La reciente decisión del gobierno boliviano de reducir al 30% la masa salarial del sector público y recortar el gasto corriente ha sido presentada como una medida necesaria para recuperar la disciplina fiscal. En un contexto de desequilibrios macroeconómicos, la preocupación por las cuentas públicas es legítima. Sin embargo, la pregunta clave no es si el déficit debe reducirse, sino cómo y cuándo hacerlo.
Desde la teoría económica, existe una diferencia fundamental —y muchas veces ignorada— entre disciplina fiscal y austeridad. La primera apunta a la sostenibilidad de largo plazo; la segunda, en cambio, implica recortes inmediatos del gasto, incluso en momentos de debilidad económica. Y es precisamente aquí donde surgen los problemas.
La lógica detrás de este tipo de políticas proviene de la llamada “austeridad expansiva”. Según esta idea, recortar el gasto público puede generar crecimiento, incluso en el corto plazo. El argumento se sostiene en tres mecanismos: primero, que los agentes económicos anticiparán menores impuestos en el futuro y consumirán más hoy; segundo, que los mercados financieros reaccionarán positivamente, reduciendo tasas de interés; y tercero, que la reducción de salarios mejorará la competitividad externa.
En el papel, el argumento parece elegante. En la práctica, es mucho más frágil.
Diversos estudios, como los de Botta y Tori *, muestran que estos mecanismos rara vez funcionan como se espera. En particular, requieren condiciones muy específicas: alta credibilidad institucional, mercados financieros estables y una estructura productiva capaz de responder rápidamente vía exportaciones. Cuando estas condiciones no se cumplen —como suele ocurrir en economías en desarrollo o en contextos de incertidumbre—, los efectos pueden ser exactamente los opuestos.
En lugar de generar confianza, los recortes pueden ser interpretados como señales de crisis. En lugar de estimular el consumo, pueden aumentar el ahorro precautorio. En lugar de incentivar la inversión, pueden desalentarla, al reducir la demanda esperada.
Desde una perspectiva keynesiana, el problema es aún más claro. El nivel de actividad económica depende de la demanda agregada. Cuando el Estado reduce su gasto —y en particular cuando reduce salarios— está afectando directamente el ingreso de los hogares. Menor ingreso implica menor consumo; menor consumo implica menores ventas; y menores ventas implican menos inversión y empleo. Es un efecto dominó.
En el caso boliviano, el impacto puede ser particularmente fuerte. La masa salarial del sector público no es un componente menor: constituye una fuente importante de demanda interna. Reducirla en un 30% no es un ajuste marginal; es un shock significativo sobre el consumo. A esto se suma el recorte del gasto corriente, que afecta a proveedores, servicios y cadenas productivas vinculadas al Estado.
El resultado previsible es una contracción del producto interno bruto (PIB) en el corto plazo.
Pero el problema no termina ahí. Como advierte la literatura postkeynesiana, las recesiones prolongadas no son neutrales: pueden alterar la trayectoria de largo plazo de la economía. La caída de la demanda no solo reduce el nivel de actividad actual, sino que afecta expectativas, inversión y productividad futura. En palabras simples, la economía no siempre “rebota”; a veces se queda en un nivel más bajo.
Esto introduce un riesgo adicional: que el propio ajuste fiscal termine siendo contraproducente. Si el PIB cae, también lo hace la recaudación tributaria. En ese caso, el déficit puede no reducirse tanto como se esperaba, e incluso podría ampliarse. Es lo que algunos economistas llaman un ajuste “autoderrotante”.
Además, el impacto distributivo no es menor. Los recortes salariales afectan principalmente a sectores con alta propensión al consumo. Es decir, golpean precisamente donde el efecto multiplicador es mayor. Esto agrava el impacto recesivo.
Nada de esto implica que el problema fiscal deba ignorarse. Pero sí sugiere que el momento y la composición del ajuste son cruciales. Ajustar en recesión suele ser más costoso —y menos efectivo— que hacerlo en expansión. Y recortar gasto con alto impacto en la demanda puede ser más perjudicial que revisar otras partidas o mejorar ingresos.
La evidencia internacional es clara: la austeridad rara vez ha generado crecimiento sostenido en contextos de crisis. Por el contrario, en muchos casos ha profundizado la recesión y retrasado la recuperación.
Bolivia enfrenta un desafío complejo. La estabilidad fiscal es importante, pero también lo es evitar una contracción económica que agrave los problemas existentes. La clave no está en elegir entre ajuste o no ajuste, sino en diseñar una estrategia que no destruya la base misma sobre la cual se sostiene la economía: la demanda interna.
En última instancia, la pregunta no es técnica, sino política: ¿se prioriza la estabilidad contable inmediata o la sostenibilidad económica en el tiempo? La historia económica sugiere que, cuando ambas entran en conflicto, ignorar la segunda puede hacer imposible alcanzar la primera.
Nota:
* Botta y Tori (2018). The theoretical and empirical fragilities of the expansionary austerity theory. Journal of Post Keynesian Economics, 41(3), 364–398
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