La sucursal 160 de Retiro de la cadena de supermercados COTO tuvo que lamentar una víctima por Coronavirus debido a la desidia de la empresa frente a la pandemia que las y los trabajadores y delegados denuncian incansablemente. Un trabajador manifestó síntomas, pidió que se active el protocolo para que le hagan el hisopado y lo lleven a aislamiento, pero se lo negaron. Su esposa se contagió y lamentablemente falleció el viernes.
La sucursal de Retiro queda a metros de la entrada a la Villa 31, que sufre un alto nivel de personas infectadas desde fines de abril.
Mientras tanto, el ministro de Salud responsabilizó a los ciudadanos: «La responsabilidad individual es fundamental. Hoy mucho de lo que está pasando tiene que ver con cosas clandestinas, reuniones, asado. (…) Todos los brotes que estamos viendo son por estas indisciplinas sociales«, aseguró. Con las empresas está todo bien.
La cadena de supermercados COTO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano aporta la mitad de los infectados que hay entre los empleados de todos los híper y supermercados de la región.
Según un relevamiento de sus trabajadores, no exhaustivo por las dificultades que encuentran para conseguir la información, la cadena de Alfredo Coto ya cuenta 458 casos positivos de Covid-19 en sus tiendas de la región metropolitana. Del total registrado, 357 casos se presentaron en la CABA, mientras que los 101 restantes se dieron en sucursales del Gran Buenos Aires.
Con una causa penal en manos del juez Ariel Lijo, que ya se encuentra investigando presuntas «conductas delictivas» a los responsables de distintos locales de la cadena y con un pedido formal en el Congreso de la Nación de que se emita un informe con motivo de la multiplicación de contagios de Covid-19 en el AMBA, COTO resalta por encima de sus competidores del mismo rubro.
El Observatorio de La Izquierda Diario, por ejemplo, contabilizaba 900 casos en el sector. Los delegados y delegadas vienen denunciando sistemáticamente falta de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, aprietes a los trabajadores que denuncian los casos, silenciamientos, amenazas de despidos y hasta casos de golpizas para quienes se atrevieron a levantar la voz.
Un informe audiovisual, titulado “Pandemia: condiciones laborales y de atención” fue difundido en las redes sociales de las asociaciones, gremios, Comisiones internas y asambleas de trabajadores y trabajadoras de la salud participantes de la iniciativa.
La idea del informe es denunciar las condiciones de precariedad laboral y de atención a pacientes que se viven diariamente en los hospitales e instituciones de salud de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, las zonas del país que concentran la mayor cantidad de casos de personas infectadas y fallecidas por la expansión del coronavirus, donde los y las profesionales de la salud son la primera línea de lucha en este contexto de pandemia.
Según las propias declaraciones de la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el 14% de los casos de coronavirus en la Argentina corresponden al personal sanitario, mientras que, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en varios países esta proporción llega al 10%.
A fines de junio, cuando el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta habían anunciado el regreso a una cuarentena más estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende a la Ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires que la rodean, donde se concentran el 93% de los casos a nivel nacional, los y las profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) habían alertado sobre el personal escaso en los hospitales y centros de salud, un aumento preocupante de la cantidad de trabajadores y trabajadoras contagiadas, la falta de un plan de testeos específico para el personal sanitario y licencias para los grupos de riesgo. Además, denuncian la precarización laboral existente y los bajos sueldos que perciben en este contexto, producto de la falta de paritarias y el fraccionamiento del aguinaldo.
Del informe y denuncia en vivo participaron la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la Asociación de Profesionales y Técnicos (APYT) del Hospital Garrahan, la Filial Asociación de Médicos Municipales Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (AMdeBA), la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE), la Comisión Provincial de Residentes (CPR), la Asamblea de Trabajadorxs del Hospital Piñero y Área Programática, la Asamblea de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes de CABA, la Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines del GCBA (APACSA), la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM) y la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) del GCBA.
Los más de 600 empleados que tiene la Minera Exar en Jujuy están en estado de alerta tras el estallido de contagios. Acusan a la empresa de negligente por falta de higiene, de elementos de limpieza y por hacerlos comer juntos en el comedor.
Por su parte, el gobierno jujeño confirmó que toda la provincia ingresó en una Fase 1 estricta de la cuarentena hasta el próximo 3 de agosto a causa del avance de la pandemia de coronavirus. El martes pasado, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 120 casos de coronavirus locales dejando a la provincia en tercer lugar detrás de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
La minera Exar emplazada en el departamento de Susques de esa provincia hizo su aporte a este lamentable suceso ya que lleva 200 trabajadores contagiados, el 33% de los empleados de la firma dieron positivo. Cuando los contagios empezaron a aumentar, los trabajadores pidieron que se cumplan los protocolos y desde la empresa les respondieron que «dejen de romper las bolas con la limpieza».
En Jujuy se habían registrado solo 114 casos hasta el 1º de julio desde el inicio de la pandemia. El lunes pasado alcanzó 764. En 20 días la cantidad de positivos creció 570%.
En Jujuy también hay muchos contagios en la zona de los ingenios azucareros. En el Ingenio Ledesma hasta el lunes pasado se contabilizaban 48 casos, con 181 altas médicas acumuladas; mientras que 178 trabajadores y trabajadoras permanecían en aislamiento preventivo.
Los voceros de la empresa venían manifestando que se estaban cumpliendo con todos los protocolos nacionales para garantizar continuar la producción y «prevenir los contagios». Pero la realidad es que tanto la empresa como el Comité Operativo de Emergencia (COE) no se hacen responsables de los contagios, un obrero simplificaba «nos dejan tirados mientras siguen produciendo».
De esta forma y al no realizar los testeos correspondientes, el gobierno y la empresa son responsables de que se oculte el panorama completo de la crisis sanitaria.
