Acuerdos salariales por debajo de la inflación y la canasta básica, mientras continúan suspensiones y despidos

Suspensiones y despidos en varias empresas del interior: Mustad (Tres Arroyos), Granja Tres Arroyos, Euro SA (Europlus Argentina) de Rosario, Randon (Parque Industrial II/La Plata), Fademi (E. Ríos) y Tecotex (Tucumán).

Cuánto cobra un obrero metalúrgico en octubre

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) difundió cómo quedaron las escalas salariales para el mes de octubre de todos los trabajadores del sector, ya sea desde operarios hasta aprendices y administrativos.

El último acuerdo paritario establecido en junio fue para los períodos de abril – agosto de 2025 y representó una suba del 7,6% a distribuir en cinco tramos, junto con bonificaciones no remunerativas. Las mismas fueron de $30.000 en abril y de $25.000 para el resto de los meses.

De tal modo, el salario mínimo de todo el sector metalúrgico pasó de $ 877.796 en abril a $ 909.114 en agosto. En este sentido, las Cámaras quedaron en reunirse para definir los ajustes salariales para los períodos de septiembre (retroactivo) y octubre en adelante.

El acuerdo paritario del Plástico mantiene a miles de trabajadores en la pobreza

A fines de septiembre se firmó el nuevo acuerdo paritario firmado entre la Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) y la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP).

Allí se pautan los aumentos salariales que se aplicarán entre septiembre 2025 a febrero 2026 para el convenio 797/22.

Las nuevas escalas fueron difundidas por el gremio en los últimos días y generaron malestar en muchas empresas porque marca tres problemas:
El aumento semestral total es de 13,5% cuando la inflación proyectada la supera. Pero además seguramente será más golpeada si tenemos en cuenta la dinámica devaluatoria que todo indica saltará tras las elecciones. Incluye una suma fija de 240.000 pesos en 6 cuotas de entre 30.000 y 60.000 pesos.

Hay meses con aumentos del 1% o poco más (1,20 octubre, 1,10 noviembre, 1% enero), o sea que hay meses que directamente se acepta perder con la inflación a pesar de los adicionales.

Casi todas las categorías del Convenio quedarán por debajo de la línea de pobreza, con un valor hora que va de $5.000 a $7.000 pesos.

Si tomamos el caso del oficial especializado (máxima categoría) el salario de bolsillo de octubre calculado sobre 172 horas mensuales, menos los descuentos por ley, más el adicional, es de $1.046.000. Sumada una antigüedad “promedio” no llegamos al $1.060.000.

Si tomamos una categoría operario, quedará en $764.000 en octubre, $770.000 con un poco de antigüedad.

La paritaria golpea el bolsillo de los miles de trabajadores y trabajadoras que hacen funcionar las 1.400 empresas que son parte de la Cámara empresaria. Si ya venían perdiendo en los últimos años, la cosa sigue empeorando, empujando a las horas extras, las changas o el pluriempleo. Algunas patronales además han avanzado con despidos, porque ganan menos.

Según el INDEC una familia tipo necesitaba tener ingresos de $1.160.780 al mes para no ser pobre. Una cifra que fue cuestionada por muchos especialistas, porque dicen que las bases para tomar los cálculos están desactualizadas desde hace 20 años, no tienen en cuenta los gastos reales de una familia ni el peso de los servicios en los gastos mensuales.
Con ese dato la mayoría de los plásticos tienen salarios por debajo de la línea de pobreza.
Si tomamos un cálculo más realista, la Canasta de Consumos Mínimos que arman los trabajadores del INDEC, la situación es peor. Para una familia de 4 personas está calculada en $1.939.698 (agosto 2025).

Con esa referencia, un trabajador del plástico así como la mayoría de la clase trabajadora, solo pueden vivir 15 días con sus sueldos. A partir de la segunda quincena te empezás a endeudar, a hacer changas, extras o consumir menos.

La conducción sindical del plástico no hace nada para terminar con esta situación. Dice que algunas empresas están en recesión y los gerentes están duros. ¿Pero quién dijo que los trabajadores tienen que pagar esa recesión o quedarse de brazos cruzados? ¿Por qué sus familias tienen que “sostener” los negocios empresarios?

Si no quieren llamar a un plan de lucha, que convoquen asambleas en las 1.400 empresas y le pregunten a los trabajadores si están de acuerdo con seguir perdiendo. No se puede esperar hasta 2027, como dicen algunos dirigentes, para cambiar esta situación.

