Durante una actividad pública donde inauguró 364 nuevos espacios en las cárceles de Florencio Varela, Magdalena y San Martín, Alberto Fernandez anunció la realización de 2 mil plazas de encierro en los próximos meses.
En una actividad similar en mayo, Fernandez expresó sin dejar dudas su posición respecto de los lugares de encierro, “La pena es la lógica consecuencia del delito. Quien delinque merece una pena, es el modo que tiene la sociedad para recomponer el orden que se altera ante el delito”, continuó también de modo contundente “Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada”.
Estas declaraciones se dieron en el marco de una aceleración en los últimos años de personas privadas de su libertad en el territorio denominado Argentina. Entre los años 1997 a 2015 se incrementó en un 145% las personas en lugares legales de encierro. Entre los años 2008 a 2016 el crecimiento anual fuel 3% pero a partir del año 2017 el aumento ha sido superior al 10% anual.
En la actualidad en este territorio hay más de 100.000 personas encerradas teniendo en cuenta el sistema punitivo federal, provincial y comisarias. Según el último informe del servicio penitenciario, en el año 2018 murieron en condición de encierro 266 personas, en un contexto de hacinamiento, en deplorables medidas de higiene y sin que se brinden cuidados a la salud; algo que se profundizó durante la actual pandemia.
Respecto de las persecución del sistema punitivo, en su mayoría las personas encerradas tienen menos de 30 años y en los últimos años el segundolugar de frecuencia de causas son vinculadas a drogas no legales. Es decir, el Estado que penaliza drogas no persigue a grupos narcos sino a jóvenes que luego condena en promedio a seis años en lugares de encierro. Asimismo, según las estadísticas oficiales, el 43% no tenía trabajo al momento de la detención y el 39% trabajaba de forma precaria.
A pesar de esta situación y según las declaraciones y la línea del actual gobierno, es de esperar que se agudice el punitivismo en un momento de crisis social frente a la extrema situación que lleva la pandemia de la COVID19.
En el mundo hay más de 11 millones de personas privadas de su libertad, con un incremento del 30% en los últimos 30 años. Esto es una industria que la sociedad aún no se plantea como solucionar, lo que mantiene vigente el abolicionismo penal.
En una próxima entrega, hablaremos sobre los empresarios detrás del negocio del encierro de personas en Argentina y Uruguay. Siendo el mayor beneficiado, Mario Montoto quien es uno de los mayores vendedores de máquinas de matar en este territorio y Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Un dato para dar cuenta de esto, solo por los sistemas de control electrónico de tobilleras y pulseras, el gobierno argentino le abona a su empresa Surely S.A. 45 millones de pesos mensuales.