Mientras los hospitales de cabecera, de Libertador Gral. San Martín y Calilegua se encuentran desbordados; médicos, enfermeros y trabajadores de la salud no dan abasto, son ellos los que más expuestos se encuentran mientras no se garantizan elementos de bioseguridad. También ellos engrosan el porcentaje de contagios.
Desde el Gobierno Nacional también dejan correr y hasta beneficiaron a los Blaquier con la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) pagando el salario de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo no toma cartas en el asunto a pesar de las denuncias realizadas por el sindicato SOEAIL y UATRE Ledesma.
Otra fuente de contagio son los transportistas ya que los trabajadores que están en el camión deberían contar con baños químicos en el lugar donde descargan la mercadería y si pernoctaron en un alojamiento en lugar del camión cumplir los 14 días de cuarentena.
Al respecto, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cumplió desde las 0:00 del sábado 25 un paro de choferes de camiones de larga distancia en el norte argentino, en repudio a las «demoras de hasta 16 horas que vienen sufriendo los choferes en los controles sanitarios por coronavirus».
El secretario gremial de la Federación, Pedro Mariani, explicó que «el maltrato viene en particular del personal policial, que tiene a los choferes retenidos hasta por 16 horas en lugares donde no tienen condiciones ni siquiera de ir al baño».
Según un comunicado de prensa de la Federación, la medida fue decidida «ante el atropello que vienen sufriendo los choferes camioneros en las rutas del norte argentino y luego de haber llamado a buscar soluciones a todos los gobernadores e intendentes».
Mariani agregó: «Hemos pedido en varias oportunidades el cuidado de los choferes y esto es responsabilidad de los que gobiernan cada provincia o cada municipio por el desprecio total a nuestros compañeros».
El dirigente puntualizó que los principales inconvenientes se produjeron en los límites de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán.
La gigante multinacional de origen suizo Givaudan, experta en aromas, esencias y sabores alimenticios, cuenta con una planta instalada en la localidad bonaerense de Munro. Los trabajadores denuncian que ante 10 trabajadores con hisopado positivo de COVID-19 la empresa no hizo la desinfección que debería ni dio parte a las autoridades municipales.
Los trabajadores están preocupados ante la falta de comunicación de la empresa. Son unos 50 operarios en la planta, otro tanto de administrativos y otros sectores.
Los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Perfumistas denuncian que la presencia gremial no colabora: «El sindicato no aparece nunca, el delegado que hay está alineado con la empresa. De parte del sindicato no hay intervención», señalaron los operarios.
Dos positivos de Coronavirus encendieron las alarmas entre los trabajadores de la empresa Biopharma del Parque Industrial de Pilar que fabrica, entre otros productos, alcohol en gel. Se trata de un empleado del sector de depósito y otra del área de limpieza, que fueron diagnosticados en los últimos días.
Tanto los dos infectados como otras dos trabajadoras, permanecen aisladas. No obstante, el resto de los empleados aseguran que todavía no se realizaron las tareas de desinfección en la firma.
Acuerdo AEA-CGT: de reclamos obreros ni hablar
Los principales empresarios argentinos acordaron el martes pasado con la CGT un reclamo común por una rebaja en la presión impositiva, la necesidad de un entendimiento con los acreedores externos por la deuda y una política económica tendiente a impulsar la producción y las exportaciones. El documento surgió al cabo de una reunión virtual, por la aplicación Zoom, entre la “mesa chica” de la central y ejecutivos de primera línea como Paolo Rocca (Techint), Marcos Galperin (Mercado Libre), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Rattazzi (Fiat), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), entre otros, que integran la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
El documento firmado por ambas centrales destaca “la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.
En otro párrafo reclama por “la inserción inteligente de la Argentina en el mundo” y en particular destaca que “se aspira a un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos”, todos ítems propios de una agenda empresarial.
El Secretario General de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, calificó al encuentro como “peligroso” para el ámbito sindical, pero también para el empresarial, ya que, según el dirigente, “no contempló las necesidades de los pequeños y medianos productores, como tampoco de los sectores de la Economía popular”.
En ese sentido, Peidro cargó contra la decisión de la CGT, al estimar que “reunirse por su cuenta con los grupos concentrados y de mayor riqueza del país atenta contra lo que siempre han criticado con respecto al modelo de unicato sindical”.
“Si bien el Gobierno no participó de este encuentro, interpretamos que lo avala, y pedimos que se respete la diversidad de las expresiones en el ámbito sindical”, agregó.
A su vez, instó a recordar que los empresarios que asistieron al encuentro fueron “los mismos que empujan a la flexibilización laboral, a mantener la desigualdad del sistema en nuestro país, los que sostuvieron al gobierno de Macri cuando el pueblo resistía y los responsables de la fuga de capitales más grande la historia”.
Paritarias
El jueves 16 de julio las Cámaras Empresariales y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, cerraron un acuerdo paritario en donde se congelan los aumentos salariales hasta el mes de septiembre, a cambio de una suma de $ 6.000 por única vez.
Las y los trabajadores de la Alimentación desde el mes de abril tienen sus paritarias vencidas, a pesar de que fueron “la primera línea, los esenciales“. Desde que empezó la cuarentena y se fue agravando la pandemia, no dejaron de producir y llegada la segunda quincena de julio siguen sin aumento salarial.
En el medio multinacionales como Mondelez han suspendido a todo su personal rebajándoles los salarios por haberse sobrestokeado.
Empresas como 5 Hispanos han pagado en cuotas, en Lagomarsino han suspendido de manera arbitraria, La Parolaccia ha obligado a renunciar a sus trabajadores a cambio de cobrar un porcentaje de indemnización llegando al colmo de depositar $ 1 en sus cuentas.
Arcor de Luis Pagani, ha hecho descuentos de más de $10.000 por quincena a trabajadores de grupos de riesgo, Alijor no pagó los salarios a los trabajadores de riesgo que debían aislarse llegando al extremo de tener a un supervisor fallecido por Covid- 19, que siendo de grupo de riesgo se encontraba trabajando y Mondelez Pacheco descontando el 30% del salario a las madres con niños mayores de 8 años.
