cosa que la de manejar a su amaño y en asocio con empresas transnacionales los recursos provenientes del petróleo y del gas, y la de evitar que se cambie la estructura de tenencia de la tierra que posibilite reconfigurar la estructura de poder político que permita a los pueblos indígenas ser sujetos sociales y actores políticos con capacidad de decidir no solo sobre sus vidas, sino sobre el futuro de sus regiones. Veamos:
1. Las empresas petroleras operan en Bolivia con muchas ventajas. Por un lado la participación del Estado en la renta generada por la explotación del petróleo es baja, aún después de su recuperación por parte del Estado boliviano y la creación de un impuesto directo a los hidrocarburos. Y por otro lado Repsol y Amoco tienen los costos de producción más bajos del mundo. Mientras la producción de un barril de petróleo cuesta en promedio 5,60 US dólares a nivel mundial, a Repsol le cuesta 1 US dólar y a Amoco 0,96 centavos de dólar (IWGIA, Mundo Indígena 2006).
2. En el caso de la tierra la situación es intolerable. En los departamentos de Santacruz y Beni no es raro encontrar haciendas con 40.000, 50.000, 60.000 y algunas superiores a 100.000 hectáreas, según datos del INRA. Estas son extensiones con las cuales no cuentan ni siquiera los paramilitares y narcotraficantes colombianos, después de desalojar a más de 3 millones de campesinos y apoderarse de sus tierras. Si algo caracteriza a las tierras bajas de Bolivia es la exclusión de la tierra de sus pobladores originarios. El intento de ponerle un límite (10.000 hectáreas) a la propiedad de la tierra, provocaron las protestas de los terratenientes. Pero si es insoportable la exclusión territorial, lo es aún más su exclusión social. Algunas comunidades guaraníes se encuentran cautivas en haciendas del Chaco boliviano en los departamentos de Santacruz, Chuquisaca y Tarija. Los casos más conocidos y denunciados son los de la región del Alto Parapetí, donde los patronos mantienen bajo sistemas de servidumbre y en condiciones inhumanas de existencia a un buen número de familias indígenas. No obstante se reconoce que el sistema de servidumbre es una práctica bastante generalizada en Bolivia. En la región amazónica se la conoce como el «habilito» y es usual en el país, que personas trabajen en labores domesticas por comida, dormida y vestuario y en muchos casos (hijos menores de familias pobres) por educación. Estas relaciones por lo general están encubiertas bajo la figura del compadrazgo. Lo que se ve mal en esta querida Bolivia que hoy le abre sus entrañas al resto de sus países hermanos no es la servidumbre en sí, sino que se la denuncie. La noticia que divulgó el Grupo Internacional de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, IWGIA y otras entidades de apoyo a los pueblos indígenas sobre guaraníes en cautiverio, fue recibida como una afrenta por el movimiento cívico cruceño. En esa ocasión un ex dirigente indígena de la CIDOB, Marcial Fabricano, hoy aliado del movimiento cívico separatista de tierras bajas, declaro en medios radiales que «no hay esclavitud, sino mucha pobreza y trato desconsiderado de algunos hacendados con nuestros hermanos guaraníes». El intento a comienzos del 2008 de una comisión del gobierno nacional y entidades de derechos humanos por rescatar a estos indígenas fracasó, pues la comisión fue asaltada por hombres armados que destrozaron los carros y apalearon a los miembros de la comisión. Estas acciones violentas que se han extendido a líderes y organizaciones indígenas, entidades oficiales y centros de apoyo, se vienen realizando en connivencia con autoridades cruceñas.
¿»Colonialismo interno»?
El reto histórico para los pueblos originarios del oriente boliviano es el de salir de esta exclusión. Con ese fin se aliaron al MAS y comenzaron a fortalecer sus organizaciones para hacer más efectiva su capacidad de acción colectiva, buscando alcanzar un margen de autonomía aceptable, suficiente e indispensable para exigir un cambio en la estructura de tenencia de la tierra, recuperar sus territorios ancestrales y salir de su subordinación colonial.
