Al menos siete periodistas y ocho defensores de derechos humanos en el país han sido asesinados en los cuatro meses que van del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con los casos más recientes del periodista deportivo Omar Iván Camacho, el pasado 24 de marzo, y del activista Samir Flores, el 20 de febrero. […]
Al menos siete periodistas y ocho defensores de derechos humanos en el país han sido asesinados en los cuatro meses que van del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con los casos más recientes del periodista deportivo Omar Iván Camacho, el pasado 24 de marzo, y del activista Samir Flores, el 20 de febrero.
Entre los periodistas asesinados desde el 1 de diciembre, se encuentran Jesús Alejandro Márquez Jiménez, de Orión Informativo de Nayarit; Diego García Corona, del Semanario Morelos; Rafael Murúa Manríquez, director de Radio Comunitaria en Santa Rosalía, Baja California Sur; Reynaldo López, locutor de Sonora; y Santiago Barroso Alfaro, quien era reportero y locutor en La Crónica de Mexicali y el Imparcial de Hermosillo, Sonora. El último, Omar Camacho, fue asesinado el domingo 24 de marzo en la comunidad La Escalera, perteneciente a Salvador Alvarado, Sinaloa.
En cuanto a los defensores, desde la llegada de AMLO a la presidencia fueron asesinados Sinar Corso, del Comité Ciudadano el Coloso de Piedra de Arriaga, Chiapas; José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo, ambos del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas; Carlos Mendoza Ramos, de la Unión Campesina e Indígena Nacional, en Santiago Jocotepec, Oaxaca; Bernardino García Hernández, líder comunero de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca; John Galton, defensor del uso recreativo de la mariguana, quien radicaba en Acapulco, Guerrero; Oscar Cazoria, defensor de los derechos humanos Muxe, de Juchitán, Oaxaca; y Samir Flores Soberanes, quien era activista y opositor a la termoeléctrica en Huexca, perteneniente al Proyecto Integral Morelos (PIM) que el actual Gobierno impulsa.
De todas las víctimas, sólo Jiménez Pablo contaba con las medidas del Mecanismo de Protección, el cual contaba con 790 personas inscritas a la llegada de AMLO a la presidencia.