Los trabajadores que son la primera línea al día de hoy superan los 280 en el AMBA con Covid-19 positivos (57 establecimientos), sin contar los que no están siento testeados porque las obras sociales se niegan a hacerlo, empezando por OSPIA (Obra Social de los Trabajadores Alimenticios) que está totalmente vaciada.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), diseñó un protocolo que garantiza que se siga produciendo y reduciendo al mínimo las medidas preventivas, y aun en casos positivos, quedando a criterio de los departamentos médicos el aislamiento de los contactos estrechos. La definición de contacto estrecho y el tiempo de aislamiento de los trabajadores de acuerdo al rol y personal disponible para producir. Mientras los síntomas no sean muy evidentes, se puede seguir produciendo: es la máxima de las patronales. Así Felfort se trasformó en un foco de contagio, Alijor, Mondelez Pacheco son las grandes alimenticias que siguieron produciendo incluso alimentos no esenciales como chocolates y golosinas y expusieron a sus trabajadores y sus familias al contagio.
Todo esto con la vista gorda de Rodolfo Daer que ante cada hecho “mostraba su preocupación» mediante comunicados pero que en los hechos nunca pasaron de expresiones. Los trabajadores de 5 Hispanos pararon la fábrica y recién ahí lograron que se les empiece a pagar los salarios adeudados. Los trabajadores de Mondelez Pacheco se rebelaron ante el acuerdo firmado por la Comisión Interna y el Sindicato y la Empresa: exigían aislamiento y testeos para todos.
La patronal y los representantes gremiales hicieron todos sus esfuerzos para que los trabajadores levanten la medida, tuvieron que ceder los testeos para todo el turno noche y el cambio en los horarios de producción. Los trabajadores pelean día a día para que se respete el aislamiento ante cada caso positivo que ya suman 47 al día de hoy.
Empleados de la planta de Pepsico en Mar del Plata encararon un paro total de actividades por tiempo indeterminado. La protesta fue en rechazo al acuerdo salarial que se realizó en los últimos días.
«El paro continúa en repudio a la entrega que hizo la Federación de Trabajadores Alimentarios de nuestros salarios, con un acuerdo a espaldas nuestras, que es nefasto. Venimos trabajando porque somos trabajadores esenciales y se había hablado de entregarnos un bono semanal de $3.500 por seguir trabajando, cosa que no ocurrió. Desde el 2018 venimos con paritarias muy por debajo de la inflación y hoy la paritaria no alcanza porque tenemos un salario muy por debajo de la canasta familiar», explicó Romina, una de las empleadas.
Los empleados piden descolgarse de lo firmado por Rodolfo Daer como condición para levantar la huelga: «No aceptamos la paritaria acordada por el gremio. Queremos sentarnos a negociar nuestro salario porque Pepsico es una multinacional, que tranquilamente puede pagar lo que nos corresponde».
El 17 de Julio, el gobierno de Rodríguez Larreta anunció el congelamiento de los aumentos salariales acordados para el mes de julio, afectando así a más de 130.000 trabajadores y trabajadoras estatales y docentes.
Este congelamiento se da como parte de las medidas contempladas en la Ley de Emergencia Económica votada en la Legislatura porteña a fines de abril, que le otorga súper poderes y discrecionalidad en materia presupuestaria al gobernador de la Ciudad. Esta ley tiene como políticas centrales el congelamiento y pago diferido de salarios, la reducción de bonificaciones y baja de contratos para los trabajadores estatales.
Según un comunicado del la seccional Capital del Sindicato Argentino de Docentes Privados, rechazan «la decisión del Ministerio de Educación porteño de no ejecutar el segundo tramo de la paritaria acordada a principio de año que consiste en un incremento del 7 %».
«Es directamente una medida confiscatoria, ya que ese incremento formaba parte del futuro ingreso familiar. Y que además vulnera un derecho fundamental de lxs docentes: el derecho al salario y su carácter alimentario. No se trata sencillamente de un congelamiento. Esta medida va mucho más allá, se jugó con la expectativa y esperanza de lxs trabajadores», se quejaron en un comunicado.
Además de declarar el estado de movilización, el SADOP anunció que convocará a sus cuerpos orgánicos para evaluar eventuales medidas de fuerza.
Este 20 de julio -y en cumplimiento de la decisión unánime de la Mesa Ejecutiva que se reunió el pasado miércoles 15- las autoridades de CONADU Histórica enviaron una nota al Ministerio de Educación de la Nación a la Secretaría de Políticas Universitarias y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reiterando el pedido formal de convocatoria a la Mesa Nacional de Negociación Salarial del sector Docente Universitario y Preuniversitario.
La demanda de la CONADU Histórica se basa en que ha caducado el período de vigencia del acuerdo salarial 2020 que el gobierno nacional, el CIN y las restantes Federaciones suscribieron el pasado 19 de marzo.
Las grandes cadenas de supermercados salieron a desmentir que hayan acordado el pago de un bono especial para sus empleados. Lo hicieron después de que el titular del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, anunciara que se había llegado a un acuerdo con varias cadenas de las más grandes para pagar un «aporte solidario» de entre 5.000 y 6.000 pesos.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) -que reúne a las principales firmas del rubro- negó que sus socios formen parte del convenio.
De esta manera, los supermercados desmintieron a Cavalieri que unas horas antes había anunciado la firma de un acuerdo con algunas cadenas, como Coto, Carrefour, Walmart y varios mayoristas (Vital, Diarco, Maxiconsumo).
Mientras la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) comenzó a convocar a la realización de asambleas, desde la Cámara empresaria Apymel repudiaron la iniciativa gremial y denunciaron que podría derivar en problemas de abastecimiento de lácteos en las góndolas.
