En Michoacán la seguridad pública está en abierta crisis. En amplias franjas de esta entidad federativa, incluidas ciudades importantes y regiones enteras, el Estado mexicano deja de ejercer el control, y las bandas delincuenciales, como contrapartida, imponen su dominio. En consecuencia, la situación es muy grave. A los secuestros, extorsiones y otras violaciones flagrantes del […]
En Michoacán la seguridad pública está en abierta crisis. En amplias franjas de esta entidad federativa, incluidas ciudades importantes y regiones enteras, el Estado mexicano deja de ejercer el control, y las bandas delincuenciales, como contrapartida, imponen su dominio. En consecuencia, la situación es muy grave. A los secuestros, extorsiones y otras violaciones flagrantes del orden legal, deben agregarse los asesinatos como el de Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, el pasado 6 de noviembre, tras regresar de una reunión de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), celebrada en la capital federal. Luego de arribar a su domicilio, fue secuestrado por elementos criminales según versión de vecinos del lugar.
El alcalde demandaba distribución del presupuesto público más equitativa y justa, para lo cual es menester aumentar las partidas correspondientes a los municipios, considerando la importancia de este orden de gobierno. Además, Ygnacio López denunció la extorsión a que son sometidos los ediles por los sicarios del crimen organizado, quienes exigen el pago de cuota. Después de la huelga de hambre que efectuó en el Senado de la Republica, los mafiosos expresaron que tenían conocimiento de que iba a obtener recursos nuevos para programas sociales, por lo que reclamaban parte de esos ingresos. Debido a que denunció el expolio que sufren los presidentes municipales michoacanos, recibió amenazas de la delincuencia organizada.
En un principio se habló por la prensa y otros medios de comunicación masivos que Ygnacio tuvo un accidente automovilístico, pero la verdad salió a relucir. El presidente municipal del Partido del Trabajo fue objeto de tortura, y, a continuación, asesinado. De conformidad con informantes locales, los miembros del cártel Los Caballeros Templarios obligan a las autoridades municipales a pagar una contribución del 10 por ciento de las obras del cabildo.
El subprocurador de Justicia de Guanajuato, Armando Amaro, declaró a la prensa que, de acuerdo con los resultados de la necropsia, Ygnacio murió por «asfixia mecánica» y traumatismo de cuello, sin aclarar si se consideraba un asesinato, en tanto que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, precisó frente a una comisión parlamentaria: «Fue asesinado, según los datos que se dan (…) en la autopsia».
La revista Proceso en Internet, dio a conocer que Ricardo Baptista, director ejecutivo de la AALMAC, sostuvo en entrevista con MVS, que Ygnacio López Mendoza «fue torturado y asesinado de acuerdo con información que le proporcionó la familia del occiso».
Para ubicar el papel del político del PT, el comunicador Roberto Zamarripa escribe: «El consultorio médico, el triple de grande que su pequeña morada, tenía un camastro para la atención de pacientes, una amplia estancia, un escritorio, y un estante enorme repleto de medicinas. En Santa Ana Maya, el pueblo que gobernó dos veces, dicen que regalaba los medicamentos. La consulta era cobrada en 50 pesos. Quien no tenía, no pagaba.
«Médico cirujano y partero, Ygnacio López Mendoza (Santa Ana Maya, Michoacán, 1952) se hizo querido por su profesión, su austeridad y por su compromiso. Hacía política desde los 20 años, casi al mismo tiempo en que empezó a ejercer su profesión. La primaria la cumplió en Santa Ana y la secundaria y la preparatoria en el Distrito Federal. Cursó Medicina en la UNAM. Ingresó al Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1975, y luego al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y siguió después en todas las vertientes posteriores (PMS, PRD, PT y Morena)…»
«En 1990 fue electo presidente municipal de Santa Ana por el PRD; en 2012 regresó al cargo, ahora impulsado por el PT, para gobernar una comunidad de unos 15 mil habitantes asentados en un territorio de 100 kilómetros cuadrados.
