Sucre, febrero 21, 2005.- El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus principales colaboradores, que gobernaron Bolivia a sangre y fuego hasta octubre del 2003, fueron formalmente acusados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de genocidio. La imputación fue presentada esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia, la misma […]
Sucre, febrero 21, 2005.- El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus principales colaboradores, que gobernaron Bolivia a sangre y fuego hasta octubre del 2003, fueron formalmente acusados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de genocidio. La imputación fue presentada esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia, la misma que incluye a los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín y de Gobierno, Yerko Kukoc.
Los restantes 13 ministros deben responder a la acusación de complicidad por la muerte de 60 ciudadanos y heridas a casi dos centenas en los violentos sucesos de octubre de 2003, en las ciudades de El Alto y La Paz.
El proceso podría desembocar en un eventual pedido de extradición del ex mandatario y de Sánchez de Berzaín, actualmente refugiados en los Estados Unidos, señala un informe de la agencia gubernamental de informaciones. A fines del 2004, el Congreso Nacional, de amplia mayoría neoliberal y dominado por parlamentarios que cogobernaron con Sánchez de Lozada, aprobó el inicio del Juicio de Responsabilidades, tras soportar el asedio de los sectores sociales y populares, que amenazaron incluso con cerrar el Parlamento si los autores de la masacre del 2003 continuaban en la impunidad.
Sánchez de Lozada reside en Washington, desde su huida el 17 de octubre de 2003, mientras que el ex ministro de Defensa vive en Miami. Kukoc se conoce que reside en territorio nacional.
De acuerdo a ley, la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para presentar la acusación definitiva para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie por continuar el proceso o archivarlo.
Es en este tiempo, denominado como periodo de prueba, en que se citará a declarar a Sánchez de Lozada y a los 15 ministros de su último gabinete.
Si el ex mandatario se niega a acudir a los estrados judiciales en Sucre, el gobierno podrá apelar al Tratado de Extradición firmado con Estados Unidos para exigir la presencia del ex presidente, refugiado en ese país.
MINISTROS
Acusados de complicidad serán procesados el ex Canciller Carlos Saavedra Bruno y los ex ministros, Javier Torres Goitia Caballero, de Salud, Hugo Carvajal Donoso, de Educación, Guido Añez Moscoso, de Asuntos Campesinos, Adalberto Kuajara, de Trabajo, Dante Pino Archondo, de Servicios Financieros, Erick Reyes Villa Bacigalupo, de Desarrollo Sostenible, Mirtha Quevedo Acalinovic, de Participación Popular, Javier Comboni Salinas, de Hacienda, Carlos Morales Landívar, Servicios y Obras Públicas, Jorge Berindoague Alcocer, de Hidrocarburos, José Guillermo Justiniano Sandoval, de la Presidencia y Jorge Tórres Obleas, de Desarrollo Económico.
La Fiscalía justificó la acusación contra el exPresidente y sus colaboradores indicando que el D.S. 27209 suscrito por todos ellos, dio la cobertura legal a la represión producida a partir del 11 de octubre ocasionando la muerte de 60 personas y heridas a 151.
Asimismo, de acuerdo a mandato constitucional, el Presidente de la República, es también Capitán General de las FF.AA y por tanto recaen sobre él todas las responsabilidades que puedan emerger de la actuación y concretamente de los luctuosos hechos de octubre de 2003.