El martes pasado, con la firma de la presidenta argentina, Cristina Fernández, ingresó a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley del nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De ser aprobado, va a significar la desaparición del régimen de capitalización y el regreso al procedimiento de […]
El martes pasado, con la firma de la presidenta argentina, Cristina Fernández, ingresó a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley del nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De ser aprobado, va a significar la desaparición del régimen de capitalización y el regreso al procedimiento de reparto. Y uno de los paradigmas neoliberales se habrá extinguido tras 14 años de vigencia.
Argentina tuvo durante casi medio siglo un sistema jubilatorio de reparto, el más difundido en el orbe. Pero el avance de las recetas neoliberales (NdeR: a este redactor le cuesta cada vez más definir cuándo se iniciaron) en los años ´90 conquistó también al sistema previsional. Se criticó con dureza al sistema de reparto, y se propuso como superación un sistema de capitalización individual.
Se define jubilación (en algunos países, pensión) como un salario diferido: el trabajador, en lugar de percibir su retribución al final del mes o quincena efectivamente trabajados, la cobra cuando se encuentra en una edad en la cual la legislación y el sentido común determinan que una mujer o un hombre no deben desempeñar tarea alguna.
¿Cómo se financian estos sistemas? El más difundido a nivel mundial y en el tiempo es el sistema de reparto. Este mecanismo funciona con el aporte de los trabajadores activos que solventan a los actuales jubilados, y a la vez, cuando en el futuro se retiren de la actividad, percibirán sus haberes gracias a los aportes de los futuros trabajadores.
Es decir, el que trabaja hoy aporta para pagarles la jubilación a los jubilados de hoy, y cuando se jubile, los trabajadores de entonces le pagarán el haber al jubilado. Este sistema es solidario.
El otro sistema es el de capitalización privada, donde el trabajador activo aporta a una cuenta individual en una organización llamada en Argentina Administradoras de Fondos de Jubilación Privada (AFJP). Este capital es administrado e invertido por las AFJP durante el período de aporte, estos fondos se multiplican gracias a las los manejos financieros, y son devueltos al beneficiario a partir del momento en que éste se jubile.
Ambos tienen sus desventajas. En primer término, los sistemas de reparto responden a una ecuación: deben existir entre tres y cuatro trabajadores activos para sostener a un jubilado. Hace medio siglo, cuando una persona no iba a vivir demasiado tiempo después de jubilarse -debido a que la esperanza de vida era sensiblemente más baja que en la actualidad- las cuentas cerraban sin demasiados inconvenientes. Además, las tasas de desempleo eran relativamente bajas. Por último, este sistema necesita de poblaciones en constante crecimiento.
En la actualidad, estas condiciones cambiaron. La expectativa de vida subió en todo el mundo, por lo cual una persona va a vivir muchos años como jubilado. Y el desempleo más el trabajo precario -es decir, sin registrar y sin aportes- es más alto y las poblaciones tienden a mantenerse estables. Por lo tanto, en la mayoría de las naciones los sistemas de reparto atraviesan crisis de financiamiento, por lo que los respectivos Tesoros deben financiarlos.
El sistema de capitalización individual también tiene lo suyo. Si por malos manejos de las AFJP la rentabilidad es baja o nula, el beneficiario corre el riesgo de percibir haberes muy bajos. En Argentina, el descuento que se les hace a los trabajadores como aporte al sistema privado es del 11 por ciento. No obstante, sólo el 8 por ciento se acumula o capitaliza; los otros 3 puntos se convierten en forma automática en comisión de las administradoras… ¡una comisión del 27 por ciento!!!
Esta comisión se le cobra -de hecho, se ha cobrado desde 1994- en forma directa al aportante, independientemente del resultado de las inversiones. Es decir, el trabajador a lo largo de su vida va a capitalizar por el 73 por ciento lo que efectivamente aportase. Por último, podemos advertir de todas formas que el Estado va a pagar parte de la cuenta: todo jubilado futuro -sea del sistema que sea- tiene derecho a percibir la Prestación Básica Universal, que corre por cuenta de los contribuyentes.
El especialista en temas previsionales, Jorge Rachid, explicó en un artículo periodístico las características del sistema de reparto en estos 14 años. Autor de los libros «Las crisis y las AFJP», «Del Caribe a Wall Street» y «El genocidio social neoliberal», mensura detalladamente el despojo sufrido por el sistema de jubilaciones y pensiones: 70.000 millones de dólares que perdió la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) por el traspaso al sistema privado. Ergo, una cifra similar es el déficit fiscal desde entonces.
El desglose hecho por el especialista nos indica que de esos 70.000 millones, 23.800 millones corresponden a rebajas en los aportes patronales entre 1995 y 2002. La justificación entonces era que así se crearían más puestos de trabajo. La realidad indica que la primera mitad de la década de los 90, el desempleo promedió el 6 por ciento, mientras que en la segunda mitad se ubicó por encima de los 20 puntos.
Ese 27 por ciento de comisiones -no el 6 por ciento habitual en cualquier venta minorista- representa a lo largo de estos 14 años 15.000 millones de pesos/dólares. Y no debemos olvidar que, del mismo modo que se puede ganar con las inversiones bursátiles, también se puede perder. Rachid calcula que las crisis del Tequila (México), Tango (Argentina) y Vodka (Rusia) «evaporaron» 10.000 millones de dólares.
Por último, Rachid agrega que «…nadie sabe que la composición del haber jubilatorio se estructura hasta el año 2025 en forma mayoritariamente estatal, sin recibir de las AFJP el Estado ningún aporte extra por dicha situación…».
Más allá de las críticas a cualquiera de los dos sistemas señalados, el privado ya fracasó en Argentina. Y el Estado, más tarde o más temprano, iba a tener que acudir al rescate de los jubilados.
En cuanto al proyecto presentado por la Casa Rosada, los puntos salientes de sus 19 artículos son: la garantía de que los beneficiarios futuros percibirán iguales o mejores prestaciones o beneficios de los que gocen a la fecha de entrada en vigencia de la ley; la autonomía financiera y económica de la que va a gozar la ANSeS; y la preservación de los empleos para los trabajadores de las AFJP. Los trabajadores que así lo deseasen, podrán hacer aportes voluntarios a las administradoras.
Ahora, esta ley debe sortear la oposición en ambas cámaras. Y en ambos recintos se podrá observar una de las características de la política nacional: quienes ayer aprobaron este sistema, hoy defienden su derogación; y quienes se opusieron ayer, negarán su aprobación hoy.