Hay que debatir y exigirle a las conducciones de los sindicatos y la CGT que convoquen medidas de lucha, unitarias, para defender los puestos de trabajo y recuperar el salario.

Estatales de Mendoza marchan contra la reforma del estatuto del empleado público

Trabajadores y trabajadoras de la salud están en pie de lucha contra la modificación del Estatuto del empleado público que impulsa el gobierno y que aseguran vulnera el derecho a la estabilidad laboral. El lunes 29 de septiembre por la noche hubo protesta en la Legislatura y el martes 30 hubo una importante movilización por la mañana, para expresar su rechazo.

El gobierno parece contar con los votos para aprobar este nuevo Convenio colectivo no consensuado con los trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que ha motivado este llamado a paro y movilización. Raquel Blas, miembro de la Coordinadora Sindical Clasista y del Partido Obrero dijo que esta reforma es un intento de “suprimir la estabilidad laboral de los trabajadores, que constitucionalmente es un derecho protegido incluso internacionalmente, por los pactos internacionales”.

La dirigente sindical contó que pueden suceder “cosas graves como que te sancionen hasta 15 días sin que tengas derecho de defensa, el no reconocimiento de la sociedad detrás de los prestadores y prestadoras, que ahora son monotributistas”.

Además, agregó que lo más grave será “tener una parte importante del salario atada a evaluaciones de desempeño trimestrales, donde las realizan los jefes inmediatos superiores. Hoy por hoy los jefes inmediatos superiores son todos cargos políticos, ni siquiera son cargos de concurso. Entonces esto es gravísimo porque son salarios de hambre que no llegan a la canasta familiar y son compañeros y compañeras que no van a poder saber con cuánto cuentan cada tres meses”.

El salario básico de los empleados bancarios será de $1.800.000

Junto con el incremento salarial establecido en $ 1.842.170,43 para los empleados bancarios, se le sumó la Participación de Ganancias (ROE) de $ 53.251,40. Esto, por su parte, llevó el piso a un total de $ 1.895.421,83.

El aumento tuvo lugar a partir del mes de julio y desde el sindicato de La Bancaria, que es encabezado por Sergio Palazzo, señalaron que «dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 17,3% sobre los salarios de Diciembre 2024», informaron.

Al igual que con los salarios, el bono por el Día del Bancario tuvo una actualización en la remuneración y actualmente se estableció en $1.642.231,21, según expresó el gremio que representa a los empleados de las diferentes entidades bancarias que operan en el país.

Respecto de dicha remuneración por el Día del Bancario, se detalló que el monto mencionado representa el mínimo que debe entregarse. Del mismo modo, expresaron que queda «a corregir por futuras actualizaciones».

El bono por el Día del Bancario en Argentina se emite el 6 de noviembre y es entregado en dicha fecha por la conmemoración de la Asociación Bancaria, el gremio que representa a los empleados de dicho sector y que se fundó en el año 1924.

Habitualmente, cuando se celebra el Día del Bancario, las entidades permanecen cerradas y no se brinda atención al público. Además, las operaciones presenciales se ven limitadas y únicamente se pueden utilizar los cajeros automáticos y el homebanking.

Los salarios de los trabajadores esenciales vuelve a estar en agenda en la Ciudad de Buenos Aires

Desde el 1° de agosto de 2025, rige la última actualización salarial para los peones generales de barrido y limpieza, un sector que depende del Convenio Colectivo de Camioneros y que regula la actividad de recolección, barrido y limpieza urbana.

Ese acuerdo estableció que el salario básico mensual de los barrenderos quedara fijado en $724.476,00, cifra que se mantendrá sin cambios durante septiembre. La novedad es que ya no habrá bonos extraordinarios que refuercen el recibo de sueldo, lo que genera preocupación entre los trabajadores, especialmente en un contexto inflacionario que sigue golpeando el poder adquisitivo.

El monto de $724.476,00 constituye el piso de referencia para los barrenderos de la Ciudad, pero no incluye los adicionales que forman parte de la liquidación salarial según el convenio:

Antigüedad: 1 % por cada año trabajado.

Presentismo: incentivo por asistencia regular.

Horas extras: con recargos según la legislación vigente.

Trabajo nocturno y feriados: pagos diferenciados en caso de cumplir funciones en esos horarios.

