La inestabilidad política causada por protestas sociales y movimientos autonomistas regionales se agravó en Bolivia por un pronunciamiento militar que pide la renuncia del presidente Carlos Mesa. Sin embargo, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas se manifestó este miércoles a favor de «la defensa del Estado de Derecho y la democracia». Los jefes del […]
La inestabilidad política causada por protestas sociales y movimientos autonomistas regionales se agravó en Bolivia por un pronunciamiento militar que pide la renuncia del presidente Carlos Mesa. Sin embargo, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas se manifestó este miércoles a favor de «la defensa del Estado de Derecho y la democracia».
Los jefes del ejército, la fuerza naval y la fuerza aérea, junto al ministro de Defensa, desautorizaron a dos oficiales que pidieron la renuncia de Mesa mediante una aparición en un canal de televisión.
En medio de las marchas callejeras en La Paz, casi todos los dirigentes sindicales, campesinos y políticos han coincidido en su rechazo a cualquier intento de interrumpir la democracia en Bolivia.
Dos militares con una graduación de teniente coronel dijeron encabezar un movimiento en el que «están comprometidos los tenientes coroneles de las tres fuerzas».
«Queremos la renuncia del presidente de la república, puesto que en Bolivia ocurre una cosa muy singular: en el palacio no tenemos presidente y Bolivia no tiene gobierno», dijo el teniente coronel Julio Herrera en una emisora local.
Dos grupos de presión
Esta proclama llamando a un gobierno civil-militar se realiza en medio de un clima de convulsión social causado desde dos bandos opuestos que han coincidido únicamente en su repudio al gobierno del presidente Mesa.
Por una parte, movimientos civiles liderados por empresarios privados buscan el establecimiento de autonomías regionales en el este del país.
Y desde el otro bando, movimientos sociales, indigenistas y sindicales presionan en las calles para lograr la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la nacionalización de hidrocarburos.
Protestas en Bolivia
Las protestas no se han interrumpido desde que se aprobó la ley de hidrocarburos.
Ambos sectores están contrapuestos, pues mientras unos desean otorgar preeminencia a las autonomías, los otros quieren que prevalezca la Asamblea Constituyente.
Desde el lunes de la pasada semana, distintos grupos han protagonizado marchas callejeras que interrumpieron el tráfico en el centro de la ciudad durante horas.
A pesar de las frecuentes manifestaciones, no hubo incidentes represivos violentos, aunque sí algunos excesos aislados cometidos fundamentalmente por grupos de campesinos.
Las marchas han logrado que el transporte de larga distancia no se desarrolle con normalidad y ocasionaron también la suspensión de algunos vuelos en el aeropuerto de La Paz.
A las presiones que recibe de los movimientos autonomistas del este del país y los movimientos sindicales del occidente, el presidente Mesa ha reaccionado reafirmando que continuará en su cargo hasta el final de su mandato, en agosto de 2007.
Morales contra el pronunciamiento
El principal opositor de Mesa, el influyente diputado y líder indígena Evo Morales, manifestó su rechazo a cualquier intento de golpe de Estado militar.
Pero ratificó su intención de llamar a movilizaciones sociales para que se convoque a la Asamblea Constituyente y en oposición a las autonomías de facto que anunciaron los poderosos líderes empresariales del este del país.
La proclama militar de este miércoles anunció que su supuesto futuro gobierno convocará a la Asamblea Constituyente y nacionalizará los hidrocarburos y otros recursos naturales estratégicos.
«Aquí todos los ciudadanos hacen los que les viene en gana. Y más aun las transnacionales, que aprovechando el soborno que dan a los políticos, quieren desmembrar, quieren dividir nuestra patria y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos una patria unida», dijo el coronel Herrera.
El último golpe de Estado militar ocurrió en Bolivia en 1980, cuando un grupo de oficiales tomó cruentamente el poder.
El cabecilla de esa asonada militar, el general Luis García Meza, cumple actualmente una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto por los crímenes cometidos durante su gobierno de unos meses.