En este contexto es que la autonomía se convierte en una de sus exigencias, quizás la más importante en este momento de sus luchas. Y naturalmente que vieron como un obstáculo para la conquista de este objetivo y el resto de sus reivindicaciones territoriales y sociales (que por primera vez eran apoyadas por el gobierno boliviano), los intentos separatistas de los gobiernos de sus regiones, bajo las consignas también de autonomía y descentralización. Peor aún, en el estatuto autonómico de Santacruz, aprobado inconstitucionalmente, se subordinan las autonomías indígenas a los estatutos y leyes departamentales, que las reglamentan y le establecen sus límites, cooptando e instrumentalizando para sus intereses el discurso autonómico indígena.
Indígenas de tierras altas e indígenas de tierras bajas: encuentros y desencuentros
En los departamentos andinos de La Paz, Oruro y Cochabamba la población mayoritaria la conforman 2 pueblos indígenas, el quechua y el aymara (30% y 25% de la población total del país, respectivamente). En los departamentos del Oriente, Chaco y Amazonia, la población indígena no llega a un 10% de la total población, aunque está conformada por más de 30 pueblos indígenas. Este es uno de los rasgos característicos de los países andinos con región amazónica (Colombia, Perú y Ecuador). El otro rasgo que caracteriza a estos países es que una considerable porción de su población andina colonizó territorios amazónicos. En Colombia por el desplazamiento violento de campesinos del centro del país. En Bolivia y Perú por la escasez de tierras aptas para la agricultura en la árida región andina y el crecimiento de su población. La diferencia es que en Colombia los colonizadores eran blancos y mestizos, mientras que en Bolivia y Perú, los colonizadores eran indígenas serranos. Esta colonización en casi todos los casos fue promovida por el Estado. En Colombia para disminuir la presión de campesinos sobre los latifundios de las zonas andinas y valles interandinos. En Perú y Bolivia para aliviar la situación de pobreza que se presentaba en los Andes. Se partía de la idea de que estos territorios selváticos eran baldíos o poco poblados. El lema peruano para promover este programa estatal de colonización, resume bien la situación: «tierra sin hombres para hombres sin tierra». Pero en este esquema de colonización subyacía también la idea de que los habitantes de estas no tenían derechos o eran seres de segunda clase. Todavía en los años sesenta en Colombia muchos colonos mataban indígenas cuibas de las llanuras del oriente («cuibiar» le llamaban a esta practica), actos que no consideraban que fuera un delito.
Este encuentro entre indígenas de tierras altas y de tierras bajas no estuvo exento de conflictos. No solo porque los campesinos colonizadores andinos le disputaban el territorio a la población indígena amazónica, sino también por el choque cultural que esto significó. Para el caso de Perú y Bolivia, los indígenas serranos además de sus lenguas nativas, hablan bien el castellano, tienen más relación con el Estado y sus instituciones y conocen mejor las reglas de juego de la economía de mercado. Lo fundamental: tienen otra visión de la tierra. Para los campesinos indígenas de la sierra la institución del Ayllu o de la Marka se refiere a una porción de tierra y a una comunidad en particular. Para los indígenas amazónicos, hasta hace poco cazadores, pescadores, recolectores y horticultores itinerantes, tiene preponderancia la noción de territorio. Diferencias nada despreciables que llevan al campesino indígena de la sierra a pensar que el indígena amazónico no tiene disposición para cultivar la tierra y que disponiendo de ella en abundancia, se la mezquina a otros hermanos que la requieren. Algo similar a lo que Alan García plantea como el síndrome del «perro del hortelano» (ni come ni deja comer).