Esto implica que el sueldo final puede superar el monto de base, dependiendo de la situación de cada trabajador. Sin embargo, el dato central es que en septiembre no se incorporarán pagos extraordinarios adicionales, lo que deja a los barrenderos dependiendo exclusivamente de su básico y los adicionales convencionales.

Uno de los puntos más sensibles para los trabajadores es la finalización del bono no remunerativo de $600.000, que fue abonado en cuatro cuotas de $150.000 a lo largo del año.

Ese beneficio, acordado en negociaciones paritarias previas, funcionó como un alivio temporal frente a la inflación. Durante agosto se completó el cronograma de pagos, y con ello el sector cerró un ciclo de ingresos extra que ya no estarán presentes en los recibos de septiembre.

En la práctica, esto significa que los barrenderos pasarán de cobrar básico más bono a recibir solo el básico más los adicionales. La diferencia puede sentirse con fuerza, dado que el bono representaba un complemento significativo para muchos hogares.

La realidad salarial de los barrenderos no puede analizarse sin el telón de fondo de la inflación persistente en la Argentina. Aunque el monto de $724.476,00 puede parecer elevado en comparación con otros sectores, el aumento de precios reduce rápidamente su capacidad de compra.

Según consultoras privadas, el costo de la canasta básica total en la Ciudad de Buenos Aires supera los $690.000 para una familia tipo. Esto implica que, si bien el sueldo básico cubre ese umbral, lo hace de manera ajustada y sin dejar demasiado margen para otros gastos.

Con el fin del bono, muchos barrenderos sienten que su poder adquisitivo se deteriora aún más, especialmente porque el bono se había convertido en una suerte de “colchón” frente a la suba de precios.

El sector de barrido y limpieza está amparado por el convenio colectivo de trabajo de Camioneros, uno de los gremios más influyentes del país. La última negociación paritaria cerró en agosto, y desde entonces no hubo reapertura ni anuncios de nuevos aumentos.

Por ahora, la escala salarial vigente se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores. La expectativa está puesta en una posible renegociación en los próximos meses, dado que la inflación acumulada presiona sobre los salarios y erosiona los acuerdos alcanzados.

Dirigentes gremiales ya anticiparon que evaluarán los índices de inflación de septiembre y octubre para reclamar una revisión salarial, aunque todavía no hay una fecha confirmada para iniciar esa discusión.

El trabajo de los barrenderos suele pasar inadvertido para muchos vecinos, pero es una de las tareas esenciales para el funcionamiento de la Ciudad. Se trata de un empleo que requiere esfuerzo físico, horarios exigentes y, en muchos casos, exposición a condiciones climáticas adversas.

Por eso, el reclamo salarial no solo apunta al número final en el recibo, sino también al reconocimiento de la labor diaria. “El sueldo básico no refleja todo lo que implica nuestro trabajo. Estamos en la calle bajo el sol, la lluvia o el frío, y la Ciudad depende de nosotros para mantenerse limpia”, señalan trabajadores del sector.

En ese sentido, los adicionales como horas extras, nocturnidad o feriados suelen representar un porcentaje importante del salario, pero no todos los empleados tienen acceso a esas oportunidades.

Al analizar el sueldo de los barrenderos en septiembre de 2025, resulta inevitable compararlo con otros sectores vinculados a servicios urbanos. Por ejemplo, los recolectores de residuos tienen una escala similar, dado que comparten el mismo Convenio de Camioneros.

En cambio, otros trabajadores de servicios públicos, como los empleados de mantenimiento en espacios verdes o los choferes de transporte urbano, tienen convenios diferentes que establecen montos menores en muchos casos.

Esto posiciona a los barrenderos en una franja media-alta dentro de los salarios urbanos, aunque la inflación generalizada vuelve a achatar las diferencias.

El monto de $724.476 puede analizarse desde distintos ángulos:

Para un trabajador soltero, representa un ingreso que permite cubrir gastos de alquiler y consumo básico, aunque con limitaciones.

Para una familia tipo, cubre la canasta básica, pero deja escaso margen para ahorro, recreación o imprevistos.

Frente a la inflación interanual, el aumento aplicado en agosto se muestra insuficiente y rápidamente absorbido por la suba de precios.

En este contexto, el fin del bono se traduce en una pérdida directa del ingreso disponible mensual, lo que obliga a muchos trabajadores a ajustar gastos o buscar horas extras para compensar la diferencia.

