La aprobación forzada de la ley de partidos políticos ha tenido el efecto de una bomba de aturdimiento generalizado. A tiempo de desconocer y aislar al movimiento popular y ciudadano como sujeto político, ha descolocado a la generalidad de los actores políticos y ha precipitado el adelantamiento del periodo de campaña electoral, donde el partido […]
La aprobación forzada de la ley de partidos políticos ha tenido el efecto de una bomba de aturdimiento generalizado. A tiempo de desconocer y aislar al movimiento popular y ciudadano como sujeto político, ha descolocado a la generalidad de los actores políticos y ha precipitado el adelantamiento del periodo de campaña electoral, donde el partido de gobierno y el propio oficialismo surgen como directos y preferentes beneficiarios de la astuta maniobra legislativa que los coloca en una aparente ventaja frente a toda la ciudadanía y la oposición nacional.
La candidatura ilegal, inconstitucional y antidemocrática que antes de la aprobación de la ley se encontraba en jaque y cercada por el repudio y la resistencia popular (hasta el punto de haber obligado a cambiar varias veces la agenda presidencial y desistir de participar en actos públicos donde era fuertemente interpelado), ahora pretende recuperar algo de la confianza perdida, sobre la base del desconcierto provocado.
Pero como los golpes de efecto son generalmente transitorios y efímeros, solo hasta tanto dure y se asimile la mañosa maniobra; sea oportuno plantear la agenda que ha quedado oculta tras esta nueva «estrategia envolvente».
Y es que más allá de esta puesta en escena que ha provocado diverso tipo de respuestas sobre lo que hay que hacer para desmontar la tramoya, y al mismo tiempo dar continuidad con mayor vigor a las estrategias para impedir la inconstitucional, ilegal y antidemocrática candidatura oficialista, lo que cabe preguntarse es cuál y qué tipo de país (sociedad, economía y Estado) queremos para después de las elecciones del 2019.
Si bien con todo acierto la resistencia ciudadana y popular decidió finalmente concentrar sus esfuerzos en defender el mandato soberano del 21F y exigir la anulación o el desistimiento de la candidatura oficialista; sin embargo, ha descuidado peligrosamente la discusión y construcción de una alternativa política (que no es lo mismo que encontrar o proponer un candidato, cayendo en el electoralismo y la pugna a las que quiere llevar el MAS para convalidar y legitimar sus propios candidatos).
Sucede que el grueso mayoritario de la resistencia nacional y ciudadana, que se había empeñado en lograr primero el desistimiento y anulación de la candidatura oficialista (rechazando a las corrientes que querían adelantarse a proponer candidatos de oposición); ahora que no existe dicho candidato de consenso, surge nuevamente la tentación de priorizar su elección, como si eso fuese a solucionar la maniobra oficialista que pretende hacer aparecer como si la candidatura de Evo Morales fuese inevitable.
Quienes se sitúan en esta corriente, dan por descontado que solo la unidad nacional en torno a un candidato, ya sería prenda de garantía para vencer y al mismo tiempo cumplir con el objetivo de impedir la reproducción del oficialismo en el poder, así como de rescatar la democracia que todos reclaman. Sin embargo, es claro que una candidatura de ese tipo, sin programa y sin visión de país, no solo que puede ser contraproducente, sino que puede devolvernos a la restauración neoliberal y el retorno de viejas como despreciadas prácticas políticas (con las que la derecha y los partidos tradicionales se sentirían a sus anchas). Es decir, que el remedio sería peor que la enfermedad.
Esta posibilidad, siendo que no es una opción deseable porque el pueblo y la ciudadanía así lo han expresado y puntualizado expresamente en la generalidad de sus movilizaciones, en cambio bien podría presentarse como el mal menor, no desdeñable.
No hay que olvidar que buena parte de las movilizaciones sociales que se han dado como expresión de rechazo y resistencia al intento de quiebre democrático, constitucional y de burla al mandato soberano que quiere imponer el oficialismo; ha repetido insistentemente que no quieren a Bolivia como Nicaragua, Cuba o Venezuela. Es decir, que acentúan y convierten en predominante una consigna que si bien destaca la defensa de los valores y conquistas democráticas y las libertades como un derecho irrenunciable; en cambio olvida (intencional o implícitamente), los factores económicos, sociales y de relacionamiento con la naturaleza, que son determinantes para contar con un tipo de sociedad sin explotación, en armonía entre todos, con la naturaleza y la vida.
Olvidar (ojalá que no deliberadamente), que Bolivia tampoco quiere ser como Argentina o Chile por ejemplo (que han retornado a un neoliberalismo tan nefasto como el que ya conocemos), es también parte de esa agenda que ha quedado oculta. Es decir, ha quedado detrás de la obcecada pretensión gubernamental de reproducirse en el poder a toda costa, imponer una agenda netamente electoralista, e impedir la discusión y debate sobre el tipo de país y el proyecto nacional que necesitamos construir. Todo para ocultar el agotamiento y degeneración del modelo desarrollista y salvajemente extractivista del actual gobierno.
Quienes apuntan a recuperar la democracia y defender intransigentemente el 21F, no pueden olvidar que muy a pesar del barniz democrático que tuvieron los regímenes neoliberales y la derecha tradicional que ya gobernaron, nunca (mientras gobernaron), el país pudo gozar de libertades, respeto a los derechos humanos, transparencia, protección y soberanía sobre los recursos naturales, la naturaleza y la vida.
Por tanto, no solo urge, sino que es estratégicamente importante abrir la agenda de debate y discusión pública (no cerrada ni exclusiva de grupos iluminados), para construir la visión de país que queremos y el proyecto nacional que sustituya la farsa e impostura actuales. De eso sí depende el futuro de la nación, y no de candidatos elegidos a la topa tolondra.
Arturo D. Villanueva Imaña, sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia.
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