A partir de la Marcha en 1990 por el Territorio y la Dignidad que protagonizaron los indígenas de tierras bajas desde Trinidad hasta la Paz, los indígenas serranos acudieron solidarios a recibir con mantas y víveres a los marchantes. Algo aprendieron los unos de los otros. Los de tierras bajas a comprender el sentido y la importancia de la movilización para reclamar derechos. Los de la región a entender que los ayllus, markas y suyus de la región andina y subandina deben reconstituirse con base en la noción de territorialidad indígena de tierras bajas para reivindicar los territorios ancestrales. Esto dio lugar a que ayllus, markas y suyus del Qullasuyu de la región andina se organizaran en la CONAMAQ y presentaran demandas de Tierras Colectivas de Origen (en Chuquisaca 3 demandas por 961.000 hectáreas, en Cochabamba 4 por 456.000 Has. En la Paz 38 por 1.2 millones de Has. En Oruro 80 por 7.9 millones da Has. y en Potosí 49 por 4.2 millones de Has. (IWGIA, El Mundo Indígena 2006).
Como bien lo anota el analista Carlos Romero, ex director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS en Santacruz y hoy ministro de Desarrollo Rural del gobierno de EVO: «El desafío histórico de los pueblos indígenas de Bolivia, es el de reconfigurar la estructura del poder público, a partir de la reconstitución de su territorialidad, lo que les permitiría alcanzar transformaciones estructurales y consolidarse como sujetos sociopolíticos del poder.»
Dilemas y dramas
Pero si la reconstitución de la territorialidad es importante para todos los pueblos indígenas de Bolivia, para los indígenas de tierras bajas es fundamental. Pues la conquista de sus territorios ancestrales y un nuevo ordenamiento territorial del Estado que permita el ejercicio de sus autonomías es la única vía para liberarse de la servidumbre inhumana de los hacendados y patrones.
Los aspectos territoriales para los indígenas quechuas y aymaras, siendo la cuestión territorial importante, pueden ser postergados en aras de otras reivindicaciones más urbanas. Pues siendo mayoría en sus regiones, controlan y administran sus municipios. Para ellos es más importante el aumento y la distribución equitativa de las regalías del petróleo y del gas para sus proyectos de vida.
Hoy más que antes hay apoyo a las demandas de los indígenas de tierras bajas. No obstante captamos con preocupación un cierto tufillo retórico, cuando en las declaraciones y alocuciones oficiales se alude a las necesarias demandas territoriales y, ante todo autonómicas de estos pueblos. Pero no estamos muy seguros (ojala estemos equivocados) que a la hora de pisar tierra y tener que defender estas demandas en el terreno de los hechos, estas manifestaciones de solidaridad y apoyo se mantengan incólumes.
Y en realidad hay en Bolivia mentes inquietas y voces que anuncian el peligro que existe de que el gobierno del MAS, en aras de superar las revueltas y sofocar la conflagración autonomista vía negociación y concertación con el movimiento autonomista liderado por los prefectos, pueda «dejar colgados de la brocha» a los indígenas de tierras bajas (las presiones de UNASUR van en esa dirección). Es más, hay sectores del MAS que han menospreciado las demandas indígenas de tierras bajas, fundamentalmente las que tienen que ver con la autonomía. Las federaciones de campesinos y colonizadores no consideran que deba haber territorios indígenas con gobiernos y administraciones propias, pues esto empoderaría a los indígenas de tierras bajas. Y usan paradójicamente el argumento de que estos indígenas son fácilmente cooptados por los movimientos cívicos separatistas, para lo cual ponen como ejemplo a los ex dirigentes indígenas de tierras bajas que hoy hacen parte de las fuerzas de choque de los prefectos separatistas.