El salario de los barrenderos en septiembre de 2025 es un reflejo de una problemática más amplia: la dificultad de que los acuerdos salariales acompañen la inflación en Argentina.

La incógnita ahora pasa por saber cuándo y cómo se reabrirán las paritarias. Mientras tanto, los trabajadores deberán enfrentar un mes sin refuerzos extraordinarios y con un sueldo que, aunque formalmente actualizado en agosto, ya muestra signos de desactualización frente a los precios de la economía real.

Moyano ayuda a Milei

El jueves 11 de setiembre, el sindicato de camioneros, conducido por Hugo Moyano firmó un acuerdo paritario de alrededor del 1% mensual hasta febrero 2026 (sic).

Este piso, por debajo del índice de inflación de setiembre (1,9%), marcará un precedente para las negociaciones salariales en el resto de los gremios.

Tal fue la emoción del gobierno que el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello celebró el acuerdo con un comunicadio. Toto Caputo festejó en privado.

Lejos de la huelga general que le reclama el pueblo trabajador para modificar el plan económico y cerca de Milei procurando sustentabilidad política a un gobierno en crisis hambreador y corrupto.

Cerró la planta de Mustad de Tres Arroyos y hay 50 empleados despedidos

Mustad, la empresa noruega dedicada a la fabricación de herraduras para caballos decidió el cierre de su planta en el Parque Industrial de Tres Arroyos, dejando a unos 55 trabajadores despedidos.

La fábrica funcionaba desde hace casi 30 años en la localidad y dedicaba la mayoría de su producción a la exportación.

Gustavo Acosta, secretario administrativo de la UOM a cargo de la filial Tres Arroyos, quien se enteró de la decisión mientras participaba de un Congreso de delegados en Río Negro indicó “Vinieron, hicieron apagar los hornos y se fueron”.

Según explicó, fue el propio dueño de la empresa quien comunicó a los trabajadores el cierre, garantizando que serían indemnizados.

Acosta detalló que se llevaría a cabo una reunión en el ministerio de Trabajo, donde el gremio intentará frenar la medida. “La idea que tenemos es que la empresa no se cierre; esperamos que podamos mantenerla abierta”, sostuvo.

Paro por falta de pago y amenaza de cierre en Granja Tres Arroyos

Las y los trabajadores de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos iniciaron una medida de fuerza por falta de pago de aguinaldos y denunciaron que la patronal amenaza con el cierre inminente del establecimiento. Son unos 400 los obreros afectados.

Afirman que la firma se comprometió a abonar el aguinaldo en quincenas y todavía no percibieron el pago correspondiente al presente período.

La protesta se inició el lunes 22 de septiembre, y desde entonces la planta permanece completamente paralizada. En total son unos 400 los empleados que llevan adelante la medida.

Tal como anticiparon, de no contar con respuestas por parte de la firma, los trabajadores podrían extender su protesta a la Ruta 8.

Tras el comienzo de la medida, desde la patronal amenazaron con el inminente cierre de la planta y la destrucción de todos los puestos de trabajo.

“Ya les dijeron que se vayan a la casa y supuestamente mañana cierran la planta”, le dijo al portal local Pilar a Diario un allegado a los empleados que sostienen la medida de fuerza. Ante la consulta de la prensa, la empresa evitó pronunciarse sobre la continuidad de la fábrica, aunque sí reconoció que los trabajadores mantienen la protesta.

No es la primera vez que se registran conflictos en la avícola. En diciembre del año pasado, los empleados se habían declarado en huelga tras rechazar el pago del aguinaldo en cuatro cuotas, un esquema que la compañía justificó por dificultades financieras.

Además, a principios de diciembre de 2024, Granja Tres Arroyos —principal productora de pollos del país, con unos 7.000 trabajadores en Argentina y Uruguay— obtuvo autorización del Gobierno para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), con el fin de reducir costos y evaluar posibles despidos.

La empresa tiene en La Lonja, partido de Pilar, una de las cuatro sedes que posee en la provincia de Buenos Aires, que se suman a las de Entre Ríos, Córdoba y la República Oriental del Uruguay. A fines de octubre de 2024 la patronal cerró la planta 1 de Tristán Suárez, con alrededor de 100 obreros despedidos.