Después de que el viernes 17 se suspendiera por pedido de las empresas la mediación que iba a llevarse adelante con el gremio en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo sobre la medida de fuerza de 24 horas que Atilra había lanzado el lunes 13, el sindicato convocó la semana pasada a asambleas de trabajadores en plantas y centros de distribución para continuar con la discusión de una recomposición salarial.
Desde Atilra sostienen que, más allá del discurso empresarial, la productividad y las ventas del sector no sólo no se redujeron durante la cuarentena sino que incluso aumentaron por lo que se podría encarar sin inconvenientes la apertura de las negociaciones paritarias ante el congelamiento de hecho que sufren los salarios de los trabajadores, fuertemente golpeados por la inflación de los últimos meses.
Suspensiones y despidos
El Gobierno le puso fecha a la prórroga de suspensión de despidos sin causas: será hasta el 30 de septiembre. Esto quedará plasmado en un decreto de necesidad y urgencia en el Boletín Oficial.
Los datos del mercado laboral preocupan: el Ministerio de Trabajo y la AFIP establecieron que, en los primeros cuatro meses, ya hubo 300.000 empleos registrados menos y cerraron (o se pasaron a la informalidad) más de 18.000 empresas en abril y mayo.
Con este escenario, el Frente de Todos decidió una flexibilización de la cuarentena, pese al incremento de casos de Coronavirus, autorizando distintas reaperturas de actividades en pos de recuperar levemente la economía, siempre con los protocolos sanitarios correspondientes. Aunque el propio oficialismo advirtió que puede dar marcha atrás si los positivos se siguen incrementando.
Petroleros
La Federación que unifica a los diferentes sindicatos petroleros de YPF del país sacó un comunicado para denunciar que la empresa ordenó a su sector Compras reducir «por consenso o forzosamente» el costo de las contrataciones de servicios en, al menos, un 30 % en cada contrato.
Esta decisión afecta fuertemente a las pequeñas y medianas empresas contratistas y «pone en riesgo su salud financiera» en caso de cumplir con el objetivo.
Además, desde la Federación denuncian que «verbalmente, se les manifiesta que si no se avienen a firmar esa imposición, se rescindirá el contrato y se buscará otra empresa para que brinde ese servicio».
La Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA) anunció que parte de sus compañías asociadas comenzarán a presentar procesos preventivos de crisis debido a la parálisis de las actividades a causa de la pandemia de coronavirus.
Según cálculos de la Federación de Cámaras de Empresas del Sector Energético de Neuquén (FECENE), entre 80 y 100 pymes petroleras relacionas con la cuenca neuquina y con el mega yacimiento de Vaca Muerta estarían en condiciones de solicitar un procedimiento preventivo de crisis.
Por su parte, el secretario general del gremio de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, difundió un audio a la ‘familia petrolera’ y al público en general, en el que denuncia una propuesta de YPF para modificar el Convenio colectivo: «no vamos a firmar absolutamente nada donde se les quiten derechos a los trabajadores», afirmó con renovados aires combativos dejando atrás la versión que firmaba adendas en busca de inversiones durante el macrismo.
La empresa asume que busca reducir costos operativos asegurando que es con el objetivo de poder reactivar la actividad, como pudo hacer en Mendoza con el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y La Rioja, a cargo de Julián Matamala. Sin embargo, un acuerdo en el que la empresa avance sobre los derechos de los trabajadores sería un grave precedente que allanaría el camino para otros sectores, que esperan ansiosamente la posibilidad de instaurar la reforma laboral flexibilizadora.
Conflicto del transporte automotor en el interior del país
La UTA Rosario continuará con el paro por tiempo indeterminado debido a que sigue la deuda que mantienen las empresas con los choferes.
Así lo resolvieron el miércoles pasado los choferes de colectivos del transporte urbano e interurbano del departamento Rosario luego de que no tuvieran novedades del pago sobre la deuda que las empresas del sector mantienen con los trabajadores. «Decidimos continuar con el corte de crédito laboral dado que no tuvimos ninguna novedad con respecto al pago del 50 % del sueldo de junio ni el medio aguinaldo», sostuvo Sergio Copello, titular de la UTA Rosario, tras la asamblea que realizaron los trabajadores.
En los últimos 3 meses la ciudad y la región acumularon más de 50 días sin transporte debido a la medida de fuerza. El reclamo del gremio radica en la correcta liquidación de haberes del pago del 50% restante del salario de junio, el abono del medio aguinaldo y los dos meses adeudados del pago del bono de 4.000 pesos del decreto del gobierno nacional. Hasta el momento, sólo se cobraron dos cuotas. Copello consultado sobre la posibilidad de una movilización en la ciudad, dijo que hasta ahora se había postergado por la emergencia sanitaria por covid-19, aunque no lo descartó si no hay novedades del pago en los próximos días.
Con el comienzo de las medidas de aislamiento obligatorio, ante la caída del uso del transporte, los empresarios recurren nuevamente al argumento de que no llegan a “cubrir el costo”. Es hora que los empresarios que lucran con la plata del Estado hagan públicos sus registros contables para que toda la sociedad conozca qué hicieron con los millones que todos los trabajadores y trabajadoras le han subsidiado todos estos años.
Mientras tanto, la Municipalidad de Córdoba anunció que llegó a un acuerdo con los representantes locales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que el servicio urbano de pasajeros volvió a funcionar con normalidad a partir del jueves en la capital provincial, luego de más de 20 días de paro.
«Lo más importante será saldar la deuda salarial esta semana. Lógicamente se espera que se complemente con el subsidio nacional», indicó el secretario de Movilidad Urbana de la comuna, Marcelo Mansilla, luego de la reunión con el gremio en el Ministerio de Trabajo.
Mansilla aclaró que el esquema de subsidio mensual será de 118 millones de pesos de Nación, 91 millones de pesos de Provincia y 60 millones de pesos del Municipio.
El 1º de julio había comenzado la medida de fuerza de los trabajadores por reclamos de deudas salariales correspondientes a junio y medio aguinaldo.
