La nacionalización de las transnacionales petroleras por tercera vez La Paz, agosto 11, 2004.- Después de la insurrección de octubre del año 2003, Bolivia vive la confrontación entre un proyecto nacional popular que busca la nacionalización de la política y la economía y un proyecto transnacional oligárquico derivado de la Capitalización y la Ley de […]
La nacionalización de las transnacionales petroleras por tercera vez
La Paz, agosto 11, 2004.- Después de la insurrección de octubre del año 2003, Bolivia vive la confrontación entre un proyecto nacional popular que busca la nacionalización de la política y la economía y un proyecto transnacional oligárquico derivado de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos.
La realización del Referéndum el 18 de julio se enmarcó en esta lucha y desde su convocatoria fue pensada por el poder como una válvula de escape para detener la radicalización de las masas alrededor de la nacionalización de los hidrocarburos y terminar la polarización de las luchas por el excedente de la riqueza del gas. De ahí la parafernalia mediática post-referéndum que se apresuró en hablar en términos definitivos de «vencedores» y «vencidos» de la guerra del gas que apenas ha comenzado dada la magnitud de los intereses de poder en juego.
En este sentido, el referéndum ha cumplido el cometido de postergar, más no anular la querella por el excedente económico de los hidrocarburos en Bolivia.
El contexto más general
Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer gobierno (1993-1997) aplicó la capitalización y la Ley de hidrocarburos demoliendo la unidad nacional a partir de la generalización de la creencia de que Bolivia era «inviable», lo que determinó la entrega del patrimonio esencial de la nación a manos extranjeras. La aplicación de la Capitalización fue expresión de la derrota de la nación y en términos concretos la entrega de la riqueza hidrocarburífera del país a un nuevo poder petrolero transnacional.
Para relanzar la capitalización en su segunda fase -proyectos de exportación- se reforzó la estatalidad en su factum represivo, utilizando al máximo las ventajas derivadas de la situación de fuerza para crear las condiciones políticas y sociales favorables al nuevo poder transnacional.
El primero en utilizar sin éxito la nueva estrategia fue Banzer (1997-2001) quien generó las condiciones para la fusión de la clase obrera, campesina y sectores urbanos por el uso del excedente económico el año 2000 en la Guerra del agua. Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) siguió el mismo derrotero, convencido de que sólo con la fuerza se lograría imponer los proyectos de exportación del gas.
La insurrección de octubre en la Guerra del gas sepultó esta estrategia a partir de la emergencia de un nuevo nacionalismo encarnado en las naciones originarias, obreros y clases empobrecidas que impidió la exportación del gas a través de un puerto chileno, pidió la industrialización del gas en territorio boliviano y, sobre todo, exigió la nacionalización del excedente económico de este recurso, transferido dolosamente a las empresas petroleras transnacionales.
Octubre puso de manifiesto la crisis del modelo Capitalización-Exportación de los hidrocarburos y de la nueva estructura de poder transnacional y en su reverso mostró la unidad de lo nacional popular alrededor de la nacionalización de los hidrocarburos.
Más aún, cuestionó la estructura continental de dominación imperial, pues al inviabilizar el esquema neoliberal en el país, demostraba la inviabilidad de este modelo impuesto en Latinoamérica. En ese sentido, Bolivia se constituyó en la cabeza política de los países del continente al propugnar cambios en la correlación de fuerzas entre los países explotados y la metrópoli explotadora. En este marco se explica la idea de una intervención militar externa al país que junto a la «desmembración territorial», se constituyeron en dos mecanismos dirigidos a detener el proceso de radicalización política del pueblo en torno a la nacionalización del poder y la economía en Bolivia.
En síntesis, la Guerra del gas expresó un proceso de acumulación política creciente que se concentró en la ciudad más pobre del país, El Alto. En este sentido, no fue el primer episodio ni el último de la querella por el excedente. Tuvo su punto de partida en la denominada Guerra del agua en abril que fue eminentemente urbana y en las Jornadas de septiembre que fue rural. La Guerra del gas sintetizó abril y septiembre y en su densidad involucró a las clases nacionales fundamentales de la nación boliviana. Expresó un proyecto nacional y popular, que en lo esencial pergeñó un proyecto político orientado a reformular los términos del poder en Bolivia.
En esta dirección, Carlos Mesa prefirió desde el principio de su mandato, antes que seguir la agenda de octubre, transar con el poder petrolero. No encontró nada mejor para apuntalarse y subsistir en el gobierno, en medio de un proceso de acumulación política alrededor de la nacionalización, que entregar al imperialismo la explotación y el saqueo inmisericorde de la riqueza hidrocarburífera apoyando la exportación masiva del gas como materia prima, primero a la Argentina (Chile), ahora México y Estados Unidos
¿Quién ganó el referéndum?: las petroleras
La nueva estrategia del poder petrolero para imponer sus proyectos y detener la radicalización política del pueblo boliviano alrededor de la nacionalización fue confundir la «recuperación de la propiedad en boca de pozo» con la nacionalización. Como dice Juan Perelman, las petroleras hicieron creer que la «recuperación» era igual que la nacionalización gracias a la ayuda de los dirigentes de la mayoría de los movimientos sociales, en especial del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La reacción de Morales ante la ampliación del contrato de venta de gas a la Argentina, después del 18 de julio, no tuvo otro objeto que reposicionar su imagen seriamente cuestionada y afectada por su participación en la rearticulación de los proyectos de exportación de gas.