El dilema de los indígenas de tierras bajas se presenta por el tipo de relación que sostienen con el MAS. Se trata de una alianza. Y como en toda alianza, más cuando ella se gesta para generar un proceso democrático, las relaciones entre los partidos y los movimientos que hacen parte de ella, deberían ser horizontales. Los indígenas de tierras bajas, minoritarios en el MAS, son esquivos a aceptar que sus organizaciones sean meras «correas de transmisión» de decisiones tomadas por sus aliados mayoritarios. Esta posición, fundamentada en principios democráticos, no es del agrado de la dirigencia serrana del MAS. De allí que sus planteamientos en las negociaciones políticas sean menospreciados. Nos causa estupor y a las organizaciones indígenas de tierras bajas indignación, el hecho que en la primera mesa de negociación para superar el conflicto, no se haya mencionado la devolución de las sedes indígenas tomadas, ni la reparación de los daños causados a las víctimas de la violencia desatada por los prefectos y sus fuerzas de choque a las organizaciones indígenas y ONG de apoyo. Como dice el argot popular: «si así es el desayuno ¿cómo será entonces el almuerzo?», existe el fundado temor de que en estas mesas de concertación del MAS con los separatistas, quede relegada a un segundo lugar, o aun descartada del paquete de negociaciones, la cuestión territorial de tierras bajas, pues el MAS, al dejar tranquilos a los hacendados, lograría restarle fuerza al movimiento autonomista, mejorando la correlación de fuerzas para forzar la negociación. El movimiento autonomista por su parte, al enganchar líderes indígenas de tierras bajas para su causa, sale también ganancioso, pues lograría arañarle fuerza al MAS en sus regiones (reconocidos ex dirigentes indígenas, ahora trabajadores de la Prefectura de Santacruz dirigieron los asaltos y destrucción de las sedes de la CPESC y de la Confederación Indígena de Bolivia, CIDOB en Santacruz, en alianza con los grupos de choque que saquearon y destruyeron las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS y de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santacruz).
Este dilema se convierte en drama, cuando los gestores del movimiento separatista no aceptan hablar con los indígenas de tierras bajas, pues los consideran la punta de lanza del MAS en tierras bajas.
Las «fuerzas de choque» de los prefectos y lideres autonomistas están atacando por igual a los colonizadores kollas (indígenas de la sierra) y a los indígenas nativos de tierras bajas. La situación no esta pues fácil para ninguno de los dos. Esto funde más la unión, supera desavenencias y rivalidades, y concilia intereses entre excluidos que posibiliten las urgentes y necesarias alianzas para la conquista de sus derechos y crea un ambiente favorable para que el MAS se vea obligado a defender con decisión las reivindicaciones territoriales y autonómicas de de los indígenas de tierras bajas.
¿Y entonces qué?
Para los que estamos cercanos a las causas indígenas la cosa es muy clara. Debemos continuar defendiendo este proyecto de nuevo país que se gesta en Bolivia. Pero nuestro apoyo no puede ser un cheque en blanco para que esta democratización y recuperación del Estado para las mayorías no se lleve a cabo a espaldas de los indígenas del Chaco y la Amazonia boliviana. Y debemos, como lo sugieren Luis Javier Caicedo, jurista y asesor de pueblos indígenas en Colombia, y nuestra querida amiga María del Pilar Valencia, jurista y asesora de los indígenas de tierras bajas de Bolivia, a la cual le debemos muchos de los datos e ideas de este texto, «adelantar también una cruzada en pro de los derechos territoriales colectivos de estos pueblos indígenas de tierras bajas, los más explotados, vilipendiados, humillados y ofendidos por ganaderos, caucheros, madereros, empresas petroleras, colonizadores menonitas y toda clase de aventureros que llegan allí para saquear los recursos de sus territorios y esclavizar sus vidas».
Hoy, cuando ya suenan las fanfarrias para las celebraciones del II centenario de la independencia, es inadmisible que exista todavía la esclavitud en nuestros países y que mente alguna pueda levantar la infamante consigna de que «Hitler mató judíos porque no conocía a los kollas». Deberíamos pues aprovechar esta fecha para levantar nuestras propias consignas de libertad, justicia, equidad hermandad y respeto a todas las formas de vida biológica y cultural, nuestra más preciada riqueza, el verdadero Dorado que no pudieron ver los colonialistas. Esto estaría más acorde con la ética y principios humanistas que esgrimieron los fundadores de nuestras Repúblicas, cuando decidieron contender al colonialismo europeo.
Bolivia, la hermana más querida, pero más olvidada del proyecto bolivariano (el de Bolívar), merece toda nuestra solidaridad y apoyo, ahora que se juega su futuro.