Trabajadores desocupados luchan por puestos de trabajo en la «Vaca Muerta» de Santa Cruz

La formación Palermo Aike es un megaproyecto que cuenta con una inversión inicial de más de 200 millones de dólares de la petrolera YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC) propiedad de Corporación América de Eduardo Eurnekian. Ya se anunció en la última semana de setiembre que comenzarán las obras para las perforaciones de tres pozos no convencionales en las áreas cercanas a El Calafate “Campamento Este” y “La Azucena” con la construcción de caminos, locaciones y movimientos de suelos.

Es un megaproyecto que por su potencial extractivista es considerado como una “nueva Vaca Muerta”. Esto llama la atención. Vaca Muerta es presentada por los gobiernos y las empresas como un “motor energético” que genera empleo y progreso en la provincia de Neuquén y en el país. Sin embargo, la experiencia concreta muestra que los puestos de trabajo generados son en su mayoría precarios, temporales y con condiciones flexibilizadas. ¿Será que en la provincia de Claudio Vidal quieren replicar el modelo neuquino de superexplotación obrera, precarización y aumento de la desigualdad social para que las petroleras se lleven ganancias millonarias?

Es en medio de esta incertidumbre que desde principios del año pasado 105 trabajadores desocupados se han organizado para exigir puestos de trabajo. Muchos de estos trabajadores son el sostén de sus familias y las pocas fuentes de ingresos que consiguen son inestables y muy mal pagas. Su reclamo es expresión de la recesión y la muy mala situación económica que se vive en la provincia. Porque mientras se profundiza la pobreza y la desocupación, las soluciones que presenta Claudio Vidal son nulas.

Los desocupados relatan que luego de presentar su caso en el Concejo Deliberante, de ir a los ministerios de Gobierno, de Minería y Energía, de Educación y al de Trabajo y Empleo y no obtener respuestas de ningún tipo, a fines del año pasado cortaron las rutas de acceso a los yacimientos y fueron reprimidos por la policía provincial e Infantería. A pesar de este intento de amedrentamiento, lograron reunirse con el ministro de Trabajo. Pero hasta la fecha no hubo soluciones.

Estos trabajadores muestran su disposición a defender sus condiciones de vida y a luchar por fuentes de trabajo genuino. El miércoles 24 de septiembre, se concentraron en la plaza central de El Calafate para marchar por la ciudad. Es necesario que el Sindicato Petrolero, de Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) se pronuncie y tome medidas ante esta situación para que los trabajadores activos apoyen la lucha de los desocupados.

Despidos en el frigorífico Euro SA

Al menos 46 trabajadores del frigorífico Euro SA, una histórica tripería de Villa Gobernador Gálvez, se enteraron que fueron despedidos al llegar a sus domicilios los telegramas enviados por la patronal, mientras la esperaban en el ministerio de Trabajo de la provincia para una reunión de conciliación, a la que los propietarios nunca asistieron ni enviaron a sus apoderados legales. La firma, en la que aparece como presidente del directorio desde 2023 Juan Pablo Jarvis, adujo motivos de “fuerza mayor” para dejar sin empleo a los operarios, y argumentó falta de materia prima e ingreso de productos importados a “precios inferiores a los costos locales”, lo que habría redundado en “una paralización casi total de las ventas”.

En paralelo, la representación letrada de la empresa no acudió a la audiencia de conciliación obligatoria en la sede Rosario del ministerio de Trabajo de la Nación, por lo que desde la cartera le dijeron a los trabajadores y a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que “en teoría esos telegramas no tendrían validez”, explicó el delegado paritario, Walter Navarro.

En el acta firmada se lee: “Note ésta autoridad laboral que la empresa no solo incurre en lo denunciado precedentemente (no permite el ingreso de los despedidos ni la prestación efectiva de tareas a los injustamente suspendidos), sino que, además, ha profundizado su no acatamiento a lo ordenado por la autoridad laboral toda vez que en el día de la fecha ha comunicado la extinción del contrato de trabajo a 46 trabajadores por supuesta causa económica, lo cual no se encuentra avalado por constancia o tramitación que verifique ese estado de crisis invocado”.

El ingreso a la oficina de Relaciones Laborales de la sede local del ministerio se vistió con banderas y carteles de los trabajadores de la tripería Euro, que atraviesa un largo conflicto desde inicio de este año, cuando se produjeron los primeros despidos, que luego se convirtieron en algunos casos en retiros “voluntarios”.