«Descolló como un político que exigía tratos igualitarios a los municipios. Su causa principal no era la lucha contra las mafias de la narcoviolencia. Las padecía, las denunciaba, pero en el centro de sus reclamos estabala omisión de Estado (gobiernos, congresos, poderes judiciales) con la vida de los municipios.
«Por eso hizo una huelga de hambre frente al Senado el pasado octubre hasta que logró, tras 18 días de ayuno, el compromiso de obra pública, perforación de dos pozos para agua potable, regularización de predios para poder cobrar impuesto predial, pavimentación del camino Morelia-Celaya y autorización de un proyecto para el rescate del Lago Cuitzeo que beneficiaría a 18 municipios michoacanos.
«El subsecretario de Hacienda, Fernando Galindo, prometió a Ygnacio López cumplir un proyecto de obra por 5 millones de pesos.
«En la conversación, el alcalde comentó al funcionario federal su preocupación por la manera en que no solamente el crimen organizado sino ‘coyotes’ que dicen representar a Hacienda misma, o a constructoras o al gobierno estatal, esquilman a los ediles.
«Los de corbata, como les decía, piden una comisión por ayudar a ‘bajar’ el recurso de Hacienda, que habitualmente viene etiquetado; pero no solo piden dinero sino obligan a que la obra se comprometa con alguna constructora. De lo contrario el recurso no llega».
«Ante senadores, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, soltó el pasado viernes un comentario significativo, luego del alegato del senador panista Javier Corral sobre la inseguridad en Michoacán. «No podemos ponerles un cuerpo de seguridad a cada municipio, a cada presidente municipal, pero ellos tienen que cooperar mejor para entonces regresar a la seguridad de su municipio; no pueden justificar la no participación en que están amenazados, en que dan un porcentaje, ya no de las obras, sino del recurso», dijo el secretario a los senadores.
«Ygnacio López nunca negó tener que pagar las extorsiones al crimen organizado y a ‘coyotes’ que decían ir en nombre del gobierno federal o estatal y que sabían exactamente cuánto dinero recibía del erario. Pero no dejó de denunciarlo ante la autoridad. Por lo menos lo dijo en tres encuentros ante Segob, otros tantos en Hacienda y varios más con otros funcionarios federales y estatales.
«El miércoles 6 de noviembre mataron a un alcalde que reclamaba la omisión de Estado, no sólo que denunciaba a las mafias. Y que había puesto el dedo en la llaga de que la ley del hierro imperaba en Michoacán, animada por criminales campiranos o de corbata. Si no pagaba del dinero público, su destino era el encierro o el entierro».
La liquidación física del presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, no debe permanecer como un simple número en la agenda de los crímenes cometidos por el incontrolable e imparable crimen organizado. Los partidos políticos, las organizaciones sociales, los organismos defensores de los derechos humanos y el pueblo en general deben elevar su protesta ante las autoridades correspondientes, con el objeto de esclarecer quiénes llevaron a cabo el secuestro, tortura y asesinato del médico Ygnacio López Mendoza, e impulsar la detención, juicio y condena de los autores materiales e intelectuales. Es indispensable poner punto final al derramamiento de sangre que sufre la población michoacana, en especial los sectores menos favorecidos.
La situación caótica que prevalece en Michoacán requiere de una política de seguridad distinta a la que hoy aplican los gobiernos de la Federación y la entidad. No se trata de militarizar la geografía michoacana, sino de estimular las actividades productivas que aminoren el desempleo, la economía informal y la expulsión de mano de obra hacia Estados Unidos; proteger los bosques, aguas y territorios de los campesinos e indígenas; impedir el lavado de dinero de los cárteles, y realizar labores de inteligencia que conduzcan a la localización de los capos de la droga, el enjuiciamiento y el castigo de acuerdo con la ley, pues movilizar al Ejército, la Marina Armada y las diversas policías, sin abordar las cuestiones sociales, no resuelve ningún problema, como queda en claro con lo ocurrido en los últimos cinco sexenios y en lo que va del presente. La política de «guerra al narcotráfico» de Felipe Calderón debe arrumbarse entre los trastos inservibles y perniciosos.
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