Por su parte, la secretaria general de UTA, Carla Esteban, aseguró que las partes llegaron a un «principio de acuerdo», el cual no prevé despidos ni recortes salariales, y que «las empresas ahora disponen de un par días de licencia vacacional de los compañeros».
El sector también rechaza la “emergencia” del transporte urbano que aprobó el Concejo Deliberante capitalino para reestructurar el sistema y que, según la titular de la UTA local “pretende reducir los salarios de los trabajadores”.
El viernes 17, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó, con 16 votos positivos contra 15 negativos, la declaración de emergencia de transporte por el período de un año.
Esta emergencia le brindaría facultades a la Municipalidad de Córdoba para reordenar líneas, modificar frecuencias, y hasta disponer de un sistema de transporte alternativo.
El secretario Adjunto de la UTA, Pablo Farías advirtió: «El lunes (20/7) vamos a sitiar la ciudad. La UTA no amenaza, la UTA actúa».
Las palabras resonaron en cada rincón del Ejecutivo municipal y de las cúpulas de las empresas de transporte, que en el transcurso del fin de semana realizaron numerosas reuniones.
Previo al acuerdo, que prevé la vuelta a la circulación de los colectivos el jueves 23, el intendente Martín Llaryora había afirmado que «no habrá rebajas salariales, despidos, ni reducción de días laborales», y que solamente se implementará un régimen de licencias complementarias con la posibilidad de que se den adelantos de vacaciones a los trabajadores.
La Municipalidad de Córdoba había puesto en marcha un plan de “contingencia” del servicio urbano de pasajeros haciendo circular las unidades con la empresa Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado), con 70 unidades, entre trolebuses y colectivos a cargo de 84 conductoras rompehuelgas.
Las autoridades de Tamse anunciaron haber llegado a un acuerdo entre la empresa y el gremio de Asociación del Personal Jerárquico del Transporte Automotor de Pasajeros (Apejetap), donde los trabajadores de la compañía de trolebuses (inspectores y conductoras) habrían aceptado una reducción de jornadas laborales a cambio de la promesa del pago de aguinaldo en tres cuotas.
Los transportes interurbanos que cubren recorridos de las localidades del Gran Córdoba y del interior de la provincia, siguen de paro y se movilizaron en la capital local en reclamo del “pago de las deudas salariales y por la reactivación de los servicios”.
Los trabajadores del transporte interurbano de Córdoba, adheridos a la Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) cumplieron más de 100 días de huelga por salarios adeudados desde el inicio de la cuarentena.
El titular de Aoita, Emiliano Gramajo, señaló que desde que arrancó la cuarentena los empresarios tuvieron una estrategia marcada “automáticamente no pagar más nada”, en lo que va de marzo y este mes “solo hemos recibido dos salarios completos, nada más” y sumó que “tampoco tenemos arreglo por el aguinaldo”.
Los trabajadores se movilizaron desde la Terminal de Ómnibus para reclamar por la regularización de los sueldos adeudados de mayo, junio y del medio aguinaldo que, hasta el momento se realizaron solamente “pagos parciales”.
Es importante recordar que este sector se encuentra con paros por tiempo indeterminado desde el 13 de abril, y que además de las deudas salariales “las empresas adeudan más de $150 millones” al gremio de aportes a la obra social.
La Asociación Regional llamó a la Legislatura unicameral para que se convoque a una “sesión extraordinaria” en la que se trate la problemática del sector y aseguraron que cuentan con un Proyecto de ley que “propone una solución superadora” para reactivar el sistema de transporte interurbano de corta, media y larga distancia de la provincia.
Empujado por la conflictividad que vuelve a crecer en el interior y por la oposición que busca encarar negociaciones por su cuenta, la UTA nacional declaró el estado de alerta y movilización en todo el país. La decisión se tomó luego de que buena parte de las seccionales del interior decidieran medidas de fuerza y de que la oposición, a cargo de Miguel Ángel Bustinduy, enviara notificaciones para tratar de encarar negociaciones que destraben el conflicto.
De hecho el martes 14 Bustinduy le envió sendas cartas al titular de Transporte, Mario Meoni y al de Trabajo, Claudio Moroni, en las que detallaba lo que ocurría en el interior del país.
Apurado el titular de la UTA, Fernández, advirtió que de persistir en el corto plazo esa realidad la organización sindical decidirá un paro y “no habrá servicios”.
“No puede haber más demoras para abonar los salarios de los trabajadores, porque esos ingresos tienen carácter alimentario y sanitario y representan el sustento de las familias de los choferes” de la actividad, señaló Fernández a través de un comunicado difundido por la UTA.
El dirigente exigió “un tratamiento igualitario y no discriminatorio para los trabajadores del transporte del interior respecto del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)” y explicó que el Gobierno nacional ya le aseveró al gremio que envió “el dinero correspondiente a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”.
También enfatizó que el Ejecutivo aseguró a la UTA que remitió el dinero a las provincias mediante ese mecanismo y que cada distrito nacional “debe hacerse cargo del pago aún adeudado de los ingresos de los trabajadores” del sector.
“El gremio recorrió las provincias, cuyos funcionarios sostienen que esos fondos no pueden ser destinados a los haberes de los choferes de pasajeros porque la actividad del transporte de corta, media y larga distancia no es prioridad”, observó.
“En el contexto de ese esquema, el sindicato avizora un transporte operativo solo en el AMBA y la absoluta precarización en el interior y el territorio bonaerense. No hubo respuesta alguna en la infinidad de audiencias realizadas hasta hoy, por lo que la UTA no admitirá más excusas y argumentos injustificados”, remarcó.
“La UTA protestará y saldrá a la calle, ya que la pandemia de coronavirus preocupa, pero mucho más aún no llevar comida a la mesa familiar”, señaló.
Por último, advirtió que el sindicato “no será cómplice de la precarización y tampoco permitirá un retroceso de las condiciones del convenio colectivo de trabajo”.