“Vinimos como siempre a la audiencia esperando que la empresa se presente, no se presentó, trajeron un escrito donde decían que no se iban a presentar”, explicó en la sede ministerial el delegado paritario del Sindicato de Carne, Walter Navarro.
Mientras aguardaban en vano a la otra parte para poder debatir el futuro de la empresa y sus empleados, llegaron los telegramas de despido “con causa”, fundada en razones de “fuerza mayor”, por la caída de las ventas y de falta de materia prima.

Uno de los telegramas dice textualmente: “En razón de la crítica y sostenida situación económica que atraviesa esta empresa, caracterizada por la constante pérdida de proveedores de mercadería (los últimos fueron Frigorífico Rioplatense y Coto Rosario, habiendo incluso suspendido esta semana su faena el frigorífico Swift), la drástica reducción en el ingreso de materia prima y la irrupción en el mercado de productos importados a precios inferiores a los costos locales de producción, hechos que han generado una paralización casi total de las ventas, que configuran supuestos de fuerza mayor ajenos a nuestra voluntad (…) hacen imposible la continuidad tanto de la relación laboral como del régimen de garantía que se venía aplicando a usted”. Está despedido con causa.

“A todo esto nos enteramos que llegaron 46 telegramas a los compañeros que están acá, con garantía desde hace rato”, dijo Navarro, quien recordó que “ya la semana pasada se rumoreaba que los gerentes estaban diciendo que iban a despedir a más gente”.

El delegado señaló que los empresarios “nunca vinieron” y que en los telegramas de despido “además ponen causa, no quieren pagar nada”. En ese sentido, agregó: “Ellos dicen que la causa es que perdieron materia prima, cosa que es mentira, porque hace ocho meses que vienen tirando la mercadería, lo venimos diciendo hace ocho meses”.

Navarro sostuvo que los empresarios “hacen responsable a los trabajadores, no vienen a dar una explicación, no hay un diálogo para ver en qué podemos ayudar nosotros y cómo podemos salir de esta situación”.

Por esa intransigencia, el Sindicato de la Carne hizo dejar constancia en el acta firmada en el ministerio de Trabajo “que proceda a ordenar la comparecencia personal del señor Rogelio Ribeiro a través de la fuerza pública”, en tanto que se presenta como apoderado de la empresa Euro SA.

La tripería Euro SA existe desde 1999 y sus propietarios fueron durante años los empresarios de Villa Gobernador Gálvez de la familia Lequio, ligada a otros frigoríficos. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular.

Pero tres años más tarde los Lequio ya no figuraban. Según los trabajadores, primero se asociaron a unos inversores que, finalmente se quedaron con la mayoría del paquete accionario. En 2023 quien figura como presidente del directorio de Euro SA (que cambió su nombre de fantasía a Europlus Argentina) es Juan Pablo Jarvis. Los trabajadores mencionan, cuando se les pregunta quiénes son los propietarios, el apellido de un tal “Salimei”.

En los registros públicos ese nombre no aparece ligado a la tripería de Villa Gobernador Gálvez. El licenciado en administración de empresas Jarvis, en tanto, compartió al menos en 2017 la constitución de la sociedad LTF Cereales, creada en la provincia de Salta, con el ciudadano estadounidense Guillermo Nicolás Salimei. En esa sociedad también figura quien fuera directivo de Euro, Marcos Juan Casanegra.

Para viajar al exterior, Guillermo Salimei -quien también es titular de firmas en Estados Unidos- tiene que solicitar permiso judicial, porque está implicado en un caso de presunto lavado de activos en la causa caratulada «Megy, Héctor Carlos y otros s/infracción artículo 303 del Código Penal”, que tramita ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de Caba.

Despidos ilegales y precarización en el Parque Industrial II de La Plata

“Nos quieren romper, no se puede seguir trabajando así. Se lesionan compañeros, tienen que pedir carpeta y la empresa insiste con un ritmo de producción insostenible, ni tiempo para ir al baño tenemos”, afirmó uno de los obreros de la empresa Randon S.A., ubicada en el Parque Industrial II de La Plata, en la zona de Abasto.

La firma que produce guantes industriales tiene un historial de precarización laboral y desconocimiento de los convenios colectivos, pero ahora está llevando la situación al límite. Hace dos meses, buscando aumentar la productividad, modificó los ritmos de producción unilateralmente y sin previo aviso: un día los trabajadores se encontraron que tenían que fabricar más guantes en el mismo tiempo de trabajo.