La figura simbólica de Carlos Mesa fue otro factor importante para articular esta estrategia. Su largo trabajo en el campo del espectáculo televisivo y su posición humanista frente a la masacre de octubre, sirvió para que a través de una intensa campaña mediática -financiada por las transnacionales- convenciera a la clase media, pequeña burguesía progresista y a los sectores más atrasados de las clases medias empobrecidas de que él propugnaba la «verdadera» nacionalización a partir de la recuperación de la propiedad del gas en boca de pozo, contenida en la pregunta dos. El 95% de la gente votó a las dos, optando de esta manera por la nacionalización «responsable» y «pactada» de Carlos Mesa.
En rigor, la gente no ha percibido todavía que la «nacionalización» propuesta por Carlos Mesa, no significa otra cosa que un retoque al esquema jurídico de Sánchez de Lozada, pues la «recuperación de la propiedad de pozo» no afectará el manejo exclusivo que detentan las petroleras del negocio del gas; tanto es así que estas modificaciones formales a la Ley de hidrocarburos cuentan con la bendición de las transnacionales.
Mesa pretende pasar a la historia como el mandatario que «recuperó la propiedad del gas para los bolivianos». Sin embargo, el presidente obtuvo una victoria a lo pirro: se queda en el poder a un precio muy alto para los intereses de Bolivia: acelerar los proyectos de exportación del gas a México, Chile y Estados Unidos.
En el fondo, el referéndum fue un verdadero triunfo de las transnacionales.
Los que apoyaron el referéndum
¿Qué factores puso en movimiento el poder transnacional para respaldar el referéndum? En primer lugar, el poder petrolero que financió los gastos publicitarios de la campaña mediática del pleibiscito. El Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo que condicionaron créditos al resultado positivo del referéndum. La burguesía agroexportadora centralizada en Santa Cruz controlada por el poder transnacional a través de la Cámara Nacional de Hidrocarburos que reúne en su seno a las transnacionales petroleras. Los Comités Cívicos de la denominada «media luna» que amenazaron con dividir el país en caso de no darse el referéndum. Se reflejó la adhesión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. La pequeña burguesía, expresada en intelectuales que antes habían compartido el poder con los regímenes liberales, se adscribió a la medida. Se sumaron a la consulta, la mayoría de los partidos tradicionales como el MIR, MNR, ADN, UCS, MSM y MBL, con excepción de la NFR, que prefirió hacer la antipropaganda «defendiendo» la nacionalización. Los medios de comunicación casi en su totalidad fueron sobornados vía publicidad y utilizados ferozmente para intimidar al pueblo sobre las consecuencias «negativas» de la nacionalización.
Por otra parte, en el marco de la polarización de la lucha de clases en el país, fue sorprendente el apoyo del Movimiento al Socialismo de Evo Morales a la consulta apoyada por el poder financiero y petrolero internacional. El MAS fue utilizado como punta de lanza para romper la unidad de los sectores populares y así posibilitar el referéndum. Sin Morales el referéndum jamás habría encontrado viabilidad.
Se sumaron a este cuadro, Jaime Solares y Roberto de la Cruz. Solares, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, fue utilizado como la mejor prueba de que la propuesta de la nacionalización era «irresponsable» y «utópica». Su falta de profundidad en el tema de la nacionalización y su discurso radical, contradictorio y petardista fue amplificado por los medios de comunicación, con el fin de atemorizar, confundir y empujar a las clases medias a los brazos del gobierno.
Roberto de la Cruz, Secretario General de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, por su parte, confundió la actitud conspirativa y aventurera con la actitud revolucionaria. Depositario de la lucha de octubre, dilapidó su credibilidad personal en una serie de permanentes declaraciones de guerra. No comprendió que la revolución nutre sus fuerzas del desarrollo del movimiento de masas y sólo en el apogeo de aquél se pone a la orden del día el problema técnico de la insurrección armada. No entendió que la insurrección armada es el momento culminante de un vasto movimientos de masas y que los líderes se nutren de esta fuerza social, no al revés.
Lo dos dirigentes, a su modo, contribuyeron indirectamente al «éxito» del referéndum.
Nacionalizar las compañías petroleras
En una primera etapa, el poder fracasó en su intento de imponer por la fuerza los proyectos de exportación del gas a precios irrisorios para la nación boliviana. En una segunda, pretende hacerlo con mayor disponibilidad ideológica y cuenta para ello con un gobierno y una oposición partidaria liderizada por el MAS, domesticadas. Sin embargo, todo indica que así como fracasaron en la primera etapa, fracasarán en la segunda.
Bolivia nacionalizó dos veces sus hidrocarburos. La memoria histórica suele fundar un escuela muy larga y esto asusta al poder petrolero. La primera a principios del siglo XX, cuando la idea de la nacionalización del petróleo adquirió amplitud y profundidad en la Guerra del Chaco para convertirse en la tesis programática de un movimiento que se plasmó con la nacionalización de la Standard en 1937, la empresa de petróleos norteamericana más grande del mundo. La segunda en la década de los 60, cuando al influjo de grandes pensadores surgió una alineación de fuerzas políticas y sociales para nacionalizar la Gulf Oil, otra empresa norteamericana, pese al poder imperante en el país. En ambos casos, no sólo se recuperó la propiedad sino se nacionalizaron todos los bienes, activos y mercados de estas compañías transnacionales en el país.
En esta perspectiva, aclarada la tramoya que confundió «recuperar» con «nacionalizar» y que la política hidrocarburífera de Carlos Mesa no significa otra cosa que un retoque al esquema jurídico de Gonzalo Sánchez de Lozada, la unidad de octubre en torno a la nacionalización encontrará mejores condiciones para desarrollarse como un proyecto hegemónico en Bolivia.
Indígenas, obreros, campesinos, clases medias empobrecidas , -la nación boliviana oprimida-, han conformado un frente nacional incontenible hacia la nacionalización de las empresas transnacionales por tercera vez.
* Mirko Orgáz, es periodista y autor del Libro «La Guerra del gas»