Luego del fin de año agitado con la acelerada discusión y no menos rauda aprobación de la Ley Hidrocarburífera, el economista César Herrera, del Observatorio de Recursos Naturales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia, advierte que la ley llegó a «destiempo» y que en el corto plazo los millones […]
Luego del fin de año agitado con la acelerada discusión y no menos rauda aprobación de la Ley Hidrocarburífera, el economista César Herrera, del Observatorio de Recursos Naturales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia, advierte que la ley llegó a «destiempo» y que en el corto plazo los millones extra que pretende la provincia y los municipios de la zona sur no serán tantos como se creen. Además, Herrera sostiene que en la actualidad conviven dos modelos de gestión hidrocarburífera: la que tiene como pauta el autoabastecimiento apoyándose en la recuperación de la empresa YPF, y la de tratar de quitarle más renta a las empresas que tienen concesiones de explotación de pozos petroleros.
Con un fuerte impulso de los intendentes de la zona sur, aliados con el gobernador Martín Buzzi, la denominada Ley de Hidrocarburos para la provincia fue sancionada con el voto positivo de 18 legisladores provinciales, 14 del bloque del Frente para la Victoria y cuatro del PJ Modelo Chubut. En la última sesión legislativa del año, la suerte de una ley que venía mal parida tras el desdoblamiento forzado de los recursos petroleros y gasíferos de los mineros, parecía jugar mucho más que una ley sobre el principal recurso económico de Chubut. Finalmente, con un incremento del 3 por ciento de regalías que tienen que aportar las operadoras, tanto la provincia como los municipios de la Comarca Golfo San Jorge, se beneficiarán con el ingreso de más recursos económicos al distribuirse la mitad de esos tres puntos porcentuales de incremento. El resto de las localidades, según las declaraciones de los mandatarios en respuesta a la retórica regionalista del intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, fue una aceptación a regañadientes.
Sin embargo, el cálculo optimista de nuevos recursos que obtendrían tanto las arcas del gobierno provincial como de los municipios de la zona sur en conceptos de «reparación histórica» podría ser sensiblemente menor, sobre todo en el corto y mediano plazo. «La operadora Pan American Energy tiene vigente un contrato anterior, del año 2007 donde se le sumaban ya tres puntos de regalía. Lo que dice esta ley es que intima a negociar a Pan American para que se adecue al nuevo marco. Pero lo que dice en definitiva, es que por ahora esos nuevos puntos porcentuales serán para las otras operadoras que sólo representan el 40 por ciento de la producción y por ende de las actuales regalías», explicó César Herrera sobre la letra fina que se desprende de la nueva legislación. De esta manera, será una plena potestad de Pan American Energy aceptar o no rediscutir su concesión vigente por casi 20 años tras la negociación que en el 2007 hizo el gobierno de Mario Das Neves. «Los millones por venir, se hablan de 40 millones de dólares extra al año, serán mucho menos. ¿Alguien puede pensar que PAE se va adherir?», se preguntó el catedrático de la Universidad de la Patagonia. Además, César Herrera explicó: «Como máximo, bajo una aplicación ideal, el Estado provincial podrá recibir 500 millones de pesos anuales; al margen de lo que se habla. Pasa también que como la ley fue muy poco debatida públicamente, y también entre los legisladores, se van a ir encontrando con puntos grises todo el tiempo».
Además, según Herrera, la principal operadora en la actualidad estaría abonando un 13 por ciento del total de regalías (teniendo el 15 por ciento fijado por ley más los descuentos).
Una ley a «destiempo»
Para César Herrera, la ley recientemente aprobada viene a destiempo porque se da luego de que se hayan fijado algunas cuestiones importantes para los hidrocarburos como es la recuperación estatal de la empresa YPF. «Esta ley viene a destiempo porque ya se ha fijado una política energética nacional. Luego de muchos años existe un sistema mixto entre una estructura estatal de explotación de recursos que busca el autoabastecimiento y uno privado que busca la maximización de ganancias», sostiene Herrera. Para el titular del Observatorio de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia la manifestación más clara de esos regímenes son la vigencia de la Ley corta que establece la provincialización de los recursos del subsuelo y el decreto 1277 de nacionalización de YPF, la empresa petrolera emblemática del país.
«En ese cuadro cómo le conviene negociar a la provincia por ejemplo con una petrolera como Chevron: asociada al Estado nacional y el resto de las provincias por medio de la OFEPHI o aislada del conjunto», se pregunta Herrera y adelanta que una negociación conjunta le brinda mayor poder de negociación ante grandes empresas de intervención global como puede ser Chevron.
En otro punto, Herrera analiza que la provincialización de los recursos ha generado una «federalización pobre». «El estado provincial obtiene entre regalías e ingresos brutos sólo el 10 por ciento de la renta petrolera. El 30 por ciento lo obtienen los consumidores (por ejemplo con la subvención de precios en la zona central del país), el 25 por ciento que obtiene el Estado Nacional y el 40 por ciento que se llevan las operadoras». Respecto a la subvención de los combustibles y el gas, Herrera sostuvo que Chubut, siendo la principal provincia productora y con la necesidad de estos combustibles tanto por el clima como por las distancias que tiene que cubrir, paga casi lo mismo que todo el sector metropolitano de Capital Federal y el conurbano bonaerense: «Chubut aporta la Nación para que tengan un menor precio», refuerza Herrera.
Los modelos históricos
Para César Herrera, trazando una línea histórica, el país contó con dos sistemas de explotación petrolera: un modelo estatal que busca el desarrollo y autoabastecimiento, con la empresa YPF original, fuertemente arraigada en el territorio, y luego un sistema de privatización donde en la década del 90 «nos exportamos todos». Actualmente, tras la recuperación de la empresa petrolera nacional por parte del Estado existe un sistema mixto por conseguir el autoabastecimiento y a las privatizadas tratar de captarle parte de la renta extraordinaria. «En la ley aprobada se intuye una preponderancia mayor del Estado provincial en la cuestión petrolera. Pero faltan varios puntos complementarios a solucionar que se tienen que dar a nivel nacional, por dar un solo ejemplo: en el país no hay capacidad de refinación suficiente y el petróleo se tiene que exportar crudo», alertó el economista.