Según el artículo 24º del Convenio colectivo del sector (CCT 500/7), para hacer esto, la empresa tiene que comunicar el plan de productividad con la debida antelación contemplando que las nuevas modalidades de trabajo no sean perjudiciales para la salud de los trabajadores. En ese sentido, tiene que proceder con el consenso del gremio del rubro, la Asociación Obrera Textil (AOT), encargada de velar por los derechos laborales del personal. Sin embargo, ese acuerdo nunca existió.

Los trabajadores le advirtieron a la empresa que esos ritmos de producción no se podían cumplir con la dotación actual de personal. ¿Cuál fue la respuesta de la empresa? Empezó a sancionar injustificadamente a los obreros cada vez que no llegan a hacer la cantidad de guantes que la empresa exige, y que físicamente es imposible de alcanzar.

La intención de Randon parece ser precarizar aún más las condiciones laborales y maximizar sus ganancias. En esa línea, en los últimos meses buscó sacarse de encima a trabajadores con antigüedad, que además cuestionaron estos cambios: primero les ofreció retiros voluntarios a valores muy bajos, y como no los aceptaron, los suspendió por supuestas llegadas tarde y a la semana siguiente los despidió.

Tres trabajadores fueron echados en setiembre, a quienes todavía no se les abonó la liquidación final, que por ley tendría que habérselas pagado cuatro días después de la cesantía. En los telegramas de despido la empresa se excusa en el Concurso de acreedores en el que se encuentra desde fines de 2019 (que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº9 de La Plata) buscando reducir la indemnización a la mitad.

“La empresa dice estar en concurso, como si estuviera en crisis, pero acá nunca se dejó de producir, factura millones y ahora quiere aumentar la productividad. Es un fraude, el concurso ese lo tiene abierto para despedir trabajadores y pagarles miseria”, afirmó uno de los despedidos.

La estrategia del empresario Jorge Pindur, dueño de Randon, quedó en evidencia cuando comenzó a contratar trabajadores por agencia, es decir, fuera del Convenio colectivo de trabajo, por lo tanto con menor protección y, por lo tanto, poca posibilidad de enfrentar la precarización laboral.

Entonces, la justificación que aparece en los telegramas de despido, que aduce una crisis por la cual necesita desprenderse de personal, no es real. Lo que busca la empresa es reemplazar trabajadores bajo convenio por trabajadores precarizados.

Los trabajadores despedidos como con los que todavía siguen en la empresa y la mayor parte de los testimonios tenían una visión crítica hacia la conducción del sindicato textil.

“No hicieron nada para frenar todo esto, la empresa avanza con despidos, suspensiones, apercibimientos, todo injustificado y no tuvimos respuestas del sindicato cuando fuimos a hablar con ellos”, remarcó uno de los obreros.

Hasta el momento el gremio no estableció ninguna denuncia contra la empresa en el ministerio de Trabajo bonaerense, ni emitió ninguna comunicación rechazando o repudiando los despidos.

Fabián Campanari, Secretario General de la AOT-Seccional La Plata, dio su versión de los hechos: “los despidos fueron injustificados, sin causa, nosotros estuvimos en comunicación con los compañeros, que decidieron judicializar la situación con sus abogados, no podemos hacer más nada”.

Por otro lado, con respecto a los cambios en los ritmos de producción de la empresa, el dirigente gremial afirmó que la semana que viene tendrán una reunión con los directivos de Randon, para abordar ese tema. A su vez, negó que hubiera sanciones masivas al personal: “solo apercibieron a un compañero por temas de productividad, después sí hubo suspensiones por llegadas tarde, pero no por el tema de la productividad”.

Las próximas semanas serán clave para evaluar si estos desencuentros entre el gremio y los trabajadores de la fábrica se encauzan en algún tipo de acción común o si la avanzada patronal persiste con las consecuencias directas en la precarización laboral y la pérdida de fuentes de trabajo.

Despidos y suspensiones en la empresa Tecotex

Septiembre comenzó con despidos y suspensiones nuevamente en la industria textil. Esta vez se trata de Tecotex, cuya planta se encuentra ubicada en la localidad de Lules (Tucumán), con el despido de 15 trabajadores. Este grupo de operarios se encontraba contratados, como parte de la precarización generalizada, y la firma impuso la no renovación. Además también habrá suspensiones debido a que se reorganizarán los turnos de la producción, pasando de cinco turnos a tres.