Por los medios
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) anunció que se presentará, junto a un grupo de trabajadores y trabajadoras de prensa, ante la Justicia en el marco de la investigación por el espionaje ilegal que el Estado realizó sobre al menos 400 periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri en ocasión de la cumbre del G20, realizada en la Argentina entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre de 2018. Será con el patrocinio legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Para brindar más detalles sobre este caso, el sábado 25 de julio realizó una conferencia, con la participación de Carla Gaudensi (referente del SiPreBA y Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa-FATPREN), la periodista Noelia Barral Grigera (de C5N, “Pasaron Cosas” y “Perros de la Calle”), como una de las afectadas, y representantes del CELS y la CORREPI. La misma fue transmitida en vivo a través del canal de Facebook de SiPreBA
El sindicato también apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri especialmente por el tratamiento represivo que tuvo con los y las trabajadoras de prensa durante su gestión: “es imprescindible enmarcar la situación dentro de un contexto brutal para nuestra tarea. Durante la anterior gestión del gobierno nacional, acusada de espiar a nuestros compañeros y compañeras, al menos medio centenar de trabajadoras y trabajadores de prensa recibieron balas de goma, golpes y gases mientras realizaban la cobertura de diferentes marchas y movilizaciones. Una veintena fue detenida sin justificación alguna. Sufrimos también la pérdida de unos 4.500 puestos laborales, más la persecución y el hostigamiento a les trabajadores de los medios públicos. Exigimos y exigiremos a la Justicia un pronto esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables de este nuevo atropello”, remarcó el SiPreBA.
“Prensa pone en tapa su reclamo” es parte del plan de lucha decidido por la Comisión Directiva del SiPreBA y el plenario de delegades de prensa escrita, articulado a nivel nacional con FATPREN, para sostener el reclamo de urgente recomposición salarial y presencia de nuestros representantes en una mesa paritaria.
Con ese objetivo, las asambleas y Comisiones Internas de más de 20 medios privados, públicos y autogestivos organizados en el SiPreBA, realizaron versiones propias de las portadas de las publicaciones donde trabajan, en las que incluyeron los principales conflictos del gremio y de cada empresa en particular.
Como muestra de la unidad y la lucha colectiva del sindicato, las ficticias portadas de La Nación, Clarín, Olé, Infobae, Popular, Télam, Página/12, El Cronista, Ámbito Financiero, Perfil, Gente y Noticias, entre otras, comparten una misma noticia principal: “Emergencia laboral en prensa”.
A través de la FATPREN, la campaña también se replica alrededor de todo el país, con ediciones de lucha de La Voz Del Interior, El Día y El Litoral, entre otras dos decenas de medios provinciales.
El plan de lucha continuará este jueves 30/7, con una nueva jornada de medidas de fuerza en las redacciones de prensa escrita, durante la cual volverán a insistir con que no hay #PeriodismoEsencial sin #ParitariasPrensaYa”.
SATSAID resolvió llevar a cabo una movilización a Canal 13 ARTEAR, accionista mayoritario de PolKa Producciones, este jueves 23 de julio, en rechazo al vaciamiento de la productora y en defensa de los puestos de trabajo y la ficción nacional.
En virtud de la gravedad de la situación, el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, se declaró el estado de alerta del gremio en todo el territorio nacional.
En el comunicado del sindicato señalan que la raíz del conflicto radica en que PolKa y ARTEAR han manifestado su intención de reducir drásticamente la dotación de personal, aduciendo la necesidad de modificar el modelo de empresa.
Señalan además que “la empresa Polka, cuyos accionistas son Adrián Suar, Fernando Blanco y Canal 13 Artear, este último con casi un 60%, viene retrasándose mes a mes en el pago de haberes y recurriendo a los ATP del gobierno, como una maniobra de presión ilegitima hacia los trabajadores”. También advierten que “representantes de la empresa indicaron que cuentan con fondos para indemnizaciones, pero no para cancelar sus compromisos salariales”.
Finalmente, el SATSAID exige “la reconversión productiva hacía nuevas formas de ficción y no ficción durante la pandemia y el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
Conflicto en Mercado Libre
Luego de los bloqueos y de la primera mediación del viernes 17, Camioneros y la empresa formalizaron el arranque de la negociación de partes.
Camioneros será acompañado por Mercado Libre en la tarea de regularización laboral de los conductores (contratados bajo distintas figuras) de los depósitos tercerizados a cargo de empresas de transporte.
Además, el gremio de los Moyano será incorporado en la discusión en los planes futuros ya que la empresa tiene pensado expandirse hacia distintos puntos del interior del país como el Conurbano, Rosario y Córdoba.
También quedó claro que si Camioneros quiere hacer pie en el depósito de Mercado Central, hoy representado por el gremio de Carga y Descarga que comanda Daniel Vila, deberá ir a la justicia. De hecho los recursos que presentó por la vía administrativa le salieron desfavorables hasta agotarla.
En paralelo, Mercado Libre terminaba de delinear con Vila los detalles de un incremento salarial para sus empleados. Se incorporarán al básico de los trabajadores del depósito de Mercado Central los 4.000 pesos que había decretado Alberto Fernández desde febrero, y tendrán una recomposición del 10% en dos tramos, en una paritaria corta que se volverá a discutir en octubre. Además les pagarán una gratificación por la sobrecarga de tareas en el marco de la pandemia de 500 dólares.
Los salarios básicos serán de alrededor de 75.000 pesos, unos 20.000 más que los de Camioneros, para el depósito en el que hoy cumplen tareas 1.250 empleados, mayormente jóvenes y muchos de ellos transitando su primera experiencia en el mercado.
Luego de las declaraciones de Héctor Daer, secretario general de la CGT, donde señaló que «bajo ningún punto de vista el pleito de Mercado Libre se puede resolver con un bloqueo», Pablo Moyano salió en defensa de la postura de Camioneros afirmando que “las críticas no tienen fundamentos y carecen de toda moral ética, Camioneros está constantemente defendiendo el salario, los derechos y los puestos de trabajo, a contramano de la CGT que en plena pandemia acordó la rebaja del 25% del salario a sus trabajadores siendo esenciales y el pago en 3 cuotas del aguinaldo durante esta cuarentena».