Esta tanda de despidos y de reducción de turnos de trabajo se suma a otros ataques en el sector, donde son los trabajadores quienes pagan la crisis. La destrucción de puestos de trabajo en la industria textil se enmarca en la liberación de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei. En casos como la empresa Santista de Famaillá hubo despidos, vacaciones anticipadas y suspensiones de turnos. A principio de año, la empresa textil de Tedy Karagozian, Pol Ambrosio, dejó a varias familias en la calle, aduciendo una reestructuración de la firma para contratar nuevo personal con contratos que les permita abaratar costos laborales y precarizar aún más.

El secretario del gremio de la Asociación Obrera Textil (AOT), Miguel Andrada, sostuvo muy livianamente que “mucho para decidir no hay, simplemente tratar de resguardar los puesto de trabajo de los compañeros, porque cada vez somos menos”. Los despidos en el sector ya son más de 350 en lo que va del año y aun así ni la AOT ni el SETIA (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines) llamaron a tomar alguna medida de fuerza para pararle la mano a los ataques. Tampoco llamaron a medidas elementales como asambleas para que las bases decidan acciones conjuntas con los despedidos y para enfrentar los ataques a quiénes con incertidumbre aún conservan sus empleos. Solo hacen un llamado simbólico en los medios para “tratar de resguardar” los puestos de trabajo mientras en los hechos impulsan aceptar pasivamente los despidos y acordar indemnizaciones.

El gobierno de Jaldo deja correr esta ola de despidos y suspensiones, sin dar respuesta a los afectados por el agravamiento de las condiciones de vida de las familias obreras. Aunque quiera ocultarlo en tiempos de campaña electoral, Jaldo sí fue rápido para ser el primer aliado de Milei, votando en el Congreso las leyes que permitieron que el ajuste avance. Entre otras leyes nefastas, los diputados jaldistas votaron la Ley Bases que impone condiciones de contratación aún más precarias de las que ya existían y la oportunidad para los empresarios de despedir con mayor facilidad.

FADEMI: un año de lucha

Todo comenzó un día de 2024, en esta fábrica de baterías de Larroque, Entre Ríos. Un grupo de trabajadores se negó a subir a un tanque de ácido donde arriesgaban sus vidas. Hasta la secretaría de Trabajo provincial constató que había peligros y la empresa debía arreglarlos.

Pero la empresa no los solucionó y siguió presionando. Los trabajadores defendieron su salud y no entraron a lo que podía ser una trampa mortal. La empresa comenzó con descuentos. Hasta le descontó el sueldo a trabajadores que estaban de licencia por tener plomo en sangre.

Cuando ejercieron su derecho de huelga, decidió despedirlos, tomando un artículo de la Ley Bases, aprobada gracias a un conocido de la zona: el senador Eduardo Kueider.

El caso fue tan escandaloso que la justicia, que no suele fallar a favor de los trabajadores, dijo que eran ilegales los despidos. Y que tenían que reinstalarlos. Incluso la Cámara de Apelaciones del Trabajo dijo que el artículo 247 bis era “de dudosa constitucionalidad”.

Pero a la familia De Miguel, los dueños de la empresa, no solo les pareció un atrevimiento que sus esclavos no dejaran la vida por su negocio. Además decidió que en su propiedad privada no regían las leyes nacionales.

Y la familia que gobierna Larroque, el intendente De Benedetti y el diputado De Benedetti, confirmaron que en su feudo las leyes laborales no tienen vigencia.

El gobernador Rogelio Frigerio (PRO-LLA) y su ministro de Trabajo, Manuel Troncoso, los ningunearon. A pesar de la injusticia y los fallos judiciales, dejaron a las familias obreras tiradas.

Entonces, los delegados y trabajadores de FADEMI hicieron uno de los actos de resistencia más grandes del último tiempo.

Hace un año. 365 días y noches, están acampando y bancando, con el apoyo de su sindicato y los químicos de Zárate que hacen colectas.

¡Viva la resistencia de las familias obreras de Fademi! ¡Que se cumpla el fallo!

Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, Radio Comunitaria Cuyum / Agencia FARCO, Indymedia Trabajadoras/es, Página/12, Pulso Noticias.

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