Moyano finalizó añadiendo que el conflicto que lleva adelante el Sindicato de Camioneros con Mercado Libre es “en defensa y dignidad de miles de familias que son explotadas por empresarios millonarios que pagan limosna a sus trabajadores, donde exigimos se aplique el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 a los compañeros”.
Camioneros había realizado un bloqueo a Mercado Libre señalando que esta empresa precariza “a más de 600 trabajadores pagando menos de la mitad de lo que deberían cobrar por su actividad laboral”.
El sindicato había realizado un relevamiento en el Mercado Central y en los depósitos de Valentín Alsina, Parque Patricios y El Palomar donde constataron que “más del 80% de las unidades de transporte, no cumplen con el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, precarizan a los trabajadores, muchos por su forma de contratación no tienen aguinaldo, ni vacaciones, ni control del horario de trabajo, cobrando por jornal cantidades paupérrimas y sin ningún tipo de beneficio en sus condiciones de laborales.
Sin entrar en detalles cobre los convenios de labor que privilegian al sindicato de Carga y Descarga en sueldos, el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA-A Luis Campos resumió: «A Mercado Libre no le molestan los sindicatos. Apunta a elegir con qué organización negocia condiciones. La estrategia por el momento es dificultar una intervención de Camioneros». Desde ese impulso «anticipan» qué reforma laboral pretenden, acotó.
Para Luis Roa, secretario académico de Relaciones del Trabajo (UBA) puntualizó que la puja dejó al descubierto «la pretensión de algunos empresarios para chocar contra todo el orden público laboral la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios que defienden los derechos de los trabajadores».
Roa también apuntó a las fricciones de ML y los bancarios sosteniendo que la empresa «lo hará contra cualquier organización sindical que pretenda defender los derechos laborales. Y no es solo esta firma, hay una nueva generación empresarial que considera que hacer una mínima innovación en bienes y servicios hace que el derecho en el trabajo no se aplique».
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, asintió que la disputa va más allá de la representación sindical o la aplicación de un convenio. «Se trata de la necesaria defensa de los convenios de actividad contra la avanzada de acuerdos de empresa que perforan los pisos de derechos laborales. Nuestro sistema no permite que un convenio de empresa derogue mejores condiciones de un convenio de actividad, pero sin dudas es el modelo que pretenden imponer de hecho en Mercado Libre. Si prospera, por qué no lo exigirían otras empresas», analizó.
Con respecto a la paritaria de Camioneros está vencida desde junio. Pero las negociaciones están empantanadas con las tres Cámaras que representan al sector empresario. Pablo Moyano reclamó un pago a cuenta, un porcentaje o un bono, pero los empresarios se negaron por la caída de la actividad durante la pandemia.
Ajuste en las líneas aéreas
El ministerio de Trabajo negó el Procedimiento preventivo de crisis (PPC) a Latam que comunicó que recurrirá la decisión.
Un comunicado conjunto de los gremios dice que: “El Ministerio de Trabajo ratifica la obligación legal por parte de LATAM ARGENTINA de abonar el 100% de los salarios adeudados. Los cuales comprenden los meses de abril, mayo y junio, sumado el aguinaldo correspondiente. Como así también la prohibición de efectuar despidos tal cual lo establecen los decretos 329 y 487 del 2020”.
Con el PPC la empresa buscaba la autorización para pagar un piso equivalente al 50% de una indemnización de un despido sin causa. Sin embargo, según una comunicación emitida por la empresa, un alto porcentaje de los trabajadores, en su mayoría pilotos, aceptó el programa de retiro voluntario con una compensación que equivale aproximadamente a 110% de una indemnización por despido.
Pablo Biró, secretario general de APLA, en un reportaje publicado por Tiempo Argentino, afirmó que LAN era la línea aérea nacional de Chile y salieron a conquistar Latinoamérica para lo cual necesitaban entrar a Argentina y Brasil. En 2005, Néstor Kirchner les dio autorización para usufructuar las rutas más rentables y compraron TAM de Brasil. Lopetegui, que era CEO de LAN y Vicejefe de Gobierno de Macri, eliminó la banda tarifaria y permitió la transferencia de la soberanía de los cielos argentinos, beneficiando a LAN Chile, Perú y Ecuador para sacar pasajeros de la Argentina desde el interior de sus filiales y de allí al mundo. Ya no necesitaban más a LAN Argentina. El 30% de la facturación del holding eran los pasajeros argentinos. Hicieron un proceso de vaciamiento. Dicen que se van porque el gobierno no da las condiciones o los sindicatos no flexibilizan. Es mentira, se van porque la empresa no tiene más razón de ser. El negocio que querían hacer ya lo hicieron.
Paralelamente, Ricardo Cirielli de APTA denunció que “Lan Argentina comenzó a retirarse en 2016. Fue una decisión estratégica del holding privilegiando la rentabilidad del grupo sobre la sustentabilidad de su negocio en Argentina. La pandemia y la caída brutal de la demanda interna aceleraron sus planes. Este accionar fue posibilitado por la política aerocomercial del gobierno anterior. Por esta razón, en lugar de renovar su flota, devolvió dos aviones al holding y levantó escalas”.
Actualmente el fondo de inversión BlackRock está detrás de Delta, que está detrás de Latam.
Para repasar los estados financieros de LATAM recomendamos el Informe especial “Latam no está en crisis: repaso de un fraude a la vista” publicado por www.laizquierdadiario.com de Guadalupe Bravo y Martín Schabas el 24/7.
El miércoles pasado los trabajadores y trabajadoras de LATAM realizaron una caravana desde el estacionamiento Sur de Aeroparque, donde ya realizan a diario cortes de calle ya que perciben el 50% de sus salarios durante la pandemia de Covid 19. Asambleas de aeronáuticos de diversas empresas que denuncian desidia patronal y rebajas salariales se unieron a la medida de lucha.
Los y las trabajadores mantienen la toma pacífica de un hangar en Aeroparque para impedir que la empresa “fugue” los aviones. Mientras tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC) no ha emitido alguna resolución que le impida a la empresa esta maniobra generada en el marco del pedido preventivo de crisis.
Una perlita. Las dos rutas que unen las Islas Malvinas con el continente seguirán funcionando. “Los vuelos a Malvinas están operando por las filiales de Chile y Brasil”, explicaron en la compañía.
Una alta fuente de Cancillería agregó que el Gobierno no alterará esos vuelos que transitan el espacio aéreo argentino y aterrizan en dos aeropuertos internos.
Las rutas son la de los sábados Santiago-Mount Pleasant (el aeropuerto base de las islas) y que hace escala en Punta Arenas. Una vez al mes, ese vuelo de ida aterriza en Río Gallegos. Al sábado siguiente vuelve también por Santa Cruz. Esto está vigente desde los acuerdos con Londres de 1999. La otra ruta es la de Latam Brasil, que une San Pablo-Mount Pleasant los miércoles y hace escala mensual en Córdoba. Fue inaugurada en noviembre de 2019, tras un entendimiento de Mauricio Macri con los británicos.
Actualmente los vuelos se encuentran suspendidos desde marzo cuando se cerraron los cielos y los aeropuertos argentinos por la cuarentena del coronavirus y las islas son asistidas por vuelos de la Royal Air Force que solo vuelan al Reino Unido.
La Asociación Argentina de Aeronavegantes anunció que fue convocada por Aerolíneas Argentinas «para acordar la continuidad de la aplicación de suspensiones rotativas encuadradas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para los meses de agosto y septiembre».
En ese marco y en la previa de la cita, el gremio que conduce Juan Pablo Brey manifestó su rechazo a la posibilidad de reducciones salariales.
Además, Aerolíneas Argentinas plantea reconvertir su modelo de negocios abordando la creación de una empresa de cargas que es el sector que continúa activo; y otra que ofrezca servicios de mantenimiento para terceros.
Según Ricardo Cirelli, secretario general de APTA, constituye una demanda que realizan desde “hace 28 años”. Para el sindicato de Técnicos esas decisiones son “más necesarias que nunca, las cuales asegurarán nuestro trabajo y originarán mayores ingresos en divisas fuertes a la empresa”.
Sin embargo, Gastón Kutnick, dirigente del Cuerpo de delegados de APTA Austral, señaló que “los sindicatos están en una contradicción porque aprueban el plan en general pero se oponen a sus efectos concretos y niegan que esté vinculado al problema más general del ajuste. Vemos un plan de achicamiento que, lejos de ser una optimización será un deterioro de las condiciones de trabajo sin asegurar los puestos. Si aceptamos que tienen que primar la rentabilidad y la productividad y no la calidad del servicio, van a tener que cambiar todo el modelo social que pregonaban hace un tiempo. Decimos cosas que los sindicatos dijeron toda la vida, son ellos los que ahora bajaron esas banderas”.
Las “low cost” Flybondi y Jet Smart acordaron con sus gremios de empresa la extensión de las rebajas salariales que vienen aplicando desde abril, que se extenderán al menos hasta que reanuden los vuelos.
En el caso de Flybondi el acuerdo regirá hasta fines de setiembre para sus 570 empleados que sufrirán una quita de entre 12% y 40% en sus sueldos de bolsillo. En Jet Smart, con 180 empleados, será hasta fines de agosto y no aplica para los sueldos más bajos, que ya habían sido afectados en el componente “variable” de la retribución, una situación que aplica por igual a los empleados suspendidos de todas las líneas aéreas.
Tengamos en cuenta que una parte importante de los sueldo son cubiertos por el Estado nacional. Así lo reconocen las empresas: “Mes a mes vamos renovando los ATP”, pero aclaran: “Lo aguinaldos y el resto de la masa salarial son solventados por los accionistas, ya que llevamos cuatro meses sin ingresos”.
La guerra del langostino
Tras varias semanas de negociación, finalmente quedó rubricada un acta de acuerdo que puso fin al conflicto por la pesca del langostino en los mares del sur argentino. Funcionarios nacionales asistieron a la rúbrica del acta acuerdo que dio por finalizado el acuerdo pesquero y confirmaron que la actividad del sector se encuentra garantizada.
El acta firmada por las partes convino una recomposición salarial para los marineros del período 2020/21, así como “compensaciones por producción” y una suma de carácter extraordinario para los trabajadores de buques merluzeros.
El conflicto había estallado a mediados de junio con el arranque de la temporada de pesca del langostino. De los 100 buques tangoneros que hay en el país, solo uno había salido de pesca por decisión de las empresas. Sin embargo, sí lo hizo la flota que pesca langostino fresco. Entonces, el lunes 6/7 el SOMU lanzó un paro contra la intención de las empresas de rediscutir el salario. Argumentaban que había caído en los últimos años el valor internacional de ese marisco a la mitad y que no podían afrontar salarios atados al dólar. Los trabajadores también realizaron bloqueos a las plantas donde se procesa el langostino fresco ocasionando que más de 500.000 kilos del marisco se terminaran pudriendo.
Finalmente el viernes 17/7 las partes alcanzaron un acuerdo. A partir del 1º de agosto los marineros de los buques congeladores de langostino cobrarán un básico de $ 18.000 y a los fines de liquidación de los salarios ligados a la productividad se tomará el dólar a $ 65. Si bien los marineros de esta flota llegan a ganar $ 500.000 por mes, el trabajo es por 4 meses, lo que dura la temporada de pesca.
Fuentes: Anred, Infogremiales, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Clarín, Red Eco Alternativo, APU, www.ambito.com, Infobae, Télam.